Rubén Rocha Moya volvió este viernes 21 de agosto al Palacio de Gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia y retomó formalmente el Poder Ejecutivo estatal. Su regreso llega después de ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones formuladas en Estados Unidos y con un mensaje político claro: asegura que vuelve “con la frente limpia y en alto”.

El gobernador sostuvo que durante el periodo en que permaneció separado del cargo atendió los requerimientos de las autoridades mexicanas y defendió que no existen elementos que acrediten su participación en algún delito. También afirmó que cumplirá el mandato para el cual fue electo, que concluye el 31 de octubre de 2027.

Su regreso, sin embargo, no significa que hayan desaparecido todos los frentes judiciales que originaron su licencia. Mientras en México la FGR informó que no había reunido pruebas suficientes para alcanzar el estándar probatorio requerido por la legislación nacional, en Estados Unidos continúa vigente la acusación penal presentada contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Rocha Moya regresa con un mensaje de inocencia

Al anunciar que reasumía sus funciones, Rocha Moya aseguró que decidió separarse temporalmente del gobierno para permitir que las investigaciones avanzaran sin que su condición de gobernador pudiera convertirse en un obstáculo.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto”.

El mandatario recordó que compareció ante la FGR y sostuvo que se sometió voluntariamente a las diligencias abiertas en México. Su postura es que ese proceso confirmó la inexistencia de elementos que prueben las acusaciones en su contra.

La formulación requiere una distinción: que la Fiscalía no haya reunido pruebas suficientes no equivale necesariamente a una exoneración judicial definitiva.

La FGR dijo que no había pruebas suficientes, pero la indagatoria seguía

El 8 de julio, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, informó públicamente que hasta ese momento la investigación no había encontrado elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo exigido por el derecho mexicano para proceder respecto de Rocha Moya y las otras personas señaladas por Estados Unidos.

El mismo funcionario aclaró que las investigaciones no habían concluido y calificó la indagatoria como exhaustiva. La FGR continuaba recopilando información para determinar si existían elementos que permitieran acreditar alguna conducta delictiva.

Por ello, hay una diferencia entre la postura política expresada por Rocha Moya al regresar al cargo y la situación procesal comunicada previamente por las autoridades: el gobernador sostiene que las acusaciones quedaron sin sustento; la FGR había informado que hasta ese momento no tenía pruebas suficientes y que seguía investigando.

Estados Unidos mantiene la acusación contra Rocha Moya

El otro frente se encuentra en Nueva York.

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Los fiscales estadounidenses sostienen que los acusados habrían conspirado con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos. Estas imputaciones permanecen como alegaciones que deben ser probadas ante tribunales y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.

El expediente público del Departamento de Justicia de Estados Unidos establece expresamente que los hechos descritos en la acusación deben tratarse como alegaciones y que los imputados conservan la presunción de inocencia.

Así, el regreso de Rocha Moya a la gubernatura no cancela la acusación estadounidense. Información publicada este mismo 21 de agosto mantiene el caso como un proceso abierto en Estados Unidos, mientras el mandatario rechaza los señalamientos.

De la acusación en EU a 112 días fuera del gobierno

Rocha Moya anunció el 1 de mayo que solicitaría una licencia temporal al Congreso de Sinaloa. Argumentó que buscaba no interferir con las investigaciones iniciadas por la FGR y que enfrentaría los señalamientos con la conciencia tranquila.

El 2 de mayo, el Congreso estatal autorizó su separación y Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como gobernadora interina. Desde entonces encabezó el Ejecutivo sinaloense mientras Rocha Moya permanecía fuera de funciones.

Durante los meses siguientes, el gobernador con licencia compareció ante autoridades federales y mantuvo públicamente su rechazo a las imputaciones procedentes de Estados Unidos.

Con su regreso este 21 de agosto concluye el interinato y Rocha Moya recupera todas sus funciones constitucionales para continuar un mandato que terminará en 2027.

El regreso cierra la licencia, no toda la controversia

La reincorporación devuelve a Rocha Moya el control político y administrativo del Gobierno de Sinaloa, pero no cierra automáticamente el capítulo judicial que comenzó en abril.

En México, la información pública más relevante de la FGR establece que no había alcanzado el umbral probatorio necesario para proceder y que su investigación continuaba. En Estados Unidos, la acusación presentada ante una corte federal permanece activa.

Rocha Moya vuelve así a gobernar bajo dos realidades simultáneas: en territorio mexicano no se han presentado pruebas suficientes para proceder en su contra bajo el estándar señalado por la FGR; en Estados Unidos sigue siendo uno de los acusados dentro de un expediente federal relacionado con narcotráfico y armas.

Su licencia terminó después de 112 días. La discusión jurídica y política que provocó su salida, en cambio, todavía tiene capítulos pendientes.

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Durante casi dos años, Fausto “N” apareció como una pieza relevante para reconstruir qué ocurrió el 25 de julio de 2024 en Sinaloa. Ahora su posición dentro del expediente cambió: fue detenido, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) y permanecerá en prisión preventiva mientras un juez decide si será vinculado a proceso.

La Fiscalía sostiene que Fausto “N” acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde Ismael “El Mayo” Zambada habría sido secuestrado y que presenció los hechos. Después, según la acusación federal, habría incurrido en contradicciones y omitido información para desvirtuar lo sucedido y obstaculizar la investigación.

De acompañante de Cuén a imputado por dos delitos

Fausto “N” fue detenido el 19 de agosto de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mediante una orden de aprehensión federal ejecutada por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la Policía Federal Ministerial e INTERPOL.

La FGR le atribuye probable intervención en encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia. La imputación no significa que haya sido declarado culpable; su responsabilidad deberá determinarse dentro del proceso judicial.

El señalamiento adquiere especial importancia porque Fausto “N” estaba directamente relacionado con una de las primeras versiones sobre las últimas horas de Cuén. La Fiscalía federal sostiene ahora que habría acompañado al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa hasta la reunión vinculada con los acontecimientos que terminaron también con la salida de Zambada hacia Estados Unidos.

FGR acusa contradicciones y omisiones sobre lo ocurrido

El centro de la imputación no es únicamente que Fausto “N” hubiera estado cerca de los hechos. La FGR afirma que posteriormente habría dado versiones contradictorias y omitido información verídica.

Para la institución, esas conductas habrían tenido como finalidad “desvirtuar la realidad” y engañar a la autoridad, dificultando el esclarecimiento de lo sucedido aquel 25 de julio de 2024. Se trata, por ahora, de la hipótesis presentada por el Ministerio Público Federal y deberá ser sometida al análisis judicial.

Ese punto conecta directamente con uno de los mayores giros del caso: la reconstrucción inicial de la muerte de Héctor Cuén.

La versión de la gasolinera se debilitó con la investigación federal

Después de la muerte de Cuén, la investigación estatal sostuvo inicialmente que había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera de Culiacán. Sin embargo, la FGR informó el 21 de agosto de 2024 que esa explicación no contaba con elementos fidedignos suficientes para ser aceptada en los términos en que había sido presentada.

Dos meses después surgió un elemento más contundente. Peritos federales localizaron indicios de sangre de Héctor Cuén en una finca de Huertos del Pedregal, sitio relacionado con el secuestro de Zambada. La Fiscalía afirmó entonces que los rastros correspondían al periodo en que ubicaba el homicidio, ocurrido horas antes de la escena mostrada en el video de la gasolinera.

Esas diferencias entre las primeras declaraciones, la evidencia pericial y la reconstrucción federal son parte del contexto en el que la FGR sostiene ahora que Fausto “N” pudo haber ocultado información relevante.

Juez ordena que permanezca en prisión

Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención e impuso prisión preventiva justificada. Fausto “N” permanecerá recluido mientras continúa el procedimiento.

La diligencia se realizó de manera privada. La Fiscalía argumentó que existen investigaciones todavía abiertas y un mandato judicial pendiente de ejecutar cuya divulgación podría revelar identidades, afectar otras líneas de investigación o comprometer asuntos vinculados con seguridad nacional. El juez aceptó restringir el acceso público.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que no hubo una resolución inmediata sobre la vinculación a proceso. De acuerdo con la información difundida tras la audiencia, Fausto “N” permanecerá en el penal federal del Altiplano mientras se resuelve su situación jurídica.

El 24 de agosto se decidirá si enfrenta proceso penal

La continuación de la audiencia quedó programada para el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas. Ese día el juez deberá valorar los datos de prueba presentados por la FGR y los argumentos de la defensa para decidir si dicta o no auto de vinculación a proceso.

La resolución será relevante porque determinará si las acusaciones de encubrimiento y falsedad de declaraciones avanzan formalmente a la siguiente etapa judicial. La prisión preventiva impuesta hasta ahora es una medida cautelar y no equivale a una condena.

El caso también puede aportar nuevas piezas para reconstruir lo ocurrido el 25 de julio de 2024, una jornada en la que convergen el homicidio de Héctor Cuén, el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su posterior traslado en avión hacia Estados Unidos.

Por ahora, el cambio más significativo es judicial: quien durante la investigación fue considerado un testigo relevante ahora enfrenta una imputación federal por la manera en que presuntamente informó —u ocultó información— sobre aquellos hechos. Fausto “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

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Después de nueve días de incertidumbre, la Marina de México localizó con vida a 16 migrantes cubanos que permanecían a la deriva en una embarcación cerca de la península de Yucatán. El grupo había salido de Cuba el 11 de agosto y desde entonces sus familiares habían perdido contacto con ellos.

El balance dado a conocer después del operativo establece que fueron rescatados 12 adultos y cuatro menores de edad. Los tripulantes recibieron asistencia médica y fueron trasladados hacia instalaciones navales para posteriormente quedar a disposición de las autoridades migratorias mexicanas.

Los encontraron cerca de la Novena Zona Naval

Los migrantes fueron ubicados en aguas próximas a la Novena Zona Naval, en Yucatán, después de que la Marina desplegara una embarcación rápida tipo Defender para participar en las labores de búsqueda y rescate.

La lancha en la que viajaban había salido el 11 de agosto desde la provincia cubana de Pinar del Río. Durante varios días no hubo noticias sobre su ubicación, mientras aumentaba la preocupación por las condiciones en las que podían encontrarse sus ocupantes.

Familiares habían advertido previamente que la embarcación enfrentaba problemas de combustible y posibles fallas mecánicas, una situación especialmente peligrosa en una travesía marítima de este tipo. El temor era que el grupo quedara expuesto a las corrientes sin suficiente agua, alimentos o capacidad para continuar el recorrido.

Los primeros reportes hablaban de 19 personas

El rescate mantiene una incógnita. Mientras el último balance atribuido a la Marina contabiliza 16 personas encontradas —12 adultos y cuatro niños—, los reportes difundidos durante la búsqueda señalaban que en la embarcación viajaban 19 cubanos: 12 adultos y siete menores.

Entre los desaparecidos habían sido identificados los gemelos Leosdel y Leosniel, de dos años, quienes viajaban junto con su madre. Sus familiares habían solicitado ayuda para localizar la embarcación ante la falta de noticias desde el día de su salida.

Hasta el último balance disponible, no se había aclarado públicamente la diferencia de tres personas entre la cifra inicial y el número de rescatados. Por esa razón, ambos datos deben mantenerse separados y no puede asumirse que las 19 personas reportadas originalmente fueron recuperadas.

Un viaje que terminó convertido en una emergencia marítima

La travesía se transformó en una operación de búsqueda cuando desapareció toda comunicación con la embarcación. Tras varios días sin conocer su posición, la Marina movilizó recursos navales hasta conseguir localizar al grupo cerca de las costas de Yucatán.

El caso vuelve a mostrar los riesgos que enfrentan quienes realizan rutas marítimas desde Cuba hacia territorio mexicano en embarcaciones pequeñas y con recursos limitados. Problemas mecánicos, falta de combustible y largos periodos sin comunicación pueden convertir rápidamente el viaje en una emergencia.

Para las 16 personas localizadas, el operativo terminó con un rescate con vida después de más de una semana en el mar. Sin embargo, la diferencia entre los 19 ocupantes reportados inicialmente y los 16 rescatados permanece como el principal punto pendiente de esclarecer.

 

 

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El regreso de Fernando Farías Laguna a México pone fin a casi cuatro meses de espera desde su detención en Buenos Aires y abre una nueva etapa judicial en una de las investigaciones más relevantes por huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República confirmó que personal mexicano viajó a Argentina para recibirlo y trasladarlo ante la autoridad que ordenó su captura.

Farías fue detenido el 23 de abril de 2026 a partir de una ficha roja de Interpol solicitada por la FGR, que ya contaba con una orden de aprehensión en su contra. Aunque inicialmente México buscó su extradición, su retorno terminó concretándose mediante un procedimiento de expulsión de Argentina, una ruta distinta que permitió su entrega a las autoridades mexicanas.

El exmando naval es señalado por la Fiscalía como posible integrante de una estructura dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima. La autoridad federal sostiene que el esquema forma parte de las operaciones conocidas como huachicol fiscal, en las que hidrocarburos habrían ingresado al país evitando el pago correcto de impuestos.

¿Por qué Fernando Farías regresó por expulsión y no por extradición?

El procedimiento cambió durante las últimas horas de su estancia en Argentina.

La entrega había enfrentado un retraso por cuestiones jurídicas y la defensa aseguraba que Farías todavía tenía una audiencia programada para el 27 de agosto. Uno de sus abogados llegó a advertir que un traslado sin notificación podría considerarse irregular. Horas después, la FGR informó que el procedimiento utilizado sería la expulsión decretada por las autoridades argentinas.

La diferencia no es menor. Una extradición implica un procedimiento judicial mediante el cual un Estado decide si entrega a una persona reclamada por otro país; la expulsión responde a una determinación migratoria. En este caso, la segunda vía terminó sustituyendo al trámite de extradición que México había iniciado después de la captura.

La Fiscalía envió a servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para recibir a Farías. La Secretaría de Marina dispuso una aeronave y en el traslado también participaron funcionarios del Ministerio Público Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El caso de huachicol fiscal que espera a Farías en México

La investigación que enfrenta el exservidor público comenzó antes de su captura.

La FGR informó que desde 2024 recibió indicios sobre una estructura que presuntamente utilizaba operaciones marítimas para introducir combustibles ilegalmente. La indagatoria cobró fuerza en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron en Altamira, Tamaulipas, un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo.

Para los investigadores, aquel decomiso permitió confirmar la existencia de un entramado que habría utilizado documentación y procedimientos aduaneros para introducir hidrocarburos al territorio nacional y posteriormente distribuirlos.

La Fiscalía ha identificado a Farías como una persona que “estaría relacionada” con esa estructura, formulación que mantiene el señalamiento dentro del ámbito de una investigación y no como una responsabilidad penal ya acreditada.

Además de Farías, la FGR reporta que 15 personas más han sido detenidas dentro de las investigaciones sobre esta red.

La defensa de Farías había intentado evitar su regreso

Antes de concretarse la expulsión, la defensa del excontralmirante buscaba mantener abiertos distintos recursos en Argentina y sostenía que su vida podría correr peligro si era enviado a México.

Horas antes de que la Fiscalía confirmara el traslado, uno de sus abogados afirmó que no había recibido una notificación formal y señaló que todavía existía una audiencia pendiente. La familia también pidió públicamente garantías para la integridad del detenido y defendió su inocencia.

La Secretaría de Marina, por su parte, marcó distancia entre la investigación individual y la institución.

“La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”.

El mensaje fue divulgado mientras personal naval participaba en el traslado del exmando desde Argentina.

¿Qué pasará con Fernando Farías tras su llegada a México?

El traslado internacional no determina por sí mismo la culpabilidad de Fernando Farías. Su llegada permite que la orden de aprehensión sea ejecutada y que el imputado sea presentado ante el órgano jurisdiccional que lo requiere.

A partir de ese momento comenzará la etapa en la que la Fiscalía deberá exponer los datos que sustentan las acusaciones y la defensa tendrá oportunidad de controvertirlos. Farías mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.

La relevancia del caso tampoco termina con su captura. La investigación federal se dirige a una estructura más amplia y ya ha derivado en múltiples detenciones, además de pesquisas sobre la posible participación de servidores públicos y otros operadores relacionados con la movilización y comercialización de hidrocarburos.

El regreso de Fernando Farías cambia así el centro del caso: después de meses de procedimientos en Argentina, la disputa pasa ahora a los tribunales mexicanos, donde deberá definirse si las pruebas reunidas por la FGR sostienen las imputaciones sobre su presunta participación en la red de huachicol fiscal.

*BC

Primero fue la hielera. Después, un costal. Dos objetos comunes terminaron siendo decisivos para que Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portelas Villegas regresaran vivos con sus familias después de cinco días a la deriva en el océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas.

Los pescadores quedaron en el mar después de que una fuerte ola hundiera su embarcación. Sin lancha, prácticamente sin provisiones y lejos de tierra, se aferraron a una hielera y a unos bidones de combustible mientras esperaban que alguien pudiera encontrarlos.

La espera terminó el 19 de agosto a más de 240 kilómetros de la costa chiapaneca. Una aeronave que participaba en el operativo de búsqueda detectó a los náufragos después de que uno de ellos comenzara a ondear un costal para llamar la atención desde el aire.

Habían salido de Paredón para una jornada de pesca

Daniel y José Luis son originarios de Paredón, comunidad pesquera del municipio de Tonalá, Chiapas. Zarparon el jueves 13 de agosto para realizar sus actividades habituales en el Pacífico.

El último contacto con ellos ocurrió el viernes 14 de agosto. Cuando dejaron de responder por radio y no regresaron, la cooperativa pesquera a la que pertenecen pidió apoyo para iniciar su búsqueda.

En un primer momento participaron autoridades estatales, municipales y embarcaciones de la zona. Posteriormente, la Secretaría de Marina amplió el operativo con medios navales y aéreos.

Para entonces, los dos hombres ya enfrentaban una emergencia muy distinta.

Una ola los dejó únicamente con lo que flotaba

Según el testimonio de los sobrevivientes, durante la madrugada del sábado una ola golpeó la embarcación y la hundió rápidamente. Intentaron recuperar algunas pertenencias, pero en cuestión de segundos quedaron expuestos al mar.

Entre lo poco que permaneció flotando encontraron una hielera de gran tamaño y bidones de gasolina. Esos objetos se transformaron en su plataforma improvisada mientras el oleaje los alejaba cada vez más de la costa.

La hielera no era una lancha ni ofrecía protección real contra las condiciones del océano. Sin embargo, les permitió sostenerse sobre el agua durante los siguientes días.

El escenario se volvió más complicado porque, según José Luis, después del naufragio dejaron de tener acceso a comida y agua potable.

“Ningún alimento o agua hasta este miércoles”.

Ese fue el periodo que el pescador describió entre el momento en que quedaron a la deriva y el rescate del 19 de agosto. El dato corresponde al relato de los propios sobrevivientes, quienes posteriormente recibieron atención médica por deshidratación.

Cinco días esperando una señal en medio del Pacífico

Con el paso de las horas, el sol, la sed y el agotamiento comenzaron a debilitarlos. Daniel reconoció después del rescate que llegó a pensar que no volvería a ver a su familia.

Mientras ellos trataban de mantenerse a flote, la búsqueda crecía.

La Marina desplegó unidades bajo el concepto denominado Trinomio, formado por un buque, una embarcación interceptora y una aeronave. La combinación permite cubrir simultáneamente una mayor superficie marítima y fue utilizada para seguir el rastro de los pescadores.

Finalmente llegó la oportunidad que necesitaban.

Vieron una aeronave y comenzaron a ondear un costal

Después de permanecer días rodeados únicamente por mar, los pescadores observaron una aeronave. José Luis tomó un costal que tenían entre sus pertenencias y comenzó a agitarlo para conseguir que los tripulantes pudieran distinguirlos desde el aire.

La señal fue vista. La aeronave regresó hacia su posición y permitió confirmar que las dos personas buscadas continuaban con vida.

La localización ocurrió aproximadamente a 130 millas náuticas de las costas de Chiapas, equivalentes a 240.76 kilómetros. Una Patrulla Oceánica se desplazó entonces hasta el punto señalado para realizar las maniobras de recuperación.

Después de cinco días de incertidumbre, la espera había terminado.

De la hielera a un helicóptero de la Marina

Personal naval subió a los dos pescadores a la unidad y Sanidad Naval realizó una primera valoración médica. Posteriormente fueron trasladados en helicóptero hasta puerto para continuar con su atención.

En Puerto Chiapas pudieron reencontrarse con sus familiares. Los reportes posteriores señalaron que recibieron atención por deshidratación y desgaste físico tras los días que permanecieron expuestos en altamar.

Daniel aseguró después de regresar a tierra que la experiencia modificó su relación con un oficio al que había dedicado buena parte de su vida: ya no quiere volver a pescar y planea retirarse.

La historia terminó con dos hombres vivos y una secuencia difícil de imaginar al momento de zarpar: una ola que hundió su embarcación, una hielera convertida en flotador durante cinco días y un costal transformado en la señal que finalmente permitió encontrarlos.

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El cargamento estaba declarado como apio fresco, pero una inspección fronteriza terminó revelando algo muy distinto. Agentes estadounidenses localizaron 721 paquetes de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 760 kilogramos dentro de un tractocamión que había cruzado desde Reynosa, Tamaulipas, hacia Pharr, Texas.

El aseguramiento ocurrió el 15 de agosto de 2026 en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr. La unidad comercial fue enviada a una revisión secundaria y un sistema de inspección no intrusiva detectó anomalías dentro del embarque, lo que llevó a los agentes a realizar una revisión física.

El hallazgo terminó convertido en un decomiso valuado en 14 millones 978 mil dólares, prácticamente 15 millones de dólares. Esa cifra es importante porque algunas publicaciones difundieron inicialmente un monto de apenas 14 mil 978 dólares, cantidad que no corresponde con la valuación reportada para los narcóticos asegurados.

Escáner descubre 721 paquetes entre el cargamento

La inspección permitió extraer 721 paquetes de presunta metanfetamina con un peso total de 1,675.51 libras, equivalente a unos 760 kilos. La sustancia estaba oculta dentro del embarque que había sido manifestado comercialmente como apio fresco.

El dato debe distinguirse con precisión: lo declarado como apio era el cargamento comercial, mientras que los 721 paquetes correspondían a la droga encontrada durante la inspección. Tampoco se ha detallado públicamente la forma exacta en que cada paquete estaba acomodado dentro de la mercancía.

CBP atribuyó la detección a la combinación de experiencia de sus agentes y tecnología de inspección.

“Nuestros oficiales están capacitados para ver más allá de lo superficial”.

La declaración fue realizada por Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, después del aseguramiento.

El tractocamión había llegado desde Reynosa

La unidad había ingresado a Estados Unidos procedente de Reynosa, Tamaulipas, a través del corredor comercial que conecta esa ciudad con Pharr. Esa información permite establecer la ruta inmediata del tractocamión, pero no determina dónde se produjo la sustancia ni en qué punto fue incorporada al cargamento.

Por la misma razón, no existe base pública para atribuir estos 760 kilos a un cártel específico. Hasta esta actualización, las autoridades no han identificado oficialmente al Cártel del Golfo, CJNG, Cártel de Sinaloa u otra organización como propietaria o responsable del embarque.

Tampoco se ha divulgado públicamente el nombre del conductor, de la compañía transportista, del remitente o del destinatario relacionado con la carga.

CBP asegura el camión y abre investigación criminal

Después del hallazgo, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP aseguró los narcóticos y el tractocamión. Agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) iniciaron una investigación criminal para determinar quiénes estuvieron detrás del intento de introducir la droga a territorio estadounidense.

Hasta ahora no se han anunciado públicamente detenciones o cargos específicos derivados de este decomiso. La investigación deberá establecer la procedencia de los paquetes, quién preparó el embarque y cuál era su destino final dentro de Estados Unidos.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, también destacó públicamente el aseguramiento, que se suma a otros operativos realizados en cruces terrestres entre ambos países.

Pharr acumula grandes decomisos en camiones comerciales

El uso de cargas comerciales para ocultar metanfetamina no es nuevo en el Puente Internacional de Pharr. En marzo de 2026, agentes fronterizos localizaron casi 1,984 libras de metanfetamina valuadas en más de 17 millones de dólares dentro de un embarque declarado como moras que también había llegado desde Reynosa.

Un mes después, otro tractocamión fue detenido en ese mismo cruce con 908.30 libras de presunta metanfetamina ocultas en un cargamento manifestado como baldosas, con valor estimado superior a 8.1 millones de dólares.

Durante junio, otro vehículo procedente de Reynosa fue inspeccionado después de que equipos no intrusivos detectaran anomalías. Los agentes extrajeron 193 paquetes con 473 kilos de presunta metanfetamina, valuados en aproximadamente 9.3 millones de dólares.

Estos antecedentes muestran un patrón documentado de intentos para aprovechar tractocamiones y mercancías comerciales en el traslado clandestino de narcóticos, aunque no prueban que todos esos decomisos estén relacionados entre sí ni que pertenezcan a una misma organización criminal.

En el caso del apio, los datos confirmados hasta ahora son claros: 721 paquetes, aproximadamente 760 kilos de presunta metanfetamina, un valor de 14 millones 978 mil dólares y una investigación federal abierta, mientras permanece sin identificar públicamente a los responsables.

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Sembrando Vida mantiene en 2026 un apoyo económico ordinario de 6 mil 450 pesos mensuales para las personas incorporadas al programa. Sin embargo, no se trata de un nuevo beneficio anunciado por el Banco del Bienestar ni de un depósito disponible para cualquier persona que presente una solicitud.

Las Reglas de Operación vigentes establecen que el recurso se entrega a mes vencido a quienes ya forman parte del padrón y cumplen con su programa de trabajo. El Banco del Bienestar participa como principal dispersor de los recursos, mientras la operación de Sembrando Vida corresponde a la Secretaría de Bienestar.

El programa está dirigido principalmente a personas sujetas agrarias mayores de edad que habitan en localidades rurales, con prioridad para población indígena y afromexicana y para territorios con condiciones de rezago social.

¿Cuáles son los requisitos de Sembrando Vida en 2026?

El requisito que marca gran parte del proceso es disponer de 2.5 hectáreas para trabajar una unidad de producción donde puedan establecerse sistemas agroforestales, Milpa Intercalada con Árboles Frutales, milpa tradicional u otros esquemas previstos por el programa.

Además de ser mayor de edad, durante el registro se solicita una identificación oficial vigente, CURP y una carta compromiso mediante la cual la persona acepta cumplir las Reglas de Operación.

La superficie tampoco puede encontrarse en cualquier ubicación. Entre el domicilio de la persona candidata y la unidad de producción no debe existir una distancia mayor de 20 kilómetros, considerando las vías de comunicación de uso común.

No necesitas ser dueño de las 2.5 hectáreas

Uno de los puntos que puede ampliar las posibilidades de acceso es que las 2.5 hectáreas no necesariamente tienen que ser propiedad de la persona interesada.

Cuando alguien no cuenta con tierras o posee una superficie menor, las reglas permiten completar el requisito mediante contratos de aparcería, usufructo o de carácter civil. Cada unidad de producción debe sumar las 2.5 hectáreas requeridas y únicamente puede tener una persona beneficiaria responsable.

Hay un dato especialmente importante para quienes consideren esta opción: los contratos utilizados para acreditar la disponibilidad de la tierra deben tener una vigencia mínima de seis años.

Por ello, un contrato por cuatro años no cumple con el plazo establecido en las Reglas de Operación de Sembrando Vida para 2026.

¿Cómo se solicita el apoyo de 6 mil 450 pesos?

Cumplir con la edad, disponer de la tierra y reunir los documentos no significa que el apoyo se entregue automáticamente.

Sembrando Vida establece un procedimiento de incorporación que se activa cuando el programa abre operaciones en un nuevo territorio. En esos casos, las personas interesadas son convocadas mediante asambleas ejidales o comunales, donde se explican las características del programa y sus requisitos. Después se realiza un prerregistro.

El siguiente paso es la validación documental y física. Personal del programa revisa la información proporcionada y realiza visitas para comprobar las condiciones de la unidad de producción antes de determinar si la persona es elegible.

Esto significa que no existe un registro nacional permanentemente abierto en el que cualquier persona pueda inscribirse y comenzar a cobrar de inmediato. La incorporación depende de la apertura territorial, el proceso de validación y la disponibilidad dentro de la meta del programa.

Los 6 mil 450 pesos también implican obligaciones

Sembrando Vida no funciona como una pensión o transferencia sin compromisos productivos. Las personas beneficiarias deben cumplir al menos 80% del plan de trabajo acordado con su Comunidad de Aprendizaje Campesino y con el personal técnico.

Las reglas incluso contemplan la cancelación de los beneficios cuando una persona incumple durante dos meses con ese 80% mínimo del plan de trabajo, siguiendo el procedimiento establecido.

Así, los 6 mil 450 pesos corresponden a un jornal mensual asociado al trabajo productivo y comunitario. En junio de 2026, la Secretaría de Bienestar informó que más de 416 mil sembradoras y sembradores recibieron este monto, con una inversión social prevista para el año de 40 mil 664 millones de pesos.

¿Sembrando Vida está disponible en Puebla?

Sí. Puebla forma parte de las 26 entidades contempladas por Sembrando Vida en 2026. Las reglas fijan una cobertura de hasta 445 mil personas beneficiarias en todo el país.

Pero estar dentro de una entidad incluida no equivale a tener una convocatoria abierta en todos sus municipios. Quienes estén interesados deben verificar que exista un proceso de incorporación en su territorio y pasar por las etapas correspondientes antes de poder ingresar al padrón.

La diferencia es clave: cumplir los requisitos permite aspirar al programa; ser aceptado e incorporado al padrón es lo que permite recibir el jornal mensual. El monto de 6 mil 450 pesos está confirmado para 2026, pero no existe una entrega automática por el simple hecho de reunir la documentación o disponer de la superficie requerida.

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Una serie de detonaciones, persecuciones y enfrentamientos armados alteró la tarde del miércoles 19 de agosto en Jerez de García Salinas, Zacatecas. El saldo confirmado es de cinco hombres muertos, después de que una confrontación entre grupos criminales se extendiera por distintos puntos de la cabecera municipal y terminara con la intervención de la Guardia Nacional.

La violencia comenzó con un choque entre civiles armados de grupos antagónicos. En esa primera confrontación murió un hombre, mientras otros participantes emprendieron la huida y provocaron persecuciones por calles como San Francisco y Los Sauces, la avenida Francisco García Salinas, Jardín Juárez y los alrededores del panteón.

El despliegue de seguridad se extendió entonces a distintos sectores del Pueblo Mágico. Elementos estatales y federales comenzaron la búsqueda de los involucrados mientras habitantes reportaban la presencia de unidades policiales y movimientos de las fuerzas de seguridad.

Huida termina en enfrentamiento con la Guardia Nacional

La segunda parte de la jornada ocurrió cuando cuatro civiles armados que presuntamente participaron en el enfrentamiento inicial huyeron en una camioneta y se desplazaron hacia la carretera estatal 23. Ahí fueron localizados por elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los guardias nacionales, quienes repelieron la agresión. Los cuatro murieron durante el enfrentamiento, con lo que el saldo de los hechos ocurridos en Jerez aumentó a cinco fallecidos.

“Estas cuatro personas se encontraban armadas y agredieron a los elementos de la Guardia Nacional”.

La declaración fue realizada por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien explicó que las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz reforzaron inmediatamente su presencia en el municipio.

Durante el operativo también participó un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública, que realizó sobrevuelos mientras las fuerzas terrestres mantenían vigilancia en los puntos donde habían ocurrido las persecuciones. A las 20:48 horas, el gobierno estatal reportó que la situación en Jerez estaba controlada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado permaneció en la zona para realizar las diligencias correspondientes e investigar el origen de los enfrentamientos.

Desmienten supuesto ataque contra funcionarios municipales

La confusión generada durante las primeras horas de las balaceras también provocó la circulación de versiones que señalaban que un funcionario del Ayuntamiento de Jerez había sufrido un ataque directo.

Las autoridades descartaron esa información después de establecer comunicación con el presidente municipal, Rodrigo Ureño Bañuelos, y con el servidor público mencionado en los primeros reportes. Ambos se encontraban a salvo y señalaron que la violencia registrada durante la tarde no correspondía a un atentado dirigido contra integrantes del gobierno municipal.

Hasta este jueves, tampoco se ha informado públicamente a qué organizaciones criminales pertenecían los hombres involucrados, por lo que no existe base confirmada para adjudicar las balaceras a un cártel específico.

Operativo paralelo en Juchipila deja 11 detenidos

Mientras las fuerzas de seguridad atendían la emergencia en Jerez, otro despliegue se desarrollaba en Juchipila, municipio localizado al sur de Zacatecas.

La Secretaría de Seguridad Pública, junto con instituciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, reportó finalmente 11 personas detenidas, además del aseguramiento de vehículos y armas de fuego. La cifra inicial había sido de ocho capturados, pero posteriormente fue actualizada.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han vinculado oficialmente a los 11 detenidos de Juchipila con los enfrentamientos ocurridos en Jerez. Ambos operativos coincidieron temporalmente, pero deben considerarse hechos separados mientras no exista información que establezca una relación entre ellos.

Zacatecas mantenía un amplio operativo contra grupos criminales

La nueva jornada de violencia ocurre mientras Zacatecas mantiene activa la Operación Rastrillo, estrategia desplegada después del multihomicidio de 10 personas registrado el 18 de julio.

Hasta el 11 de agosto, el operativo acumulaba 20 detenidos, nueve campamentos desmantelados, 29 vehículos asegurados, 15 casas de seguridad intervenidas y dos laboratorios clandestinos inhabilitados, con la participación de 629 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Jerez, además, tiene comunidades serranas que durante años recientes han padecido inseguridad y desplazamiento forzado. En mayo, el Gobierno de Zacatecas formalizó la instalación de un Destacamento Regional de Seguridad en Palmas Altas para reforzar la vigilancia en esa región del municipio.

Ese antecedente ayuda a dimensionar el contexto de seguridad en Jerez, pero no permite atribuir automáticamente los enfrentamientos del 19 de agosto a una disputa criminal específica. Las identidades de los cinco fallecidos, su posible afiliación delictiva y el origen concreto de la confrontación permanecen entre los puntos que deberán esclarecer las investigaciones.

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Una hielera terminó convirtiéndose en el único refugio de dos pescadores durante cinco días en altamar. Después del hundimiento de su embarcación frente a Chiapas, los hombres quedaron expuestos al sol, las corrientes y la falta de agua hasta que un operativo de la Secretaría de Marina consiguió localizarlos a unos 240 kilómetros de la costa.

Los pescadores habían salido desde Paredón, en el municipio de Tonalá, y mantuvieron comunicación por última vez el 14 de agosto. Al perder contacto con ellos, integrantes de su cooperativa solicitaron ayuda y comenzó una búsqueda que terminó el miércoles 19 con ambos sobrevivientes a salvo.

El caso adquiere una dimensión extraordinaria porque, tras quedar sin embarcación, la hielera que llevaban para trabajar les permitió mantenerse sobre la superficie del Pacífico hasta que fueron vistos por una aeronave.

Una ola hundió la embarcación en cuestión de segundos

Los dos hombres viajaban en la embarcación identificada en el reporte principal como Camaronera. Después de perder comunicación con tierra, una fuerte ola habría golpeado la nave durante la madrugada y provocado que se hundiera rápidamente.

Los pescadores apenas tuvieron tiempo para sujetarse a objetos que quedaron flotando. Entre ellos estaba una hielera, que terminó sosteniéndolos durante los siguientes días junto con algunos recipientes que pudieron recuperar tras el naufragio.

La situación se agravó porque no contaban con agua potable ni alimentos. Permanecer durante días expuestos al sol y al agua salada provocó deshidratación y un progresivo deterioro físico, mientras las corrientes los alejaban de la costa chiapaneca.

La búsqueda comenzó tras perder contacto el 14 de agosto

El último contacto con los pescadores se registró el viernes 14 de agosto, cuando todavía se encontraban mar adentro. Ante la falta de nuevas comunicaciones, la cooperativa pesquera a la que pertenecen pidió apoyo para localizarlos.

Las autoridades desplegaron recorridos aéreos y marítimos frente a Tonalá y ampliaron paulatinamente el área de búsqueda conforme pasaban las horas.

Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portelas Villegas habían sido reportados como desaparecidos y los primeros operativos se concentraron en reconstruir la ruta seguida desde Bahía de Paredón. Antes del hallazgo, los rastreos ya se habían extendido decenas de millas mar adentro sin resultados positivos.

El desplazamiento de las corrientes terminó llevando a los pescadores mucho más lejos del punto inicial de búsqueda.

Marina aplicó un operativo de buque, interceptora y aeronave

La Vigésima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Chiapas, quedó a cargo del operativo de la Armada de México.

Para cubrir una superficie mayor, la Marina utilizó el denominado esquema de “trinomio”, compuesto por un buque, una embarcación interceptora y una aeronave. La combinación permitió rastrear desde el aire grandes extensiones del océano mientras unidades navales podían desplazarse hacia cualquier punto donde se produjera un avistamiento.

Este tipo de acciones forma parte del Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México, que mantiene capacidad permanente de respuesta ante emergencias marítimas mediante unidades de superficie, aéreas y terrestres. La Secretaría de Marina señala que el servicio funciona las 24 horas durante todo el año.

Un costal permitió que una aeronave los detectara

Después de cinco días de espera, el momento decisivo llegó cuando una aeronave pasó por la zona en la que flotaban.

Los sobrevivientes agitaron un costal para tratar de llamar la atención desde el aire. La maniobra funcionó: fueron detectados y se coordinó el envío de una unidad naval hacia su posición.

La Marina estableció que se encontraban aproximadamente a 130 millas náuticas de las costas de Chiapas, equivalentes a 240.76 kilómetros. La distancia muestra cuánto se habían alejado del litoral mientras permanecían a merced de las corrientes.

Una Patrulla Oceánica de la Armada de México llegó hasta el punto indicado y realizó las maniobras para subir a los pescadores y sacarlos finalmente del agua.

Cinco días sobre una hielera terminaron con un rescate aéreo

Una vez a bordo, personal de Sanidad Naval revisó el estado físico de los dos sobrevivientes.

Posteriormente fueron trasladados en helicóptero hasta Puerto Chiapas para continuar con la atención médica y después pudieron reencontrarse con sus familiares.

Los reportes posteriores señalaron que presentaban deshidratación, una consecuencia esperable después de varios días sin acceso normal a agua y alimentos y bajo exposición constante al ambiente marino.

La operación cerró una búsqueda que había comenzado con una embarcación desaparecida y terminó con una imagen difícil de anticipar: dos hombres encontrados vivos, cientos de kilómetros mar adentro, sostenidos por una hielera.

El objeto utilizado habitualmente para conservar la pesca terminó siendo, en esta ocasión, lo que les permitió permanecer a flote el tiempo suficiente para que las unidades de búsqueda alcanzaran su posición.

*BC

La inmunidad parlamentaria de Gerardo Fernández Noroña no protege todas las expresiones que realiza fuera de sus funciones legislativas. Con ese criterio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) volvió a acreditar que el senador incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan.

La resolución mantiene las medidas ordenadas contra el legislador: disculpa pública, capacitación especializada y seis meses de inscripción en los registros federal y estatal de personas sancionadas. Estas medidas deberán cumplirse una vez que la sentencia adquiera firmeza, punto relevante porque Fernández Noroña adelantó que volverá a impugnar.

El nuevo fallo no surgió de una revisión completa desde cero. El tribunal michoacano tuvo que volver a estudiar el expediente después de que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara analizar con mayor precisión qué declaraciones estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria y cuáles podían ser sancionadas.

¿Por qué la inmunidad parlamentaria no protegió todas sus declaraciones?

La discusión jurídica se concentró en el artículo 61 constitucional, que protege las opiniones de diputados y senadores cuando son emitidas en el desempeño de su función parlamentaria.

El criterio recogido por el propio TEEM establece que esa protección no alcanza automáticamente cualquier comentario de una persona legisladora. Para que opere, la expresión debe estar relacionada con el ejercicio de sus atribuciones, como deliberar, discutir, dictaminar o votar asuntos propios del Poder Legislativo.

En el caso de Fernández Noroña, el tribunal diferenció entre manifestaciones vinculadas directamente con actividades legislativas y aquellas difundidas mediante videocharlas en YouTube y cuentas personales de redes sociales. Estas últimas podían ser revisadas porque no fueron emitidas en el ejercicio formal de sus funciones como senador.

“No todos los hechos denunciados son necesariamente protegidos por la calidad parlamentaria”.

La resolución resulta relevante porque delimita la diferencia entre la libertad reforzada de expresión de un legislador durante su trabajo parlamentario y los mensajes políticos difundidos desde plataformas personales.

¿Qué expresiones contra Grecia Quiroz analizó el Tribunal?

El procedimiento comenzó por una serie de expresiones de Fernández Noroña relacionadas con Grecia Quiroz y su llegada a la presidencia municipal de Uruapan, luego del asesinato de su esposo, el entonces alcalde Carlos Manzo.

Entre otras declaraciones, el senador calificó a Quiroz de “fascista” y sostuvo que se le había despertado la “ambición”, comentarios que él ha defendido como parte de la crítica y confrontación política.

El TEEM consideró, sin embargo, que algunas expresiones trascendieron el debate político porque trasladaron elementos de la vida personal de Quiroz al terreno público para construir valoraciones negativas sobre su capacidad, legitimidad y trayectoria política.

En el expediente público TEEM-PES-VPMG-005/2026, el tribunal explicó que las manifestaciones analizadas podían reproducir estereotipos que presentan a una mujer como subordinada a un hombre, cuestionan su autonomía para ejercer el poder o utilizan una tragedia personal para desacreditar su participación política.

Noroña deberá disculparse si la sentencia queda firme

Uno de los aspectos centrales del fallo es que las medidas no comienzan a correr inmediatamente mientras continúen abiertas las vías de impugnación.

El TEEM ordenó que, una vez que la sentencia cause firmeza, Fernández Noroña ofrezca una disculpa pública a Grecia Quiroz, previa consideración de la autorización de la alcaldesa para evitar una posible revictimización. La publicación deberá difundirse desde el canal oficial del senador en YouTube.

También deberá realizar un curso de capacitación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, cuyo cumplimiento tendrá que acreditar ante la autoridad electoral.

A ello se suma su inscripción durante seis meses en los registros federal y estatal de personas sancionadas por violencia política de género. El propio fallo precisa que el plazo comenzará a contarse a partir del momento en que la sentencia cause estado.

Un expediente que ya fue revocado y devuelto

El caso comenzó formalmente en enero de 2026, cuando se presentó la queja ante el Instituto Electoral de Michoacán. En febrero fueron concedidas parcialmente medidas cautelares y posteriormente el procedimiento llegó al Tribunal Electoral estatal.

En abril, el TEEM inicialmente se declaró incompetente al considerar que Grecia Quiroz había llegado a la alcaldía mediante designación del Congreso y no a través del voto directo. Esa interpretación fue revocada por la Sala Regional Toluca en junio, que ordenó al tribunal local resolver el fondo porque el ejercicio de un cargo municipal sustituto también involucra derechos político-electorales protegidos.

Posteriormente, el tribunal estatal determinó la existencia de violencia política de género. Una nueva impugnación obligó a revisar específicamente el alcance de la inmunidad parlamentaria del senador, hasta llegar a la resolución ahora conocida, que vuelve a considerar acreditada la conducta respecto de las expresiones que no quedaron protegidas por su función legislativa.

Noroña anuncia otra impugnación

Fernández Noroña rechaza la resolución y sostiene que sus comentarios deben entenderse dentro del debate político. Tras conocerse la nueva determinación, anunció que impugnará ante la Sala Regional del TEPJF, por lo que el expediente todavía podría tener otro capítulo judicial.

Por ahora, el cambio más importante es que el argumento de la inmunidad parlamentaria no consiguió dejar sin efecto el análisis de sus publicaciones personales. El tribunal distinguió entre lo dicho como senador en el desempeño de sus atribuciones y lo difundido fuera de ese ámbito.

La sentencia tampoco implica que las medidas ordenadas estén definitivamente ejecutadas. La disculpa, el curso y el periodo de seis meses en los registros están vinculados a que el fallo quede firme, mientras que la nueva impugnación anunciada por Fernández Noroña mantiene abierto el litigio.

*BC