El caso del sinaloense Rubén Rocha Moya tiene secuelas, que no será fácil desaparecer.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, señaló que funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan directamente con organizaciones criminales y aseguró que la agencia estadounidense mantendrá su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Infobae explica que Cole sostuvo durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón, de Univisión, que una acusación reciente del Departamento de Justicia estadounidense exhibe lo que calificó como corrupción gubernamental en México.

“En la acusación que se acaba de hacer pública, se ve la corrupción gubernamental en México con altos funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Y hace dos semanas, pusimos en aviso a esos mismos funcionarios que actualmente están trabajando con el CJNG”, precisó el titular de la DEA.

“Entre los antecedentes recientes se encuentra el señalamiento realizado en abril contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios de esa entidad por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, sin embargo, no se ha informado públicamente de políticos mexicanos identificados por las autoridades estadounidenses como presuntos colaboradores del CJNG”.

Las declaraciones de Cole se generan en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra las organizaciones criminales mexicanas y de un fortalecimiento de las acciones dirigidas especialmente contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Ambas estructuras han figurado entre los principales objetivos de sanciones, procesos judiciales, recompensas y operaciones impulsadas durante la gestión del presidente Donald Trump.

En contraste, el director de la DEA afirmó que mantiene una relación de cooperación constante con el gobierno mexicano. Indicó que existe comunicación diaria con Omar García Harfuch, secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, para intercambiar información y coordinar esfuerzos en materia de seguridad.

“Sí, tenemos comunicación diaria, entre yo mismo y el secretario Omar García Harfuch. La comunicación es fluida. Estamos compartiendo información no solo sobre objetivos mexicanos, designados terroristas extranjeros como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, sino que también estamos apoyando operaciones en México”, precisó Cole.

El funcionario estadounidense afirmó que la relación bilateral no se limita al intercambio de inteligencia, sino que también incluye apoyo para acciones realizadas dentro de territorio mexicano.

Añadió que la DEA continuará trabajando con las autoridades nacionales para localizar a integrantes de alto nivel de las organizaciones delictivas y debilitar sus estructuras operativas.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones unilaterales en México, Cole evitó descartarlo de manera absoluta y remitió cualquier decisión de ese tipo al presidente estadounidense.

“Bueno, tendría que remitirlo al presidente de Estados Unidos respecto a eso. Tomamos órdenes del presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, las ejecutaremos”, respondió.

“Reemplazan rápidamente el liderazgo, pero su liderazgo actualmente está en prisión en Estados Unidos porque no vamos a ceder (…) Lo que viene para el liderazgo de Sinaloa, Los Chapitos, pronto será lo mismo. No vamos a ceder. Seguiremos persiguiendo. Y creo que la semana pasada, cuando divulgamos las recompensas, íbamos tras todo el liderazgo. Y con la cooperación de México, que ha incrementado sus esfuerzos en Sinaloa, en Jalisco, podemos hacer esto juntos», aseguró.

Cole también mencionó como parte de la estrategia estadounidense la persecución del liderazgo del CJNG, entre cuyos objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia. La DEA ha reiterado que pretende mantener acciones contra las estructuras de mando de las principales organizaciones del narcotráfico, aun cuando éstas sustituyan rápidamente a sus integrantes detenidos o procesados.

Como parte de su mensaje, el funcionario recordó el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, y destacó que Rafael Caro Quintero, señalado por autoridades estadounidenses como responsable de ese crimen, enfrenta actualmente un proceso judicial en Estados Unidos. Utilizó ese caso para subrayar que la agencia sostiene investigaciones y persecuciones incluso décadas después de determinados hechos.

Las afirmaciones sobre funcionarios mexicanos ocurren en momentos en que permanecen bajo atención pública los señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya y otros servidores públicos de Sinaloa.

Aunque Cole presentó la existencia de corrupción como un elemento demostrado dentro de una acusación, todavía corresponde a las autoridades judiciales establecer responsabilidades individuales y sustentar cualquier señalamiento mediante pruebas y procedimientos legales.

La ofensiva de Washington contra los cárteles mexicanos se ha intensificado con medidas financieras, acusaciones penales, recompensas y acciones de cooperación con autoridades mexicanas.

Las declaraciones del director de la DEA elevan nuevamente la presión sobre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales y anticipan que la agencia estadounidense mantendrá como objetivos prioritarios tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG.

El caso Rocha Moya tiene aún secuelas que se operan desde Estados Unidos.

De las anécdotas que se cuentan

De los 13 aspirantes a candidatos a gobernador de Morena en Sinaloa, 11 forman parte del grupo político del exgobernador Rubén Rocha Moya.

En ese contexto habrá otro round entre Palacio Nacional y el exmandatario sinaloense.

Todo indica que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la posibilidad de que sea un rochista quien busque la gubernatura, pero debe evitar la división a riesgo de perder con la oposición.

Saldrán chispas antes de que se decida quien buscará la gubernatura de Sinaloa el próximo año y ahí veremos quién gana: la presidenta Sheinbaum o el ex gobernador Rocha Moya y los duros de Morena.

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Graciela Domínguez Nava tomó el control del Gobierno de Sinaloa este martes 25 de agosto, luego de que el Congreso estatal la designó gobernadora interina con 31 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, cerrando así un periodo de incertidumbre provocado por el fugaz regreso de Rubén Rocha Moya al cargo.

La nueva mandataria deberá conducir la administración hasta el 31 de octubre de 2027, fecha en la que concluye el periodo constitucional. Horas después de rendir protesta, Domínguez se reunió con el gabinete estatal y pidió a secretarios y funcionarios trabajar en equipo y ofrecer resultados en el corto plazo.

Su llegada representa el segundo interinato que vive Sinaloa durante 2026 y ocurre en un momento marcado por la crisis de seguridad, las investigaciones que rodean a Rocha Moya y la necesidad de reconstruir la confianza en el gobierno estatal.

Rocha volvió a gobernar, pero duró poco más de un día

El relevo de Graciela Domínguez estuvo precedido por una secuencia política inusual.

Rocha Moya se había separado inicialmente de la gubernatura el 2 de mayo de 2026. Durante aquella ausencia, el Congreso nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Después de más de tres meses fuera del cargo, Rocha notificó al Congreso que retomaría sus funciones el viernes 21 de agosto. Sin embargo, apenas al día siguiente presentó una nueva petición para separarse del Ejecutivo.

La Diputación Permanente aprobó el 23 de agosto esa segunda solicitud, definida oficialmente como una “licencia temporal con carácter indefinida”, y comenzó el procedimiento para elegir a quien ocuparía provisionalmente la gubernatura.

Por ello, jurídicamente Rocha Moya no renunció de manera definitiva. Mantiene la calidad de gobernador con licencia, mientras Domínguez ejerce el Poder Ejecutivo durante la ausencia.

Congreso elige a Graciela Domínguez

La definición llegó durante una sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa.

La propuesta de Graciela Domínguez Nava obtuvo 31 votos a favor y seis en contra. PRI y PAN se pronunciaron contra la designación y reclamaron que la nueva administración gobierne con independencia partidista y atienda la crisis de seguridad y confianza institucional.

Tras la votación, Domínguez rindió protesta y asumió inmediatamente el cargo.

El Congreso fundamentó la designación en los artículos 43 y 58 de la Constitución de Sinaloa, que permiten nombrar una persona interina cuando la ausencia temporal del titular del Ejecutivo supera los 30 días.

Consultar la designación oficial de Graciela Domínguez

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

La nueva gobernadora nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa, y estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militó entre 1999 y 2013. Fue diputada local y coordinadora parlamentaria, además de participar en movimientos relacionados con pescadores, derechohabientes del Infonavit y familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

Posteriormente se incorporó a Morena y regresó al Congreso estatal entre 2018 y 2021. Durante esa etapa encabezó la Junta de Coordinación Política y participó en la Comisión de Fiscalización.

Su siguiente cargo la vinculó directamente con la administración de Rocha Moya.

En noviembre de 2021 fue nombrada secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, responsabilidad que desempeñó hasta 2024, cuando dejó el gabinete estatal para competir por una diputación federal.

Domínguez obtuvo el Distrito 1 federal por Morena y posteriormente solicitó licencia como legisladora. Ahora pasa de San Lázaro a encabezar el Ejecutivo de su estado.

Paz y seguridad, el primer compromiso

La nueva mandataria recibió un gobierno con poco más de un año pendiente y una agenda marcada principalmente por la violencia.

En su primer mensaje como gobernadora, Domínguez estableció que la paz y la seguridad serán prioridades de su administración. Planteó coordinación con los tres órdenes de gobierno y aseguró que buscará recuperar la tranquilidad en calles, comunidades, escuelas, negocios, zonas agrícolas y hogares.

También colocó entre las tareas centrales la atención a víctimas, desaparición de personas, desplazamiento interno, retorno a comunidades y reconstrucción del tejido social.

En materia económica, su administración deberá atender al campo, la comercialización agrícola, pesca, ganadería, minería, empleo y reactivación de actividades productivas golpeadas por la inseguridad.

Domínguez se reúne con el gabinete tras rendir protesta

Una de sus primeras acciones fue reunirse en Palacio de Gobierno con integrantes del gabinete legal y ampliado.

La gobernadora pidió mantener el trabajo conjunto y ofrecer resultados en el corto plazo. Los integrantes del gabinete manifestaron su respaldo y se comprometieron a continuar con los objetivos del Plan Estatal bajo la conducción de la nueva titular del Ejecutivo.

El mensaje inicial indica que no habrá una ruptura automática con toda la administración anterior. Durante su toma de protesta, Domínguez adelantó que mantendrá los programas y obras que considere útiles y realizará modificaciones donde sean necesarias.

Esto será uno de los puntos a seguir durante los próximos días: si conserva la estructura heredada de Rocha o realiza cambios en áreas estratégicas, particularmente Seguridad, Gobierno y Finanzas.

Sheinbaum respalda a la gobernadora interina

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente el perfil de Domínguez antes incluso de que concluyera formalmente su designación.

La mandataria federal señaló que conoce a la sinaloense, destacó su paso por la Secretaría de Educación estatal y la describió como una mujer honesta con años de participación en causas de justicia social.

Domínguez, por su parte, anunció que buscará una relación estrecha con el Gobierno de México, especialmente para enfrentar la crisis de seguridad.

Ese respaldo adquiere relevancia después de que Sheinbaum cuestionara públicamente el regreso de Rocha Moya a la gubernatura pocos días antes de la nueva licencia.

Las acusaciones que rodean a Rocha Moya

El escenario político de Sinaloa cambió desde el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

La acusación federal señala una presunta conspiración relacionada con tráfico de narcóticos y armas, además de supuesta colaboración con dirigentes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.

Es importante precisar que se trata de acusaciones y no de una condena. El propio Departamento de Justicia señala que los imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una declaración de culpabilidad.

Rocha ha rechazado los señalamientos.

Su primera licencia ocurrió pocos días después de conocerse el expediente estadounidense. Más tarde volvió brevemente al cargo y finalmente solicitó la segunda separación que derivó en la llegada de Domínguez.

Sinaloa entra en otra etapa rumbo a 2027

En menos de cuatro meses, el Poder Ejecutivo sinaloense pasó por cuatro movimientos: Rocha Moya dejó el cargo, Yeraldine Bonilla asumió interinamente, Rocha regresó y, después de poco más de un día, volvió a separarse para dar paso a Graciela Domínguez.

La nueva gobernadora tendrá ahora la responsabilidad de cerrar el periodo constitucional hasta octubre de 2027.

Su gestión también coincidirá con el proceso político rumbo a la siguiente elección estatal. Antes de asumir el interinato, Domínguez era considerada uno de los perfiles de Morena con presencia en la sucesión.

Por ahora, el reto inmediato no está en las urnas sino en estabilizar el gobierno, responder a la crisis de seguridad, mantener la operación de la administración pública y recuperar confianza después de dos interinatos en un mismo año.

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La historia de Carlos Alberto Beltrán Olmeda pasó en pocas semanas de una renuncia al gobierno de Los Cabos a una desaparición en Culiacán y, finalmente, a la identificación de sus restos dentro de una fosa clandestina en San José del Cabo, Baja California Sur.

La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el 22 de agosto de 2026 que estudios de genética forense permitieron establecer que una osamenta localizada el 13 de julio correspondía al exoficial mayor de Los Cabos. La investigación continúa abierta para determinar qué ocurrió y quiénes participaron en su muerte.

El caso cobró relevancia nacional no sólo por la trayectoria política de Beltrán, sino porque antes de desaparecer había sido objeto de señalamientos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos, acusaciones que él negó y que hasta ahora no han sido acreditadas mediante una resolución judicial.

Carlos Beltrán renunció y después desapareció en Culiacán

La última aparición pública conocida de Carlos Beltrán Olmeda ocurrió el 25 de mayo de 2026, cuando anunció que dejaría la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Los Cabos por motivos personales.

Su salida ocurrió después de que su nombre apareciera en narcomantas y otros mensajes en los que se le atribuían presuntas relaciones con integrantes del crimen organizado. Antes de dejar el cargo rechazó esas acusaciones y sostuvo que eran falsas.

Doce días después, el 6 de junio, fue reportado como desaparecido. La información difundida para su localización estableció como último punto conocido el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, Sinaloa.

Durante varias semanas no hubo información oficial que permitiera conocer qué había ocurrido con él.

Una fosa clandestina dio un giro al caso

El 13 de julio, personal ministerial y peritos localizaron una inhumación clandestina en una brecha de terracería que conduce a la colonia La Ballena, en San José del Cabo.

Dentro del sitio encontraron una osamenta que fue trasladada al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes. Tras extraer el perfil genético y compararlo con muestras disponibles, los especialistas establecieron que los restos pertenecían a Carlos Alberto Beltrán Olmeda.

La identificación fue anunciada oficialmente el 22 de agosto. La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mantiene las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Antes del hallazgo había circulado en redes sociales un video en el que una mujer presentada como presunta integrante de una estructura criminal hablaba del secuestro y asesinato de un hombre identificado como “El Cazabaches”, sobrenombre relacionado públicamente con Beltrán. La grabación también contenía referencias sobre un supuesto sitio de entierro. Su contenido, sin embargo, no constituye una determinación judicial sobre quién asesinó al exfuncionario ni sobre el móvil del crimen.

De asesor político a funcionario de Los Cabos

Antes de ocupar un cargo administrativo en Baja California Sur, Beltrán desarrolló actividades de asesoría política.

Entre 2015 y 2018 trabajó con legisladores federales y posteriormente se movió hacia estructuras políticas del noroeste de México. Para 2021 aparece en registros curriculares como asesor de Rubén Rocha Moya, además de colaborar con figuras políticas de municipios sinaloenses.

En febrero de 2022 llegó al Ayuntamiento de Los Cabos como asesor de Presidencia y posteriormente ascendió dentro de la administración municipal.

En septiembre de 2023 asumió la Oficialía Mayor, un puesto con responsabilidades relacionadas con recursos humanos, materiales y funcionamiento administrativo del ayuntamiento. Permaneció en esa posición hasta su renuncia en mayo de 2026.

Su trayectoria también fue relacionada con BOATIP de México y la plataforma Komuna, utilizada durante actividades políticas en Baja California Sur en 2021. La operación de esa herramienta fue objeto de denuncias de partidos opositores por presunto financiamiento ilícito y coacción del voto; esos señalamientos fueron rechazados en su momento por Morena.

Qué se sabe de los señalamientos sobre Los Chapitos

La aparición del nombre de Carlos Beltrán en mensajes atribuidos al crimen organizado generó versiones que lo relacionaban con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Beltrán negó públicamente esas acusaciones antes de renunciar. Hasta ahora, la autoridad que investiga su muerte no ha informado que haya comprobado su pertenencia a Los Chapitos ni que su asesinato haya sido ordenado por esa organización.

El contexto adquirió otra dimensión debido a la situación de Rubén Rocha Moya, con quien Beltrán había trabajado como asesor.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con tráfico de narcóticos y armas. La fiscalía estadounidense sostiene que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa y, particularmente, con Los Chapitos. Las imputaciones son acusaciones y no una sentencia.

Carlos Beltrán no aparece entre las diez personas incluidas en esa acusación federal, por lo que el proceso contra Rocha Moya no puede utilizarse como prueba de que el exfuncionario de Los Cabos perteneciera a esa organización criminal.

Sonora descarta una investigación contra Beltrán

Otro elemento surgió después de la identificación de los restos. Autoridades de Sonora aclararon que no mantenían una investigación contra Carlos Beltrán y que su participación en el caso consistió en obtener muestras genéticas de familiares del exfuncionario radicados en Guaymas.

Esas muestras ayudaron al proceso de identificación. La autoridad sonorense también precisó que no contaba con información que acreditara actividades económicas o profesionales de Beltrán relacionadas con el sector gasolinero en ese estado.

Así, el expediente mantiene todavía preguntas centrales sin respuesta: quién privó de la libertad a Carlos Beltrán, cuándo murió, cuál fue el móvil y quién ordenó o ejecutó el crimen.

Por ahora, lo comprobado es que el exasesor político renunció a su cargo el 25 de mayo, desapareció el 6 de junio, sus restos fueron encontrados el 13 de julio y finalmente fueron identificados mediante genética forense el 22 de agosto. La investigación penal continúa abierta.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya para separarse de la gubernatura de Sinaloa. Desde Palacio Nacional afirmó: que no le pareció “pertinente, por decir lo menos” que regresara al gobierno el viernes, y reiteró que no tuvo conocimiento previo del hecho.

Se trató, dijo, de una decisión personal, al tiempo que consideró que su salida es “lo mejor” para su entidad.

Este domingo, a unas horas del regreso de Rocha Moya al gobierno estatal, el deslinde de Morena sobre esa determinación y su decisión de volver a separarse del cargo. Agregó: “igual de... como tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirarse. Creo que es lo mejor para Sinaloa”, declaró con cubrebocas Sheinbaum el domingo 23 de agosto.

La crisis política generó una guerra fratricida entre los grupos de Morena, el que encabeza y está alrededor de la presidenta Sheinbaum, y el de los sectores duros de la 4T, que se identifican con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La nueva licencia se produjo apenas un día después de que Rocha Moya retomara sus funciones como gobernador, luego de permanecer más de tres meses separado del cargo. El gobierno de Sinaloa confirmó el 21 de agosto su reincorporación y el mandatario incluso volvió a encabezar actividades oficiales

Sheinbaum confirmó que no mantiene comunicación con Rocha Moya desde que éste solicitó su primera licencia para separarse temporalmente del gobierno sinaloense. “No hablo con él desde que... desde la primera vez que pidió licencia”, insistió.

En corto, desde Palacio Nacional se organizó un frente con Morena, el gabinete, los gobernadores, senadores y diputados federales para criticar el regreso del mandatario de Sinaloa.

La primera separación ocurrió en mayo. El Congreso de Sinaloa concedió a Rocha Moya una licencia por más de 30 días a partir del 2 de mayo y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

El gobierno federal mantuvo su coordinación con la administración estatal. El Gabinete de Seguridad acudió a Sinaloa y aseguró que el respaldo federal continuaría, particularmente en materia de seguridad

El nuevo episodio comenzó el viernes pasado, cuando Rocha Moya anunció su regreso a la gubernatura después de más de tres meses de ausencia, lo que cayó como balde agua fría en Palacio Nacional, con quien no se tuvo la consideración de avisarle lo que iba a suceder y se enteraron como el resto de los mexicanos a través de las redes sociales.

“Hace más de tres meses me separé del cargo, con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy, estoy de regreso”, presumió Rocha.

Su reincorporación, impulsada por los sectores duros de su partido, duró poco.

El sábado 22 de agosto presentó ante el Congreso de Sinaloa un nuevo escrito para solicitar una licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días. A diferencia de su primera separación, el documento no detalla los motivos que lo llevaron a tomar nuevamente esa decisión.

Rocha Moya acompañó el anuncio con un breve mensaje en sus redes sociales: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, con lo que replicaba afirmaciones de la presidenta.

La frase apareció después de que Sheinbaum publicara un posicionamiento en el que sostuvo que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación” y sentenció “la ambición desnuda del poder por el poder.

Entre ambos hechos, Morena también marcó distancia de la decisión inicial del sinaloense de regresar al gobierno. En un comunicado fechado el 21 de agosto, la dirigencia del partido aseguró que no tuvo conocimiento previo de la reincorporación y calificó la determinación como personal.

“Morena informa que esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”, señaló.

El partido recordó además que las autoridades mexicanas mantienen investigaciones relacionadas con el caso y manifestó que respetará el debido proceso y los resultados de las indagatorias, en un mensaje directo de que Rocha Moya tiene pendientes con la Justicia.

Después del posicionamiento de Sheinbaum sobre anteponer los intereses nacionales a los personales, figuras de la Cuarta Transformación como Clara Brugada, Alejandro Armenta, Marcelo Ebrard y Ariadna Montiel expresaron públicamente su respaldo a la presidenta.

Dejó dos definiciones sobre la nueva separación de Rocha Moya: sostuvo que no intervino para que abandonara nuevamente la gubernatura y aseguró que no ha hablado con él desde su primera licencia, pero consideró que la decisión adoptada por el mandatario es “lo mejor para Sinaloa”.

La guerra no termina. En menos de 15 días se sabrá quién es la candidata o el candidato de Morena al gobierno de Sinaloa. La batalla continuará.

De las anécdotas que se cuentan

La reincorporación Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presunta colusión con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, generó reacciones de rechazo a nivel federal y de agencias internacionales.

Claudia Sheinbaum declaró que ningún interés de carácter personal debe colocarse por encima de los intereses de la población y del país.

La guerra estaba declarada, horas después el gobernador volvió a solicitar licencia.

Mientras las autoridades mexicanas rechazan dar curso al trámite por considerar insuficientes las pruebas, los procesos en Nueva York contra colaboradores cercanos avanzan tras la excarcelación de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien permanece bajo custodia confidencial para integrarse al programa de testigos colaboradores de la fiscalía norteamericana.

En su mensaje, Sheinbaum advirtió sobre los riesgos de ejercer la función pública sin principios ni límites, instando a que el interés público prevalezca sobre cualquier persona o grupo.

Horas después, Rocha Moya abandonó el Palacio de Gobierno de Culiacán.

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Puebla, Pue.- El caso de Rubén Rocha Moya encendió alertas dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Mientras la dirigencia poblana negó haberle dado la espalda, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo planteó reforzar la revisión de quienes busquen una candidatura para evitar riesgos de infiltración del crimen organizado.

El legislador consideró que lo ocurrido con Rocha Moya debe convertirse en una llamada de atención para los partidos políticos, particularmente cuando comiencen a definir a sus perfiles para cargos de elección popular.

Carvajal pide filtros más estrictos para candidatos en 2027

Alejandro Carvajal sostuvo que la revisión de aspirantes no debe quedarse únicamente en una investigación superficial de antecedentes.

El diputado federal propuso profundizar los mecanismos de revisión y fortalecer la capacitación de los cuadros políticos, con el propósito de que los partidos presenten candidatos con preparación y trayectoria.

El objetivo, explicó, debe ser disminuir los riesgos de que el crimen organizado pueda infiltrarse en estructuras políticas y electorales.

“Los ciudadanos quieren perfiles de altura, no improvisados”, sostuvo el morenista.

Carvajal también cuestionó que los espacios políticos puedan quedar en manos de figuras mediáticas sin experiencia suficiente para asumir responsabilidades públicas.

Morena Puebla niega abandono político a Rocha Moya

En paralelo, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, negó que el partido haya dado la espalda a Rubén Rocha Moya.

Explicó que el alejamiento respecto al tema responde a la decisión de mantener congruencia con los principios de la Cuarta Transformación impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “no mentir, no robar y no traicionar”.

“Es cuestión de darle eco a los principios”, señaló Romero Garci-Crespo.

Por su parte, Alfonso Bermúdez, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), descartó que el caso Rocha Moya afecte los procesos internos para seleccionar coordinadores, considerados antesala de las candidaturas para los comicios de 2027.

Morena Puebla se suma a postura de Sheinbaum

Bermúdez señaló que las acciones y posiciones de representantes del movimiento, entre ellos Claudia Sheinbaum, tienen un mayor peso y fortalecen los valores promovidos por la 4T.

Por ello, afirmó que Morena Puebla respalda y se suma a la postura presidencial frente al caso de Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa volvió al centro de la discusión política después de solicitar el sábado una licencia indefinida, luego de que el viernes anunciara su regreso al cargo tras permanecer separado de sus funciones desde mayo, ante los cargos que Estados Unidos tiene sobre él, de acuerdo con el material proporcionado.

Así, el caso abrió dos frentes dentro del discurso morenista en Puebla: el respaldo a los principios planteados por Sheinbaum y la discusión sobre la necesidad de elevar los filtros para seleccionar candidatos rumbo a 2027.
 

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La definición del nuevo gobierno de Sinaloa quedó en suspenso este lunes. El Congreso estatal aplazó hasta nuevo aviso la sesión convocada para nombrar a un gobernador interino, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum endureció su postura frente al breve regreso de Rubén Rocha Moya al cargo y sostuvo que su decisión fue imprudente.

La mandataria confirmó que no habló con Rocha antes de que retomara la gubernatura el pasado 21 de agosto y aseguró que su reincorporación no le pareció pertinente. El gobernador volvió al puesto después de más de tres meses de licencia, pero apenas un día después solicitó separarse nuevamente por tiempo indefinido.

Sheinbaum cuestiona el regreso de Rocha Moya

Sheinbaum sostuvo que los intereses personales no deben colocarse por encima de los de la población y resumió su desacuerdo con una frase: “Qué necesidad de regresar”. También calificó como imprudente la determinación de Rocha de volver al Ejecutivo sinaloense.

La posición presidencial ocurre mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas Rocha Moya.

La Secretaría de Gobernación había marcado distancia desde el 21 de agosto al establecer que la reincorporación del mandatario correspondía exclusivamente a una decisión personal y no a una determinación del Gobierno de México. La dependencia también confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado a Estados Unidos las pruebas correspondientes para sustentar los señalamientos.

Nueva licencia abre otra vez la sucesión en Sinaloa

El regreso de Rocha duró poco. El sábado 22 de agosto presentó al Congreso una solicitud de “licencia temporal con carácter indefinida” y la Diputación Permanente la aprobó por unanimidad al día siguiente.

El Congreso documentó que Rocha se había reincorporado el viernes 21, después de permanecer separado del cargo desde el 2 de mayo de 2026. Tras avalar la nueva licencia, turnó el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para preparar la propuesta de quien deberá asumir como gobernador o gobernadora interina.

La intención inicial era resolver la sucesión durante una sesión extraordinaria programada para las 8:00 horas de este lunes. Sin embargo, el encuentro fue pospuesto hasta nuevo aviso debido a que la comisión legislativa aún no había recibido propuestas para elaborar el dictamen correspondiente.

Yeraldine Bonilla queda al frente mientras deciden interino

Mientras el Congreso define el nombramiento, Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno, permanece encargada del despacho del Ejecutivo estatal, conforme al procedimiento previsto en la Constitución de Sinaloa.

Sheinbaum pidió a los legisladores elegir a una persona con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega, y señaló que el objetivo debe ser garantizar la gobernabilidad del estado y generar condiciones para que el próximo proceso electoral se desarrolle en paz.

Caso Rocha mantiene abiertas investigaciones en México y EU

El escenario político tiene como telón de fondo una acusación federal presentada en abril por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

El expediente estadounidense sostiene que los acusados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de protección política y sobornos. Se trata de imputaciones judiciales que deberán probarse ante los tribunales: el propio Departamento de Justicia precisa que los acusados son considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

Por ahora, la incógnita inmediata está en el Congreso sinaloense: no existe una nueva fecha para la sesión que deberá definir quién asumirá el gobierno estatal durante la licencia de Rocha Moya.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no sabía que Rubén Rocha Moya retomaría la gubernatura de Sinaloa y que se enteró de su regreso mediante la publicación realizada por el propio mandatario en redes sociales. La revelación ocurre después de que Rocha concluyera, por decisión propia, la licencia temporal que inició el pasado 1 de mayo.

La reincorporación provocó además pronunciamientos de Morena y de la Secretaría de Gobernación, que señalaron que no tuvieron participación en esa determinación. Mientras el partido se deslindó del regreso, Gobernación lo calificó como una decisión exclusivamente personal.

Sheinbaum supo del regreso de Rocha por una publicación

Sheinbaum fue cuestionada este sábado 22 de agosto sobre la manera en que tuvo conocimiento de que Rocha Moya había decidido volver al gobierno de Sinaloa.

“Por su tuit, por su publicación”.

La presidenta señaló además que no había hablado con Rocha Moya y adelantó que el lunes podría referirse con mayor amplitud al tema.

La respuesta cobra relevancia porque confirma que la reincorporación del gobernador no fue comunicada previamente a Presidencia.

Horas antes, Sheinbaum publicó un mensaje sobre el ejercicio del poder en el que afirmó que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación” y sostuvo que los cargos públicos son pasajeros, mientras la responsabilidad con el país permanece.

La mandataria no mencionó directamente a Rubén Rocha Moya en ese mensaje. Por ello, aunque la publicación apareció en el contexto inmediato de su regreso a la gubernatura, no puede afirmarse como hecho que estuviera dirigida expresamente al mandatario sinaloense.

Morena se deslinda de la decisión de Rocha Moya

La dirigencia nacional de Morena informó que tampoco tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador.

El partido estableció que la determinación fue personal y se deslindó de ella, al tiempo que reiteró que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas.

El posicionamiento se produjo después de que gobernadores de Morena llamaran a Rocha Moya a conducirse con “madurez y responsabilidad” y señalaran que las decisiones individuales no deben colocarse por encima del proyecto colectivo.

También hubo voces dentro del partido que plantearon que Rocha debería reconsiderar su regreso mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos que enfrenta.

Segob recalca que las investigaciones continúan abiertas

La Secretaría de Gobernación señaló que la reincorporación de Rocha Moya fue una decisión “exclusivamente de carácter personal”.

La dependencia también indicó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas Rocha Moya.

El Gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos los elementos que sustenten los señalamientos formulados contra los involucrados. Esto significa que el regreso de Rocha al cargo no representa por sí mismo el cierre de las investigaciones ni una resolución definitiva sobre las acusaciones.

Rocha Moya regresó después de 112 días de licencia

Rubén Rocha Moya se reincorporó oficialmente a sus funciones el 21 de agosto, después de haberse separado temporalmente del gobierno desde el 1 de mayo.

Ya de regreso, sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete y se puso al corriente de los asuntos atendidos durante su ausencia. Yeraldine Bonilla Valverde, quien ocupó interinamente la gubernatura, regresó a la Secretaría General de Gobierno.

Rocha sostuvo que retomaba el cargo para cumplir el mandato para el que fue electo y aseguró que durante su licencia se puso a disposición de las instituciones mexicanas para ser investigado. También afirmó que no existen elementos que acrediten su participación en una conducta penal; esa declaración corresponde a la postura del propio gobernador y no implica que las investigaciones hayan terminado.

¿Qué acusaciones enfrenta Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril cargos contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

La acusación sostiene que los señalados presuntamente colaboraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. En el caso de Rocha Moya, los fiscales estadounidenses formulan señalamientos relacionados con su presunta colaboración con la facción de Los Chapitos.

Es indispensable precisar que se trata de acusaciones. El propio Departamento de Justicia estadounidense establece que los cargos contenidos en el expediente son alegaciones y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

El regreso deja a Rocha frente a un nuevo escenario político

El regreso de Rubén Rocha Moya deja una serie de hechos verificables: Presidencia no recibió aviso previo, Morena se deslindó de la determinación y Gobernación la calificó como una decisión personal, mientras las investigaciones en México permanecen abiertas.

A esta secuencia se suma el mensaje de Sheinbaum sobre los límites del poder y los intereses personales. La presidenta no nombró al gobernador, por lo que cualquier interpretación sobre un destinatario específico debe mantenerse diferenciada del hecho comprobado de que no fue informada previamente sobre su regreso.

Por ahora tampoco existe información oficial que permita afirmar que Sheinbaum haya pedido la renuncia de Rocha Moya o una nueva licencia. El siguiente punto de atención será la postura que la presidenta anunció que ampliará el lunes y el desarrollo de las investigaciones que siguen abiertas.

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El retorno de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa encontró resistencia dentro de su propio movimiento político. Gobernadores de Morena rechazaron este viernes su decisión de reincorporarse al cargo y dejaron claro que los proyectos individuales no deben colocarse por encima del interés colectivo.

El pronunciamiento se produjo después de que Rocha Moya retomara la gubernatura tras 112 días de licencia, periodo durante el cual permaneció separado del Ejecutivo estatal en medio de las investigaciones relacionadas con acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La respuesta política no se limitó a los mandatarios estatales. La dirigencia nacional de Morena aseguró que no conoció previamente la decisión de Rocha, mientras que figuras del partido y del gobierno federal insistieron en que su reincorporación fue una determinación personal.

Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum

El comunicado de los gobernadores colocó en el centro su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lanzó un mensaje sobre la disciplina política dentro del movimiento.

“Los proyectos políticos personales no tienen cabida cuando se contrapesan con el bienestar de la Nación”.

Los mandatarios manifestaron su “absoluto y categórico respaldo” a Sheinbaum y destacaron su liderazgo al frente del país. También plantearon que las decisiones individuales no deben imponerse sobre el proyecto colectivo ni sobre el mandato ciudadano.

El documento representa uno de los pronunciamientos más claros provenientes de gobernadores del propio bloque oficialista frente al regreso de Rocha Moya. Además, le pidieron conducirse con madurez y responsabilidad ante la situación política que enfrenta.

Morena asegura que desconocía la decisión de Rocha

Horas antes, la dirigencia nacional de Morena también había marcado distancia.

El partido informó que no tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador sinaloense de retomar sus funciones y calificó su reincorporación como una determinación personal.

Morena señaló además que respetará el debido proceso y las investigaciones que permanecen abiertas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

 

La postura partidista resulta significativa porque Rocha llegó a la gubernatura de Sinaloa como candidato de Morena y sigue formando parte del movimiento, aunque su decisión de regresar no recibió un respaldo público de la dirigencia.

Monreal pide que vuelva a solicitar licencia

El distanciamiento también llegó desde el Poder Legislativo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió a Rocha Moya reconsiderar su reincorporación y solicitar nuevamente licencia como gobernador.

El legislador sostuvo que el retorno del mandatario corresponde exclusivamente a una decisión individual y respaldó la posición del gobierno federal de no asumir responsabilidad sobre su regreso.

Legisladores morenistas también expresaron cuestionamientos y plantearon que Rocha debería separarse nuevamente del cargo mientras continúa el proceso relacionado con las investigaciones.

Rocha Moya vuelve después de 112 días

Rocha Moya formalizó su regreso este 21 de agosto de 2026 y notificó al Congreso de Sinaloa su reincorporación al Poder Ejecutivo.

El mandatario difundió un mensaje en el que confirmó que volvía a ejercer sus funciones y aseguró que continuaría trabajando al frente de la entidad.

Su licencia había comenzado después de que el 29 de abril de 2026 autoridades estadounidenses presentaran una acusación penal contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

La acusación sostiene que Rocha y los demás señalados habrían colaborado presuntamente con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de protección, sobornos y apoyo político. Se trata de acusaciones que permanecen sujetas al proceso judicial y no equivalen a una declaración de culpabilidad.

 

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que los cargos contenidos en la acusación son únicamente señalamientos y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

Rocha Moya ha negado los señalamientos y sostiene que no existen elementos que acrediten las acusaciones en su contra.

El regreso deja a Rocha bajo presión política

La reincorporación permitió a Rocha Moya recuperar formalmente el ejercicio de la gubernatura, pero también abrió un escenario de distanciamiento político dentro de Morena.

En cuestión de horas coincidieron varios mensajes: la dirigencia del partido se deslindó de su decisión; legisladores pidieron que reconsiderara el regreso; gobernadores rechazaron los proyectos políticos personales y expresaron su respaldo a Sheinbaum.

 

La diferencia es importante. Los gobernadores no anunciaron una ruptura formal con Rocha ni solicitaron expresamente su renuncia, pero sí cuestionaron públicamente la decisión de volver al cargo y enfatizaron que el proyecto colectivo debe estar por encima de las decisiones individuales.

Rocha Moya, por su parte, permanece nuevamente al frente del Ejecutivo sinaloense. Su regreso abre ahora una nueva etapa: gobernar mientras continúan abiertas las investigaciones y mientras sectores relevantes de su propio movimiento han decidido marcar distancia de su reincorporación.

*ARD

Rubén Rocha Moya volvió este viernes 21 de agosto al Palacio de Gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia y retomó formalmente el Poder Ejecutivo estatal. Su regreso llega después de ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones formuladas en Estados Unidos y con un mensaje político claro: asegura que vuelve “con la frente limpia y en alto”.

El gobernador sostuvo que durante el periodo en que permaneció separado del cargo atendió los requerimientos de las autoridades mexicanas y defendió que no existen elementos que acrediten su participación en algún delito. También afirmó que cumplirá el mandato para el cual fue electo, que concluye el 31 de octubre de 2027.

Su regreso, sin embargo, no significa que hayan desaparecido todos los frentes judiciales que originaron su licencia. Mientras en México la FGR informó que no había reunido pruebas suficientes para alcanzar el estándar probatorio requerido por la legislación nacional, en Estados Unidos continúa vigente la acusación penal presentada contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Rocha Moya regresa con un mensaje de inocencia

Al anunciar que reasumía sus funciones, Rocha Moya aseguró que decidió separarse temporalmente del gobierno para permitir que las investigaciones avanzaran sin que su condición de gobernador pudiera convertirse en un obstáculo.

“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto”.

El mandatario recordó que compareció ante la FGR y sostuvo que se sometió voluntariamente a las diligencias abiertas en México. Su postura es que ese proceso confirmó la inexistencia de elementos que prueben las acusaciones en su contra.

La formulación requiere una distinción: que la Fiscalía no haya reunido pruebas suficientes no equivale necesariamente a una exoneración judicial definitiva.

La FGR dijo que no había pruebas suficientes, pero la indagatoria seguía

El 8 de julio, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, informó públicamente que hasta ese momento la investigación no había encontrado elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo exigido por el derecho mexicano para proceder respecto de Rocha Moya y las otras personas señaladas por Estados Unidos.

El mismo funcionario aclaró que las investigaciones no habían concluido y calificó la indagatoria como exhaustiva. La FGR continuaba recopilando información para determinar si existían elementos que permitieran acreditar alguna conducta delictiva.

Por ello, hay una diferencia entre la postura política expresada por Rocha Moya al regresar al cargo y la situación procesal comunicada previamente por las autoridades: el gobernador sostiene que las acusaciones quedaron sin sustento; la FGR había informado que hasta ese momento no tenía pruebas suficientes y que seguía investigando.

Estados Unidos mantiene la acusación contra Rocha Moya

El otro frente se encuentra en Nueva York.

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Los fiscales estadounidenses sostienen que los acusados habrían conspirado con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos. Estas imputaciones permanecen como alegaciones que deben ser probadas ante tribunales y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.

El expediente público del Departamento de Justicia de Estados Unidos establece expresamente que los hechos descritos en la acusación deben tratarse como alegaciones y que los imputados conservan la presunción de inocencia.

Así, el regreso de Rocha Moya a la gubernatura no cancela la acusación estadounidense. Información publicada este mismo 21 de agosto mantiene el caso como un proceso abierto en Estados Unidos, mientras el mandatario rechaza los señalamientos.

De la acusación en EU a 112 días fuera del gobierno

Rocha Moya anunció el 1 de mayo que solicitaría una licencia temporal al Congreso de Sinaloa. Argumentó que buscaba no interferir con las investigaciones iniciadas por la FGR y que enfrentaría los señalamientos con la conciencia tranquila.

El 2 de mayo, el Congreso estatal autorizó su separación y Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como gobernadora interina. Desde entonces encabezó el Ejecutivo sinaloense mientras Rocha Moya permanecía fuera de funciones.

Durante los meses siguientes, el gobernador con licencia compareció ante autoridades federales y mantuvo públicamente su rechazo a las imputaciones procedentes de Estados Unidos.

Con su regreso este 21 de agosto concluye el interinato y Rocha Moya recupera todas sus funciones constitucionales para continuar un mandato que terminará en 2027.

El regreso cierra la licencia, no toda la controversia

La reincorporación devuelve a Rocha Moya el control político y administrativo del Gobierno de Sinaloa, pero no cierra automáticamente el capítulo judicial que comenzó en abril.

En México, la información pública más relevante de la FGR establece que no había alcanzado el umbral probatorio necesario para proceder y que su investigación continuaba. En Estados Unidos, la acusación presentada ante una corte federal permanece activa.

Rocha Moya vuelve así a gobernar bajo dos realidades simultáneas: en territorio mexicano no se han presentado pruebas suficientes para proceder en su contra bajo el estándar señalado por la FGR; en Estados Unidos sigue siendo uno de los acusados dentro de un expediente federal relacionado con narcotráfico y armas.

Su licencia terminó después de 112 días. La discusión jurídica y política que provocó su salida, en cambio, todavía tiene capítulos pendientes.

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La posibilidad de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negocie con autoridades de Estados Unidos para entregarse voluntariamente ha tomado fuerza tras las declaraciones del periodista Jesús Lemus Barajas, quien aseguró que ya existe un acercamiento con fiscales estadounidenses.

Las versiones surgen meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos en su contra por presuntos vínculos con Los Chapitos, organización ligada al Cártel de Sinaloa.

Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, el tema ha provocado un amplio debate político y jurídico.

¿Qué reveló Jesús Lemus sobre Rocha Moya?

En declaraciones difundidas por Infobae, el periodista sostuvo que un abogado del exgobernador inició contactos con autoridades estadounidenses para explorar un posible acuerdo de colaboración.

Según explicó, el objetivo sería negociar una entrega voluntaria y definir las condiciones legales del proceso.

Para Lemus, el simple hecho de establecer comunicación con la fiscalía estadounidense reflejaría que la estrategia jurídica del político morenista estaría cambiando.

¿Qué tendría que ofrecer Rocha Moya?

Especialistas señalan que los acuerdos de colaboración con las autoridades estadounidenses suelen requerir información relevante para fortalecer investigaciones en curso.

De acuerdo con Jesús Lemus, si Rubén Rocha Moya decidiera entregarse tendría que aceptar parte de las acusaciones y proporcionar datos que permitan identificar responsabilidades de otros presuntos implicados.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

La acusación presentada por el Departamento de Justicia incluye delitos relacionados con el narcotráfico y la presunta protección institucional a Los Chapitos.

Entre los señalamientos destacan:

• Conspiración para introducir drogas a Estados Unidos.
• Presunta utilización de armas de alto poder.
• Supuesta protección política a integrantes de Los Chapitos.
• Presunto respaldo recibido durante la campaña para la gubernatura de Sinaloa en 2021.

Estas acusaciones forman parte de un expediente judicial abierto en territorio estadounidense.

Excolaboradores, pieza clave en el caso

Las declaraciones de Jesús Lemus también apuntan a que varios exfuncionarios cercanos al gobernador con licencia ya habrían tomado decisiones que modificaron el panorama judicial.

Entre ellos mencionó al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, así como al exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, aunque respecto a este último no existe información oficial que confirme dicha versión.

Para el periodista, estos movimientos incrementaron la presión sobre Rubén Rocha Moya.

El proceso continúa abierto

Hasta ahora, Rubén Rocha Moya no ha emitido un posicionamiento público sobre las versiones que apuntan a una posible negociación con las autoridades estadounidenses.

Tampoco el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado oficialmente sobre la existencia de conversaciones o acuerdos.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa y cualquier decisión dependerá de las investigaciones y de las actuaciones legales que se desarrollen en ambos países.

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