DEA

El caso del sinaloense Rubén Rocha Moya tiene secuelas, que no será fácil desaparecer.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, señaló que funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan directamente con organizaciones criminales y aseguró que la agencia estadounidense mantendrá su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Infobae explica que Cole sostuvo durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón, de Univisión, que una acusación reciente del Departamento de Justicia estadounidense exhibe lo que calificó como corrupción gubernamental en México.

“En la acusación que se acaba de hacer pública, se ve la corrupción gubernamental en México con altos funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Y hace dos semanas, pusimos en aviso a esos mismos funcionarios que actualmente están trabajando con el CJNG”, precisó el titular de la DEA.

“Entre los antecedentes recientes se encuentra el señalamiento realizado en abril contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios de esa entidad por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, sin embargo, no se ha informado públicamente de políticos mexicanos identificados por las autoridades estadounidenses como presuntos colaboradores del CJNG”.

Las declaraciones de Cole se generan en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra las organizaciones criminales mexicanas y de un fortalecimiento de las acciones dirigidas especialmente contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Ambas estructuras han figurado entre los principales objetivos de sanciones, procesos judiciales, recompensas y operaciones impulsadas durante la gestión del presidente Donald Trump.

En contraste, el director de la DEA afirmó que mantiene una relación de cooperación constante con el gobierno mexicano. Indicó que existe comunicación diaria con Omar García Harfuch, secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, para intercambiar información y coordinar esfuerzos en materia de seguridad.

“Sí, tenemos comunicación diaria, entre yo mismo y el secretario Omar García Harfuch. La comunicación es fluida. Estamos compartiendo información no solo sobre objetivos mexicanos, designados terroristas extranjeros como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, sino que también estamos apoyando operaciones en México”, precisó Cole.

El funcionario estadounidense afirmó que la relación bilateral no se limita al intercambio de inteligencia, sino que también incluye apoyo para acciones realizadas dentro de territorio mexicano.

Añadió que la DEA continuará trabajando con las autoridades nacionales para localizar a integrantes de alto nivel de las organizaciones delictivas y debilitar sus estructuras operativas.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones unilaterales en México, Cole evitó descartarlo de manera absoluta y remitió cualquier decisión de ese tipo al presidente estadounidense.

“Bueno, tendría que remitirlo al presidente de Estados Unidos respecto a eso. Tomamos órdenes del presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, las ejecutaremos”, respondió.

“Reemplazan rápidamente el liderazgo, pero su liderazgo actualmente está en prisión en Estados Unidos porque no vamos a ceder (…) Lo que viene para el liderazgo de Sinaloa, Los Chapitos, pronto será lo mismo. No vamos a ceder. Seguiremos persiguiendo. Y creo que la semana pasada, cuando divulgamos las recompensas, íbamos tras todo el liderazgo. Y con la cooperación de México, que ha incrementado sus esfuerzos en Sinaloa, en Jalisco, podemos hacer esto juntos», aseguró.

Cole también mencionó como parte de la estrategia estadounidense la persecución del liderazgo del CJNG, entre cuyos objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia. La DEA ha reiterado que pretende mantener acciones contra las estructuras de mando de las principales organizaciones del narcotráfico, aun cuando éstas sustituyan rápidamente a sus integrantes detenidos o procesados.

Como parte de su mensaje, el funcionario recordó el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, y destacó que Rafael Caro Quintero, señalado por autoridades estadounidenses como responsable de ese crimen, enfrenta actualmente un proceso judicial en Estados Unidos. Utilizó ese caso para subrayar que la agencia sostiene investigaciones y persecuciones incluso décadas después de determinados hechos.

Las afirmaciones sobre funcionarios mexicanos ocurren en momentos en que permanecen bajo atención pública los señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya y otros servidores públicos de Sinaloa.

Aunque Cole presentó la existencia de corrupción como un elemento demostrado dentro de una acusación, todavía corresponde a las autoridades judiciales establecer responsabilidades individuales y sustentar cualquier señalamiento mediante pruebas y procedimientos legales.

La ofensiva de Washington contra los cárteles mexicanos se ha intensificado con medidas financieras, acusaciones penales, recompensas y acciones de cooperación con autoridades mexicanas.

Las declaraciones del director de la DEA elevan nuevamente la presión sobre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales y anticipan que la agencia estadounidense mantendrá como objetivos prioritarios tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG.

El caso Rocha Moya tiene aún secuelas que se operan desde Estados Unidos.

De las anécdotas que se cuentan

De los 13 aspirantes a candidatos a gobernador de Morena en Sinaloa, 11 forman parte del grupo político del exgobernador Rubén Rocha Moya.

En ese contexto habrá otro round entre Palacio Nacional y el exmandatario sinaloense.

Todo indica que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la posibilidad de que sea un rochista quien busque la gubernatura, pero debe evitar la división a riesgo de perder con la oposición.

Saldrán chispas antes de que se decida quien buscará la gubernatura de Sinaloa el próximo año y ahí veremos quién gana: la presidenta Sheinbaum o el ex gobernador Rocha Moya y los duros de Morena.

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*ARD

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a funcionarios mexicanos de alto nivel de colaborar directamente con organizaciones criminales y aseguró que algunos de ellos fueron advertidos recientemente por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario no reveló identidades, cargos ni pruebas públicas que permitan conocer quiénes son las personas señaladas.

Las declaraciones abrieron dos frentes en la relación bilateral: las acusaciones de corrupción dentro de estructuras gubernamentales mexicanas y los límites que México establece a la participación de agencias o fuerzas estadounidenses en operaciones dentro de su territorio.

DEA asegura que funcionarios protegen operaciones del CJNG

Cole sostuvo que investigaciones estadounidenses han detectado corrupción gubernamental vinculada con organizaciones criminales. Afirmó que existen funcionarios que trabajan directamente con los cárteles y que algunos relacionados con el CJNG fueron puestos sobre aviso aproximadamente dos semanas antes de sus declaraciones.

El señalamiento no surgió de manera aislada. El pasado 5 de agosto, durante el anuncio de una nueva ofensiva contra la estructura del CJNG, el propio jefe de la DEA aseguró públicamente que la organización criminal ha mantenido su influencia mediante violencia y corrupción, incluida la participación de integrantes del gobierno mexicano que presuntamente protegen a sus dirigentes o facilitan tráfico de drogas y lavado de dinero.

Sin embargo, en esa intervención tampoco identificó a funcionarios específicos.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado públicamente acusaciones judiciales contra funcionarios mexicanos concretos por los vínculos con el CJNG señalados por Cole.

Estados Unidos intensifica ofensiva contra ocho integrantes del CJNG

La ofensiva estadounidense contra el grupo criminal se reforzó este mes. El Departamento de Justicia y distintas agencias federales anunciaron nuevas acusaciones y recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar o condenar a ocho integrantes de la organización.

Entre ellos se encuentran Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “RR” o “Tripa”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Cole ubicó particularmente a Juan Carlos Valencia González entre los principales objetivos de la DEA contra el CJNG. La estrategia estadounidense también busca afectar operadores financieros, redes de lavado de dinero, tráfico de armas y cadenas de suministro de precursores químicos.

Las acusaciones judiciales contra estos integrantes del cártel son independientes de los señalamientos sobre funcionarios mexicanos, cuyos nombres no han sido dados a conocer.

Terry Cole deja abierta posibilidad de nuevas acciones de EU

Además de las acusaciones sobre corrupción, el director de la DEA fue cuestionado sobre la posibilidad de acciones estadounidenses dentro de México.

Cole destacó que actualmente existe intercambio de inteligencia y coordinación con autoridades mexicanas, pero evitó descartar de manera absoluta eventuales operaciones y afirmó que su agencia cumplirá las instrucciones que reciba del presidente de Estados Unidos.

El planteamiento ocurre mientras Washington endurece su estrategia contra organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, consideradas por el gobierno estadounidense amenazas prioritarias para su seguridad.

Harfuch descarta presencia de fuerzas extranjeras en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijó una posición distinta sobre el alcance de la colaboración bilateral.

El funcionario sostuvo que la legislación mexicana no permite la operación de fuerzas extranjeras dentro del territorio nacional y señaló que la cooperación tiene límites establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas.

La colaboración, explicó, puede incluir información, inteligencia y coordinación entre instituciones, pero las operaciones deben ejecutarse conforme a las facultades de cada país.

Harfuch puso como ejemplo el operativo realizado en febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al señalar que fue planeado, desarrollado y ejecutado por el Ejército Mexicano. También descartó que las instituciones que integran el gabinete federal de seguridad hayan realizado operativos conjuntos con agentes extranjeros dentro de México.

México reporta 85 servidores públicos detenidos

Al defender la estrategia mexicana, García Harfuch afirmó que durante la actual administración han sido detenidos 85 servidores públicos vinculados con actividades criminales, sin importar su filiación política.

Ese dato demuestra la existencia de investigaciones mexicanas contra funcionarios presuntamente relacionados con delitos, pero no permite establecer que esas 85 detenciones correspondan a las personas señaladas por Terry Cole, debido a que el director de la DEA no identificó a los funcionarios a los que hizo referencia.

Harfuch también destacó reducciones en homicidios, decomisos de armas y drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y capturas de objetivos criminales de alto nivel como parte de los resultados de la estrategia de seguridad.

DEA y México mantienen cooperación pese a diferencias

Las diferencias sobre una eventual participación estadounidense no han detenido el intercambio entre las autoridades de ambos países.

Cole afirmó que mantiene comunicación diaria con García Harfuch y destacó la coordinación para combatir al CJNG y al Cártel de Sinaloa. Días antes también había reconocido públicamente al secretario mexicano como un socio de confianza en materia de seguridad.

El gobierno mexicano, por su parte, ha reiterado que busca conservar la cooperación con las agencias estadounidenses bajo un principio de respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la relación institucional con las autoridades de Estados Unidos y la participación mexicana en mecanismos internacionales de combate al crimen organizado.

El punto pendiente es la acusación formulada por Terry Cole. Mientras no se revelen nombres, investigaciones judiciales o elementos públicos que permitan comprobarla, el señalamiento contra funcionarios mexicanos permanece como una afirmación de la autoridad estadounidense aún sin sustento público individualizado.

*BC

El asesinato de Paco Stanley, uno de los crímenes más mediáticos de la televisión mexicana, vuelve a colocarse bajo los reflectores 27 años después. Jorge Godoy López, ex policía judicial de Jalisco que colaboró como informante y testigo con autoridades de Estados Unidos, apareció públicamente para señalar a Carlos Acevedo, alias “El Pato”, como el hombre que presuntamente ejecutó al conductor el 7 de junio de 1999.

Godoy aseguró que el homicidio habría tenido detrás una deuda de 4 millones de dólares. Según su relato, el dinero fue entregado a Stanley para una operación de lavado, pero supuestamente no fue devuelto, situación que habría provocado la orden de matarlo. La afirmación forma parte de una nueva versión testimonial y no constituye hasta ahora una conclusión judicial de las autoridades mexicanas.

La relevancia de su aparición no está únicamente en los nombres mencionados. Godoy aseguró que, después de permanecer más de dos décadas fuera de México, pretende ponerse a disposición de las autoridades y declarar formalmente sobre lo que dice conocer del crimen.

¿Quién es ‘El Pato’, señalado en el asesinato de Paco Stanley?

La versión de Godoy apunta directamente a Carlos Acevedo, “El Pato”, como el presunto ejecutor material.

“Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara”.

Godoy sostuvo que la cantidad involucrada ascendía a 4 millones de dólares y que el dinero debía ser lavado y posteriormente entregado. De acuerdo con su relato, el incumplimiento de esa operación habría desencadenado el asesinato de Stanley.

Acevedo, sin embargo, no aparece por primera vez en agosto de 2026. Su nombre ya había sido incluido meses antes en la docuserie Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley, donde fue identificado como supuesto autor material. Esa producción también atribuyó a Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, la presunta autoría intelectual del crimen.

Por ello, la nueva aparición de Godoy no debe presentarse como el descubrimiento inicial de la hipótesis, sino como la exposición pública de uno de los testimonios sobre los que se construyó esa versión y su intención de llevarla ahora ante las autoridades.

Godoy asegura que conoció la orden y guardó silencio durante años

El ex policía afirmó que tuvo conocimiento de los hechos mientras colaboraba con autoridades estadounidenses. Según su testimonio, incluso reportó información relacionada con el asesinato a sus superiores después de la muerte de Stanley, pero el asunto no avanzó.

Godoy también atribuyó su prolongado silencio a amenazas de muerte y a las condiciones bajo las cuales permaneció fuera de México durante más de 20 años. Su abogada, Estefanía Ávila, aseguró que su cliente teme por su seguridad y que no tuvo participación en el homicidio.

Ahora, el propio Godoy sostiene que quiere comparecer ante las instituciones mexicanas.

Su eventual declaración ante una Fiscalía sería un paso distinto a una conferencia de prensa o a su participación en un documental: correspondería entonces a los investigadores establecer si existen documentos, testimonios independientes, registros financieros u otros indicios capaces de respaldar su versión.

El pasado de Jorge Godoy como testigo en Estados Unidos

La trayectoria de Godoy tiene antecedentes verificables fuera del caso Stanley.

Documentos judiciales del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos registran que Jorge Godoy-López y René López-Romero declararon durante el segundo juicio de Rubén Zuno Arce, procesado por delitos relacionados con el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Zuno Arce fue condenado y sentenciado a cadena perpetua por los cargos de secuestro.

El mismo expediente muestra que la credibilidad de ambos testigos fue cuestionada posteriormente por la defensa. Las impugnaciones incluyeron acusaciones sobre presuntos beneficios y falsedad en los testimonios, aunque los tribunales rechazaron los argumentos que buscaban revertir el resultado del proceso.

Ese antecedente permite acreditar que Godoy efectivamente tuvo participación como testigo dentro de un proceso federal estadounidense, pero no significa que sus declaraciones actuales sobre el asesinato de Paco Stanley hayan sido probadas.

¿Puede reabrirse el caso Paco Stanley con este testimonio?

Paco Stanley fue asesinado a tiros el 7 de junio de 1999, después de salir del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México.

La investigación derivó en acusaciones contra Mario Bezares y Paola Durante, entre otras personas, pero ambos recuperaron posteriormente su libertad y no existe una sentencia condenatoria firme que haya establecido quién ordenó y ejecutó el homicidio.

Precisamente por eso, las declaraciones de Godoy vuelven a alimentar las interrogantes alrededor del expediente. El ex policía asegura conocer tanto la forma en que se habría ordenado el asesinato como a quienes estuvieron involucrados y ha anunciado que buscará entregar esa información a las autoridades mexicanas.

El siguiente punto será determinar si su relato puede transformarse en evidencia verificable. Hasta entonces, Carlos Acevedo debe ser identificado como el presunto ejecutor señalado por Godoy y no como el asesino establecido judicialmente.

La diferencia resulta crucial: después de 27 años de versiones, investigaciones y acusaciones, la aparición de un nuevo testimonio puede abrir otra línea sobre el caso, pero la responsabilidad penal requiere pruebas y una determinación de las autoridades, no únicamente una declaración pública.

*BC

La relación entre Omar García Harfuch y la DEA mostró un rostro muy distinto al de las recientes fricciones entre México y Estados Unidos. Durante una conferencia internacional antidrogas en Buenos Aires, el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, presentó al secretario de Seguridad mexicano como un “socio de confianza”, mientras ambos gobiernos presumieron una coordinación más rápida contra organizaciones criminales.

El acercamiento no implicó el anuncio de un nuevo tratado o convenio bilateral. Lo que Harfuch destacó fue un incremento de la cooperación operativa, particularmente en intercambio de inteligencia, localización de objetivos prioritarios, investigaciones y acciones contra las estructuras financieras del crimen organizado.

Harfuch asegura que la información con la DEA fluye más rápido

El secretario mexicano explicó que desde la llegada de Cole a la dirección de la DEA la información entre las instituciones comenzó a circular con mayor velocidad, permitiendo responder con más rapidez ante objetivos criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Harfuch sostuvo que la coordinación con la agencia estadounidense “se ha incrementado de forma significativa” y habló de intercambio de inteligencia estratégica y operativa en tiempo real para localizar objetivos y fortalecer investigaciones.

El funcionario planteó que México continuará trabajando mediante inteligencia compartida, investigaciones paralelas y operaciones coordinadas, pero manteniendo como principios la reciprocidad, la responsabilidad compartida y el respeto a la soberanía nacional.

Director de la DEA cambia el tono frente a México

La declaración de Terrance Cole tuvo especial peso por el contexto político. Frente a representantes de seguridad de más de 100 países, el jefe de la DEA calificó a García Harfuch como “un socio de confianza y un buen amigo” y reconoció públicamente su liderazgo y colaboración.

El tono contrasta con lo ocurrido apenas en julio. Cole había señalado entonces una supuesta conexión entre el Gobierno mexicano y los cárteles, comentarios que Claudia Sheinbaum rechazó como infundados y de carácter político. El Gobierno mexicano respondió que estaba dispuesto a mantener la cooperación con Washington, siempre que se respetara la soberanía del país.

Ese episodio convirtió la reunión en Buenos Aires en algo más que una fotografía protocolaria: el mismo funcionario estadounidense que había provocado un choque diplomático con México ahora colocó públicamente a Harfuch como uno de sus principales interlocutores en seguridad.

México lleva cifras de seguridad a la cumbre antidrogas

Durante su participación, Harfuch presentó ante las delegaciones internacionales los resultados acumulados de la estrategia federal de seguridad. Reportó 63 mil 500 personas detenidas por delitos de alto impacto, 32 mil 800 armas aseguradas y 518 toneladas de droga decomisadas durante la actual administración.

La exposición también puso énfasis en el combate al dinero de las organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha inmovilizado más de 8 mil 600 millones de pesos y bloqueado más de 24 mil 600 cuentas, acciones que se complementan con intercambio de información internacional.

Harfuch destacó además la coordinación entre la UIF y organismos estadounidenses como la OFAC, utilizada para identificar redes financieras vinculadas con organizaciones criminales y coordinar medidas contra sus recursos económicos.

Buenos Aires reúne a autoridades de más de 100 países

El encuentro se realiza del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires dentro de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada conjuntamente por Argentina y la DEA. El foro reúne entre 400 y 600 integrantes de fuerzas de seguridad y delegaciones de más de 100 países.

La agenda incluye cooperación operativa, intercambio de inteligencia, narcotráfico, lavado internacional de dinero y crimen transnacional. El objetivo declarado de la conferencia es mejorar la capacidad de las autoridades para coordinar investigaciones y acciones que atraviesan distintas jurisdicciones.

Cooperación avanza aunque persista la tensión política

La reunión deja una separación clara entre dos planos de la relación bilateral. Mientras México y Estados Unidos mantienen desacuerdos políticos y diplomáticos, las instituciones de seguridad parecen haber intensificado sus canales de trabajo directo, especialmente alrededor de Harfuch y la DEA.

No se anunció una nueva alianza jurídica ni un mecanismo que sustituya los acuerdos vigentes. La novedad está en la velocidad del intercambio de inteligencia, el reconocimiento público de confianza entre Harfuch y Cole y la decisión de exhibir esa cooperación ante representantes de más de un centenar de países.

*BC

Todos los días aumenta la presión del gobierno de Estados Unidos a México en el tema de la violencia, los cárteles y la colusión de políticos mexicanos con los narcotraficantes.

Apenas el miércoles pasado, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, advirtió que la agencia intensificará la persecución contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y contra funcionarios públicos que, mediante actos de corrupción o el uso de su poder político, hayan protegido o facilitado las operaciones de esa organización criminal.

Información publicada por Infobae, precisa que el anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, quien presentó nuevas medidas de aplicación de la ley dirigidas a desmantelar la estructura financiera, operativa y política del CJNG.

El funcionario precisó que las acciones forman parte de continuar la ofensiva estadounidense contra los cárteles que han dañado por demasiado tiempo. Señaló que organizaciones consideradas narcoterroristas, entre ellas el CJNG, “son responsables de un número considerable de muertes de ciudadanos estadounidenses y recurren al miedo, la corrupción y la violencia para controlar el tráfico de drogas”.

Señaló que el grupo criminal participa en la producción, distribución y traslado de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y otras sustancias ilegales que llegan al mercado de Estados Unidos. Por ello, las autoridades federales emplearán diferentes mecanismos judiciales y de inteligencia para afectar las redes de distribución, lavado de dinero y protección institucional del cártel.

Cole afirmó que el CJNG pasó, en aproximadamente dos décadas, de ser una organización regional a convertirse en uno de los grupos delictivos más peligrosos del mundo. Las investigaciones de la DEA han permitido documentar la manera en que el cártel utiliza la violencia y la corrupción en México para ampliar sus operaciones y evitar la acción de la justicia.

Denunció que algunos integrantes del gobierno mexicano han proporcionado protección a la organización criminal o facilitado actividades relacionadas con el tráfico de drogas, el blanqueo de recursos y la comisión de hechos violentos, por eso también buscará responsabilidades entre quienes hayan utilizado cargos públicos para beneficiar al cártel.

Explicó que las medidas emprendidas contra el CJNG incluyen la presentación de cargos penales, la ejecución de arrestos y la oferta de recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares. Estas acciones representan solamente una etapa de una estrategia más amplia con la que Washington pretende enviar un mensaje directo a los dirigentes, operadores y protectores de la organización.

Cole informó que las investigaciones desarrolladas por la dependencia han derivado en más de 100 acusaciones contra líderes del CJNG y personas relacionadas con sus actividades. Indicó que las autoridades estadounidenses trabajan con socios internacionales para localizar, detener, extraditar y llevar ante tribunales de Estados Unidos a los integrantes de la organización.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, afirmó que la amenaza vinculada con el narcotráfico no se limita al traslado de fentanilo y otras sustancias que causan muertes en territorio estadounidense. Las investigaciones también contemplan el suministro internacional de precursores químicos y las redes económicas utilizadas por el CJNG para financiar sus operaciones.

Patel anunció además la incorporación de tres individuos a la lista de los delincuentes más buscados, no por acusaciones directas de tráfico de drogas, sino por su presunta participación en fraudes relacionados con la venta de tiempos compartidos.

Estados Unidos no amenaza solamente, su gabinete de Seguridad confirmó que viene por los carteles y agregó a los que llama narcopolíticos.

¿Lo conseguirán?

De las anécdotas que se cuentan

“Voy a ser muy claro, si estás haciendo tráfico de drogas y sacando ganancias del sufrimiento de otros, o usando tu poder político contra otros, estás advertido, la DEA viene por ti, no importa el título, la posición o la conexión política, nada te va a defender, narcopolítico…”, advirtió el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

¿Van en serio?

No parece una amenaza con guante blanco.

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*ARD

La sentencia de cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada fue acompañada por un mensaje que elevó la presión sobre las redes de corrupción vinculadas al narcotráfico. El administrador de la DEA, Terry Cole, afirmó que la ofensiva continuará y advirtió que también alcanzará a funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales.

El histórico líder del Cártel de Sinaloa fue condenado por el juez Brian Cogan, en Nueva York, luego de declararse culpable de delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína y fentanilo. Además, deberá enfrentar el decomiso de 15 mil millones de dólares.

Terry Cole asegura que la condena de "El Mayo" es apenas el comienzo

Luego del fallo judicial, el titular de la DEA aseguró que la resolución representa una victoria para las autoridades estadounidenses, aunque insistió en que las investigaciones contra el crimen organizado continuarán.

"Hoy es un gran día para las fuerzas del orden, pero que quede claro: esta sentencia no es el final. Es apenas el principio", afirmó.

El funcionario señaló que el objetivo es seguir golpeando las finanzas de los cárteles, decomisar recursos ilícitos y desarticular las estructuras que sostienen sus operaciones internacionales.

También lanzó un mensaje dirigido a quienes desde el servicio público protegen a organizaciones criminales.

"Ya sea que seas un narcotraficante o un funcionario corrupto de gobierno, la DEA va por ti", declaró.

Fiscalía de EU expuso la red de corrupción del Cártel de Sinaloa

Como parte del proceso, los fiscales entregaron al juez una recomendación de sentencia en la que describieron cómo Ismael "El Mayo" Zambada habría construido una extensa red de protección mediante sobornos, amenazas e influencia política.

Según la acusación, estas prácticas permitieron que el Cártel de Sinaloa evitara durante años acciones judiciales y fortaleciera sus operaciones tanto en México como en otros países.

La fiscalía considera que la corrupción institucional fue uno de los principales pilares para el crecimiento de la organización criminal.

"El Mayo" pidió el fin de la violencia en México

Momentos antes de recibir la sentencia, Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, leyó una carta en español en la que pidió perdón a las víctimas de sus delitos y expresó su deseo de que la violencia en México termine.

Sin embargo, el juez Brian Cogan confirmó la cadena perpetua, además del decomiso multimillonario acordado tras su declaración de culpabilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer en qué prisión federal permanecerá recluido, ya que esa determinación corresponde al Buró Federal de Prisiones.

El caso representa uno de los mayores golpes judiciales contra el Cártel de Sinaloa y es considerado por diversos analistas como uno de los procesos más importantes contra el narcotráfico desde la condena de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2019.

*BC

Aumenta la presión de organismos internacionales contra los carteles mexicanos, no sólo del gobierno de Estados Unidos.

“Los principales cárteles mexicanos han extendido sus operaciones más allá de las fronteras nacionales y mantienen actividades vinculadas con la producción de drogas sintéticas, instalación de laboratorios clandestinos y alianzas con grupos criminales en América, Europa y otras regiones, de acuerdo con el Informe 2025 sobre drogas elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas”.

El organismo, en febrero de este año documentó que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación participan en operaciones transnacionales que abarcan tres continentes, consolidando redes de producción, distribución y tráfico de sustancias ilícitas.

Identificó específicamente al Cártel de Sinaloa y al CJNG como actores con presencia en Honduras, donde han establecido vínculos con estructuras criminales locales como la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, el Tren de Aragua de Venezuela y el Clan del Golfo de Colombia.

La JIFE señaló que la influencia de estas organizaciones en territorio hondureño se confirmó el pasado 23 de mayo, cuando cinco agentes de la División Antipandillas murieron durante un operativo en el norte de ese país. Las autoridades atribuyeron el ataque a una estructura de narcotráfico encabezada por un operador relacionado con el CJNG.

En Sudamérica, el informe destaca el caso de Chile, donde en enero de 2025 se registró la mayor incautación de metanfetamina en la historia del país, fueron 844 kilogramos decomisados junto con precursores químicos.

La operación permitió desarticular una organización con base en México que proyectaba instalar un laboratorio de producción de metanfetamina cristalina en la región de O’Higgins.

La expansión de las redes criminales mexicana también fue documentada en Europa

En junio de 2024, autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala detectado en ese país. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos entre la estructura responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos criminales asentados en Bélgica, España y los Países Bajos.

En abril de 2025, autoridades belgas desarticularon otro laboratorio clandestino que operaba desde hacía más de un año y contaba con capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina mensualmente, reflejando el alcance internacional de las redes.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó a la JIFE que el fentanilo disponible en territorio estadounidense proviene de organizaciones criminales transnacionales establecidas en México. Hasta abril de 2025, las autoridades estadounidenses habían decomisado 9 mil 354 kilogramos de esa sustancia en la frontera con México.

La JIFE advirtió además sobre el hallazgo, en octubre de 2024, de una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá.

Según el organismo, esta capacidad podría expandirse si se reduce el suministro procedente de México, con el objetivo de satisfacer la demanda existente en el mercado estadounidense.

“Uno de los aspectos que más preocupa a Naciones Unidas es la compleja red internacional para el suministro de precursores químicos. El informe documentó la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, una sustancia utilizada en la elaboración de fentanilo.

“La JIFE estimó que dicho volumen habría permitido producir entre 1.4 y 3.3 toneladas del opioide sintético, equivalentes a cientos de millones de dosis potencialmente letales”.

México realizó modificaciones constitucionales para fortalecer el combate a los delitos relacionados con drogas sintéticas y precursores químicos. Durante 2024 y 2025 se aprobaron reformas que ampliaron los supuestos de prisión preventiva oficiosa e incrementaron las sanciones contra la producción, distribución y comercialización ilícita de sustancias químicas vinculadas al fentanilo.

El informe también registra observaciones realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó preocupación por el uso de la prisión preventiva automática al considerar que podría entrar en conflicto con estándares internacionales en materia de garantías individuales.

La conclusión del Informe 2025 sostiene que los grupos criminales mexicanos han evolucionado hacia estructuras transnacionales con capacidad para conectar laboratorios clandestinos, rutas de tráfico y mercados de consumo en distintas regiones del mundo.

El fenómeno rebasa las fronteras de cualquier país.

Los carteles mexicanos están en la mira no sólo de Estados Unidos sino también de los organismos internacionales.

De las anécdotas que se cuentan

En los últimos 9 años se han desmantelado seis laboratorios de drogas sintéticas en la capital poblana y la región sur del estado.

Las detenciones dejaron al menos 13 detenidos, 12 de ellos vinculados con el Cártel de Sinaloa.

De 2017 a mayo de 2026, los puntos donde se realizaron intervenciones y desmantelamientos de laboratorios de drogas sintéticas fueron Barrio de Santiago, Lomas Flor del Bosque y Mirador La Calera, en la ciudad de Puebla, también en los municipios de Coatzingo, Tehuitzingo y Chila de la Sal.

Informes de la DEA, en 2025, incluyen a Puebla entre los estados del centro del país donde se produce cristal o metanfetamina que posteriormente es enviada a la frontera con Estados Unidos.

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*ARD

¿Cuál es la razón para que los cuerpos de seguridad, federales y estatal, no hayan intervenido en la Mixteca poblana para abatir a la peligrosa banda de Los Rojos?

Fue la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, quien sacó a la luz, apenas el martes, la cloaca, cunado denunció al grupo criminal de estar detrás de amenazas en su contra, El cártel no empezó ayer y tiene presencia desde hace por lo menos cinco años en Puebla, Guerrero, Morelos y Estado de México.

La escisión de la Organización Beltrán Leyva ha mantenido una fuerte presencia en territorio poblano. Se le ha relacionado con delitos como secuestro, extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. La célula fue reconocida el 2021 por autoridades de Estados Unidos como una de las organizaciones criminales con mayor influencia en México.

La operación de este grupo delictivo en territorio poblano se ha concentrado en los municipios de Acatlán de Osorio, Tehuitzingo, Huauchinango, Atlixco e Izúcar de Matamoros. Los Rojos aparecieron en 2011 como una facción disidente de los Beltrán Leyva.  Varios de los principales líderes de esta escisión fueron detenidos entre 2019 y 2020.

A pesar de ello, la DEA ha mantenido al grupo como una organización activa y lo ha señalado como uno de los principales traficantes de heroína con conexiones en territorio estadounidense.

En el conflicto político local y de demandas de su destitución, el 15 de junio la presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas, acusó públicamente a Los Rojos, específicamente a Pedro Flores Romero, alias El Pelle, de estar detrás de las acciones emprendidas en su contra y de las amenazas que asegura haber recibido. Seguridad Pública tiene la palabra, es hora de actuar.

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En su momento fue la nota, ahora a cinco años de la aparición del socavón en Juan C. Bonilla, la zona es un riesgo para habitantes y visitantes, debido a que parte de la malla metálica colocada para delimitar el área fue robada.

En plena temporada de lluvias, el reblandecimiento del suelo puede provocar nuevos desprendimientos de tierra, advirtió Gustavo Ariza Salvatori, exdirector de Protección Civil del municipio de Puebla. Secciones de la protección perimetral —colocadas en 2021, cuando apareció el hundimiento— ya no existen, y tampoco hay señalética que advierta sobre el peligro.

Desde hace seis meses, personas con adicciones comenzaron a sustraer la malla metálica, lo que ha dejado casi la mitad del perímetro sin delimitación. Aunque pobladores han denunciado la situación ante autoridades locales, no han recibido atención.

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Por impagables liquidaron 130 mil créditos de viviendas en Puebla, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar del gobierno federal, informó el director del Infonavit, Octavio Romero.

Explicó que las deudas liquidadas en la entidad reportaban intereses altos que incrementaban, sin importar el cumplimiento de pagos, como con Marco Antonio que solicitó un crédito de 200 mil pesos, pagó 571 mil pesos y la deuda permanecía con un saldo de 651 mil pesos.

Destacó que "aquí en Puebla, fíjense 130 mil créditos impagables, 130 mil familias que tenían ese problema y que hoy ya no lo tienen", al congelar los créditos y reducir los intereses como parte de la estrategia de Vivienda para el Bienestar.

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Debido a que conducía un automóvil con reporte de robo en inmediaciones del Parque Industrial Puebla 2000 detuvieron a José Carlos N. de 27 años, operador de La Familia Michoacana y con relación al ataque en el mercado Morelos del 19 de abril.

Su detención ocurrió el martes, cuando agentes lo inspeccionaron por el reporte sobre el vehículo que conducía; extraoficialmente lo vincularon a los disparos en el mercado que dejó a tres personas heridas.

Luego que en febrero y marzo se realizaron casi 25 detenciones contra integrantes de La Familia Michoacana en la zona del Morelos, desde abril se registraron ataques y balaceras en el sitio y colonias aledañas.  El domingo 19 de abril hombres encapuchados llegaron al mercado, en la colonia 10 de Mayo, a bordo de una camioneta del mariachi Xonaca y dispararon contra tres hombres.

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La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del decreto que crea el organismo público descentralizado denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).

El objetivo es fortalecer el marco normativo que regula al Sistema Operador, mediante ajustes que brindan mayor certeza jurídica, delimitan responsabilidades administrativas y actualizan diversas disposiciones con lenguaje incluyente.

Se considera que la operación del sistema requiere la intervención coordinada del Consejo, la Dirección General y sus unidades administrativas, a través de procedimientos multidisciplinarios que garanticen la legalidad y la viabilidad técnica y financiera del organismo.

*ARD

Por si lo que requiere el gobierno federal es información de los delitos de los sinaloenses coludidos con los carteles de la droga, que dieron dinero para ganar posiciones políticas, pronto se conocerán más detalles.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunciaron las acusaciones formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios mexicanos en activo y retirados, por presuntos delitos de narcotráfico, conspiración y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Pruebas las tienen.

Según el documento oficial, los acusados habrían participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, mediante la cual se habría facilitado la venta de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político. Agrega:

“Entre las sustancias señaladas se incluyen fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

“Incluyen a exfuncionarios y mandos de seguridad de Sinaloa, entre ellos legisladores, exsecretarios estatales, mandos policiales y autoridades municipales, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Según el expediente, todos los señalados habrían ocupado posiciones clave dentro del aparato gubernamental y de seguridad en el estado.

“El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa opera con apoyo de redes de corrupción institucional, señalando que estas estructuras permiten el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Por su parte, el titular de la DEA, Terrance Cole, calificó al grupo criminal como una organización terrorista que utiliza sobornos y violencia para sostener sus operaciones.

“Según los alegatos presentados ante la corte federal, los funcionarios habrían protegido a integrantes del cártel, filtrado información de operativos, facilitado el traslado de cargamentos ilegales y permitido actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos relacionados con la disputa criminal.

“El documento judicial también sostiene que los acusados habrían recibido beneficios económicos millonarios a cambio de estas operaciones, y que algunos de ellos habrían participado directamente en acciones violentas contra personas vinculadas a investigaciones internacionales”.

Las autoridades subrayan que el caso forma parte de una estrategia más amplia contra redes de narcotráfico transnacional y corrupción institucional. El proceso judicial está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

La acusación precisa que todos los señalados se consideran inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario, y que las sanciones podrían incluir penas que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de cada cargo imputado.

Hay un compromiso de Estados Unidos que todo saldrá bien, a pesar de quienes desde la oscuridad trabajan por resultados perversos

De las anécdotas que se cuentan

Cómo un buscavidas lacandón, que durante mucho tiempo no tuvo más patrimonio que un machete, llegó a hacer fortuna traficando drogas y personas, sin que nadie hiciera nada por evitarlo.

“¿Cómo este ex policía estatal construyó dos pistas de aterrizaje en la selva de Chiapas, una de ellas reconvertida en la zona arqueológica de Bonampak, la antigua ciudad maya, que pasó de recibir a peritos arqueólogos a fajos de cocaína?”, señala una investigación del diario español El País.

Cabrero Segundo López es el protagonista de esta historia, que culmina con 33 militares secuestrados por El Cabra intercambiados por la devolución de 100 kilos de cocaína incautada.

Los vecinos cuentan que al principio Cabrera se ganaba la vida cortando una palma usada de decoración llamada xate.

Pero llegó una detención por llevar un arma sin licencia, luego tres años por la policía de Chiapas. Y a partir de 2015, con 32 años, se dedicó a construir un imperio criminal en la selva fronteriza con Guatemala, sometiendo a la policía, a la fiscalía y hasta el Ejército.

Es la historia de cómo crece y funciona el tráfico de drogas y migrantes al calor de la corrupción, la impunidad y la fragilidad de las instituciones. Pero también de los complejos y viejos conflictos del sur de Chiapas, una maraña de violencias donde se confunden poderes políticos, económicos, grupos armados y, en los últimos años, el crimen organizado.

El origen es el control del territorio y los recursos naturales, como la reserva de la biosfera Montes Azules, una de las joyas naturales de Norteamérica.

Otro caso de impunidad y colusión de los delincuentes con gente del poder. No sólo se da en el norte de la República, también hay ejemplos en el sureste.

El crimen prevalece ¿hasta cuándo?

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*ARD

La influencia de los narcotraficantes, a pesar de la persecución del gobierno mexicano que hay en su contra y la guerra declarada de los Estados Unidos, crece y llega a Puebla e incluso a Sudáfrica. Aquí la historia.

En Chila de la Sal, Puebla, elementos del Ejército localizaron e inhabilitaron el 15 de mayo un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Aseguraron 2 mil 750 litros y 750 kilogramos de sustancias químicas, equipo especializado, un vehículo y el inmueble empleado para la operación ilícita.

El hallazgo ocurrió en recorridos de vigilancia realizados por militares en áreas apartadas del municipio mixteco, cuando los soldados detectaron un intenso olor a sustancias químicas proveniente de un predio entre terrenos sin siembras. No hubo detenidos.

La localización del narcolaboratorio en una zona aislada refleja una tendencia en distintos puntos del país: el establecimiento de centros clandestinos de producción en regiones serranas o de acceso complicado para reducir su detección.

Las autoridades estimaron que el aseguramiento fue por más de 2 mil 229 millones de pesos para los grupos delictivos, derivado del decomiso de químicos, infraestructura y capacidad de producción instalada. Ese es el monto de su gasto en un pueblo pobre de Puebla.

En tanto, autoridades de Sudáfrica desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en alrededor de 15 millones de dólares y arrestaron a 11 personas, entre ellas cuatro mexicanos, durante un operativo en una granja de Swartruggens, al noroeste de Johannesburgo.

El hallazgo evidenció la expansión de redes internacionales de narcotráfico vinculadas con la producción de drogas sintéticas en territorio sudafricano.

Aquí en Puebla, se ha registrado la detección y desmantelamiento de diversos narcolaboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas, como cristal y metanfetaminas, particularmente en zonas de difícil acceso y áreas urbanas estratégicas.

Entre los aseguramientos recientes está el de Chila de la Sal en la Mixteca. En San Cristóbal la Calera de la ciudad de Puebla, se reportó el aseguramiento de un narcolaboratorio con la detención de 12 personas, incautándose armas cortas y cargadores. Otros hallazgos en 2025 y 2026 se han desarticulado instalaciones en colonias como Haras del Bosque y municipios como Cuautlancingo y Atlixco.

La DEA y autoridades locales señalan que Puebla y la zona centro de México se han convertido en productores clave de drogas sintéticas. Se han reportado casos donde grupos delictivos, como presuntos empresarios de Sinaloa, intentaron instalar laboratorios bajo la fachada de granjas de puercos en municipios como Coatzingo.

Algunos de estos centros estaban ligados a redes que operan simultáneamente en estados vecinos como Tlaxcala, donde se realiza la fabricación para que en Puebla se ejecute la distribución

Sobre Sudáfrica, la información, difundida por AFP, señala que el inmueble operaba bajo la fachada de un refugio de safari, aunque vecinos alertaron a las autoridades debido a intensos olores químicos provenientes del lugar.

El jefe de la policía provincial, Ryno Naidoo, explicó que “descubrieron un laboratorio de cristal de metanfetamina, y una enorme cantidad de productos químicos”.

Las autoridades también localizaron una planta de procesamiento de oro con abundante material aurífero dentro de la misma propiedad, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles actividades criminales paralelas relacionadas con minería ilegal y lavado de dinero.

La organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional advirtió en un informe reciente que estos laboratorios clandestinos abastecen principalmente mercados de Australia y Nueva Zelanda, donde los precios de cocaína y metanfetamina figuran entre los más elevados del mundo.

Los carteles de la droga tienen recursos y capacidad técnica para construir laboratorios de drogas sintéticas y distribuirlas en todo el mundo. Hoy, el estado de Puebla, según la DEA, es una región atractiva para la instalación de narcolaboratorios.

Más trabajo para los cuerpos de Seguridad Publica.

De las anécdotas que se cuentan

En 2014, detuvieron al padre del presidente de un municipio vecino a la capital.

La razón, manejaba un narcolaboratorio.

Por supuesto, recibía la protección familiar.

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*ARD