Narcopolíticos

El caso del sinaloense Rubén Rocha Moya tiene secuelas, que no será fácil desaparecer.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, señaló que funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan directamente con organizaciones criminales y aseguró que la agencia estadounidense mantendrá su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Infobae explica que Cole sostuvo durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón, de Univisión, que una acusación reciente del Departamento de Justicia estadounidense exhibe lo que calificó como corrupción gubernamental en México.

“En la acusación que se acaba de hacer pública, se ve la corrupción gubernamental en México con altos funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Y hace dos semanas, pusimos en aviso a esos mismos funcionarios que actualmente están trabajando con el CJNG”, precisó el titular de la DEA.

“Entre los antecedentes recientes se encuentra el señalamiento realizado en abril contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios de esa entidad por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, sin embargo, no se ha informado públicamente de políticos mexicanos identificados por las autoridades estadounidenses como presuntos colaboradores del CJNG”.

Las declaraciones de Cole se generan en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra las organizaciones criminales mexicanas y de un fortalecimiento de las acciones dirigidas especialmente contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Ambas estructuras han figurado entre los principales objetivos de sanciones, procesos judiciales, recompensas y operaciones impulsadas durante la gestión del presidente Donald Trump.

En contraste, el director de la DEA afirmó que mantiene una relación de cooperación constante con el gobierno mexicano. Indicó que existe comunicación diaria con Omar García Harfuch, secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, para intercambiar información y coordinar esfuerzos en materia de seguridad.

“Sí, tenemos comunicación diaria, entre yo mismo y el secretario Omar García Harfuch. La comunicación es fluida. Estamos compartiendo información no solo sobre objetivos mexicanos, designados terroristas extranjeros como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, sino que también estamos apoyando operaciones en México”, precisó Cole.

El funcionario estadounidense afirmó que la relación bilateral no se limita al intercambio de inteligencia, sino que también incluye apoyo para acciones realizadas dentro de territorio mexicano.

Añadió que la DEA continuará trabajando con las autoridades nacionales para localizar a integrantes de alto nivel de las organizaciones delictivas y debilitar sus estructuras operativas.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones unilaterales en México, Cole evitó descartarlo de manera absoluta y remitió cualquier decisión de ese tipo al presidente estadounidense.

“Bueno, tendría que remitirlo al presidente de Estados Unidos respecto a eso. Tomamos órdenes del presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, las ejecutaremos”, respondió.

“Reemplazan rápidamente el liderazgo, pero su liderazgo actualmente está en prisión en Estados Unidos porque no vamos a ceder (…) Lo que viene para el liderazgo de Sinaloa, Los Chapitos, pronto será lo mismo. No vamos a ceder. Seguiremos persiguiendo. Y creo que la semana pasada, cuando divulgamos las recompensas, íbamos tras todo el liderazgo. Y con la cooperación de México, que ha incrementado sus esfuerzos en Sinaloa, en Jalisco, podemos hacer esto juntos», aseguró.

Cole también mencionó como parte de la estrategia estadounidense la persecución del liderazgo del CJNG, entre cuyos objetivos se encuentra Juan Carlos Valencia. La DEA ha reiterado que pretende mantener acciones contra las estructuras de mando de las principales organizaciones del narcotráfico, aun cuando éstas sustituyan rápidamente a sus integrantes detenidos o procesados.

Como parte de su mensaje, el funcionario recordó el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, y destacó que Rafael Caro Quintero, señalado por autoridades estadounidenses como responsable de ese crimen, enfrenta actualmente un proceso judicial en Estados Unidos. Utilizó ese caso para subrayar que la agencia sostiene investigaciones y persecuciones incluso décadas después de determinados hechos.

Las afirmaciones sobre funcionarios mexicanos ocurren en momentos en que permanecen bajo atención pública los señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya y otros servidores públicos de Sinaloa.

Aunque Cole presentó la existencia de corrupción como un elemento demostrado dentro de una acusación, todavía corresponde a las autoridades judiciales establecer responsabilidades individuales y sustentar cualquier señalamiento mediante pruebas y procedimientos legales.

La ofensiva de Washington contra los cárteles mexicanos se ha intensificado con medidas financieras, acusaciones penales, recompensas y acciones de cooperación con autoridades mexicanas.

Las declaraciones del director de la DEA elevan nuevamente la presión sobre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con grupos criminales y anticipan que la agencia estadounidense mantendrá como objetivos prioritarios tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG.

El caso Rocha Moya tiene aún secuelas que se operan desde Estados Unidos.

De las anécdotas que se cuentan

De los 13 aspirantes a candidatos a gobernador de Morena en Sinaloa, 11 forman parte del grupo político del exgobernador Rubén Rocha Moya.

En ese contexto habrá otro round entre Palacio Nacional y el exmandatario sinaloense.

Todo indica que la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la posibilidad de que sea un rochista quien busque la gubernatura, pero debe evitar la división a riesgo de perder con la oposición.

Saldrán chispas antes de que se decida quien buscará la gubernatura de Sinaloa el próximo año y ahí veremos quién gana: la presidenta Sheinbaum o el ex gobernador Rocha Moya y los duros de Morena.

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El escenario de los carteles mexicanos coludidos con políticos sigue tensando las relaciones entre Estados Unidos con nuestro país.

El lunes pasado, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, advirtió que la administración del presidente Donald Trump actuará contra funcionarios mexicanos relacionados con organizaciones criminales que no colaboren con las autoridades estadounidenses.

Durante una entrevista con Jan Jekielek, la funcionaria afirmó que diversos gobiernos han optado por colaborar con Washington debido a la postura que mantiene el presidente Trump frente a las organizaciones criminales.

“Podemos hacer eso, primero, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos en nuestro hemisferio, saben que el presidente Trump dice lo que siente, él simplemente lo hace. Si él dice ‘vamos a ir por ti, si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir. “Entonces ¿Quieres cooperar? Sí o no”, expresó.

Por lo pronto, el fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza en Estados Unidos acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue propuesto por el presidente Donald Trump para ocupar un cargo clave en el aparato de inteligencia estadounidense.

Trump anunció la nominación de Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, posición donde tendría bajo su responsabilidad la coordinación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en un contexto marcado por tensiones bilaterales con México, seguridad fronteriza y combate a organizaciones criminales transnacionales.

Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas judiciales más relevantes de Estados Unidos. En ese cargo ha participado en investigaciones contra redes criminales vinculadas al narcotráfico y en expedientes de alto impacto relacionados con esquemas de protección política y financiera.

El fiscal es identificado como una figura central en el proceso judicial contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, señalado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

En ese mismo expediente también aparecen señalados Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil, otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La acusación fue anunciada formalmente por Clayton el 29 de abril.

Durante la presentación del caso, el fiscal afirmó que las investigaciones buscan desarticular redes de protección vinculadas a organizaciones criminales.

En esa ocasión sostuvo: “El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.

El proceso ha cobrado mayor relevancia luego de que dos ex colaboradores cercanos a Rocha Moya se entregaran a autoridades estadounidenses. Entre ellos el general retirado Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, quienes enfrentan procedimientos legales derivados de las acusaciones de la fiscalía.

El caso también ha provocado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que Washington no ha presentado pruebas suficientes para sustentar solicitudes formales de extradición contra los funcionarios mencionados, y ha insistido en que cualquier cooperación judicial debe sujetarse a los mecanismos legales vigentes.

De ser ratificado por el Senado, Clayton pasaría de dirigir investigaciones judiciales contra presuntas redes criminales mexicanas a coordinar la inteligencia estadounidense, lo que coloca a Sinaloa y la estrategia contra el narcotráfico en un nuevo escenario político y de seguridad binacional.

“Cooperas o no”, es la premisa.

La tensión entre México y Estados Unidos crece.

De las anécdotas que se cuentan

En sus más de cien años de existencia, la FIFA ha pasado por todo tipo de circunstancias.

“El FIFA Corruption Scandal de 2015 mostró una serie de grietas en la organización: falta de auditorías rigurosas, opacidad en la asignación de fondos y relación entre la cúpula de la FIFA y las federaciones. Arturo Trujillo repasa la historia de la FIFA”, desde su creación en 1904 hasta el llamado “Premio FIFA de la Paz” entregado por Gianni Infantino a Donald Trump.

En el Mundial de México 70 apareció el primer álbum Panini.

Tenía apenas 288 estampas y los jugadores no estaban organizados en páginas brillantes ni tenían el famoso y facilitador autoadherible en la parte de atrás.

Hoy, el álbum tiene alrededor de mil estampas. Quizás su función principal sea la de ponerle cara a las personas que estaremos viendo jugar en la Copa 2026, aunque también la actividad de llenarlo exige algo cada vez más escaso: la convivencia.

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Le comentamos ayer que la agencia de noticias inglesa Reuters reveló indicios sobre una red internacional de contrabando de combustible que operaría entre Estados Unidos y México, y que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante empresas fachada, transportistas y operaciones aduanales irregulares para evadir impuestos millonarios.

Reuters recordó que el CJNG fue designado por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, situación que amplió las facultades legales para perseguir a cualquier empresa o persona sospechosa de brindar apoyo financiero o material al grupo criminal.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mexicanas han reportado al menos 16 detenciones relacionadas con el contrabando de combustible desde septiembre pasado, aunque hasta ahora no han revelado los nombres de los implicados ni los posibles nexos formales con el CJNG.

Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y del petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera.

Presentada por el republicano Cornyn, del estado de Texas, y la senadora demócrata Rosen, de Nevada, la iniciativa señala el destacado rol que tiene el combustible robado en el financiamiento de los cárteles mexicanos, incluyendo su tráfico a través de la frontera.

Bautizada como Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, la iniciativa ordena al Pentágono entregar un reporte al Capitolio con recomendaciones para combatir el contrabando de hidrocarburos, fortalecer capacidades y compartir inteligencia sobre el fenómeno con agencias civiles.

A decir de los senadores, el 'huachicol' en México es un problema que ha afectado al lado estadounidense de la frontera, dado los sofisticados esquemas de contrabando transfronterizo incluyendo el de la red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación que el Departamento del Tesoro sancionó en mayo de 2025.

Ikon Midstream es una de las "piezas centrales" de un esquema presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y la FGR abrió expedientes contra la empresa basados en testimonios, documentos y vigilancias.

Los carteles siguen activos y quienes cada día tienen mayores espacios, pero el gobierno mexicano tiene como compromiso impedir que se asienten en México, el huachicol fiscal le arrebató miles de millones al gobierno mexicano, que no tiene más que castigar a los responsables.

La administración de la presidenta Sheinbaum tendrá en el corto plazo que actuar para impedir que se le vincule con protección a los narcopolíticos, como los vicealmirantes sobrinos del ex secretario de la Mariana de la gestión de López Obrador.

De las anécdotas que se cuentan

Las dos entidades insignia de Morena, Tabasco y Ciudad de México, son líderes en corrupción, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

La encuesta, aplicada a finales de 2025 y cuyos resultados fueron publicados el jueves 21 de mayo de 2026, mide la corrupción de ventanilla, patrulla y trámite; es decir, la que se presenta cuando servidores públicos de rango menor extorsionan a un ciudadano al pedirle lo que se conoce como un “moche”.

El mencionado instrumento no mide la percepción de corrupción, sino a personas reales que han sido víctimas de un acto de corrupción, es decir, la prevalencia. También mide el número de casos, conocido como incidencia, ya que una misma persona puede ser víctima de varios actos de corrupción en diferentes momentos y al entrar en contacto con distintas autoridades.

Tabasco, estado natal del expresidente López Obrador, presenta una de las incidencias más altas de corrupción en todo el país, con 41 mil 318 casos por cada 100 mil habitantes. La entidad cuenta con un millón 700 mil habitantes mayores de edad, por lo que, al aplicar esa tasa al total de adultos, se estaría hablando de más de 700 mil actos de corrupción.

La tasa de Tabasco, de 41 mil 318 casos, supera por mucho la media nacional, que se ubica en 27 mil 438 casos por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a las personas afectadas, Tabasco reporta una tasa de 16 mil 171 víctimas por cada 100 mil habitantes, también por encima de la media nacional, que se ubica en 15 mil 642 personas por cada 100 mil habitantes.

Tabasco ha sido gobernado por autoridades emanadas de Morena desde hace más de una década.

Una situación similar se presenta en la Ciudad de México, donde la incidencia es de 38 mil 866 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes, también muy por encima de la media nacional.

La capital del país ha sido gobernada durante los últimos siete años por Claudia Sheinbaum, actual presidenta de la República, y Clara Brugada, actual jefa de Gobierno, ambas militantes de Morena.

Tabasco y Ciudad de México solo son superadas por Hidalgo, entidad también gobernada por Morena, partido que como parte de su narrativa asegura ser honesto.

Hidalgo es el estado más corrupto de México tanto en número de casos registrados por cada 100 mil habitantes como en número de víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

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Desde el Monumento a la Revolución y ante el reciente caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazó a la injerencia, después de que Estados Unidos señaló al gobernador de Sinaloa por nexos contra el narco.

"Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades selectas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del departamento de Justicia se vuelve del principal elector de México. Eso no lo podemos permitir", insistió.
En su segundo informe de rendición de cuentas, la presidenta denunció una ofensiva mediática y campañas digitales de desestabilización atribuidas a sectores de la derecha nacional e internacional.

Acusó intentos de injerencia en los asuntos internos del país y convocó a simpatizantes de la Cuarta Transformación a realizar asambleas en todo México para defender la soberanía nacional. Desde un edificio cercano apareció una manta acusando a la presidenta de defenderá a los narcopolíticos.

A dos años de su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, comentó que la campaña en contra de su Gobierno se intensificó después de que el 19 de abril se hiciera pública la muerte de dos agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua contra un narcolaboratorio que fue desarticulado por la FGR.

"(...) O quizá estamos viendo cómo sectores de ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones (...). México no es piñata de nadie. Cuando del exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia", declaró.

"Ese es el principio constitucional de la no intervención, porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino. (...) colaboramos, nos coordinamos, pero como lo he dicho, nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos", externó al señalar a la derecha mexicana.

Entre consignas de "es un honor estar con Claudia hoy" y "no estás sola", aseguró que México mantiene una economía estable pese al contexto internacional marcado por tensiones comerciales como la aplicación de aranceles y conflictos globales como la guerra en Irán.

Destacó que durante el primer trimestre de 2026 se registró una inversión extranjera récord de 23 mil 591 millones de dólares, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.5%, lo que convierte a México en uno de los tres países con menos desempleo en el mundo.

Asimismo, informó que se han generado 669 mil nuevos empleos y que abril de 2026 fue el mes con mayor empleo formal en la historia del país.

En cuanto a los programas sociales, informó que al cierre de 2026 estos beneficiarán a más de 42.8 millones de personas con una inversión superior a un billón de pesos. Entre los apoyos destacó las pensiones para adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad.

En educación, destacó que millones de alumnos de educación básica, media superior y superior cuentan con apoyos económicos al obtener becas como la Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Boca Negra. También enfatizó la eliminación de los exámenes de admisión para el ingreso a preparatorias públicas.

Reportó avances en proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos la construcción y modernización de carreteras, obras hidráulicas y la expansión de la red ferroviaria de pasajeros. Por último, en materia energética, defendió el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al asegurar que ambas empresas continúan siendo pilares del desarrollo nacional Añadió que se han incorporado nuevas plantas de generación eléctrica y que la empresa petrolera ha mejorado su situación financiera.

Morena y la presidenta mostraron su brazo fuerte en la República.

De las anécdotas que se cuentan

Mientras en el Monumento a la Revolución y en las principales plazas del país se escuchaba el informe triunfal de la presidenta Sheinbaum y la defensa de la soberanía, Reforma publicó este domingo que la opacidad y las malas cuentas no se corrigen en el IMSS-Bienestar.

El auditor externo del organismo rechazó emitir una opinión sobre sus estados financieros de 2025, al detectar irregularidades y deficiencias que le impidieron obtener evidencia sobre la legalidad de los documentos que entregó el órgano.

El despacho afirmó que no tuvo acceso a información suficiente para opinar sobre el gasto de servicios personales reportado por el IMSS-Bienestar en 2025, de 91 mil 382 millones de pesos, 52 por ciento superior al que le había autorizado la Cámara de Diputados.

Creado en 2022 para reemplazar al fracasado Insabi, el IMSS-Bienestar se ha hecho cargo de los servicios de salud que brindaban 24 Gobiernos estatales, y también le fueron adjudicados seis hospitales de Alta Especialidad que manejaba la Secretaría de Salud federal, para dar servicio gratuito a personas no inscritas en algún régimen de seguridad social.

Lo anterior ha provocado el crecimiento exponencial del órgano, que ya tiene 167 mil empleados, pero, a diferencia del IMSS e ISSSTE, no genera ingresos propios.

En 2025, el IMSS-Bienestar terminó gastando 192 mil 699 millones de pesos, casi 27 mil millones por encima de lo presupuestado, y 20 mil millones más de lo que se le autorizó para 2026.

En noviembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación reportó que el programa S200 del organismo, encargado de llevar unidades médicas móviles a comunidades menores de 2 mil 500 habitantes, no alcanzó sus objetivos ni logró reducir riesgos de salud en localidades de alta marginación.

Los otros datos, la otra realidad.

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La organización no gubernamental Defensorxs presentó ante la Fiscalía General de la República  una denuncia contra 55 políticos de Morena y otros partidos, a quienes señalan de vínculos con el crimen organizado y de beneficiarse de la llamada narcoelección en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.

Entre los denunciados está el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de mantener nexos con grupos delictivos que operan en la entidad. Miguel Meza, director de Defensorxs, la organización ha documentado desde hace años relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales, sin que las autoridades mexicanas hayan actuado.

Meza agregó: “No es posible que dependamos de la presión de otro país para que estos narcopolíticos se enfrenten a la justicia. Y porque creemos que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa”.

Afirmaron que la presunta intervención del crimen organizado favoreció no sólo la elección a la gubernatura, sino también candidaturas municipales y diputaciones locales, calificando a Morena como un “narcopartido”.

Incluyeron a exfuncionarios como Ricardo “Pity” Velarde y al exgobernador priista Quirino Ordaz, actualmente embajador de México en España, por acciones vinculadas a la narcoelección y operativos delictivos durante el proceso electoral de 2021.

La denuncia también incluye a 17 alcaldes, 23 diputados locales y cinco federales de Morena, quienes presuntamente se beneficiaron de la operación electoral de Los Chapitos, así como críticas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por posibles nexos internos con el crimen organizado.

Defensorxs buscan ser reconocidos como víctimas del narcoestado en Sinaloa para participar activamente en la investigación y evitar que las autoridades protejan a los señalados.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, por conspiración con el Cártel de Sinaloa para importar drogas a cambio de protección política y sobornos.

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en Nueva York.

El expediente judicial estadounidense detalla pruebas como fotografías de narconóminas, decomisos de drogas, armas y documentos de comunicaciones telefónicas, además de evidencia aportada por una fuente confidencial de la DEA.

Entre las presuntas pruebas, hay sobornos mensuales a funcionarios, incautaciones de fentanilo, heroína y cocaína, y registros de coordinación de secuestros de rivales políticos durante las elecciones de 2021.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, han señalado que la acusación estadounidense carece de elementos probatorios suficientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si no se presentan pruebas sólidas, el proceso podría tener un trasfondo político. No obstante, la FGR inició su propia investigación para evaluar la viabilidad de la extradición de Rocha Moya y otros funcionarios. Además la Unidad de Inteligencia Financiera intervinó las cuentas de todos los implicados.

Defensorxs adelantó que esta denuncia será la primera de varias que presentarán contra actores políticos vinculados con el crimen organizado, en un esfuerzo por que se reconozca y sancione la presunta relación entre autoridades y grupos delictivos en Sinaloa, así como para garantizar la transparencia en las investigaciones sobre la narcoelección de 2021.

El tema no va terminar con declaraciones.

De las anécdotas que se cuentan

En el país se considera "narcopolíticos" a los funcionarios públicos, legisladores, gobernadores, alcaldes, policías y otros actores gubernamentales que protegen, financian o colaboran con grupos del crimen organizado.

Esta colusión permite a los cárteles extender su control territorial, lavar dinero y garantizar impunidad a cambio de sobornos, protección institucional o apoyo electoral.

En el contexto actual, la identificación de estos personajes proviene tanto de investigaciones judiciales como de plataformas ciudadanas.

Funcionarios de alto nivel han sido acusados o condenados formalmente por las autoridades. Ejemplos históricos y recientes incluyen a exsecretarios de seguridad y exgobernadores investigados o procesados tanto en México como en Estados Unidos por recibir sobornos para facilitar el trasiego de drogas.

Existen proyectos de la sociedad civil y periodísticos, como Narcopolíticos.com, que documentan el perfil de alcaldes, legisladores y gobernadores en funciones o con licencia que han sido señalados por sus nexos con el crimen.

Esta historia se sigue escribiendo.

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