La frontera entre México y Estados Unidos entró en una nueva fase tecnológica. Militares estadounidenses utilizaron un arma láser de alta energía para derribar tres drones considerados hostiles y vinculados con actividades de cárteles, durante una operación realizada entre las noches del 25 y 26 de agosto.

Los aparatos fueron neutralizados mediante el Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL) por elementos de la Joint Task Force–Southern Border, desplegada bajo el Comando Norte de Estados Unidos para apoyar a la Patrulla Fronteriza.

La operación ocurrió en la zona del Valle del Río Grande, al sur de Texas, pero las autoridades estadounidenses no revelaron el lugar preciso ni aclararon si los drones fueron alcanzados sobre espacio aéreo de Estados Unidos o de México.

EU consideró que los drones representaban una amenaza física

El Ejército estadounidense clasificó los tres sistemas aéreos no tripulados como hostiles al determinar que estaban siendo utilizados en apoyo directo de actividades que representaban una amenaza física contra militares y agentes de Customs and Border Protection (CBP).

Hasta ahora no se ha informado qué actividad realizaba cada aparato al momento de ser detectado, cuál era su modelo ni si transportaba alguna carga.

Tampoco existe información pública que confirme que estuvieran equipados con explosivos o armas. La operación militar no debe presentarse como un ataque con drones explosivos contra Estados Unidos, porque esa condición no aparece en la información oficial difundida.

¿Qué cártel operaba los drones?

Esa es otra de las incógnitas que permanecen abiertas.

Las autoridades estadounidenses relacionaron los aparatos con redes de cárteles, pero no identificaron a ninguna organización criminal específica. Por ello, no existe sustento público para atribuirlos al Cártel de Sinaloa, CJNG o cualquier otra estructura.

El comandante de la fuerza fronteriza, Curtis Taylor, señaló que las organizaciones criminales están utilizando cada vez más drones para facilitar el tráfico ilegal de personas y vigilar a militares y fuerzas de seguridad estadounidenses.

Los aparatos comerciales modificados también pueden ser utilizados para observar rutas de tráfico o transportar pequeños paquetes de droga, una práctica que ha aumentado la preocupación de las autoridades estadounidenses en los últimos años.

El AMP-HEL derriba drones sin utilizar misiles

La diferencia de esta operación está en el arma utilizada.

El AMP-HEL emplea energía dirigida para concentrar un haz láser sobre un dron hasta dañarlo y dejarlo fuera de funcionamiento, evitando utilizar un misil o munición convencional para neutralizar objetivos pequeños.

Estados Unidos ha acelerado el despliegue de esta tecnología en la frontera ante la proliferación de aeronaves comerciales económicas y difíciles de enfrentar con sistemas antiaéreos tradicionales.

El Ejército ha utilizado previamente sistemas de la familia LOCUST, desarrollados para detectar, seguir y destruir pequeños drones mediante energía láser. Reuters reportó que AeroVironment entregó al Ejército estadounidense sus primeros sistemas de alta energía durante 2025.

Un láser estadounidense ya derribó por error un dron propio

La tecnología tampoco llega a esta operación sin antecedentes problemáticos.

En febrero de 2026, un sistema antidrón basado en láser derribó accidentalmente una aeronave no tripulada perteneciente al propio gobierno estadounidense durante operaciones en la frontera, de acuerdo con información proporcionada entonces a legisladores.

El despliegue de tecnología LOCUST también estuvo relacionado con un cierre de aproximadamente siete horas del espacio aéreo cercano al Aeropuerto Internacional de El Paso, episodio que colocó bajo revisión los protocolos necesarios para utilizar estas armas cerca de corredores de aviación civil.

El episodio de agosto muestra que el sistema volvió a operaciones con una misión concreta: interceptar aeronaves que el Ejército considera vinculadas con actividades criminales en la frontera.

Ocho mil militares están desplegados en la frontera

El uso del láser forma parte de un despliegue militar mucho mayor.

La Joint Task Force–Southern Border mantiene aproximadamente 8 mil integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses a lo largo de mil 954 millas de frontera.

Desde que asumió la misión en marzo de 2025, sus elementos han realizado decenas de miles de patrullajes de detección y monitoreo, miles de vuelos de observación y trabajos de reforzamiento de barreras para apoyar las operaciones de CBP.

Curtis Taylor también agradeció el apoyo de integrantes del Ejército mexicano dentro de las labores generales de cooperación fronteriza.

Esa declaración no significa que militares mexicanos hayan participado directamente en los tres derribos. La información difundida hasta ahora no establece qué intervención tuvo México durante esa operación específica.

La incógnita está en qué lado de la frontera ocurrió

La ubicación exacta puede convertirse en el punto más delicado del episodio.

Las autoridades estadounidenses situaron la operación cerca de la frontera y fuentes oficiales ubicaron el despliegue en el Valle del Río Grande, pero el Comando Norte no precisó públicamente si los drones fueron destruidos sobre territorio estadounidense o mexicano.

Esa diferencia es relevante porque una operación militar unilateral dentro del espacio aéreo mexicano tendría implicaciones distintas a una acción defensiva realizada dentro de Texas.

Por ahora, no existe información que permita afirmar que Estados Unidos utilizó su láser dentro de México.

Lo confirmado es que tres drones considerados hostiles fueron neutralizados, que Estados Unidos los vinculó con actividades de redes criminales y que utilizó para ello una tecnología militar de energía dirigida que ya forma parte de su estrategia para proteger la frontera.

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Estados Unidos volvió a utilizar fuerza militar letal contra una embarcación en el Caribe. Esta vez murieron cuatro personas en una lancha rápida que Washington identifica como vinculada con el narcotráfico, en una ofensiva que desde septiembre de 2025 acumula 68 ataques y por lo menos 227 muertos.

La operación ocurrió el 25 de agosto y fue ejecutada por la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan. El mando militar aseguró que contaba con inteligencia que confirmaba la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico.

Pero la información pública termina prácticamente ahí: no fueron revelados los nombres ni las nacionalidades de los cuatro fallecidos, tampoco la organización a la que supuestamente pertenecían y no se mostraron pruebas públicas de drogas a bordo.

El episodio deja de ser únicamente otro ataque en el Caribe cuando se observa la escala completa de la campaña: Estados Unidos está utilizando capacidades militares para matar en el mar a personas que considera vinculadas con organizaciones criminales, mientras crece la disputa sobre si esos sospechosos pueden ser tratados jurídicamente como enemigos dentro de un conflicto armado.

Cuatro muertos en un ataque militar en el Caribe

El comunicado del Comando Sur describe el blanco como una “go-fast vessel”, una embarcación rápida que navegaba por rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe.

SOUTHCOM sostiene que información de inteligencia confirmó que la nave estaba participando activamente en actividades relacionadas con drogas. El ataque terminó con la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo.

Las fuerzas estadounidenses difundieron además un video de apenas siete segundos en el que puede observarse una embarcación sobre el agua antes de ser alcanzada por el ataque. El material no permite comprobar públicamente qué transportaba ni quiénes viajaban en ella.

El punto exacto tampoco fue divulgado.

Eso impide establecer públicamente si la operación ocurrió en aguas internacionales, una zona económica exclusiva o aguas bajo jurisdicción de algún país caribeño, un dato importante dentro de la discusión legal y diplomática.

Washington los llama “narcoterroristas”, pero no revela sus identidades

El Comando Sur calificó a los cuatro fallecidos como “narcoterroristas”.

Esa descripción corresponde a la posición oficial del gobierno estadounidense y no a una identificación independiente de las víctimas.

Hasta el momento, el Pentágono no ha publicado sus nombres ni proporcionado información individual sobre su supuesto vínculo con una organización criminal. Tampoco reveló la inteligencia que, asegura, justificó convertir la embarcación en un objetivo letal.

La diferencia es fundamental.

Una cosa es afirmar que Estados Unidos considera a las personas objetivos relacionados con el narcotráfico y otra presentar como probado públicamente que efectivamente eran narcotraficantes.

La segunda afirmación requeriría evidencia que Washington no ha hecho pública.

La ofensiva ya acumula 227 personas muertas

La operación del 25 de agosto elevó la dimensión de la campaña a al menos 227 muertos en 68 ataques contra embarcaciones desde septiembre de 2025.

El ritmo volvió a acelerarse esta semana.

El 23 de agosto, apenas dos días antes del ataque en el Caribe, fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación en el Pacífico oriental y mataron a dos personas. Aquella acción fue la primera de este tipo después de más de dos meses sin nuevos ataques conocidos.

Antes de esa operación, el balance era de 223 fallecidos en 67 ataques. Las cuatro muertes registradas ahora en el Caribe elevaron nuevamente el total.

La campaña ya ha incluido decenas de lanchas rápidas y al menos un semisumergible.

EU convirtió el combate al narco en una operación militar

Durante años, el combate marítimo contra el narcotráfico estadounidense estuvo basado principalmente en interceptar embarcaciones, abordarlas, asegurar cargamentos y detener a sus ocupantes.

La estrategia adoptada por la administración de Donald Trump modificó ese modelo.

Washington sostiene ahora que enfrenta un conflicto armado contra organizaciones narcotraficantes consideradas terroristas, argumento mediante el cual determinados sospechosos pueden ser tratados como blancos militares.

Eso cambia por completo la lógica de una operación antidrogas.

Ya no se trata necesariamente de capturar a los ocupantes para presentar pruebas ante un tribunal, sino de identificar una embarcación como objetivo y destruirla mediante fuerza militar.

La diferencia es precisamente el centro de la controversia.

La nueva fuerza militar ya ejecuta ataques letales

El ataque fue realizado por la Joint Task Force Western Hemisphere, una estructura creada por Estados Unidos en agosto para concentrar operaciones relacionadas con organizaciones criminales transnacionales dentro del hemisferio.

El Comando Sur ha señalado como una de sus prioridades ejercer presión sistemática contra cárteles y organizaciones que Washington clasifica como terroristas.

El ataque del 23 de agosto en el Pacífico fue una de las primeras operaciones letales anunciadas bajo esa nueva estructura.

Dos días después llegó la ofensiva en el Caribe.

La secuencia muestra que la reorganización no quedó únicamente en un cambio administrativo: la nueva fuerza comenzó prácticamente de inmediato a ejecutar operaciones letales contra embarcaciones.

Organizaciones denuncian ejecuciones extrajudiciales

La posición jurídica estadounidense está lejos de tener consenso.

Human Rights Watch sostiene que el narcotráfico no crea por sí mismo un conflicto armado entre Estados Unidos y las organizaciones criminales y que las personas sospechosas de transportar drogas no pueden convertirse automáticamente en objetivos militares.

Desde esa interpretación, las operaciones deben estar sujetas principalmente a las normas internacionales sobre aplicación de la ley y derechos humanos. El uso deliberado de fuerza letal sólo estaría permitido cuando resulte estrictamente necesario para proteger vidas frente a una amenaza inmediata.

La organización ha calificado la campaña como una serie de ejecuciones extrajudiciales y sostiene que Washington no ha presentado información pública que demuestre que las personas atacadas representaban una amenaza inminente que justificara matarlas.

El Gobierno estadounidense rechaza esa interpretación y mantiene que opera dentro de un conflicto armado contra redes que considera narcoterroristas.

Son dos marcos jurídicos completamente distintos para observar los mismos ataques.

La falta de nombres se ha repetido durante casi un año

La ausencia de información sobre los cuatro fallecidos tampoco es nueva.

Organizaciones de derechos humanos han señalado desde los primeros meses de la campaña que Estados Unidos no identifica públicamente a muchas de las personas que mata en las embarcaciones.

Esto limita cualquier evaluación independiente.

Sin nombres, nacionalidades o información sobre las investigaciones previas resulta difícil comprobar si una persona pertenecía realmente a determinado grupo, si participaba en narcotráfico o si existía una razón específica para utilizar fuerza letal contra ella.

En el ataque del martes vuelve a ocurrir lo mismo.

Washington informa cuatro muertos y los clasifica como narcoterroristas, pero no ofrece públicamente los elementos necesarios para verificar esa afirmación.

Incluso el Pentágono revisa cómo elige sus objetivos

La estrategia también enfrenta controles dentro de Estados Unidos.

El inspector general del Departamento de Defensa mantiene una evaluación para determinar si las fuerzas estadounidenses han seguido correctamente los procedimientos establecidos para seleccionar y atacar objetivos durante esta campaña.

La revisión no significa que el Pentágono haya concluido que los ataques son ilegales.

Sí confirma, en cambio, que el procedimiento mediante el cual una embarcación y sus ocupantes terminan clasificados como blancos letales está sujeto a escrutinio institucional.

La pregunta es especialmente relevante porque, una vez ejecutado el ataque, las personas señaladas ya no pueden responder ante las acusaciones ni enfrentar un proceso judicial.

Dos ataques en tres días marcan una nueva escalada

La ofensiva llevaba más de dos meses sin operaciones conocidas cuando Estados Unidos volvió a atacar el 23 de agosto.

Dos días después, la fuerza militar regresó al Caribe y dejó otros cuatro muertos.

Con ello, la administración Trump entra en una nueva etapa de una estrategia que ya está próxima a cumplir un año y que ha dejado 227 fallecidos.

Washington sostiene que busca cortar las rutas de narcotráfico y llevar la ofensiva directamente contra los cárteles.

Sus críticos ven otra cosa: una expansión del uso militar de la fuerza contra presuntos criminales sin arresto, proceso judicial ni evidencia pública suficiente para revisar de manera independiente cada ataque.

El caso del 25 de agosto concentra esa contradicción.

Cuatro personas murieron, pero todavía no sabemos quiénes eran. Estados Unidos afirma que traficaban drogas, pero no ha mostrado públicamente qué llevaban en la lancha. Y un ataque de apenas segundos vuelve a alimentar una discusión que ya acompaña a toda la campaña: hasta dónde puede llegar un Estado en su guerra contra el narcotráfico antes de cruzar la frontera entre una operación de seguridad y una ejecución sin juicio.

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El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a funcionarios mexicanos de alto nivel de colaborar directamente con organizaciones criminales y aseguró que algunos de ellos fueron advertidos recientemente por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario no reveló identidades, cargos ni pruebas públicas que permitan conocer quiénes son las personas señaladas.

Las declaraciones abrieron dos frentes en la relación bilateral: las acusaciones de corrupción dentro de estructuras gubernamentales mexicanas y los límites que México establece a la participación de agencias o fuerzas estadounidenses en operaciones dentro de su territorio.

DEA asegura que funcionarios protegen operaciones del CJNG

Cole sostuvo que investigaciones estadounidenses han detectado corrupción gubernamental vinculada con organizaciones criminales. Afirmó que existen funcionarios que trabajan directamente con los cárteles y que algunos relacionados con el CJNG fueron puestos sobre aviso aproximadamente dos semanas antes de sus declaraciones.

El señalamiento no surgió de manera aislada. El pasado 5 de agosto, durante el anuncio de una nueva ofensiva contra la estructura del CJNG, el propio jefe de la DEA aseguró públicamente que la organización criminal ha mantenido su influencia mediante violencia y corrupción, incluida la participación de integrantes del gobierno mexicano que presuntamente protegen a sus dirigentes o facilitan tráfico de drogas y lavado de dinero.

Sin embargo, en esa intervención tampoco identificó a funcionarios específicos.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado públicamente acusaciones judiciales contra funcionarios mexicanos concretos por los vínculos con el CJNG señalados por Cole.

Estados Unidos intensifica ofensiva contra ocho integrantes del CJNG

La ofensiva estadounidense contra el grupo criminal se reforzó este mes. El Departamento de Justicia y distintas agencias federales anunciaron nuevas acusaciones y recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar o condenar a ocho integrantes de la organización.

Entre ellos se encuentran Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “RR” o “Tripa”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Cole ubicó particularmente a Juan Carlos Valencia González entre los principales objetivos de la DEA contra el CJNG. La estrategia estadounidense también busca afectar operadores financieros, redes de lavado de dinero, tráfico de armas y cadenas de suministro de precursores químicos.

Las acusaciones judiciales contra estos integrantes del cártel son independientes de los señalamientos sobre funcionarios mexicanos, cuyos nombres no han sido dados a conocer.

Terry Cole deja abierta posibilidad de nuevas acciones de EU

Además de las acusaciones sobre corrupción, el director de la DEA fue cuestionado sobre la posibilidad de acciones estadounidenses dentro de México.

Cole destacó que actualmente existe intercambio de inteligencia y coordinación con autoridades mexicanas, pero evitó descartar de manera absoluta eventuales operaciones y afirmó que su agencia cumplirá las instrucciones que reciba del presidente de Estados Unidos.

El planteamiento ocurre mientras Washington endurece su estrategia contra organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, consideradas por el gobierno estadounidense amenazas prioritarias para su seguridad.

Harfuch descarta presencia de fuerzas extranjeras en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijó una posición distinta sobre el alcance de la colaboración bilateral.

El funcionario sostuvo que la legislación mexicana no permite la operación de fuerzas extranjeras dentro del territorio nacional y señaló que la cooperación tiene límites establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas.

La colaboración, explicó, puede incluir información, inteligencia y coordinación entre instituciones, pero las operaciones deben ejecutarse conforme a las facultades de cada país.

Harfuch puso como ejemplo el operativo realizado en febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al señalar que fue planeado, desarrollado y ejecutado por el Ejército Mexicano. También descartó que las instituciones que integran el gabinete federal de seguridad hayan realizado operativos conjuntos con agentes extranjeros dentro de México.

México reporta 85 servidores públicos detenidos

Al defender la estrategia mexicana, García Harfuch afirmó que durante la actual administración han sido detenidos 85 servidores públicos vinculados con actividades criminales, sin importar su filiación política.

Ese dato demuestra la existencia de investigaciones mexicanas contra funcionarios presuntamente relacionados con delitos, pero no permite establecer que esas 85 detenciones correspondan a las personas señaladas por Terry Cole, debido a que el director de la DEA no identificó a los funcionarios a los que hizo referencia.

Harfuch también destacó reducciones en homicidios, decomisos de armas y drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y capturas de objetivos criminales de alto nivel como parte de los resultados de la estrategia de seguridad.

DEA y México mantienen cooperación pese a diferencias

Las diferencias sobre una eventual participación estadounidense no han detenido el intercambio entre las autoridades de ambos países.

Cole afirmó que mantiene comunicación diaria con García Harfuch y destacó la coordinación para combatir al CJNG y al Cártel de Sinaloa. Días antes también había reconocido públicamente al secretario mexicano como un socio de confianza en materia de seguridad.

El gobierno mexicano, por su parte, ha reiterado que busca conservar la cooperación con las agencias estadounidenses bajo un principio de respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la relación institucional con las autoridades de Estados Unidos y la participación mexicana en mecanismos internacionales de combate al crimen organizado.

El punto pendiente es la acusación formulada por Terry Cole. Mientras no se revelen nombres, investigaciones judiciales o elementos públicos que permitan comprobarla, el señalamiento contra funcionarios mexicanos permanece como una afirmación de la autoridad estadounidense aún sin sustento público individualizado.

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El cargamento estaba declarado como apio fresco, pero una inspección fronteriza terminó revelando algo muy distinto. Agentes estadounidenses localizaron 721 paquetes de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 760 kilogramos dentro de un tractocamión que había cruzado desde Reynosa, Tamaulipas, hacia Pharr, Texas.

El aseguramiento ocurrió el 15 de agosto de 2026 en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr. La unidad comercial fue enviada a una revisión secundaria y un sistema de inspección no intrusiva detectó anomalías dentro del embarque, lo que llevó a los agentes a realizar una revisión física.

El hallazgo terminó convertido en un decomiso valuado en 14 millones 978 mil dólares, prácticamente 15 millones de dólares. Esa cifra es importante porque algunas publicaciones difundieron inicialmente un monto de apenas 14 mil 978 dólares, cantidad que no corresponde con la valuación reportada para los narcóticos asegurados.

Escáner descubre 721 paquetes entre el cargamento

La inspección permitió extraer 721 paquetes de presunta metanfetamina con un peso total de 1,675.51 libras, equivalente a unos 760 kilos. La sustancia estaba oculta dentro del embarque que había sido manifestado comercialmente como apio fresco.

El dato debe distinguirse con precisión: lo declarado como apio era el cargamento comercial, mientras que los 721 paquetes correspondían a la droga encontrada durante la inspección. Tampoco se ha detallado públicamente la forma exacta en que cada paquete estaba acomodado dentro de la mercancía.

CBP atribuyó la detección a la combinación de experiencia de sus agentes y tecnología de inspección.

“Nuestros oficiales están capacitados para ver más allá de lo superficial”.

La declaración fue realizada por Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, después del aseguramiento.

El tractocamión había llegado desde Reynosa

La unidad había ingresado a Estados Unidos procedente de Reynosa, Tamaulipas, a través del corredor comercial que conecta esa ciudad con Pharr. Esa información permite establecer la ruta inmediata del tractocamión, pero no determina dónde se produjo la sustancia ni en qué punto fue incorporada al cargamento.

Por la misma razón, no existe base pública para atribuir estos 760 kilos a un cártel específico. Hasta esta actualización, las autoridades no han identificado oficialmente al Cártel del Golfo, CJNG, Cártel de Sinaloa u otra organización como propietaria o responsable del embarque.

Tampoco se ha divulgado públicamente el nombre del conductor, de la compañía transportista, del remitente o del destinatario relacionado con la carga.

CBP asegura el camión y abre investigación criminal

Después del hallazgo, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP aseguró los narcóticos y el tractocamión. Agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) iniciaron una investigación criminal para determinar quiénes estuvieron detrás del intento de introducir la droga a territorio estadounidense.

Hasta ahora no se han anunciado públicamente detenciones o cargos específicos derivados de este decomiso. La investigación deberá establecer la procedencia de los paquetes, quién preparó el embarque y cuál era su destino final dentro de Estados Unidos.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, también destacó públicamente el aseguramiento, que se suma a otros operativos realizados en cruces terrestres entre ambos países.

Pharr acumula grandes decomisos en camiones comerciales

El uso de cargas comerciales para ocultar metanfetamina no es nuevo en el Puente Internacional de Pharr. En marzo de 2026, agentes fronterizos localizaron casi 1,984 libras de metanfetamina valuadas en más de 17 millones de dólares dentro de un embarque declarado como moras que también había llegado desde Reynosa.

Un mes después, otro tractocamión fue detenido en ese mismo cruce con 908.30 libras de presunta metanfetamina ocultas en un cargamento manifestado como baldosas, con valor estimado superior a 8.1 millones de dólares.

Durante junio, otro vehículo procedente de Reynosa fue inspeccionado después de que equipos no intrusivos detectaran anomalías. Los agentes extrajeron 193 paquetes con 473 kilos de presunta metanfetamina, valuados en aproximadamente 9.3 millones de dólares.

Estos antecedentes muestran un patrón documentado de intentos para aprovechar tractocamiones y mercancías comerciales en el traslado clandestino de narcóticos, aunque no prueban que todos esos decomisos estén relacionados entre sí ni que pertenezcan a una misma organización criminal.

En el caso del apio, los datos confirmados hasta ahora son claros: 721 paquetes, aproximadamente 760 kilos de presunta metanfetamina, un valor de 14 millones 978 mil dólares y una investigación federal abierta, mientras permanece sin identificar públicamente a los responsables.

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La relación entre Omar García Harfuch y la DEA mostró un rostro muy distinto al de las recientes fricciones entre México y Estados Unidos. Durante una conferencia internacional antidrogas en Buenos Aires, el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, presentó al secretario de Seguridad mexicano como un “socio de confianza”, mientras ambos gobiernos presumieron una coordinación más rápida contra organizaciones criminales.

El acercamiento no implicó el anuncio de un nuevo tratado o convenio bilateral. Lo que Harfuch destacó fue un incremento de la cooperación operativa, particularmente en intercambio de inteligencia, localización de objetivos prioritarios, investigaciones y acciones contra las estructuras financieras del crimen organizado.

Harfuch asegura que la información con la DEA fluye más rápido

El secretario mexicano explicó que desde la llegada de Cole a la dirección de la DEA la información entre las instituciones comenzó a circular con mayor velocidad, permitiendo responder con más rapidez ante objetivos criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Harfuch sostuvo que la coordinación con la agencia estadounidense “se ha incrementado de forma significativa” y habló de intercambio de inteligencia estratégica y operativa en tiempo real para localizar objetivos y fortalecer investigaciones.

El funcionario planteó que México continuará trabajando mediante inteligencia compartida, investigaciones paralelas y operaciones coordinadas, pero manteniendo como principios la reciprocidad, la responsabilidad compartida y el respeto a la soberanía nacional.

Director de la DEA cambia el tono frente a México

La declaración de Terrance Cole tuvo especial peso por el contexto político. Frente a representantes de seguridad de más de 100 países, el jefe de la DEA calificó a García Harfuch como “un socio de confianza y un buen amigo” y reconoció públicamente su liderazgo y colaboración.

El tono contrasta con lo ocurrido apenas en julio. Cole había señalado entonces una supuesta conexión entre el Gobierno mexicano y los cárteles, comentarios que Claudia Sheinbaum rechazó como infundados y de carácter político. El Gobierno mexicano respondió que estaba dispuesto a mantener la cooperación con Washington, siempre que se respetara la soberanía del país.

Ese episodio convirtió la reunión en Buenos Aires en algo más que una fotografía protocolaria: el mismo funcionario estadounidense que había provocado un choque diplomático con México ahora colocó públicamente a Harfuch como uno de sus principales interlocutores en seguridad.

México lleva cifras de seguridad a la cumbre antidrogas

Durante su participación, Harfuch presentó ante las delegaciones internacionales los resultados acumulados de la estrategia federal de seguridad. Reportó 63 mil 500 personas detenidas por delitos de alto impacto, 32 mil 800 armas aseguradas y 518 toneladas de droga decomisadas durante la actual administración.

La exposición también puso énfasis en el combate al dinero de las organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha inmovilizado más de 8 mil 600 millones de pesos y bloqueado más de 24 mil 600 cuentas, acciones que se complementan con intercambio de información internacional.

Harfuch destacó además la coordinación entre la UIF y organismos estadounidenses como la OFAC, utilizada para identificar redes financieras vinculadas con organizaciones criminales y coordinar medidas contra sus recursos económicos.

Buenos Aires reúne a autoridades de más de 100 países

El encuentro se realiza del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires dentro de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada conjuntamente por Argentina y la DEA. El foro reúne entre 400 y 600 integrantes de fuerzas de seguridad y delegaciones de más de 100 países.

La agenda incluye cooperación operativa, intercambio de inteligencia, narcotráfico, lavado internacional de dinero y crimen transnacional. El objetivo declarado de la conferencia es mejorar la capacidad de las autoridades para coordinar investigaciones y acciones que atraviesan distintas jurisdicciones.

Cooperación avanza aunque persista la tensión política

La reunión deja una separación clara entre dos planos de la relación bilateral. Mientras México y Estados Unidos mantienen desacuerdos políticos y diplomáticos, las instituciones de seguridad parecen haber intensificado sus canales de trabajo directo, especialmente alrededor de Harfuch y la DEA.

No se anunció una nueva alianza jurídica ni un mecanismo que sustituya los acuerdos vigentes. La novedad está en la velocidad del intercambio de inteligencia, el reconocimiento público de confianza entre Harfuch y Cole y la decisión de exhibir esa cooperación ante representantes de más de un centenar de países.

*BC

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, avanza en negociaciones con autoridades de Estados Unidos para concretar un acuerdo de culpabilidad por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

Documentos presentados ante la Corte de Distrito de Columbia revelan que la defensa y la fiscalía solicitaron aplazar la audiencia programada para el 18 de junio, con el objetivo de finalizar los términos legales del acuerdo.

La nueva audiencia podría celebrarse en la semana del 27 de julio de 2026 o en una fecha cercana definida por el tribunal.

Acuerdo de culpabilidad: estrategia clave en el proceso judicial

El posible acuerdo de culpabilidad busca evitar que el caso llegue a juicio, lo que permitiría agilizar el proceso judicial y reducir riesgos para ambas partes.

Las negociaciones iniciaron desde abril y, según los registros judiciales, ya existe un entendimiento sobre los términos generales. Sin embargo, aún falta formalizar la documentación y preparar la declaración oficial ante la Corte.

Además, se solicitó suspender los plazos de la Ley de Juicio Rápido para garantizar que el proceso se desarrolle sin afectar los derechos legales de las partes.

La defensa de Oseguera está encabezada por Frank Pérez Pérez, quien también representa a Ismael Zambada García.

Los cargos: narcotráfico, armas y conspiración

Las autoridades estadounidenses acusan a Antonio Oseguera Cervantes de múltiples delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armamento para facilitar actividades ilícitas.

Entre los principales cargos destacan:

• Conspiración para distribuir cocaína en grandes cantidades
• Conspiración para distribuir metanfetamina
• Importación de drogas hacia Estados Unidos
• Posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico

De acuerdo con la acusación, las actividades ilícitas habrían ocurrido durante más de dos décadas, entre 1998 y 2022.

Posible sentencia y beneficios por colaboración

Si se declara culpable, Antonio Oseguera enfrentaría una pena mínima de 15 años de prisión. No obstante, el acuerdo de culpabilidad podría reducir significativamente su condena.

Esto dependerá de su disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses, proporcionando información clave sobre redes criminales y operaciones del narcotráfico.

En este tipo de casos, la cooperación suele ser un elemento determinante para obtener beneficios legales.

Perfil: operador clave del CJNG

Antonio Oseguera Cervantes es identificado como un presunto operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización liderada por su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes.

Las autoridades lo vinculan con la adquisición de armas y la coordinación de acciones contra grupos rivales dentro de la estructura criminal.

Fue detenido en 2022 en Jalisco y extraditado a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos federales.

Un caso clave en la ofensiva contra el CJNG

El proceso judicial contra Antonio Oseguera forma parte de la estrategia de Estados Unidos para debilitar al CJNG, uno de los cárteles más poderosos en el tráfico de drogas.

Su posible cooperación podría revelar información relevante sobre la estructura, financiamiento y operaciones del grupo criminal.

Negociación que podría redefinir el caso

El avance hacia un acuerdo de culpabilidad marca un punto decisivo en el caso de Antonio Oseguera Cervantes, al abrir la puerta a una sentencia reducida y evitar un juicio prolongado.

Al mismo tiempo, su posible colaboración podría tener implicaciones mayores en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

*BC

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, reconoció que el gobierno de México mantiene una postura firme en defensa de su soberanía, la cual —aseguró— debe ser respetada dentro de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Las declaraciones fueron realizadas durante una audiencia en la Cámara de Representantes, donde el funcionario estadounidense también destacó los avances en el trabajo conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Reunión con Sheinbaum deja buena impresión en EU

Markwayne Mullin relató que recientemente visitó la Ciudad de México, donde sostuvo encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y miembros de su gabinete.

“Debo decir que hemos quedado impresionados”, afirmó el funcionario al referirse a la disposición del gobierno mexicano para fortalecer la cooperación bilateral.

De acuerdo con su testimonio, la relación actual entre ambos países en materia de seguridad es más fluida que en administraciones anteriores.

Respeto a la soberanía, punto clave en la relación bilateral

Uno de los ejes centrales del mensaje del funcionario fue el reconocimiento explícito a la posición del Estado mexicano respecto a su soberanía nacional.

Mullin subrayó que, aunque existe una estrecha colaboración en materia de seguridad, México mantiene límites claros sobre la intervención extranjera en asuntos internos.

“Creen firmemente en la defensa de su soberanía, y debemos respetarla”, puntualizó.

Resultados conjuntos contra el crimen organizado

El secretario estadounidense destacó que la cooperación entre agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional ha permitido avances importantes.

Entre los resultados mencionados destacan:

• Incautaciones históricas de drogas
• Decomisos de armas y dinero en efectivo
• Capturas de presuntos líderes de cárteles

Estos logros, aseguró, son producto de la coordinación con el gobierno mexicano en estrategias de seguridad fronteriza.

Operativo regional con decomiso de cocaína

En paralelo, el Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un operativo conjunto en el que fueron asegurados mil 788 kilos de cocaína.

La acción se llevó a cabo con la participación de autoridades de México, Colombia y Guatemala, como parte de una estrategia regional contra el tráfico de drogas.

La institución calificó la operación como un ejemplo de cooperación internacional para combatir a los llamados “narcoterroristas”.

Cooperación estrecha, pero con límites políticos claros

Las declaraciones de Markwayne Mullin reflejan un equilibrio delicado en la relación bilateral: cooperación activa en materia de seguridad, pero con respeto explícito a la soberanía de México.

El tema cobra relevancia en un contexto de creciente presión internacional para reforzar el combate al crimen organizado en la región.

*BC

En medio de versiones encontradas, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, difundió un video desde el Jardín Botánico de Culiacán para negar que se haya entregado a autoridades de Estados Unidos.

El exfuncionario aparece en el mensaje grabado realizando ejercicio y asegurando que se encuentra en la ciudad, lo que contradice reportes previos que lo ubicaban fuera del país.

“Buenos días… aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio”, expresó al inicio del video.

Acusa desinformación y cuestiona a medios

En su mensaje, Marco Antonio Almanza lanzó críticas contra medios de comunicación que difundieron la versión de su presunta entrega.

“Fui objeto de mucha desacreditación… no estoy de acuerdo”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a verificar la información antes de publicarla.

El exmando reiteró que ya había rendido declaraciones anteriormente y defendió su postura frente a los señalamientos.

Cómo surgió la versión de su presunta entrega

La polémica inició cuando diversos reportes indicaron que Marco Antonio Almanza Avilés habría sido entregado a autoridades estadounidenses tras acudir a un citatorio en la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

La versión tomó fuerza en medios nacionales y redes sociales, especialmente por el contexto de investigaciones abiertas contra funcionarios de Sinaloa.

Sin embargo, el propio exfuncionario negó categóricamente dicha información.

Trayectoria de más de tres décadas en seguridad

Marco Antonio Almanza cuenta con una trayectoria de más de 30 años en corporaciones policiales en Sinaloa.

Su carrera incluye:

• Ingreso a la Policía Judicial en 1991
• Trabajo en áreas de homicidios y delitos patrimoniales
• Coordinación de investigaciones ministeriales
• Nombramiento como encargado de la Policía de Investigación en 2017
• Designación como comisario general en 2019

Durante su gestión participó en procesos clave como la implementación del sistema penal acusatorio.

Señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

A pesar de su aparición pública, Marco Antonio Almanza Avilés sigue siendo mencionado en investigaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

Las acusaciones apuntan a una presunta red de funcionarios que habrían facilitado:

• Tráfico de drogas hacia Estados Unidos
• Protección institucional a grupos criminales
• Uso de información oficial para operaciones ilícitas

El caso Sinaloa y la presión internacional

El contexto en el que surge este caso es una investigación más amplia de autoridades estadounidenses sobre presunta infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad en Sinaloa.

El nombre de Marco Antonio Almanza aparece dentro de esta línea de investigación, lo que ha elevado el interés mediático y político.

Aparición pública cambia el rumbo de la narrativa

El video difundido desde Culiacán marca un punto de inflexión en el caso, al ofrecer una prueba visual de que el exfuncionario se encuentra en México.

Esto ha generado dudas sobre la veracidad de los reportes iniciales y ha abierto un debate sobre la difusión de información no confirmada.

Persisten acusaciones pese al desmentido

Aunque Marco Antonio Almanza negó su entrega, las acusaciones en su contra continúan vigentes dentro de investigaciones internacionales.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos que aclare su situación jurídica.

*BC

El gobierno de Estados Unidos elevó significativamente el tono de su estrategia contra el Cártel de Sinaloa, al colocarlo al mismo nivel de amenaza que organizaciones de terrorismo internacional originarias de Oriente Medio.

Durante una conferencia global sobre financiamiento al terrorismo, autoridades de Washington exhortaron a sus aliados a actuar con mayor contundencia frente a los grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.

Este posicionamiento representa uno de los mensajes más firmes emitidos por Estados Unidos en años recientes contra los cárteles mexicanos.

El Cártel de Sinaloa, bajo la lupa de la seguridad internacional

Funcionarios estadounidenses advirtieron que el Cártel de Sinaloa opera como una estructura de crimen organizado con impacto directo en la seguridad internacional, debido a su alcance financiero, logístico y operativo a nivel global.

Asimismo, insistieron en que el combate a estos grupos debe realizarse con herramientas similares a las utilizadas contra redes de terrorismo internacional, especialmente por el impacto que tiene el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo en territorio estadounidense.

La postura de Washington se da en medio de una creciente presión política interna por frenar la crisis de opioides.

El concepto de narcoterrorismo regresa al debate

La comparación entre organizaciones del narcotráfico y grupos extremistas reaviva el debate sobre el narcoterrorismo, un concepto que implica considerar a los cárteles como amenazas equiparables al terrorismo.

Especialistas advierten que esta narrativa podría derivar en sanciones más severas, acciones coordinadas a nivel global y un aumento en la cooperación en materia de seguridad internacional.

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado medidas contra redes del crimen organizado, particularmente aquellas vinculadas con la distribución de fentanilo.

Washington busca mayor presión global contra el crimen organizado

El endurecimiento del discurso refleja una estrategia más amplia de Estados Unidos para involucrar a la comunidad internacional en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Entre las acciones que se buscan reforzar destacan el intercambio de inteligencia, la vigilancia financiera y la persecución de redes de lavado de dinero a escala internacional.

La preocupación principal radica en la expansión del Cártel de Sinaloa más allá de México, con operaciones en distintas regiones del mundo.

Tensiones por la seguridad internacional y la soberanía

La postura de Estados Unidos podría generar tensiones diplomáticas en torno a la seguridad internacional y la cooperación bilateral con México.

A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha defendido su soberanía ante posibles intervenciones extranjeras en temas de narcotráfico y terrorismo.

Sin embargo, el endurecimiento del discurso de Washington confirma que el combate al crimen organizado seguirá siendo un eje prioritario en la agenda global.

El fentanilo intensifica la presión sobre México

El tráfico de fentanilo se mantiene como uno de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos y México.

Autoridades estadounidenses sostienen que el Cártel de Sinaloa desempeña un papel clave en la producción y distribución de este opioide sintético, lo que ha derivado en sanciones, investigaciones y operativos internacionales contra el crimen organizado.

*BC

Un operativo encabezado por la Marina en el estado de Chiapas derivó en el aseguramiento de aproximadamente 1.5 toneladas de narcóticos, así como la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al crimen organizado. La acción se realizó como parte de la estrategia federal para combatir el tráfico de droga en el sur del país.

De acuerdo con reportes oficiales, el despliegue contó con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República, quienes ejecutaron recorridos y operativos en puntos estratégicos de la entidad.

Aseguramiento histórico de droga en el sur del país

El decomiso de narcóticos representa un golpe significativo a las redes del crimen organizado que operan en Chiapas, una región clave por su cercanía con rutas internacionales de tráfico de droga.

Entre lo asegurado se encuentran paquetes con distintas sustancias ilícitas, además de vehículos y otros indicios que forman parte de las investigaciones en curso. Las autoridades no han detallado el tipo de narcóticos, pero confirmaron que el volumen es uno de los más relevantes en la región en fechas recientes.

Cinco detenidos quedan a disposición federal

Durante el operativo, las fuerzas federales lograron la captura de cinco detenidos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Será esta instancia la encargada de determinar su situación jurídica y posible relación con células del crimen organizado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los implicados ni sobre el grupo delictivo al que pertenecerían.

Chiapas, punto clave para el tráfico de narcóticos

El estado de Chiapas se ha convertido en un punto estratégico para el trasiego de droga, debido a su ubicación fronteriza con Centroamérica. Por ello, el Gobierno de México ha reforzado la presencia de la Marina y otras corporaciones en la región.

Estos operativos buscan frenar el flujo de narcóticos y desarticular las redes criminales que operan en rutas terrestres, marítimas y rurales del sureste mexicano.

Refuerzan operativos de la Marina en el sureste

La Marina ha intensificado sus acciones en coordinación con otras dependencias federales para combatir el crimen organizado. Este tipo de operativos no solo permite el aseguramiento de droga, sino también la identificación de estructuras logísticas utilizadas para su distribución.

Las investigaciones continúan para determinar el origen, destino y responsables del cargamento asegurado en Chiapas, así como posibles conexiones con otras redes delictivas.

*BC