Omar García Harfuch

Una investigación iniciada tras el asesinato del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum en Culiacán condujo tres semanas después hasta Puebla, donde autoridades federales localizaron a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos hombres que presuntamente dispararon contra la víctima.

La captura se desarrolló este 26 de agosto de 2026 en San Andrés Cholula y terminó en un enfrentamiento armado. Según la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tres sujetos agredieron a los agentes que realizaban el operativo; uno murió y los otros dos fueron detenidos, incluido el hombre investigado por el homicidio de Gastélum.

Investigación por César Gastélum llevó a autoridades hasta Puebla

César Gastélum fue asesinado el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.

A partir del homicidio comenzaron trabajos de investigación e inteligencia que permitieron identificar a Jesús Alberto “N” como uno de los posibles participantes directos en el ataque.

 

García Harfuch informó que labores del Centro Nacional de Inteligencia permitieron localizarlo posteriormente en Puebla. La autoridad lo señala específicamente como uno de los dos hombres que habrían disparado contra Gastélum.

La detención representa uno de los principales avances públicos de la investigación, aunque la responsabilidad penal del detenido deberá determinarse ante las instancias judiciales.

Operativo terminó en enfrentamiento en San Andrés Cholula

El despliegue federal ocurrió en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente a San Andrés Cholula.

Reportes de la zona ubicaron la movilización poco después de las 14:00 horas en inmediaciones de la calle 24 de Febrero, cerca de Manuel Gómez Morín, donde vecinos comenzaron a reportar múltiples detonaciones de arma de fuego.

En un primer momento, el hecho fue atendido como una balacera con presencia de corporaciones municipales, estatales y federales.

Horas después se conoció que los agentes participaban en un operativo relacionado con la investigación del asesinato de César Gastélum.

Tres hombres armados atacaron a los agentes

De acuerdo con la versión difundida por la autoridad federal, cuando los agentes intentaron realizar la detención fueron agredidos por tres sujetos armados.

Los elementos respondieron al ataque. Uno de los presuntos agresores perdió la vida y otros dos fueron detenidos.

Entre estos últimos se encontraba Jesús Alberto “N”.

Durante el operativo fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos y vehículos, que quedaron relacionados con las investigaciones.

La autoridad federal indicó que las indagatorias continuarán para ubicar a otras personas presuntamente involucradas en el homicidio.

¿Qué ocurrió con César Gastélum el 4 de agosto?

El creador de contenido fue atacado en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, cuando se encontraba afuera de un establecimiento mientras realizaba contenido para redes sociales.

Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó contra Gastélum. El ataque ocurrió mientras transmitía en vivo y parte de los momentos previos quedó registrada.

Gastélum murió en el lugar.

 

Las personas que se encontraban con él resultaron ilesas, mientras autoridades de Sinaloa iniciaron las diligencias y revisaron material de videovigilancia y elementos relacionados con la transmisión.

¿Quién era César Gastélum?

César Daniel Nolazco Gastélum era un creador de contenido de Sinaloa conocido entre sus seguidores como César Gastélum o “Cesarín”.

También utilizaba plataformas de transmisiones en vivo y difundía contenido relacionado con entretenimiento y su vida cotidiana.

Su homicidio tuvo una amplia repercusión debido a que ocurrió mientras realizaba una transmisión, circunstancia que generó la difusión de imágenes y fragmentos del ataque en redes sociales.

El móvil del asesinato todavía no está confirmado

Después del crimen circularon distintas versiones sobre las razones del ataque.

Las autoridades informaron que entre los elementos revisados se encontraban publicaciones realizadas por el creador de contenido y distintas líneas relacionadas con su entorno.

Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación pública definitiva sobre el móvil del homicidio.

Por ello, cualquier versión sobre las razones que llevaron al asesinato debe mantenerse como parte de las investigaciones y no presentarse como un hecho probado.

De Culiacán a San Antonio Cacalotepec

El caso muestra una investigación que comenzó en Sinaloa y terminó, al menos en esta etapa, con un operativo a más de mil kilómetros del lugar donde ocurrió el homicidio.

La tarde del miércoles, la presencia de fuerzas federales, Guardia Nacional, Ejército y corporaciones locales provocó una amplia movilización en San Antonio Cacalotepec.

Lo que inicialmente se conoció como una balacera en San Andrés Cholula adquirió horas después otra dimensión cuando García Harfuch confirmó que uno de los detenidos estaba relacionado con la investigación por la muerte de César Gastélum.

Qué sigue para Jesús Alberto “N”

La detención no significa que exista una sentencia contra Jesús Alberto “N”.

Las autoridades deberán presentar los datos de prueba correspondientes y establecer formalmente los delitos que se le imputarán.

La información federal lo identifica como uno de los dos sujetos que presuntamente dispararon contra César Gastélum, por lo que editorial y jurídicamente resulta necesario mantener expresiones como “presunto participante”, “señalado” o “probable autor material”.

También queda pendiente localizar al otro hombre señalado por su posible participación directa en el ataque y esclarecer quién ordenó el homicidio y cuál fue el móvil.

Caso César Gastélum sigue abierto

El operativo en Puebla representa un avance en la investigación, pero no cierra el caso.

Las autoridades todavía deberán reconstruir la participación de cada una de las personas involucradas, determinar el origen de las armas aseguradas y establecer por qué Jesús Alberto “N” se encontraba en Puebla semanas después del homicidio.

Por ahora, el dato confirmado es que una investigación iniciada tras el asesinato de César Gastélum en Culiacán llevó a las autoridades hasta San Andrés Cholula, donde una operación de captura derivó en un enfrentamiento con un muerto y dos detenidos.
 

*ARD

Jorge Luis “N”, alias “El Koki”, pasó de operar para uno de los principales mandos de La Barredora a encabezar su propia estructura criminal. Este miércoles 26 de agosto fue detenido junto con dos de sus operadores en Tabasco, donde las autoridades lo mantenían como objetivo prioritario.

Su captura no representa únicamente la detención de un presunto líder delictivo. También expone el proceso de fragmentación que siguió La Barredora después de que varios de sus principales operadores fueran detenidos y surgieran nuevas células dispuestas a disputar territorios y actividades ilícitas en el estado.

Las autoridades federales identifican a “El Koki” como antiguo operador de Ulises “N”, alias “Pinto” o “El Mamado”, detenido en julio de 2025. Después de aquella captura, Jorge Luis “N” habría encabezado una escisión que terminó operando bajo el nombre de Pueblo Unido.

De operador de La Barredora a líder de Pueblo Unido

La historia reciente de “El Koki” está directamente ligada a los reacomodos de La Barredora.

Antes de convertirse en objetivo prioritario, las autoridades lo ubicaban como operador de Ulises “N”, “Pinto”, uno de los personajes señalados como dirigentes de la organización criminal que operaba en Tabasco.

La detención de “Pinto” en julio de 2025 modificó esa estructura.

Según la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “El Koki” terminó encabezando una escisión del grupo y asumió el liderazgo de Pueblo Unido.

Ese dato permite entender por qué su captura adquirió relevancia nacional: las autoridades no lo presentaron únicamente como integrante de una célula, sino como el hombre que habría aprovechado una ruptura interna para construir una nueva estructura.

Así cayó “El Koki” en Tabasco

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y autoridades del Gobierno de Tabasco.

Jorge Luis “N” fue capturado junto con dos de sus operadores y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Además, contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco. La información pública disponible hasta este miércoles no detalla todavía los delitos específicos incluidos en ese mandamiento judicial.

Ese punto debe diferenciarse de los delitos con los que las autoridades lo relacionan mediante investigaciones e información de inteligencia.

Extorsión, secuestro y drogas: los señalamientos contra “El Koki”

Las autoridades relacionan al presunto líder de Pueblo Unido con distintos hechos violentos y delitos de alto impacto.

Entre ellos aparecen quema de vehículos, ataques contra corporaciones de seguridad, extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de drogas.

Los reportes ubican parte de esas actividades principalmente en los municipios de Centro y Nacajuca, dos zonas estratégicas dentro de Tabasco.

Sin embargo, esas conductas deben mantenerse como señalamientos de las autoridades mientras no exista una resolución judicial que establezca su responsabilidad.

La orden de aprehensión confirma que existe una investigación formal en su contra, pero hasta el momento no se ha difundido públicamente el desglose de delitos que sustentan ese mandato.

Pueblo Unido nació de una ruptura de La Barredora

El elemento que distingue el caso de “El Koki” es precisamente el nacimiento de Pueblo Unido.

De acuerdo con la información oficial, Jorge Luis “N” dejó de operar dentro de la estructura encabezada por “Pinto” y posteriormente encabezó una escisión de La Barredora.

La ruptura muestra un fenómeno recurrente dentro de organizaciones criminales: la captura de un dirigente no necesariamente elimina toda su estructura.

Los operadores restantes pueden reorganizarse, formar nuevas células, competir por los territorios disponibles o mantener actividades previamente controladas por el grupo original.

En este caso, las autoridades sostienen que Pueblo Unido terminó consolidándose bajo el mando atribuido a “El Koki”.

La caída de “Pinto” abrió una nueva etapa

Ulises “N”, conocido como “Pinto” o “El Mamado”, fue detenido en julio de 2025.

Era señalado como uno de los principales mandos de La Barredora y su captura formó parte de los golpes federales contra esa organización.

Después de su caída, “El Koki” habría tomado distancia de la estructura y organizado su propia célula.

La transformación resulta relevante porque convierte su captura de este miércoles en una consecuencia directa de los reacomodos posteriores dentro de La Barredora: primero cayó uno de los mandos y después apareció una nueva organización encabezada por uno de sus antiguos operadores.

Pueblo Unido operaba en Centro y Nacajuca

Las investigaciones ubican las actividades atribuidas a Pueblo Unido principalmente en Centro y Nacajuca.

Centro alberga Villahermosa y concentra buena parte de la actividad económica, política y urbana de Tabasco, por lo que el control de actividades ilícitas en esa zona tiene especial relevancia para las autoridades.

En ambos municipios, la célula es relacionada con distribución de drogas, extorsiones y otros delitos de alto impacto, además de hechos violentos contra autoridades.

La quema de vehículos aparece también entre las acciones atribuidas al grupo, un recurso utilizado por organizaciones criminales para bloquear vialidades, generar temor o responder a operativos de seguridad.

La fragmentación de La Barredora sigue dejando nuevas células

La detención de “El Koki” ocurre después de una serie de operaciones contra personajes relacionados con La Barredora.

La organización perdió durante los últimos años a distintos integrantes y dirigentes señalados por autoridades, pero su debilitamiento también produjo rupturas y reacomodos internos.

Pueblo Unido es uno de los ejemplos más claros de ese proceso.

En lugar de desaparecer junto con la estructura anterior, un antiguo operador habría aprovechado la fragmentación para asumir control de una célula distinta y mantener presencia criminal en determinadas zonas de Tabasco.

Qué sigue para “El Koki” después de su captura

La detención abre ahora la etapa judicial.

Jorge Luis “N” deberá enfrentar el procedimiento derivado de la orden de aprehensión de la Fiscalía de Tabasco, mientras el Ministerio Público tendrá que presentar ante el juez los datos que sustenten la acusación.

Hasta que se conozca esa imputación formal, no debe darse por hecho que todos los delitos mencionados por las autoridades formen parte de la misma causa penal.

Lo confirmado es que “El Koki” era considerado objetivo prioritario, presunto líder de Pueblo Unido y antiguo operador de La Barredora, además de estar relacionado mediante investigaciones oficiales con diversos hechos violentos y delitos cometidos principalmente en Centro y Nacajuca.

Su captura cierra temporalmente una etapa de la reorganización criminal surgida tras la caída de “Pinto”.

Pero también deja una imagen clara de cómo se ha movido el tablero del crimen organizado en Tabasco: cuando cayó un mando de La Barredora, uno de sus antiguos operadores levantó una nueva estructura; ahora ese operador también está detenido.

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Las operaciones federales contra estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaron 32 personas detenidas en menos de una semana, luego de que autoridades reportaron 20 nuevas capturas durante acciones simultáneas en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

El despliegue más reciente se realizó entre el 21 y el 23 de agosto en 36 inmuebles y permitió asegurar armas, sustancias con características similares a diferentes drogas, equipo tecnológico, fauna y 113 vehículos. En las acciones participaron Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

Veinte detenidos en acciones simultáneas contra el CJNG

Las autoridades federales identifican a los 20 detenidos como presuntos integrantes del CJNG con presencia principalmente en la zona limítrofe de Jalisco y Michoacán. Tras las capturas, fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México a la Ciudad de México y quedaron a disposición de la FGR.

La Fiscalía continuará con las investigaciones y peritajes para determinar la situación jurídica de cada persona, por lo que las detenciones no equivalen a una sentencia de culpabilidad.

Durante las intervenciones fueron aseguradas 10 armas de fuego —siete cortas y tres largas—, cargadores y cartuchos de distintos calibres, además de dosis de sustancias con características similares a fentanilo, metanfetamina y marihuana.

Aseguran 113 vehículos, dron y fauna silvestre

Uno de los decomisos de mayor volumen fue el de 113 vehículos. También quedaron bajo resguardo dinero, joyería, equipos de comunicación, un dron y un inhibidor de drones.

El inventario incluyó además fauna silvestre y animales de granja. Omar García Harfuch detalló que entre los ejemplares encontrados había tigres, panteras, otros animales y aves que se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado.

Más allá del número de capturas, Harfuch señaló que la estrategia busca disminuir las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales, mediante el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y otros recursos utilizados por estas estructuras.

¿Cómo se llega a los 32 detenidos?

El saldo de 32 detenidos no corresponde exclusivamente a los 36 inmuebles intervenidos entre el 21 y el 23 de agosto.

Las nuevas operaciones dejaron 20 capturas, mientras que otras 12 personas fueron detenidas durante una acción realizada el 19 de agosto en Michoacán. El propio Gabinete de Seguridad reportó ese día la intervención de dos inmuebles en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, donde también fueron asegurados 64 vehículos, armamento, explosivos improvisados, motocicletas, droga, un dron y equipo táctico.

La primera información de aquel operativo había confirmado nueve detenidos en Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente. Entre ellos estaban Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

Operativo previo dejó armas y explosivos en Michoacán

En la acción del 19 de agosto fueron asegurados inicialmente 64 vehículos, uno blindado; ametralladoras, nueve armas largas, artefactos explosivos improvisados, motocicletas, droga, un dron y equipo táctico. Después de las detenciones también se registraron interrupciones en carreteras de Michoacán, lo que llevó a las autoridades a activar un operativo antibloqueos.

El reporte posterior del Gabinete de Seguridad elevó a 12 el número de personas capturadas ese día y confirmó el aseguramiento de dos inmuebles, los 64 vehículos y un arsenal que incluyó cinco ametralladoras, un fusil Barrett, nueve armas largas y ocho artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las funciones de los 20 nuevos detenidos y determinar su relación individual con la estructura del CJNG. Hasta ahora no se ha informado que todos pertenezcan específicamente a la célula encabezada por “Tío Lako”.

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El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a funcionarios mexicanos de alto nivel de colaborar directamente con organizaciones criminales y aseguró que algunos de ellos fueron advertidos recientemente por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario no reveló identidades, cargos ni pruebas públicas que permitan conocer quiénes son las personas señaladas.

Las declaraciones abrieron dos frentes en la relación bilateral: las acusaciones de corrupción dentro de estructuras gubernamentales mexicanas y los límites que México establece a la participación de agencias o fuerzas estadounidenses en operaciones dentro de su territorio.

DEA asegura que funcionarios protegen operaciones del CJNG

Cole sostuvo que investigaciones estadounidenses han detectado corrupción gubernamental vinculada con organizaciones criminales. Afirmó que existen funcionarios que trabajan directamente con los cárteles y que algunos relacionados con el CJNG fueron puestos sobre aviso aproximadamente dos semanas antes de sus declaraciones.

El señalamiento no surgió de manera aislada. El pasado 5 de agosto, durante el anuncio de una nueva ofensiva contra la estructura del CJNG, el propio jefe de la DEA aseguró públicamente que la organización criminal ha mantenido su influencia mediante violencia y corrupción, incluida la participación de integrantes del gobierno mexicano que presuntamente protegen a sus dirigentes o facilitan tráfico de drogas y lavado de dinero.

Sin embargo, en esa intervención tampoco identificó a funcionarios específicos.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado públicamente acusaciones judiciales contra funcionarios mexicanos concretos por los vínculos con el CJNG señalados por Cole.

Estados Unidos intensifica ofensiva contra ocho integrantes del CJNG

La ofensiva estadounidense contra el grupo criminal se reforzó este mes. El Departamento de Justicia y distintas agencias federales anunciaron nuevas acusaciones y recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar o condenar a ocho integrantes de la organización.

Entre ellos se encuentran Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “RR” o “Tripa”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Cole ubicó particularmente a Juan Carlos Valencia González entre los principales objetivos de la DEA contra el CJNG. La estrategia estadounidense también busca afectar operadores financieros, redes de lavado de dinero, tráfico de armas y cadenas de suministro de precursores químicos.

Las acusaciones judiciales contra estos integrantes del cártel son independientes de los señalamientos sobre funcionarios mexicanos, cuyos nombres no han sido dados a conocer.

Terry Cole deja abierta posibilidad de nuevas acciones de EU

Además de las acusaciones sobre corrupción, el director de la DEA fue cuestionado sobre la posibilidad de acciones estadounidenses dentro de México.

Cole destacó que actualmente existe intercambio de inteligencia y coordinación con autoridades mexicanas, pero evitó descartar de manera absoluta eventuales operaciones y afirmó que su agencia cumplirá las instrucciones que reciba del presidente de Estados Unidos.

El planteamiento ocurre mientras Washington endurece su estrategia contra organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, consideradas por el gobierno estadounidense amenazas prioritarias para su seguridad.

Harfuch descarta presencia de fuerzas extranjeras en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijó una posición distinta sobre el alcance de la colaboración bilateral.

El funcionario sostuvo que la legislación mexicana no permite la operación de fuerzas extranjeras dentro del territorio nacional y señaló que la cooperación tiene límites establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas.

La colaboración, explicó, puede incluir información, inteligencia y coordinación entre instituciones, pero las operaciones deben ejecutarse conforme a las facultades de cada país.

Harfuch puso como ejemplo el operativo realizado en febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al señalar que fue planeado, desarrollado y ejecutado por el Ejército Mexicano. También descartó que las instituciones que integran el gabinete federal de seguridad hayan realizado operativos conjuntos con agentes extranjeros dentro de México.

México reporta 85 servidores públicos detenidos

Al defender la estrategia mexicana, García Harfuch afirmó que durante la actual administración han sido detenidos 85 servidores públicos vinculados con actividades criminales, sin importar su filiación política.

Ese dato demuestra la existencia de investigaciones mexicanas contra funcionarios presuntamente relacionados con delitos, pero no permite establecer que esas 85 detenciones correspondan a las personas señaladas por Terry Cole, debido a que el director de la DEA no identificó a los funcionarios a los que hizo referencia.

Harfuch también destacó reducciones en homicidios, decomisos de armas y drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y capturas de objetivos criminales de alto nivel como parte de los resultados de la estrategia de seguridad.

DEA y México mantienen cooperación pese a diferencias

Las diferencias sobre una eventual participación estadounidense no han detenido el intercambio entre las autoridades de ambos países.

Cole afirmó que mantiene comunicación diaria con García Harfuch y destacó la coordinación para combatir al CJNG y al Cártel de Sinaloa. Días antes también había reconocido públicamente al secretario mexicano como un socio de confianza en materia de seguridad.

El gobierno mexicano, por su parte, ha reiterado que busca conservar la cooperación con las agencias estadounidenses bajo un principio de respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la relación institucional con las autoridades de Estados Unidos y la participación mexicana en mecanismos internacionales de combate al crimen organizado.

El punto pendiente es la acusación formulada por Terry Cole. Mientras no se revelen nombres, investigaciones judiciales o elementos públicos que permitan comprobarla, el señalamiento contra funcionarios mexicanos permanece como una afirmación de la autoridad estadounidense aún sin sustento público individualizado.

*BC

La relación entre Omar García Harfuch y la DEA mostró un rostro muy distinto al de las recientes fricciones entre México y Estados Unidos. Durante una conferencia internacional antidrogas en Buenos Aires, el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, presentó al secretario de Seguridad mexicano como un “socio de confianza”, mientras ambos gobiernos presumieron una coordinación más rápida contra organizaciones criminales.

El acercamiento no implicó el anuncio de un nuevo tratado o convenio bilateral. Lo que Harfuch destacó fue un incremento de la cooperación operativa, particularmente en intercambio de inteligencia, localización de objetivos prioritarios, investigaciones y acciones contra las estructuras financieras del crimen organizado.

Harfuch asegura que la información con la DEA fluye más rápido

El secretario mexicano explicó que desde la llegada de Cole a la dirección de la DEA la información entre las instituciones comenzó a circular con mayor velocidad, permitiendo responder con más rapidez ante objetivos criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Harfuch sostuvo que la coordinación con la agencia estadounidense “se ha incrementado de forma significativa” y habló de intercambio de inteligencia estratégica y operativa en tiempo real para localizar objetivos y fortalecer investigaciones.

El funcionario planteó que México continuará trabajando mediante inteligencia compartida, investigaciones paralelas y operaciones coordinadas, pero manteniendo como principios la reciprocidad, la responsabilidad compartida y el respeto a la soberanía nacional.

Director de la DEA cambia el tono frente a México

La declaración de Terrance Cole tuvo especial peso por el contexto político. Frente a representantes de seguridad de más de 100 países, el jefe de la DEA calificó a García Harfuch como “un socio de confianza y un buen amigo” y reconoció públicamente su liderazgo y colaboración.

El tono contrasta con lo ocurrido apenas en julio. Cole había señalado entonces una supuesta conexión entre el Gobierno mexicano y los cárteles, comentarios que Claudia Sheinbaum rechazó como infundados y de carácter político. El Gobierno mexicano respondió que estaba dispuesto a mantener la cooperación con Washington, siempre que se respetara la soberanía del país.

Ese episodio convirtió la reunión en Buenos Aires en algo más que una fotografía protocolaria: el mismo funcionario estadounidense que había provocado un choque diplomático con México ahora colocó públicamente a Harfuch como uno de sus principales interlocutores en seguridad.

México lleva cifras de seguridad a la cumbre antidrogas

Durante su participación, Harfuch presentó ante las delegaciones internacionales los resultados acumulados de la estrategia federal de seguridad. Reportó 63 mil 500 personas detenidas por delitos de alto impacto, 32 mil 800 armas aseguradas y 518 toneladas de droga decomisadas durante la actual administración.

La exposición también puso énfasis en el combate al dinero de las organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha inmovilizado más de 8 mil 600 millones de pesos y bloqueado más de 24 mil 600 cuentas, acciones que se complementan con intercambio de información internacional.

Harfuch destacó además la coordinación entre la UIF y organismos estadounidenses como la OFAC, utilizada para identificar redes financieras vinculadas con organizaciones criminales y coordinar medidas contra sus recursos económicos.

Buenos Aires reúne a autoridades de más de 100 países

El encuentro se realiza del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires dentro de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada conjuntamente por Argentina y la DEA. El foro reúne entre 400 y 600 integrantes de fuerzas de seguridad y delegaciones de más de 100 países.

La agenda incluye cooperación operativa, intercambio de inteligencia, narcotráfico, lavado internacional de dinero y crimen transnacional. El objetivo declarado de la conferencia es mejorar la capacidad de las autoridades para coordinar investigaciones y acciones que atraviesan distintas jurisdicciones.

Cooperación avanza aunque persista la tensión política

La reunión deja una separación clara entre dos planos de la relación bilateral. Mientras México y Estados Unidos mantienen desacuerdos políticos y diplomáticos, las instituciones de seguridad parecen haber intensificado sus canales de trabajo directo, especialmente alrededor de Harfuch y la DEA.

No se anunció una nueva alianza jurídica ni un mecanismo que sustituya los acuerdos vigentes. La novedad está en la velocidad del intercambio de inteligencia, el reconocimiento público de confianza entre Harfuch y Cole y la decisión de exhibir esa cooperación ante representantes de más de un centenar de países.

*BC

Puebla detuvo a 13 secretarios y directores de Seguridad Pública entre 2025 y 2026, por su intervención en hechos delictivos, abuso de autoridad y encubrimiento, en las investigaciones que vincularon a presidentes municipales.

El más reciente, es el ex secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco.
El primero de estos 13 casos fue en julio del año pasado, cuando cuatro agentes de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Puebla quedaron bajo arresto por filtrar información para el brazo armado del Cartel de Jalisco Nueva Generación, conocido como La Barredora.

En enero de 2026, en una acción encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se aseguró a tres integrantes también de la corporación municipal, por ser responsables del homicidio de dos policías municipales en marzo de 2025, en colonia Del Valle.

En julio de este año detuvieron de Manuel Martínez González, titular de la SSC en Jopala, junto con Ángel Miguel Garrido de Tlaola y Rosas Luna de Tlapacoya. Protegían a un narcolaboratorio que producía 360 kilogramos de metanfetamina.

En la Mixteca, capturaron a David Velázquez Sandoval, encargado de la seguridad de Chietla, Gonzalo Torres Cardoso de Tehuitzingo y José Santiago Benítez Arista de Chila de la Sal. Protegían a Los Rojos y permitieron la instalación de un laboratorio de drogas en Chila de la Sal.

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La Secretaría de Educación Pública presentó una denuncia formal en contra de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como el uso no autorizado de uniformes e insignias reservadas para la Defensa Nacional.

Eurípides Flores, abogado de la SEP federal anunció la acción “respecto de una institución supuestamente militarizada en el estado de Puebla en la que se pudiera estar vulnerando lo establecido en la ley federal de armas de fuego y explosivos y el uso indebido de uniformes e insignias reservadas a las Fuerzas Armadas”, expresó.

La AMIZ ha enfrentado acusaciones recientes por agresiones físicas, vejaciones e incluso abuso sexual contra sus alumnos, además del posible uso de armas exclusivas del Ejército Mexicano. Ante los hechos registrados.

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Con un paro en la carretera federal Puebla-Huejotzingo, presiona el grupo de AMOTAC para conseguir obra pública a costos elevados. De acuerdo con lo que ha trascendido de las mesas de trabajo, la oposición interviene en las conversaciones entre transportistas y el gobierno de San Pedro Cholula.

Las exigencias de integrantes de AMOTAC rebasan los costos que responsablemente ha planteado el Ayuntamiento para la ejecución de obra pública. “No soportan ver que un gobierno esté trabajando bien y de manera transparente, con obra pública que está llegando a las juntas auxiliares y barrios. Este nuevo episodio parecería ser un intento más de golpear a una administración que trabaja con cuentas claras y que prioriza las necesidades de la ciudadanía”, señalaron vecinos.

De la misma manera, todo apunta a que continuará el fuerte golpeteo político de la oposición contra un gobierno que, pese a las críticas continúa trabajando por la transformación de San Pedro Cholula.

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El Partido del Trabajo en Puebla pidió no dejar impune el caso, pero cuidar de no caer en “condenas anticipadas” ante el vínculo de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, detenido el fin de semana por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.

Hernández Pacheco fue detenido el viernes 14 de agosto de 2026 por agentes investigadores de la Fiscalía de Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de Control con sede en Atlixco.

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Habitantes de Santa Clara Ocoyucan cerraron la autopista de Atlixco en ambos sentidos y sus laterales. Denuncian y exigen la aparición de América Pamela N., quien desapareció el 25 de julio.
Provocó caos vial en la zona por la paralización de la circulación en la autopista y por la cantidad de conductores que pretenden salir o ingresar a Lomas de Angelópolis.

Los conductores atrapados por este megabloqueo trataron de “brincar” los camellones. Los habitantes de Ocoyucan exigen acciones para localizar a América Pamela de 23 años de edad, quien desapareció el 25 de julio.

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La extorsión a los comerciantes y talleres salió de los mercados poblanos. Un presunto cobro de piso en una llantera de Héroe de Nacozari, en Puebla, terminó en un ataque a balazos que dejó a tres hombres heridos la tarde del sábado 15 de agosto de 2026.

Un grupo de sujetos habría exigido 100 mil pesos a los trabajadores del establecimiento y, ante la negativa, uno de los agresores disparó contra quienes se encontraban en el lugar. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en un negocio de venta de llantas ubicado en la avenida Héroe de Nacozari.

Según los reportes, aproximadamente 12 a 14 hombres, algunos a bordo de motocicletas y otros a pie, llegaron al establecimiento denominado Llantas la Vía. El ataque dejó tres hombres lesionados por arma de fuego. Entre los afectados se encuentra José A. P., de 49 años, quien presentó una herida por proyectil de arma de fuego en la rodilla izquierda y recibió atención pre hospitalaria.

*ARD

La Secretaría de Marina (Semar) decomisó más de cuatro toneladas de cocaína durante un operativo de vigilancia realizado en las costas de Chiapas y Oaxaca, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Como resultado de la intervención fueron aseguradas tres embarcaciones y 13 personas quedaron detenidas por su presunta relación con el transporte de droga.

Más de 80 toneladas aseguradas durante la estrategia

El secretario destacó que este decomiso representa un importante golpe contra las organizaciones criminales, ya que impide la distribución de millones de dosis de cocaína y afecta sus recursos económicos.

Asimismo, recordó que la Marina ha logrado asegurar más de 80 toneladas de cocaína en operativos marítimos realizados en distintos puntos del país, fortaleciendo la vigilancia en aguas nacionales.

Además, informó que en Nayarit personal naval repelió una agresión armada durante un operativo terrestre, donde un elemento resultó lesionado y un presunto agresor perdió la vida.

Detienen en Sinaloa a “El Tito”

En otro operativo, las autoridades federales confirmaron la detención de José Manuel “N”, alias “El Tito”, acusado del feminicidio de Beany Lozano, estudiante de la UNACH.

El hombre fue capturado en Sinaloa, luego de que la Fiscalía ofreciera una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera su localización.

El caso de la joven de 18 años, asesinada en abril de 2026 en Chiapas, provocó una amplia movilización social y demandas de justicia por parte de familiares y colectivos.

Con información de El Financiero

*ARD

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal, por la que ya fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las autoridades federales indicaron que el caso incluye diversas líneas de investigación relacionadas con el ingreso irregular de combustible al país y la presunta evasión del pago de impuestos.

Investigación comenzó hace más de un año

De acuerdo con García Harfuch, la indagatoria inició hace más de un año y todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

El funcionario explicó que la investigación sigue su curso bajo la conducción de la FGR, por lo que no descartó nuevas acciones conforme avancen las diligencias.

Las autoridades buscan esclarecer la posible responsabilidad de quienes habrían participado en un esquema para introducir combustible con declaraciones presuntamente falsas sobre su volumen y tipo de producto.

Sheinbaum explica qué es el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el llamado huachicol fiscal consiste en un mecanismo mediante el cual se registran productos distintos al diésel para evitar el pago del IEPS, lo que constituye un presunto esquema de contrabando.

Explicó que este tipo de operaciones representan una afectación para las finanzas públicas y forman parte de las investigaciones que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República.

Exgobernador podrá presentar pruebas, afirma Sheinbaum

Respecto a la presunta participación del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, la presidenta señaló que cualquier persona investigada tiene derecho a presentar las pruebas que considere necesarias para acreditar su inocencia.

Mientras tanto, las autoridades federales aseguraron que continuarán con las investigaciones hasta determinar la totalidad de las posibles responsabilidades y cumplir las órdenes de aprehensión que permanecen pendientes.

*BC

La captura de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, fue presentada por el Gobierno federal como uno de los golpes más importantes contra una presunta red dedicada al huachicoleo y al tráfico ilegal de combustibles. Sin embargo, apenas dos meses después, el presunto operador quedó en libertad por decisión judicial, un hecho que volvió a poner bajo escrutinio los alcances de la reforma judicial y la calidad de las investigaciones ministeriales.

El caso representa una de las primeras pruebas para el nuevo modelo de impartición de justicia impulsado por la Cuarta Transformación (4T), cuya principal promesa fue terminar con las resoluciones que permitían la liberación de personas acusadas de delitos de alto impacto.

Una reforma que prometía cambiar el rumbo del Poder Judicial

Desde que fue planteada, la reforma judicial se presentó como una respuesta a las críticas del Gobierno federal contra jueces y magistrados, a quienes responsabilizó en diversas ocasiones de favorecer la impunidad mediante resoluciones que dejaban en libertad a presuntos integrantes del crimen organizado.

La propuesta planteó que la elección popular de los integrantes del Poder Judicial permitiría construir un sistema más transparente y cercano a la ciudadanía, además de fortalecer el combate a la delincuencia.

No obstante, especialistas advirtieron desde un inicio que el éxito del sistema de justicia no depende únicamente de los jueces, sino también de la calidad de las investigaciones realizadas por las fiscalías y del respeto al debido proceso durante las detenciones.

“El Titán”, un objetivo prioritario para las autoridades

José Antonio Cortés Huerta fue detenido el 9 de mayo de 2026 durante un operativo realizado en Nuevo León por fuerzas federales.

Las autoridades informaron que los cateos efectuados en Monterrey, San Pedro Garza García y Allende formaban parte de una investigación contra una organización dedicada al contrabando y comercialización ilegal de combustibles provenientes de Estados Unidos.

Tres días después, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la captura como un avance importante en la estrategia federal para combatir el huachicoleo.

Además, señaló que Cortés Huerta presuntamente encabezaba una célula vinculada con el Cártel del Noreste y que mantenía relaciones con otros presuntos operadores del tráfico ilegal de hidrocarburos.

Las resoluciones judiciales cambiaron el rumbo del caso

Pese a la relevancia pública que tuvo la detención, la jueza de Distrito María de los Ángeles Padrón Banda resolvió no vincular a proceso al imputado al considerar que la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía no reunía los elementos suficientes para sostener la acusación.

La decisión se sumó al amparo definitivo concedido previamente por el juez Mario Melo Cardoso, quien detectó irregularidades en los cateos realizados durante el operativo federal.

Estas resoluciones provocaron que no solo José Antonio Cortés Huerta recuperara su libertad, sino también las otras tres personas detenidas durante los despliegues realizados en mayo.

El problema va más allá de una resolución judicial

Aunque la liberación generó críticas hacia el Poder Judicial, diversos especialistas consideran que el caso también evidencia las debilidades que pueden presentarse durante la integración de una carpeta de investigación.

En el sistema penal acusatorio mexicano, la legalidad de las pruebas resulta determinante para sostener cualquier proceso judicial. Si durante una detención, un cateo o la obtención de evidencias existen irregularidades, estas pueden afectar la validez de la investigación.

Por ello, los jueces tienen la obligación constitucional de revisar que todas las actuaciones respeten el debido proceso antes de autorizar que una persona sea vinculada a proceso.

La reforma judicial enfrenta un reto de credibilidad

La liberación de “El Titán” ocurre en un momento clave para evaluar los primeros efectos de la reforma judicial.

El caso muestra que el cambio en la forma de elegir jueces no modifica, por sí mismo, las reglas que rigen el proceso penal ni elimina la obligación de las fiscalías de presentar investigaciones sólidas y plenamente sustentadas.

También confirma que los nuevos juzgadores continúan obligados a resolver conforme a la Constitución, independientemente del impacto mediático o político que tenga cada caso.

¿Qué sigue para el Gobierno federal?

Después de presentar públicamente la captura como un golpe relevante contra una presunta organización dedicada al huachicoleo, el Gobierno federal enfrenta ahora cuestionamientos sobre la integración de la investigación y la capacidad de sostener judicialmente los casos de alto impacto.

Mientras tanto, José Antonio Cortés Huerta mantiene la presunción de inocencia, principio constitucional que establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme.

Más allá de la polémica política, el expediente de “El Titán” deja una lección para el sistema de justicia mexicano: las detenciones mediáticas solo pueden traducirse en condenas cuando las investigaciones cumplen con los requisitos legales y las pruebas resisten el escrutinio de los tribunales. En ese contexto, la reforma judicial enfrenta uno de sus primeros desafíos para demostrar si realmente puede fortalecer el combate a la impunidad o si las principales áreas de oportunidad continúan ubicándose en la integración de las investigaciones.

Con información de literalmex

*ARD

El gobernador Alejandro Armenta señaló que administraciones anteriores convirtieron el acceso al agua potable en un negocio privado que afectó a miles de familias poblanas.

Confirmó su estrategia para distribuir gratuitamente el vital líquido mediante una flotilla de 100 pipas que comenzó operaciones el lunes. La concesión del servicio de agua potable favoreció intereses particulares y dejó de lado el derecho humano al acceso al recurso hídrico, establecido en el artículo 4 de la Constitución

Señaló que la compra de 100 pipas por parte de su administración responde a la necesidad de atender a miles de familias que continúan padeciendo problemas de abastecimiento debido a las deficiencias en el servicio.

“Para ellos, el negocio es el saqueo del agua; para nosotros, es garantizar un derecho humano”, expresó el gobernador al referirse a la empresa concesionaria Agua de Puebla, de la cual dijo que se creó entre complicidades de gobiernos estatales y municipales.

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Derivados de las lluvias que azotan Puebla este fin de semana en redes sociales denunciaron por lo menos cuatro socavones en distintos puntos del municipio, el más reciente en la colonia El Carmen.

Las imágenes de los socavones se compartieron en X por cuentas diferentes: tres de ellos se ubicaron en la zona centro de la capital y uno hacia el sur. Los enlistamos:

Avenida 23 Poniente, esquina con calle 29 Sur; fraccionamiento IVI Santa Lucía; calle 14 Poniente, casi esquina con bulevar Esteban de Antuñano, colonia La Libertad y calle 27 Oriente, casi esquina con 4 sur.

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La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, señaló que un grupo del crimen organizado conocido como "Los Rojos" es el motor detrás de la inestabilidad e intentos de generar ingobernabilidad en la región.

Señaló que esta organización delictiva busca incitar al odio y provocar el caos social, con el objetivo de que se repitan tragedias como el linchamiento de dos personas inocentes ocurrido en agosto de 2018, un evento que aún afecta la memoria de la región.

Bárcenas responsabilizó a Pedro Flores Romero, alias "el Pelle", identificado como líder de este grupo criminal, y a María de Jesús Ocampo Álvarez, por las constantes amenazas de muerte que ha recibido tanto ella como su familia. Con base en lo expuesto, el fondo de las recientes tensiones y movilizaciones es un intento de este grupo por desestabilizar la administración local y poner en riesgo la integridad de las familias de Acatlán para favorecer intereses económicos o políticos.

Ratificó que su pareja, el teniente de Fragata Infante de Marina, Juan Alberto Domínguez López, continuará desempeñándose como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el profesor Álvaro Cruz Martínez se mantiene como secretario del Ayuntamiento.

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Ariana del Pilar Ferretiz Cabrera, la mujer que fue un escándalo tras su detención en San Andrés Cholula y protagonizar una polémica en redes sociales, ofreció una disculpa pública por las expresiones que realizó durante los hechos y aseguró que no tiene ningún vínculo con el presidente municipal de Puebla.

“Reconozco con profunda humildad y responsabilidad que las acciones o expresiones capturadas en el material que hoy es de conocimiento público no reflejan los valores éticos que pretendo representar ni el compromiso que mantengo con mi comunidad”, expresó.

La mujer se convirtió en tema de conversación a nivel estatal y nacional después de que se difundieran grabaciones de su detención en el municipio de San Andrés Cholula. En los videos se observa parte del altercado con elementos de seguridad pública. En el documento, Ferretiz Cabrera ofreció una disculpa pública al alcalde de Puebla y a las personas que pudieron sentirse agraviadas por sus declaraciones.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que se ha identificado una nueva modalidad de extorsión en la que un supuesto gestor ofrece protección a comerciantes en caso de presuntas acciones legales por parte del municipio y en caso de no dar dinero, falsos inspectores clausuran los negocios.

Desde Palacio Nacional, García Harfuch reiteró el llamado a denunciar la extorsión de manera anónima al teléfono 089 y garantizó que no ha habido “filtraciones”.  “Sí hemos tenido casos y detenidos ya de este tipo”, confirmó el titular de la SSPC sobre esta nueva modalidad.

“Es importante que la ciudadanía sepa que cuando denuncian por el mecanismo de 089, o en las instituciones del gabinete de Seguridad, no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas”, dijo Omar García Harfuch. “Es muy importante, por favor que denuncien y entregamos resultados”, reitero.

*ARD