La lucha contra el huachicol en Guanajuato abrió un nuevo frente luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara investigaciones por la posible participación de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la apertura de tomas clandestinas utilizadas para el robo de hidrocarburos.

El delegado federal en la entidad, Juan Francisco Vera Ayala, aseguró que las investigaciones apuntan a una presunta colaboración entre empleados de la empresa petrolera y organizaciones dedicadas al robo de combustible.

Señalan posible apoyo interno para perforar ductos

De acuerdo con el funcionario, las líneas de investigación buscan determinar si personal de Pemex facilitó información o intervino directamente en la instalación de tomas clandestinas.

Aunque no se reveló el número de trabajadores involucrados ni sus cargos, la FGR indicó que las indagatorias continúan en desarrollo.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a investigaciones en curso y las autoridades no han informado sobre resoluciones judiciales relacionadas con estos casos.

Gasolineras permanecen bajo investigación

Las declaraciones del delegado se produjeron después del aseguramiento de cuatro estaciones de servicio presuntamente relacionadas con la venta de combustible robado.

Las autoridades señalaron que los propietarios aún no acreditan:

• La legal procedencia del combustible.
• Los permisos de operación correspondientes.
• La documentación exigida por las autoridades regulatorias.

Como resultado de estos operativos, varias estaciones suspendieron actividades en distintos municipios de Guanajuato.

Autoridades intensifican operativos

La FGR informó que continuará realizando inspecciones para verificar la legalidad de las estaciones de servicio y detectar posibles redes dedicadas al huachicol.

El delegado advirtió que el cierre temporal de algunos establecimientos no elimina posibles responsabilidades legales, ya que el combustible almacenado continúa sujeto a investigación.

Las autoridades buscan determinar el origen de los hidrocarburos y el posible destino de las ganancias obtenidas mediante estas operaciones.

La disputa entre grupos criminales

Según la información proporcionada por la FGR, el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG mantienen una confrontación por el control del mercado ilegal de combustibles en Guanajuato.

La entidad es considerada estratégica debido a la presencia de infraestructura petrolera y ductos de distribución de Pemex, factores que históricamente han favorecido el crecimiento del huachicol.

Puebla encabeza las tomas clandestinas

Aunque Guanajuato continúa entre los estados con mayor incidencia de robo de hidrocarburos, un estudio elaborado con datos oficiales de Pemex coloca a Puebla en el primer lugar nacional en tomas clandestinas de gas LP durante el primer trimestre del año.

El reporte indica que en ese periodo se registraron:

• 157 perforaciones ilegales en Puebla.
• 79 en el Estado de México.
• 23 en Veracruz.
• 15 en Guanajuato.
• 14 en Tlaxcala.

Estas cifras reflejan la persistencia del problema en distintas regiones del país y los retos que enfrentan las autoridades para contener el robo de combustibles.

Pemex guarda silencio mientras avanzan las investigaciones

Tras conocerse los señalamientos realizados por la FGR, Pemex informó que no emitirá declaraciones respecto a la posible implicación de trabajadores en los hechos investigados.

Las carpetas de investigación permanecen abiertas y las autoridades federales deberán determinar si existen elementos suficientes para ejercer acciones legales contra personas físicas o morales relacionadas con el presunto huachicol.

*BC

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio un paso importante en el combate a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos al presentar 21 denuncias penales por un posible daño al erario superior a 600 millones de pesos.

Las querellas involucran a funcionarios y dependencias de los tres niveles de gobierno, además de universidades públicas, como resultado de auditorías practicadas a las cuentas públicas correspondientes al periodo 2020-2024.

Las denuncias fueron formalizadas el 26 de junio y constituyen las primeras acciones legales impulsadas por el nuevo auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

Instituciones y gobiernos señalados por la ASF

Las investigaciones alcanzan tanto a organismos federales como a gobiernos estatales y municipales donde se identificaron posibles anomalías.

Entre las entidades involucradas aparecen:

• Cofepris, con tres denuncias.
• Talleres Gráficos de México.
• Gobierno de Nayarit, con cinco denuncias.
• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
• Ayuntamientos de Valle de Bravo y Donato Guerra, Estado de México.
• Municipio de Alvarado, Veracruz.
• Matehuala, San Luis Potosí.
• Maravatío, Michoacán.

La ASF no determinó responsabilidades individuales, ya que esa labor corresponderá a las investigaciones ministeriales.

La Fiscalía determinará quiénes son los responsables

Durante un encuentro con medios de comunicación, el auditor superior explicó que la estrategia consiste en presentar las denuncias tan pronto como existan elementos suficientes para presumir un posible delito.

"Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos".

El funcionario señaló que este nuevo modelo busca evitar que las investigaciones se retrasen durante años, permitiendo una actuación más oportuna de las autoridades encargadas de procurar justicia.

Detectan también irregularidades administrativas

Además de las denuncias penales, la ASF informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre la presentación de 30 expedientes relacionados con posibles faltas administrativas graves.

Las observaciones incluyen:

• Contrataciones públicas presuntamente indebidas.
• Posibles acuerdos entre empresas participantes.
• Colusión en procesos de contratación.
• Irregularidades detectadas durante las auditorías.

Estas conductas podrían derivar en sanciones administrativas adicionales conforme avancen los procedimientos correspondientes.

La ley respalda las denuncias de la Auditoría Superior

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior de la Federación para denunciar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cualquier probable delito detectado durante sus auditorías.

Asimismo, la legislación establece que la institución debe colaborar con la autoridad investigadora durante todo el proceso penal, desde la integración de la carpeta de investigación hasta la etapa judicial.

Con estas acciones, la ASF busca fortalecer la fiscalización del gasto público, agilizar el combate a posibles actos de corrupción y garantizar una mayor rendición de cuentas en las instituciones públicas del país.

*BC

Puebla, Pue. La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una sentencia condenatoria de 50 años de cárcel contra Mario "N" y Guadalupe "N", tras demostrar su participación en un caso de secuestro exprés ocurrido en San Martín Texmelucan.

Las investigaciones permitieron establecer que los sentenciados interceptaron un tractocamión cargado con 60 mil 858 litros de gasolina cuando circulaba sobre la autopista Puebla-Orizaba, en las inmediaciones de la caseta de peaje de Texmelucan.

Privaron de la libertad al conductor y a su acompañante

Durante el ataque, los responsables utilizaron un arma de fuego para someter al operador y a su acompañante. Ambos fueron privados de su libertad, atados y vendados de los ojos mientras los agresores tomaban el control de la unidad y del combustible transportado.

Las autoridades señalaron que, al verse perseguidos por elementos de la Policía Ministerial, los ahora sentenciados realizaron maniobras que pusieron en riesgo a los agentes y provocaron daños a un vehículo oficial.

Incendio en Palmar de Bravo permitió su captura

Los hechos continuaron hasta el municipio de Palmar de Bravo, donde el tractocamión presentó daños que derivaron en un incendio.

Al abandonar la unidad para intentar escapar, Mario "N" y Guadalupe "N" fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Tras el proceso judicial, la FGR obtuvo una sentencia de 50 años de prisión para ambos, además del pago de una multa de 384 mil 880 pesos por su responsabilidad en el delito de secuestro exprés.

*BC

Tepeaca, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta Mier supervisó las acciones de atención derivadas de la explosión ocurrida en un centro de almacenamiento de gas LP en Tepeaca, donde confirmó que no se han registrado personas fallecidas ni lesionadas gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Durante su visita al lugar, el mandatario destacó la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales para controlar el siniestro y proteger a la población de posibles riesgos.

Desde los primeros momentos posteriores a la explosión, personal especializado implementó protocolos de emergencia para contener el incendio y resguardar a las familias que viven en las inmediaciones.

Protección Civil y Bomberos mantienen operativo

El gobernador informó que elementos de Protección Civil, Bomberos y Petróleos Mexicanos continúan trabajando en la zona para extinguir completamente el fuego y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las investigaciones.

Mientras tanto, las autoridades mantienen acordonado el perímetro para evitar el ingreso de personas ajenas a las labores de emergencia.

Una vez que el área sea declarada segura, especialistas podrán realizar las inspecciones necesarias para identificar con precisión el origen de la explosión.

Evacuaciones permitieron proteger a la población

Como medida preventiva, autoridades evacuaron planteles educativos cercanos y trasladaron a alrededor de 60 pacientes de un hospital ubicado en las inmediaciones del incidente.

Estas acciones permitieron reducir riesgos y preservar la seguridad de estudiantes, personal médico y habitantes de la zona.

Asimismo, Alejandro Armenta señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra informada sobre la evolución de la emergencia y el trabajo que realizan las brigadas desplegadas en el municipio.

Anuncian investigaciones para deslindar responsabilidades

El titular del Ejecutivo estatal adelantó que solicitará la participación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos y determinar responsabilidades.

Además, reiteró que el Gobierno de Puebla continuará colaborando con autoridades federales para combatir delitos relacionados con el robo de hidrocarburos y fortalecer la seguridad en la entidad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada mediante fuentes oficiales y evitar compartir información no verificada que pueda generar confusión.

*ARD

La Fiscalía General de la República asestó un golpe a las redes de evasión fiscal con la detención de ocho presuntos integrantes de “El Caballito”, organización dedicada a la emisión de facturas falsas y al lavado de dinero.

El operativo, coordinado a nivel federal, permitió desarticular parte de una estructura que operaba en distintos puntos del país mediante esquemas financieros ilegales.

Una red basada en empresas fantasma

Las investigaciones revelan que “El Caballito” funcionaba a través de una red de empresas fachada, utilizadas para simular operaciones comerciales inexistentes.

El fiscal Ulises Lara López explicó que estas entidades permitían generar comprobantes fiscales apócrifos, con los que se justificaban movimientos de dinero sin sustento real.

Este mecanismo facilitaba que empresas y particulares evitaran el pago de impuestos y ocultaran recursos de origen ilícito.

Operación en cinco estados del país

La organización tenía presencia en al menos cinco entidades, donde estableció domicilios fiscales para sus empresas simuladas.

Los estados identificados son:

• Jalisco
• Michoacán
• Sinaloa
• Sonora
• Quintana Roo

En total, las autoridades detectaron al menos 15 empresas fachada vinculadas a la red.

Los detenidos y su presunta participación

Entre los ocho detenidos se encuentran:

• Maikol “N”
• Salvador “N”
• Laura Belén “N”
• Luis “N”
• Manuel “N”
• Elda “N”
• Montserrat “N”
• Lilia “N”

Todos ellos son señalados por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Así funcionaba el esquema financiero

El modelo de operación de la red consistía en varios pasos clave:

• Emisión de facturas falsas para simular servicios
• Generación de flujo de dinero en cuentas controladas
• Distribución de recursos bajo conceptos ficticios
• Transferencia final a beneficiarios reales

Este tipo de esquemas permite ocultar el origen del dinero y reducir obligaciones fiscales.

Aseguramientos tras el operativo federal

Como resultado de los operativos, en los que participaron más de 400 agentes, las autoridades aseguraron bienes y recursos relacionados con la organización.

Entre lo decomisado destacan:

• 11 inmuebles
• 14 vehículos
• 2 motocicletas
• Más de 1 millón de pesos
• Cerca de 17 mil dólares
• Divisas como yenes, libras esterlinas, euros y coronas danesas

Estos bienes forman parte de las evidencias en la investigación.

Impacto económico de la evasión fiscal

Las redes como “El Caballito” generan afectaciones directas a la economía nacional, ya que reducen la recaudación fiscal y distorsionan la competencia entre empresas.

Además, el uso de factureras se ha convertido en una de las principales herramientas del crimen financiero en México.

La Fiscalía General de la República informó que las indagatorias siguen en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

El objetivo es identificar a todos los involucrados, incluyendo a quienes se beneficiaron de este esquema de evasión fiscal.

*BC

En medio de versiones encontradas, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, difundió un video desde el Jardín Botánico de Culiacán para negar que se haya entregado a autoridades de Estados Unidos.

El exfuncionario aparece en el mensaje grabado realizando ejercicio y asegurando que se encuentra en la ciudad, lo que contradice reportes previos que lo ubicaban fuera del país.

“Buenos días… aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio”, expresó al inicio del video.

Acusa desinformación y cuestiona a medios

En su mensaje, Marco Antonio Almanza lanzó críticas contra medios de comunicación que difundieron la versión de su presunta entrega.

“Fui objeto de mucha desacreditación… no estoy de acuerdo”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a verificar la información antes de publicarla.

El exmando reiteró que ya había rendido declaraciones anteriormente y defendió su postura frente a los señalamientos.

Cómo surgió la versión de su presunta entrega

La polémica inició cuando diversos reportes indicaron que Marco Antonio Almanza Avilés habría sido entregado a autoridades estadounidenses tras acudir a un citatorio en la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

La versión tomó fuerza en medios nacionales y redes sociales, especialmente por el contexto de investigaciones abiertas contra funcionarios de Sinaloa.

Sin embargo, el propio exfuncionario negó categóricamente dicha información.

Trayectoria de más de tres décadas en seguridad

Marco Antonio Almanza cuenta con una trayectoria de más de 30 años en corporaciones policiales en Sinaloa.

Su carrera incluye:

• Ingreso a la Policía Judicial en 1991
• Trabajo en áreas de homicidios y delitos patrimoniales
• Coordinación de investigaciones ministeriales
• Nombramiento como encargado de la Policía de Investigación en 2017
• Designación como comisario general en 2019

Durante su gestión participó en procesos clave como la implementación del sistema penal acusatorio.

Señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

A pesar de su aparición pública, Marco Antonio Almanza Avilés sigue siendo mencionado en investigaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

Las acusaciones apuntan a una presunta red de funcionarios que habrían facilitado:

• Tráfico de drogas hacia Estados Unidos
• Protección institucional a grupos criminales
• Uso de información oficial para operaciones ilícitas

El caso Sinaloa y la presión internacional

El contexto en el que surge este caso es una investigación más amplia de autoridades estadounidenses sobre presunta infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad en Sinaloa.

El nombre de Marco Antonio Almanza aparece dentro de esta línea de investigación, lo que ha elevado el interés mediático y político.

Aparición pública cambia el rumbo de la narrativa

El video difundido desde Culiacán marca un punto de inflexión en el caso, al ofrecer una prueba visual de que el exfuncionario se encuentra en México.

Esto ha generado dudas sobre la veracidad de los reportes iniciales y ha abierto un debate sobre la difusión de información no confirmada.

Persisten acusaciones pese al desmentido

Aunque Marco Antonio Almanza negó su entrega, las acusaciones en su contra continúan vigentes dentro de investigaciones internacionales.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos que aclare su situación jurídica.

*BC

Diputados de Morena presentaron una solicitud formal de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por su presunta participación en un operativo en el que habrían intervenido agentes de la CIA.

La acción fue registrada ante la Cámara de Diputados, donde iniciará el proceso correspondiente conforme a la legislación vigente.

Procedimiento legal y ruta del caso

La diputada Kenia López Rabadán detalló que el documento deberá ser ratificado para continuar su trámite.

Posteriormente, será enviado a la Subcomisión de Examen Previo, que evaluará si existen elementos para iniciar un proceso formal.

Este mecanismo busca garantizar que las acusaciones sean analizadas bajo criterios legales y constitucionales.

Acusaciones sobre intervención extranjera

El eje de la denuncia radica en la presunta participación de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua.

Este hecho, de comprobarse, podría implicar una violación a la soberanía nacional y generar implicaciones diplomáticas.

Respuesta de Morena y postura oficial

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la citación de la gobernadora por parte de la Fiscalía General de la República no afecta su fuero constitucional.

Indicó que la mandataria fue llamada como testigo y que el proceso se desarrolla dentro del marco legal.

Contexto político y presión social

Montiel afirmó que la gobernadora respondió a la presión social derivada de los hechos en la Sierra de Chihuahua, lo que la llevó a pronunciarse públicamente.

Además, acusó a sectores políticos de intentar utilizar el fuero como mecanismo de defensa ante posibles responsabilidades.

Implicaciones del juicio político

El proceso de juicio político podría tener consecuencias importantes para la gobernadora, incluyendo sanciones administrativas o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en caso de que se determine responsabilidad.

Sin embargo, el caso aún se encuentra en una etapa inicial.

Un caso que marcará agenda política

La solicitud de juicio político contra Maru Campos coloca en el centro del debate temas como la soberanía, la seguridad y la relación entre autoridades locales y organismos internacionales.

El desarrollo del caso será clave para definir su impacto en la política nacional.

*BC

Atlixco, Pue. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco lograron la detención de un sujeto por la presunta portación de arma de fuego hechiza sin licencia, como parte de los operativos de vigilancia implementados en el municipio.

El hecho se registró en la colonia San José Cuauhtémoc, donde los uniformados detectaron a un masculino ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, motivo por el cual realizaron una revisión preventiva.

Hallan arma hechiza durante inspección

Al llevar a cabo la inspección, los policías encontraron un arma hechiza con un cartucho útil, situación que derivó en el aseguramiento inmediato del individuo.

El sujeto, identificado como Ezequiel “N”, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que el delito corresponde al ámbito federal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco reiteró que continuará con acciones de prevención y vigilancia para retirar de circulación objetos que representen un riesgo para la seguridad pública y la integridad de la población.

*BC

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó oficialmente las investigaciones relacionadas con el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como las indagatorias sobre una presunta intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021.

La decisión ocurre en medio de nuevas acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, a quien fiscales estadounidenses señalan de presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

El asesinato de Héctor Cuén vuelve al centro del debate

El caso de Héctor Cuén Ojeda se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la política y seguridad en México tras su asesinato ocurrido en julio de 2024 en Sinaloa.

Inicialmente, autoridades estatales sostuvieron que el ataque ocurrió en una gasolinera durante un supuesto intento de robo. Sin embargo, la FGR detectó inconsistencias en la investigación y posteriormente aseguró que el crimen habría ocurrido en otro lugar: el rancho Huertos del Pedregal, sitio relacionado con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Las investigaciones federales incluso señalaron irregularidades en el manejo de evidencia, fallas periciales y contradicciones en la versión inicial presentada por autoridades de Sinaloa.

La sombra de la “narcoelección” en Sinaloa

La reapertura del caso no solo incluye el homicidio de Héctor Cuén, sino también las acusaciones sobre una posible influencia del crimen organizado en las elecciones de Sinaloa de 2021.

De acuerdo con documentos citados en investigaciones estadounidenses, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían apoyado políticamente a determinados actores a cambio de protección y libertad de operación.

Según reportes periodísticos, la fiscalía estadounidense sostiene que Rubén Rocha Moya presuntamente habría sostenido reuniones con líderes de “Los Chapitos” antes y después de asumir la gubernatura.

¿Qué investiga ahora la FGR?

La nueva etapa de la investigación busca integrar distintas líneas relacionadas entre sí:

• El homicidio de Héctor Cuén Ojeda.
• El presunto secuestro de “El Mayo” Zambada.
• Posibles vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.
• La supuesta intervención del narco en procesos electorales.
• Las irregularidades cometidas durante las primeras investigaciones locales.

La FGR también habría solicitado información oficial a autoridades de Estados Unidos para fortalecer las carpetas abiertas en México.

Las inconsistencias que cambiaron el caso

Uno de los puntos más delicados del expediente fue el hallazgo de contradicciones en la versión inicial del homicidio.

Entre las anomalías detectadas destacan:

• Videos que no coincidían con los disparos reportados.
• Rastros de sangre encontrados en otro inmueble.
• Fallas en la necropsia y en el procesamiento de la escena del crimen.
• Presunta alteración de evidencias.

La FGR señaló que varias pruebas apuntaban a que el asesinato no ocurrió donde originalmente informó la Fiscalía estatal.

El caso que amenaza con convertirse en crisis política

La reactivación de las investigaciones ha vuelto a colocar a Sinaloa en el centro de la discusión nacional.

Analistas consideran que el expediente podría escalar políticamente debido a la posible relación entre crimen organizado, procesos electorales y actores gubernamentales.

Además, el caso ha provocado tensión diplomática entre México y Estados Unidos, especialmente tras las recientes declaraciones de autoridades estadounidenses sobre presuntas redes de protección política al narcotráfico.

¿Quién fue Héctor Melesio Cuén Ojeda?

Héctor Melesio Cuén Ojeda fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fundador del Partido Sinaloense y una de las figuras políticas más influyentes del estado. También fue alcalde de Culiacán y diputado federal electo.

Su asesinato provocó conmoción política debido a sus vínculos con distintos grupos de poder en Sinaloa.

Un expediente que sigue creciendo

La reactivación del caso por parte de la FGR podría abrir una nueva etapa de investigaciones en torno a la relación entre política y crimen organizado en México.

Mientras continúan las indagatorias, el caso de Héctor Cuén se mantiene como uno de los expedientes más delicados y explosivos del país, con implicaciones que podrían alcanzar niveles políticos, judiciales e internacionales.

*BC