La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio un paso importante en el combate a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos al presentar 21 denuncias penales por un posible daño al erario superior a 600 millones de pesos.
Las querellas involucran a funcionarios y dependencias de los tres niveles de gobierno, además de universidades públicas, como resultado de auditorías practicadas a las cuentas públicas correspondientes al periodo 2020-2024.
Las denuncias fueron formalizadas el 26 de junio y constituyen las primeras acciones legales impulsadas por el nuevo auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel.
Instituciones y gobiernos señalados por la ASF
Las investigaciones alcanzan tanto a organismos federales como a gobiernos estatales y municipales donde se identificaron posibles anomalías.
Entre las entidades involucradas aparecen:
- Cofepris, con tres denuncias.
- Talleres Gráficos de México.
- Gobierno de Nayarit, con cinco denuncias.
- Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
- Ayuntamientos de Valle de Bravo y Donato Guerra, Estado de México.
- Municipio de Alvarado, Veracruz.
- Matehuala, San Luis Potosí.
- Maravatío, Michoacán.
La ASF no determinó responsabilidades individuales, ya que esa labor corresponderá a las investigaciones ministeriales.
La Fiscalía determinará quiénes son los responsables
Durante un encuentro con medios de comunicación, el auditor superior explicó que la estrategia consiste en presentar las denuncias tan pronto como existan elementos suficientes para presumir un posible delito.
"Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos".
El funcionario señaló que este nuevo modelo busca evitar que las investigaciones se retrasen durante años, permitiendo una actuación más oportuna de las autoridades encargadas de procurar justicia.
Detectan también irregularidades administrativas
Además de las denuncias penales, la ASF informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre la presentación de 30 expedientes relacionados con posibles faltas administrativas graves.
Las observaciones incluyen:
- Contrataciones públicas presuntamente indebidas.
- Posibles acuerdos entre empresas participantes.
- Colusión en procesos de contratación.
- Irregularidades detectadas durante las auditorías.
Estas conductas podrían derivar en sanciones administrativas adicionales conforme avancen los procedimientos correspondientes.
La ley respalda las denuncias de la Auditoría Superior
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior de la Federación para denunciar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cualquier probable delito detectado durante sus auditorías.
Asimismo, la legislación establece que la institución debe colaborar con la autoridad investigadora durante todo el proceso penal, desde la integración de la carpeta de investigación hasta la etapa judicial.
Con estas acciones, la ASF busca fortalecer la fiscalización del gasto público, agilizar el combate a posibles actos de corrupción y garantizar una mayor rendición de cuentas en las instituciones públicas del país.
*BC
