FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el aseguramiento de 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita durante un operativo realizado en un predio industrial de Reynosa, Tamaulipas, considerado uno de los decomisos más importantes registrados recientemente.

La intervención fue autorizada por un juez federal tras la solicitud presentada por el Ministerio Público Federal, permitiendo a elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de la Guardia Nacional, ejecutar el cateo en un inmueble localizado sobre la brecha El Becerro.

El objetivo fue inspeccionar un predio donde existían indicios del almacenamiento ilegal de combustibles, actividad conocida como huachicol, la cual representa una de las principales fuentes de ingresos para diversos grupos delictivos.

Durante la diligencia, los agentes localizaron millones de litros de combustible, además de infraestructura especializada para su resguardo, distribución y posible comercialización.

Cateo revela infraestructura para almacenamiento de combustible

El operativo permitió asegurar una amplia cantidad de equipo industrial utilizado presuntamente para el manejo de hidrocarburos.

Entre los bienes asegurados se encuentran:

• Seis tractocamiones.
• Siete pipas.
• Un vehículo.
• Una caja seca.
• Un remolque tipo plataforma.
• 11 frac tanks.
• 21 cubitanques.
• Ocho motobombas.
• Tres plantas generadoras de energía.
• Seis computadoras.
• Siete tanques industriales de almacenamiento.
• Una red completa de tuberías.

Toda esta infraestructura quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del combustible, identificar a los propietarios del inmueble y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de combustibles.

No hay detenidos; continúan las investigaciones de la FGR

Hasta ahora, la FGR no ha informado sobre personas detenidas derivado del cateo, aunque confirmó que el Ministerio Público Federal mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con estimaciones basadas en precios comerciales, el valor de todo lo asegurado podría ascender a 127.9 millones de pesos.

El mayor porcentaje corresponde al combustible decomisado, cuyo valor se calcula en 94.2 millones de pesos. A ello se suman aproximadamente 10.3 millones de pesos por la flota de transporte integrada por tractocamiones, pipas y remolques; 15 millones de pesos por la infraestructura de almacenamiento; 3.3 millones por los frac tanks; cerca de 595 mil pesos por equipos operativos y alrededor de 4.5 millones de pesos por el valor estimado del inmueble.

*BC

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reveló nuevos avances en la investigación por el asesinato del periodista Alejandro Leyva, al presentar videos captados por cámaras del C5 que muestran el recorrido de los presuntos responsables, el momento exacto del ataque y la ruta de escape utilizada tras cometer el crimen.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla informó que el homicidio ocurrió el 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, donde el comunicador fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba desayunando.

Las imágenes forman parte del material analizado por las autoridades estatales y federales, que buscan identificar tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron el crimen.

Cámaras del C5 documentaron los movimientos de los agresores

La investigación permitió establecer que los presuntos responsables comenzaron a ser monitoreados desde las 09:04 horas, cuando fueron captados en la rotonda de Viguera.

Posteriormente avanzaron por la carretera federal 190, pasaron por Hacienda Blanca y llegaron a una gasolinera ubicada en San Lorenzo Cacaotepec, muy cerca del lugar donde se encontraba Alejandro Leyva.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía de Oaxaca, los sospechosos permanecieron alrededor de 100 minutos vigilando la zona antes de ejecutar el ataque.

A las 10:52 horas, uno de los hombres descendió de la motocicleta mientras su cómplice permanecía listo para escapar.

El agresor, vestido con ropa blanca, gorra y cubrebocas, simuló hablar por teléfono antes de acercarse al periodista y dispararle en varias ocasiones.

Las autoridades precisaron que la víctima recibió impactos de bala en la región de la cabeza y el cuello, lesiones que provocaron su fallecimiento en el lugar.

En la escena fueron asegurados tres casquillos calibre 9 milímetros, los cuales forman parte de los indicios incorporados a la carpeta de investigación.

Los responsables cambiaron de ropa y escaparon en otro vehículo

Después del ataque, los dos sujetos regresaron hacia la zona de San Lorenzo Cacaotepec, donde ingresaron a un camino de terracería.

Ahí abandonaron la motocicleta utilizada durante el atentado, se quitaron la ropa que llevaban encima y abordaron un Peugeot 2008 modelo 2026, el cual circulaba sin placas.

El fiscal explicó que durante la fuga los responsables también desarmaron el arma utilizada para cometer el homicidio.

Peritos localizaron diversas piezas del arma a lo largo de la ruta de escape, entre ellas parte de la empuñadura y un resorte, elementos que serán sometidos a estudios periciales.

Las cámaras registraron por última vez el vehículo alrededor de las 10:58 horas, cuando circulaba sobre la carretera internacional.

Más de 55 pruebas y miles de horas de video integran la investigación

José Bernardo Rodríguez Alamilla informó que la carpeta de investigación ya reúne más de 55 datos de prueba, además del análisis de más de 17 mil gigabytes de material videográfico, procesado durante menos de 36 horas.

En estas labores participaron especialistas de la Fiscalía de Oaxaca, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes realizaron un seguimiento detallado de los movimientos de los agresores.

El análisis permitió ubicar distintos puntos donde los sospechosos tuvieron contacto con otras personas antes del crimen.

Como resultado, cuatro personas comparecieron ante las autoridades en calidad de presentadas para aportar información relacionada con los hechos.

Sus declaraciones permitieron elaborar un retrato hablado de uno de los presuntos agresores, imagen que ya fue difundida para solicitar la colaboración ciudadana.

FGR asume el caso del asesinato del periodista

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ejerció su facultad de atracción debido a la naturaleza del caso, por lo que la investigación será trasladada a la Ciudad de México para continuar con las diligencias.

Rodríguez Alamilla explicó que la labor periodística de Alejandro Leyva representa la principal línea de investigación, sin descartar otras hipótesis mientras avanzan las indagatorias.

"La impunidad en crímenes contra periodistas no solo representa una deuda con la víctima y su familia, sino un riesgo directo para la democracia", expresó el fiscal durante la conferencia.

Asimismo, aseguró que no habrá fabricación de culpables y reiteró que cada avance será sustentado con pruebas científicas y evidencia técnica.

*BC

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a tres agentes aduanales como actores fundamentales dentro de la presunta red de huachicol fiscal que investiga y en la que aparece relacionado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los detenidos habrían facilitado el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante la alteración de información contenida en pedimentos de importación, lo que permitió introducir combustibles al país bajo la apariencia de productos químicos.

Peritajes revelaron que los carrotanques transportaban combustible

Uno de los principales hallazgos de la investigación corresponde a diversas operaciones de importación realizadas durante 2025.

En un primer caso, el carrotanque TAEX2710 fue declarado como transportista de cloruro de calcio, pero los análisis periciales confirmaron que en realidad llevaba más de 111 mil litros de diésel automotriz.

Otro expediente corresponde al carrotanque UTLX205538, cuyo contenido oficial también fue registrado como cloruro de calcio, aunque los especialistas determinaron que transportaba gasolina regular.

Para la FGR, estas diferencias evidencian un mecanismo de ocultamiento destinado a introducir hidrocarburos sin cumplir con las obligaciones fiscales y aduaneras.

La FGR acusa participación activa de los agentes aduanales

La investigación sostiene que los agentes aduanales fueron responsables de registrar la información falsa en los sistemas electrónicos mediante el uso de sus firmas digitales.

Las autoridades consideran que, al validar los pedimentos de importación, asumieron la responsabilidad sobre la autenticidad de los datos relacionados con el tipo de mercancía, volumen, clasificación arancelaria y pago de contribuciones.

Además, el expediente indica que uno de los agentes investigados registra antecedentes por hechos similares, lo que fortalece la hipótesis de una actuación reiterada dentro de este tipo de operaciones.

Empresas aparecen como destinatarias finales del combustible

La carpeta de investigación también identifica a varias compañías que habrían recibido los petrolíferos una vez ingresados al país.

Entre ellas destacan Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados.

Según la Fiscalía General de la República, estas empresas presuntamente participaron en operaciones destinadas a simular la legalidad de la distribución y comercialización del combustible.

Investigación continúa por presunto contrabando y huachicol fiscal

La FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de todos los involucrados en la presunta red de huachicol fiscal.

Los expedientes señalan posibles delitos relacionados con contrabando, delincuencia organizada, evasión de impuestos y falsedad en información aduanera.

Las autoridades continúan integrando pruebas documentales, periciales y financieras para establecer el alcance de las operaciones y el posible beneficio económico obtenido mediante este esquema ilícito, en uno de los casos de tráfico de hidrocarburos más relevantes investigados en los últimos años.

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal, por la que ya fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las autoridades federales indicaron que el caso incluye diversas líneas de investigación relacionadas con el ingreso irregular de combustible al país y la presunta evasión del pago de impuestos.

Investigación comenzó hace más de un año

De acuerdo con García Harfuch, la indagatoria inició hace más de un año y todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

El funcionario explicó que la investigación sigue su curso bajo la conducción de la FGR, por lo que no descartó nuevas acciones conforme avancen las diligencias.

Las autoridades buscan esclarecer la posible responsabilidad de quienes habrían participado en un esquema para introducir combustible con declaraciones presuntamente falsas sobre su volumen y tipo de producto.

Sheinbaum explica qué es el huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el llamado huachicol fiscal consiste en un mecanismo mediante el cual se registran productos distintos al diésel para evitar el pago del IEPS, lo que constituye un presunto esquema de contrabando.

Explicó que este tipo de operaciones representan una afectación para las finanzas públicas y forman parte de las investigaciones que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República.

Exgobernador podrá presentar pruebas, afirma Sheinbaum

Respecto a la presunta participación del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, la presidenta señaló que cualquier persona investigada tiene derecho a presentar las pruebas que considere necesarias para acreditar su inocencia.

Mientras tanto, las autoridades federales aseguraron que continuarán con las investigaciones hasta determinar la totalidad de las posibles responsabilidades y cumplir las órdenes de aprehensión que permanecen pendientes.

*BC

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga, realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial en la zona hotelera de Puerto Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el imputado fue presentado ante un juez federal y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. La captura se registró el 9 de julio de 2026, a las 21:26 horas.

Acusan un presunto daño al fisco por más de 4.6 millones de pesos

Las investigaciones de la FGR señalan que Alejandro "N" era buscado por su presunta responsabilidad en la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Según la carpeta de investigación, el supuesto perjuicio ocasionado al fisco federal asciende a 4 millones 618 mil pesos, en un proceso judicial independiente del expediente abierto contra su hermano.

El caso se relaciona con la investigación contra “El Rey de las Factureras”

La detención ocurre en el contexto de las investigaciones que la FGR mantiene contra Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont, señalados por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas fachada conocidas como “factureras”.

Víctor Manuel Álvarez Puga fue identificado como “El Rey de las Factureras” tras diversas investigaciones periodísticas. De acuerdo con las autoridades, el esquema habría operado con recursos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, una investigación periodística reveló que una muestra de 125 millones de pesos presuntamente desviados fue distribuida mediante microtransferencias a cerca de 90 cuentas bancarias, entre cuyos beneficiarios aparecen Arturo Montiel Yáñez, Ricardo Monreal Pérez, un nieto de Elba Esther Gordillo y Rodrigo Ripstein, exyerno de Ricardo Salinas Pliego.

*BC