El Gobierno federal presentó una iniciativa de reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país, mediante la creación de un marco jurídico único que permita investigar, sancionar y reparar este delito bajo los mismos criterios en las 32 entidades federativas.
La propuesta contempla establecer penas de 50 a 70 años de prisión, además de fortalecer la actuación de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos de mujeres por razones de género.
Un solo tipo penal para combatir el feminicidio
Durante la presentación de la iniciativa, Luisa María Alcalde explicó que el objetivo es eliminar las diferencias existentes entre los códigos penales estatales y garantizar que todas las autoridades apliquen los mismos criterios jurídicos.
La reforma define de manera uniforme el delito de feminicidio e incorpora 10 razones de género que permitirán acreditar este ilícito.
Entre ellas se incluyen antecedentes de violencia familiar o de pareja, signos de violencia sexual, conductas motivadas por discriminación o estereotipos de género, así como relaciones de poder que coloquen a la víctima en condiciones de vulnerabilidad.
Con ello, se busca brindar mayor certeza jurídica tanto para las víctimas como para las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
La reforma endurece las sanciones con nuevas agravantes
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la incorporación de 19 circunstancias agravantes, las cuales permitirán aumentar las penas en determinados casos.
Entre ellas se encuentran los feminicidios cometidos contra niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o personas migrantes.
Asimismo, se contempla una mayor sanción cuando el responsable sea un servidor público o cuando el delito incluya actos de extrema violencia, como el uso de ácido o sustancias inflamables.
Estas medidas buscan responder a distintos contextos de violencia que enfrentan las mujeres en México.
Fiscalías deberán contar con unidades especializadas
La iniciativa también establece que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías o procuradurías estatales deberán contar con unidades especializadas en la investigación del feminicidio, integradas por personal capacitado y con perspectiva de género.
La propuesta señala que los ministerios públicos, policías de investigación, peritos y personal técnico deberán intervenir de manera coordinada durante todas las etapas del procedimiento penal para garantizar investigaciones eficaces y una adecuada protección de las víctimas.
Además, se plantea la aplicación obligatoria de protocolos nacionales que permitan preservar correctamente los indicios, fortalecer la coordinación institucional y asegurar una atención integral para las víctimas indirectas.
Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca fortalecer el combate al feminicidio, reducir las diferencias entre las entidades federativas y garantizar una respuesta más uniforme frente a uno de los delitos de mayor impacto social en el país.
