extorsiones

Puebla, Pue. La presunta operación de un grupo de personas que se presentan como funcionarios del Ayuntamiento de Puebla encendió las alertas entre comerciantes y vecinos de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, luego de que varios propietarios denunciaron visitas intimidatorias en las que les advertían sobre supuestas irregularidades en sus negocios y les exigían hasta 15 mil pesos para evitar clausuras.

De acuerdo con los testimonios recabados, los supuestos inspectores afirmaban pertenecer a la Dirección de Normatividad Ambiental e Imagen y a la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, dependencias desde las cuales realizaban revisiones relacionadas con el uso de suelo, permisos de funcionamiento y medidas de protección civil.

Los afectados señalaron que las visitas resultaron sospechosas desde el inicio, ya que nunca fueron notificados sobre un operativo oficial de verificación. Aunque los individuos portaban chalecos y mostraban credenciales aparentemente expedidas por el Ayuntamiento de Puebla, se trasladaban en vehículos particulares y no contaban con unidades oficiales ni otros elementos que permitieran confirmar su identidad.

Según las denuncias, durante las inspecciones advertían a los propietarios que sus establecimientos podrían ser clausurados por presuntas irregularidades administrativas.

Posteriormente, les ofrecían evitar las sanciones a cambio de pagos que alcanzaban los 15 mil pesos, lo que los comerciantes consideran un presunto acto de extorsión.

Exigen investigar

Ante esta situación, los locatarios solicitaron al gobierno municipal informar de manera oficial si existe algún operativo de inspección en Santa María Xonacatepec y, en caso contrario, investigar la posible actuación de falsos funcionarios para evitar que más comerciantes sean víctimas de fraudes, intimidaciones o cobros ilegales.

Las denuncias surgen en un contexto de creciente inconformidad del sector empresarial por la forma en que se realizan las verificaciones a establecimientos en la capital poblana.

Recientemente, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, José Juan Sánchez Martínez, denunció que durante inspecciones oficiales algunos servidores públicos habrían solicitado "mordidas" de entre 3 mil y 14 mil pesos para evitar clausuras o sanciones administrativas.

A estas acusaciones también se sumó la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Apresac), que denunció hostigamiento por parte de autoridades municipales y estatales. 

De acuerdo con el organismo, estas prácticas habrían derivado en el cierre de al menos 35 establecimientos, al asegurar que varios negocios fueron clausurados sin notificaciones previas ni opciones para regularizar su situación.

Puebla, Pue. En México, siete de cada diez extorsiones ya no ocurren cara a cara sino a través de un teléfono o una red social. Con 5.7 millones de casos al año, este delito se ha convertido en una de las principales amenazas para la supervivencia de los negocios familiares, alertó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco)

El organismo empresarial hizo un llamado a fortalecer las acciones para prevenir y combatir estos delitos, mediante mecanismos de denuncia seguros, un mayor uso de inteligencia y el fortalecimiento del Observatorio de Incidencias. 

Asimismo, reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno en una estrategia que garantice mejores condiciones de seguridad para la actividad económica.

"Impuesto criminal"

El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que la extorsión se ha convertido en un "impuesto criminal" que recae sobre los negocios familiares, por lo que advirtió que sin condiciones de seguridad es imposible consolidar el crecimiento económico.

"La extorsión frena la inversión, destruye empleos y golpea directamente a las familias que sostienen la economía desde sus comunidades. Proteger a los negocios familiares es proteger a México", expresó.

De la Torre también reconoció las acciones emprendidas por el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la Estrategia Nacional de Seguridad coordinada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfocada en combatir la extorsión, fortalecer las labores de inteligencia y generar un entorno más seguro para la inversión.

Subrayó que la seguridad debe asumirse no sólo como un tema de procuración de justicia sino como un factor indispensable para que las empresas crezcan, generen empleos formales y contribuyan al bienestar de las familias mexicanas, al señalar que proteger a los negocios familiares también significa fortalecer la economía nacional.  

Puebla, Pue. Un promedio de 200 restauranteros y representantes de escuelas privadas acusaron que son extorsionados por presunto personal del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), les exigen cuotas de 100 a 300 mil pesos para evitar la clausura de sus negocios.

La denuncia fue dada a conocer por la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, quien explicó que los restauranteros están pidiendo ayuda para que las autoridades paren este tipo de corrupción.

Restauranteros reciben amenazas directas, si no pagan las sumas antes referidas la clausura a sus negocios es inmediata, además de que los obligan a acudir a las oficinas del Soapap para que firmen convenios con montos que van de 1.8 millones de pesos a casi 3 millones de pesos, pedidos en hojas de Excel sin sellos oficiales. 

A la par, Pozos Vergara denunció la participación de un despacho externo Luxus Corporativo donde Narciso Peña Jacobo figura como apoderado legal, que funge en los hechos como si fuera servidor público, realizando actos de autoridad.

“Cuando van los restauranteros a pagar, con eso se resuelve el problema, no hay medidas correctivas, no sucede nada, esto queda claro y es una evidencia que no es un problema técnico, sino ante un posible problema de extorsión, es un delito grave, a esto se agrega que Agua de Puebla y Soapap han venido cobrando el saneamiento”, expuso la priista. 

Indicó, la congresista que personal del Soapap acude los días de mayor actividad que tienen los restaurantes, jueves, viernes y sábado, para hacer una sola toma de muestra, argumentando que están contaminando.

Amagando a los restauranteros que, si no pagan cierta cantidad, como un acto de extorsión, los amenazan con clausurar sus negocios, incluso llegan con presencia de la policía estatal.

Es importante mencionar, que de acuerdo con la Norma 002, dicta que se deben hacer muestras compuestas en diferentes momentos a un negocio para determinar si existe contaminación o no, y entonces tomar las medidas para solventar el problema.

Puebla, Pue. Después de que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), José Juan Sánchez Martínez, denunció que algunos inspectores del Ayuntamiento de Puebla solicitan “mordidas” de 3 mil hasta 14 mil pesos a establecimientos del sector, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Rodríguez Álvarez, pidió al sector empresarial que presenten evidencias y realicen las denuncias formales. 

Según el funcionario municipal, no es la primera vez que ocurren este tipo de señalamientos, por parte del sector empresarial; por ello, es necesario contar con las pruebas correspondientes y formalizar la denuncia ante el Ayuntamiento y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). 

"No es la primera vez y lo que pedimos e invitamos, obviamente, a los amigos del sector empresarial es a que haya señalamientos puntuales y, en la medida de lo posible, nos puedan otorgar, obviamente, la información necesaria para que, en caso de que algún servidor público incurra en este tipo de actos, sea sancionado como corresponde", declaró. 

De igual forma, comentó que trabajan de manera permanente con el sector empresarial, en concreto con su presidente y los afiliados, para evitar este tipo de actos irregulares. 

Por ello, el día que hizo la acusación, en el Ayuntamiento se realizó una reunión con el Director de Normatividad, donde estuvieron trabajando para verificar este comportamiento de los inspectores. 

Además, dijo que no, desde la Dirección de Normatividad ha habido tolerancia, para que los empresarios cumplan con los respectivos lineamientos de funcionamiento y tengan la documentación en regla, según sea el giro comercial. 

"Incluso ha habido tolerancia, vamos a decir, por parte de la Administración, donde claramente hay algunos asociados que no cumplen obviamente con la normatividad y se exhorta a través de la propia Cámara a que cumplan, se les da el tiempo necesario para que vean ello y decirte que hemos estado insistiendo, no solamente a él, sino al sector empresarial, cuando haya algún señalamiento de estos, hagan la denuncia pertinente para que se tomen las acciones necesarias con los órganos internos, con la propia Contraloría", declaró.