Puebla, Pue. La carrera política rumbo a la presidencia municipal de Atlixco en 2027 comienza a mover nombres. Entre los perfiles que han empezado a circular aparecen Guadalupe Muciño Muñoz, Modesta Delgado Juárez, Ana Laura Altamirano Pérez y Jesús Luévano Escalona.

El surgimiento de estos posibles aspirantes tomó fuerza después de la detención, el pasado 14 de agosto, del secretario de Seguridad en Atlixco, Antonio Hernández Pacheco, situación que llevó a la alcaldesa Ariadna Ayala Camarillo y al tesorero municipal Juan Francisco García Martínez a promover amparos.

Caso del secretario de Seguridad modifica escenario político

La detención de Antonio Hernández Pacheco abrió un nuevo escenario dentro del municipio y colocó bajo presión las aspiraciones políticas de figuras cercanas a la actual administración.

De acuerdo con el panorama planteado, tanto Ariadna Ayala como Juan Francisco García podrían enfrentar mayores obstáculos para mantener influencia sobre la sucesión municipal, lo que abre espacio a otros perfiles de los partidos que integran la coalición.

En ese contexto comienzan a posicionarse nombres con experiencia legislativa, partidista y dentro de la administración estatal.

Guadalupe Muciño representa una opción dentro del PT

Guadalupe Muciño Muñoz, originaria de Atlixco, pertenece al Partido del Trabajo (PT) y cuenta con experiencia legislativa.

Actualmente trabaja como secretaria particular del presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, dentro de la LXII Legislatura.

Su origen atlixquense y su vínculo con el PT la colocan como uno de los perfiles que podrían entrar en la discusión interna rumbo a la candidatura municipal.

Modesta Delgado mantiene presencia desde el Distrito 21

La diputada local Modesta Delgado Juárez también aparece en la lista de posibles aspirantes.

Representa al Distrito 21 de Atlixco dentro de la LXII Legislatura y llegó al Congreso bajo las siglas de Fuerza por México (FxM).

Sus antecedentes políticos se remontan al Partido Revolucionario Institucional, aunque a partir de 2021 se incorporó al bloque de la 4T.

Durante las elecciones de 2024 participó como operadora política en la región de Atlixco a favor de Alejandro Armenta, y posteriormente asumió la diputación local.

Ana Laura Altamirano suma experiencia estatal y electoral

Otro de los perfiles con presencia en la región es Ana Laura Altamirano Pérez, quien encabeza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dentro del gobierno de Alejandro Armenta Mier.

Altamirano formó parte de la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta desde 2019 y permaneció posteriormente durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En marzo de 2024 fue elegida candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la diputación local del Distrito 21, con cabecera en Atlixco.

La alianza estuvo integrada por Morena, PT, PVEM, Fuerza por México y Nueva Alianza.

Tras obtener la diputación, solicitó licencia por tiempo indefinido mayor a 30 días a partir del 1 de octubre de 2024 para incorporarse al gabinete estatal. Su lugar fue ocupado por Modesta Delgado Juárez.

Altamirano conserva relaciones políticas de alto nivel

El peso político de Ana Laura Altamirano en Atlixco también se relaciona con sus vínculos dentro de la estructura gubernamental.

El material base señala su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta, así como el antecedente de haber obtenido la candidatura ganadora a la diputación local del Distrito 21.

Estos factores la mantienen entre los perfiles con mayor presencia institucional dentro de la región.

Jesús Luévano ya buscó la candidatura municipal

El empresario Jesús Luévano Escalona cuenta con antecedentes directos en la disputa por la alcaldía de Atlixco.

En 2018 buscó convertirse en candidato de Morena a la presidencia municipal. Tras no conseguir la nominación, terminó pronunciándose a favor de Martha Erika Alonso, entonces candidata del Partido Acción Nacional.

También es señalado como un perfil cercano a Fernando Manzanilla Prieto.

Pese a haber roto con Morena en 2018, regresó en 2021 para participar en la campaña que impulsó a Ariadna Ayala hacia la presidencia municipal de Atlixco.

Partidos deberán definir sus cartas para 2027

Los cuatro perfiles llegan a la discusión con trayectorias distintas: experiencia legislativa, presencia partidista, participación en campañas y vínculos dentro de los gobiernos estatal y municipal.

Por ahora, ninguno de los nombres mencionados representa una candidatura formal, pero el escenario político de Atlixco comienza a configurarse con miras a la elección de 2027.

La definición dependerá de las decisiones internas de los partidos, los acuerdos de coalición y la evolución política de la actual administración municipal.

*BC

Puebla, Pue. El abogado Julio Santos Lozano presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra las diputadas locales Nayeli Salvatori y Grace Palomares, así como contra Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori Bojalil, por presuntos actos de discriminación y violencia de género.

Además, adelantó que acudirá al Congreso local para solicitar que se retire el fuero a Salvatori y Palomares, con el propósito de que puedan enfrentar el procedimiento correspondiente ante las autoridades.

Cuestionan silencio del Congreso ante dichos de diputadas

Santos Lozano criticó que el Poder Legislativo no haya emitido, hasta ahora, una sanción, llamada de atención o suspensión contra las legisladoras por las expresiones que motivaron la denuncia.

“Llama mucho la atención que el Congreso no se haya pronunciado contra estas diputadas, no existe un tipo de sanción, llamado de atención, o suspensión, es preocupante que el Congreso aplauda este tipo de conductas, con un silencio”, declaró.

A consideración del denunciante, el Congreso debe analizar la actuación de ambas diputadas y determinar si corresponde alguna medida interna.

Denuncia deriva de comentarios contra hombres mayores de 45 años

El abogado señaló que Salvatori y Palomares incurrieron en expresiones discriminatorias dirigidas a hombres mayores de 45 años.

Entre los comentarios señalados se encuentra la frase de que los varones de esa edad “huelen a baúl porque ya se están pudriendo”.

Santos Lozano sostuvo que este tipo de expresiones adquieren mayor relevancia al provenir de representantes populares, quienes, afirmó, deben conocer el impacto que pueden tener sus palabras ante la sociedad.

Abogado considera insuficientes las disculpas públicas

El denunciante también rechazó que las disculpas públicas ofrecidas por las legisladoras sean suficientes para cerrar el caso.

Afirmó que no considera auténtico el arrepentimiento mostrado y sostuvo que existe un interés político detrás de esas disculpas.

“Vemos una conducta bastante cínica por parte de ellas. No hay una disculpa pública auténtica, no hay un arrepentimiento genuino. No ofenderlos, no estigmatizarlos, no discriminar. Ese es el punto realmente”, expresó.

Llaman a mayores de 45 años a presentar denuncias

Santos Lozano hizo un llamado a las personas mayores de 45 años para que denuncien cualquier conducta que consideren discriminatoria y no permanezcan calladas ante este tipo de expresiones.

El abogado sostuvo que las acciones denunciadas no deben minimizarse y pidió que las instituciones competentes den seguimiento al procedimiento.

También piden sanciones dentro de Morena

El denunciante señaló que los partidos políticos cuentan con procedimientos internos mediante los cuales pueden aplicar sanciones a sus militantes.

En ese sentido, expresó su confianza en que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) revise el caso y determine si corresponde separar a las involucradas de su militancia.

También insistió en que el Congreso local debe analizar posibles sanciones para evitar que las conductas señaladas pasen desapercibidas.

FGE deberá determinar situación de las denunciadas

Santos Lozano afirmó que, desde su interpretación jurídica, las conductas atribuidas a las cuatro mujeres pueden encuadrarse en disposiciones del Código Penal relacionadas con discriminación y violencia de género.

No obstante, corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar el curso de la denuncia, así como establecer si existen elementos suficientes para continuar con algún procedimiento penal.

*BC

Puebla, Pue. La diputada local Graciela Palomares cuestionó públicamente la congruencia de Ana Elizabeth García Vilchis, luego de que la exfuncionaria federal ofreciera disculpas por publicaciones consideradas gordofóbicas y violentadoras.

A través de redes sociales, Palomares respondió a García Vilchis y recordó que anteriormente ella misma habría sido objeto de señalamientos por parte de la morenista. 

La legisladora puso en duda la sinceridad de las disculpas y sostuvo que las expresiones de la exfuncionaria tuvieron consecuencias para quienes fueron directamente señaladas.

“Nos llamaste resentidas”, reclamó Palomares en su posicionamiento, con lo que reavivó la confrontación entre ambas figuras políticas.

La diputada también cuestionó que García Vilchis ofreciera disculpas después de que se difundieran sus publicaciones, al considerar que existe una falta de congruencia entre su postura actual y expresiones realizadas previamente.

El señalamiento ocurre semanas después de otra polémica protagonizada por García Vilchis, a quien Palomares acusó de haberse burlado de personas adultas mayores.

El intercambio adquiere relevancia en el escenario político previo a la elección que se tendrá en el 2027, donde ambas figuras han mantenido presencia dentro de la vida pública y partidista. 

Las declaraciones de Palomares abren nuevamente un debate sobre el discurso público, la responsabilidad de las figuras políticas en redes sociales y la congruencia entre sus posicionamientos y acciones.

Por ahora, la confrontación se mantiene en el terreno de las redes sociales, aunque vuelve a colocar a García Vilchis en el centro de la discusión pública y política en Puebla. Se desconoce si dentro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se iniciara un proceso como se aplicó a Nayeli Salvatori y Grace Palomares.

Salieron peor las disculpas

Las disculpas públicas de Ana Elizabeth García Vilchis por antiguas publicaciones con expresiones ofensivas, gordofóbicas y despectivas contra mujeres en redes sociales lejos de cerrar la polémica abrieron un nuevo frente de cuestionamientos políticos en Puebla, particularmente por la forma en que justificó sus expresiones del pasado.

A través de un mensaje en sus redes sociales, García Vilchis reconoció que no se siente orgullosa de algunos de sus antiguos mensajes y aseguró que le avergüenza “haber sido esa persona”, por lo que ofreció una disculpa por el contenido de dichas publicaciones.

La exfuncionaria federal sostuvo que las personas tienen la posibilidad de cambiar y evolucionar, y afirmó que actualmente considera que la gordofobia, el clasismo y los prejuicios constituyen formas de violencia que deben combatirse.

Sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre si una disculpa basta para dejar atrás expresiones que previamente generaron críticas, o que pone en evidencia la falta de congruencia de una figura pública que hoy sostiene un discurso de inclusión después de haber realizado publicaciones que ella misma reconoce como equivocadas.

Uno de los principales señalamientos provino de la diputada local Graciela “Grace” Palomares, quien recordó que García Vilchis también ha protagonizado otros episodios polémicos y cuestionó la consistencia de su postura.

Aunque García Vilchis pidió que sus antiguas publicaciones sean entendidas como parte de una etapa que ya superó, sus detractores consideran que la transformación personal no elimina la responsabilidad política de responder por lo dicho.

Ana Elizabeth García Vilchis posteó años atrás en redes sociales expresiones ofensivas, gordofóbicas y despectivas contra mujeres.

Puebla, Pue. Durante su visita a Puebla, el secretario de Organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Nacional, Jorge Meade, afirmó que Néstor Camarillo ya no forma parte de las prioridades del partido, luego de que el Senador dejara las filas priistas.

“Para nosotros ya no existe”, declaró Meade al referirse a Néstor Camarillo Medina, a quien atribuyó los señalamientos sobre una eventual pérdida del registro del PRI en las próximas elecciones.

El dirigente priista descartó que el partido vaya a iniciar algún procedimiento en contra del senador expriista, pese a sus declaraciones sobre el futuro electoral del tricolor.

Meade sostuvo que el PRI continuará con su trabajo político y de organización de cara a los próximos procesos electorales, al tiempo que minimizó las advertencias realizadas por Camarillo sobre la situación del partido.

Aseguró que el PRI mantiene una estructura sólida tanto en Puebla como a nivel nacional, al rechazar las versiones que apuntan a un debilitamiento del instituto político.

Sostuvo que quienes consideran que el partido está “desfondado” o en riesgo se equivocan, pues, afirmó, existe una militancia comprometida y con capacidad para continuar trabajando de cara a los próximos procesos electorales.

En este contexto, el PRI también marcó distancia de la estrategia política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y rechazó que la figura de los llamados “Defensores” represente una copia de las estructuras utilizadas por la Cuarta Transformación.

Sostuvo que el partido, a diferencia de Morena, al que acusó de realizar actos anticipados de campaña mediante el uso de recursos públicos, buscará fortalecer su presencia directamente con la ciudadanía y sus simpatizantes.

Movilización política

Con la mira puesta en la elección de 2027, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó a fortalecer un discurso de movilización política en Puebla, con un llamado a su militancia y estructura territorial a prepararse para competir por el respaldo ciudadano.

La dirigente estatal del PRI, Xitlalic Ceja García, planteó la necesidad de impulsar una “revolución de ideas” y de principios, además de reivindicar una política entendida como servicio a la ciudadanía y alejada de instituciones sometidas y de la influencia del crimen organizado.

El discurso elevó el tono contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al acusar la existencia de una “narcopolítica” y lanzar consignas como “¡fuera Morena!” y “¡Morena ya se va!”, expresiones que fueron respaldadas por los asistentes.

El posicionamiento también apuntó a la construcción de una narrativa electoral rumbo a 2027, al presentar al PRI como una alternativa basada en propuestas, profesionalismo y capacidad para gobernar, frente a lo que calificó como ocurrencias e improvisaciones.

Xitlalic Ceja convocó a las llamadas “defensoras y defensores” del partido a asumir un papel activo en la defensa de las causas que, desde su perspectiva, requieren atención en Puebla y en el país. Como símbolo de esta movilización, pidió a los asistentes levantar la bandera de México y asumirla como emblema de libertad, dignidad y patriotismo.

“Junto con ustedes recorreré el estado con la fuerza de la razón y las propuestas”, afirmó, al plantear una estrategia de presencia territorial de cara al próximo ciclo electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no sabía que Rubén Rocha Moya retomaría la gubernatura de Sinaloa y que se enteró de su regreso mediante la publicación realizada por el propio mandatario en redes sociales. La revelación ocurre después de que Rocha concluyera, por decisión propia, la licencia temporal que inició el pasado 1 de mayo.

La reincorporación provocó además pronunciamientos de Morena y de la Secretaría de Gobernación, que señalaron que no tuvieron participación en esa determinación. Mientras el partido se deslindó del regreso, Gobernación lo calificó como una decisión exclusivamente personal.

Sheinbaum supo del regreso de Rocha por una publicación

Sheinbaum fue cuestionada este sábado 22 de agosto sobre la manera en que tuvo conocimiento de que Rocha Moya había decidido volver al gobierno de Sinaloa.

“Por su tuit, por su publicación”.

La presidenta señaló además que no había hablado con Rocha Moya y adelantó que el lunes podría referirse con mayor amplitud al tema.

La respuesta cobra relevancia porque confirma que la reincorporación del gobernador no fue comunicada previamente a Presidencia.

Horas antes, Sheinbaum publicó un mensaje sobre el ejercicio del poder en el que afirmó que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación” y sostuvo que los cargos públicos son pasajeros, mientras la responsabilidad con el país permanece.

La mandataria no mencionó directamente a Rubén Rocha Moya en ese mensaje. Por ello, aunque la publicación apareció en el contexto inmediato de su regreso a la gubernatura, no puede afirmarse como hecho que estuviera dirigida expresamente al mandatario sinaloense.

Morena se deslinda de la decisión de Rocha Moya

La dirigencia nacional de Morena informó que tampoco tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador.

El partido estableció que la determinación fue personal y se deslindó de ella, al tiempo que reiteró que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas.

El posicionamiento se produjo después de que gobernadores de Morena llamaran a Rocha Moya a conducirse con “madurez y responsabilidad” y señalaran que las decisiones individuales no deben colocarse por encima del proyecto colectivo.

También hubo voces dentro del partido que plantearon que Rocha debería reconsiderar su regreso mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos que enfrenta.

Segob recalca que las investigaciones continúan abiertas

La Secretaría de Gobernación señaló que la reincorporación de Rocha Moya fue una decisión “exclusivamente de carácter personal”.

La dependencia también indicó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas Rocha Moya.

El Gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos los elementos que sustenten los señalamientos formulados contra los involucrados. Esto significa que el regreso de Rocha al cargo no representa por sí mismo el cierre de las investigaciones ni una resolución definitiva sobre las acusaciones.

Rocha Moya regresó después de 112 días de licencia

Rubén Rocha Moya se reincorporó oficialmente a sus funciones el 21 de agosto, después de haberse separado temporalmente del gobierno desde el 1 de mayo.

Ya de regreso, sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete y se puso al corriente de los asuntos atendidos durante su ausencia. Yeraldine Bonilla Valverde, quien ocupó interinamente la gubernatura, regresó a la Secretaría General de Gobierno.

Rocha sostuvo que retomaba el cargo para cumplir el mandato para el que fue electo y aseguró que durante su licencia se puso a disposición de las instituciones mexicanas para ser investigado. También afirmó que no existen elementos que acrediten su participación en una conducta penal; esa declaración corresponde a la postura del propio gobernador y no implica que las investigaciones hayan terminado.

¿Qué acusaciones enfrenta Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril cargos contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

La acusación sostiene que los señalados presuntamente colaboraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. En el caso de Rocha Moya, los fiscales estadounidenses formulan señalamientos relacionados con su presunta colaboración con la facción de Los Chapitos.

Es indispensable precisar que se trata de acusaciones. El propio Departamento de Justicia estadounidense establece que los cargos contenidos en el expediente son alegaciones y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

El regreso deja a Rocha frente a un nuevo escenario político

El regreso de Rubén Rocha Moya deja una serie de hechos verificables: Presidencia no recibió aviso previo, Morena se deslindó de la determinación y Gobernación la calificó como una decisión personal, mientras las investigaciones en México permanecen abiertas.

A esta secuencia se suma el mensaje de Sheinbaum sobre los límites del poder y los intereses personales. La presidenta no nombró al gobernador, por lo que cualquier interpretación sobre un destinatario específico debe mantenerse diferenciada del hecho comprobado de que no fue informada previamente sobre su regreso.

Por ahora tampoco existe información oficial que permita afirmar que Sheinbaum haya pedido la renuncia de Rocha Moya o una nueva licencia. El siguiente punto de atención será la postura que la presidenta anunció que ampliará el lunes y el desarrollo de las investigaciones que siguen abiertas.

*BC

El retorno de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa encontró resistencia dentro de su propio movimiento político. Gobernadores de Morena rechazaron este viernes su decisión de reincorporarse al cargo y dejaron claro que los proyectos individuales no deben colocarse por encima del interés colectivo.

El pronunciamiento se produjo después de que Rocha Moya retomara la gubernatura tras 112 días de licencia, periodo durante el cual permaneció separado del Ejecutivo estatal en medio de las investigaciones relacionadas con acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La respuesta política no se limitó a los mandatarios estatales. La dirigencia nacional de Morena aseguró que no conoció previamente la decisión de Rocha, mientras que figuras del partido y del gobierno federal insistieron en que su reincorporación fue una determinación personal.

Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum

El comunicado de los gobernadores colocó en el centro su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lanzó un mensaje sobre la disciplina política dentro del movimiento.

“Los proyectos políticos personales no tienen cabida cuando se contrapesan con el bienestar de la Nación”.

Los mandatarios manifestaron su “absoluto y categórico respaldo” a Sheinbaum y destacaron su liderazgo al frente del país. También plantearon que las decisiones individuales no deben imponerse sobre el proyecto colectivo ni sobre el mandato ciudadano.

El documento representa uno de los pronunciamientos más claros provenientes de gobernadores del propio bloque oficialista frente al regreso de Rocha Moya. Además, le pidieron conducirse con madurez y responsabilidad ante la situación política que enfrenta.

Morena asegura que desconocía la decisión de Rocha

Horas antes, la dirigencia nacional de Morena también había marcado distancia.

El partido informó que no tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador sinaloense de retomar sus funciones y calificó su reincorporación como una determinación personal.

Morena señaló además que respetará el debido proceso y las investigaciones que permanecen abiertas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

 

La postura partidista resulta significativa porque Rocha llegó a la gubernatura de Sinaloa como candidato de Morena y sigue formando parte del movimiento, aunque su decisión de regresar no recibió un respaldo público de la dirigencia.

Monreal pide que vuelva a solicitar licencia

El distanciamiento también llegó desde el Poder Legislativo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió a Rocha Moya reconsiderar su reincorporación y solicitar nuevamente licencia como gobernador.

El legislador sostuvo que el retorno del mandatario corresponde exclusivamente a una decisión individual y respaldó la posición del gobierno federal de no asumir responsabilidad sobre su regreso.

Legisladores morenistas también expresaron cuestionamientos y plantearon que Rocha debería separarse nuevamente del cargo mientras continúa el proceso relacionado con las investigaciones.

Rocha Moya vuelve después de 112 días

Rocha Moya formalizó su regreso este 21 de agosto de 2026 y notificó al Congreso de Sinaloa su reincorporación al Poder Ejecutivo.

El mandatario difundió un mensaje en el que confirmó que volvía a ejercer sus funciones y aseguró que continuaría trabajando al frente de la entidad.

Su licencia había comenzado después de que el 29 de abril de 2026 autoridades estadounidenses presentaran una acusación penal contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

La acusación sostiene que Rocha y los demás señalados habrían colaborado presuntamente con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de protección, sobornos y apoyo político. Se trata de acusaciones que permanecen sujetas al proceso judicial y no equivalen a una declaración de culpabilidad.

 

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que los cargos contenidos en la acusación son únicamente señalamientos y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

Rocha Moya ha negado los señalamientos y sostiene que no existen elementos que acrediten las acusaciones en su contra.

El regreso deja a Rocha bajo presión política

La reincorporación permitió a Rocha Moya recuperar formalmente el ejercicio de la gubernatura, pero también abrió un escenario de distanciamiento político dentro de Morena.

En cuestión de horas coincidieron varios mensajes: la dirigencia del partido se deslindó de su decisión; legisladores pidieron que reconsiderara el regreso; gobernadores rechazaron los proyectos políticos personales y expresaron su respaldo a Sheinbaum.

 

La diferencia es importante. Los gobernadores no anunciaron una ruptura formal con Rocha ni solicitaron expresamente su renuncia, pero sí cuestionaron públicamente la decisión de volver al cargo y enfatizaron que el proyecto colectivo debe estar por encima de las decisiones individuales.

Rocha Moya, por su parte, permanece nuevamente al frente del Ejecutivo sinaloense. Su regreso abre ahora una nueva etapa: gobernar mientras continúan abiertas las investigaciones y mientras sectores relevantes de su propio movimiento han decidido marcar distancia de su reincorporación.

*ARD

Lo que comenzó con una cubeta de pintura y un rodillo en Culiacán ya llegó a Puebla. El movimiento ciudadano Bardas Blancas, surgido como respuesta a la colocación de propaganda política en muros, reportó haber cubierto 285 bardas en la capital de Sinaloa y ahora cuenta con una réplica poblana que comenzó a intervenir espacios con nombres de figuras rumbo a las elecciones de 2027.

La expansión del movimiento coloca sobre la mesa dos discusiones diferentes: por un lado, el rechazo ciudadano a la saturación de propaganda política antes del proceso electoral; por otro, qué corresponde resolver a las autoridades electorales y qué puede sancionar directamente el Ayuntamiento de Puebla mediante su regulación sobre anuncios.

La diferencia es importante porque una barda con el nombre de un político no constituye automáticamente un acto anticipado de campaña, pero el municipio sí cuenta con disposiciones que prohíben fuera de los procesos electorales determinados anuncios de promoción personalizada y establecen multas cuando se acredita una infracción.

Bardas Blancas pasó de una pared a 285 intervenciones en Culiacán

El origen del movimiento se remonta a un vecino de Culiacán que encontró su propiedad cubierta con propaganda política sin haberla autorizado.

Abel Jacobo Miller, representante de Bardas Blancas, relató que decidió comprar pintura y un rodillo para restaurar aquella pared y posteriormente difundió el resultado en redes sociales. La acción comenzó a atraer a otros ciudadanos hasta formar un grupo que, cuatro meses después, estaba integrado por 14 personas.

Los participantes realizan jornadas durante miércoles y sábados y aseguran no actuar en favor de ningún partido político.

Hasta el 18 de agosto, el colectivo reportó 285 muros blanqueados en Culiacán y alrededor de 40 cubetas de pintura utilizadas. Cinco días antes había contabilizado 275 intervenciones, por lo que sumó otras 10 en menos de una semana.

Entre las bardas eliminadas se encontraban mensajes relacionados principalmente con Imelda Castro y María Teresa Guerra, ambas de Morena, aunque el movimiento también reportó pintas vinculadas con la panista Roxana Rubio.

Ese dato resulta relevante para la identidad que busca proyectar Bardas Blancas: sus integrantes sostienen que el criterio es retirar promoción política y no actuar contra un partido específico.

El movimiento también comenzó a presentar denuncias

Las acciones en Culiacán ya no se limitan a cubrir paredes.

El 13 de agosto, integrantes de Bardas Blancas y representantes empresariales acudieron ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para presentar una denuncia contra 13 participantes del proceso interno de Morena, por posibles actos anticipados de campaña y promoción personalizada.

La denuncia no significa que las conductas señaladas hayan sido declaradas ilegales. Corresponde a la autoridad electoral analizar los hechos y determinar si reúnen los elementos necesarios para configurar alguna infracción.

Ese mismo principio resulta central para entender lo que ocurre ahora en Puebla: la existencia de una pinta puede generar una denuncia, pero no sustituye la resolución de la autoridad competente.

Bardas Blancas ya pinta de blanco muros en Puebla

La réplica poblana utiliza el nombre “Bardas Blancas, Puebla Blanca” y comenzó sus primeras acciones el 11 de agosto.

Una de las intervenciones ocurrió frente al Congreso del Estado, donde ciudadanos cubrieron una barda que contenía nombres relacionados con figuras políticas señaladas como posibles aspirantes rumbo a 2027.

Teresa Reyes, identificada como representante de la iniciativa, afirmó que sus integrantes han localizado este tipo de mensajes en Puebla capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Tehuacán.

El grupo asegura que obtiene la pintura mediante aportaciones de sus propios participantes y que no recibe respaldo de partidos políticos.

Entre los nombres que han aparecido en bardas intervenidas se encuentran figuras vinculadas con diferentes fuerzas políticas, lo que ha trasladado el debate ciudadano hacia una pregunta más amplia: hasta dónde puede utilizarse el espacio urbano para posicionar nombres antes del comienzo formal de una elección.

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Morena rechaza que todas las pintas sean actos anticipados

La expansión de Bardas Blancas generó una respuesta desde Morena Puebla.

Agustín Guerrero Castillo, vocero estatal del partido, sostuvo el 19 de agosto que la sola presencia del nombre de una persona en una barda no constituye automáticamente un acto anticipado de campaña, especialmente cuando no existe un llamado explícito al voto.

También aseguró que diversas quejas promovidas durante 2026 no prosperaron ante el Instituto Electoral del Estado.

Un antecedente documentado indica que en julio fueron desechadas 15 denuncias contra 13 funcionarios públicos, principalmente vinculados con Morena, por presunta promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

Eso introduce una distinción fundamental: la valoración electoral depende del contenido, el contexto y los elementos específicos de cada caso.

Pero que una conducta no sea considerada acto anticipado de campaña no significa necesariamente que cualquier pinta esté permitida bajo la normativa municipal.

El COREMUN sí regula propaganda política fuera de elecciones

El municipio de Puebla tiene reglas propias sobre anuncios políticos y promoción personalizada.

El artículo 1344 Bis del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN) establece que, fuera de los procesos electorales, queda prohibido pintar, colocar, fijar o instalar anuncios que constituyan promoción personalizada en los términos establecidos por el propio Código.

Cuando se acredita una infracción, la regulación contempla sanciones equivalentes a 200 y hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Además, para colocar propaganda electoral o política en propiedad privada, la normativa exige contar con permiso escrito del propietario.

En mayo de 2026, el Cabildo de Puebla instruyó formalmente a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para realizar inspecciones en todo el municipio e imponer sanciones cuando corresponda por posibles violaciones a los artículos que regulan estos anuncios.

Autoridad electoral y municipio revisan cosas distintas

El debate de Bardas Blancas deja ver que existen dos planos regulatorios que no son idénticos.

La autoridad electoral analiza si una conducta puede constituir promoción personalizada, actos anticipados de campaña u otra infracción electoral bajo los criterios aplicables.

El Ayuntamiento, en cambio, puede revisar permisos, anuncios políticos, pintas y disposiciones del COREMUN, incluso fuera de un proceso electoral.

Por ello, que una denuncia electoral haya sido desechada no significa automáticamente que una barda cumpla con toda la reglamentación municipal.

Del mismo modo, que ciudadanos consideren una pinta como propaganda anticipada tampoco permite afirmar que exista una infracción mientras la autoridad correspondiente no la determine.

De protesta vecinal a movimiento con presencia en dos estados

Bardas Blancas ya superó el momento inicial en que unos cuantos ciudadanos salían únicamente con pintura y rodillos.

En Culiacán, el movimiento pasó de intervenir muros a presentar denuncias ante la autoridad electoral, participar junto con organizaciones civiles y plantear públicamente la necesidad de regular la propaganda.

En Puebla, apenas comienza a desarrollar sus primeras acciones y todavía no existe un conteo público equivalente a los 285 muros reportados en Culiacán.

Lo que sí existe es una discusión que ya rebasa las paredes pintadas de blanco: quién financia la propaganda anticipada, cuándo una pinta se convierte en promoción personalizada, qué permisos existen y hasta dónde pueden intervenir los propios ciudadanos.

Mientras el proceso electoral de 2027 se acerca, Bardas Blancas convierte las bardas en un nuevo espacio de disputa entre promoción política, regulación municipal y hartazgo ciudadano.

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Puebla, Pue. La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, salió en defensa de la regidora Shirley Ponce Luna y acusó que nuevamente fue víctima de violencia política en razón de género, luego del enfrentamiento registrado durante la sesión de Cabildo de Puebla del miércoles 19 de agosto.

La polémica comenzó cuando el regidor de Morena Gabriel Biestro Medinilla señaló que Ponce Luna habría realizado con la mano una aparente señal de amenaza de muerte contra el secretario general del Ayuntamiento, José Alfonso Aguilar García.

Pozos Vergara rechazó esa interpretación y sostuvo que levantar la mano para solicitar el uso de la palabra no puede equipararse con una amenaza, por lo que calificó como desproporcionado el señalamiento contra la representante priista.

Delfina Pozos acusa intento de desacreditar a Shirley Ponce

La legisladora cuestionó que un gesto cotidiano pueda convertirse en un argumento para desacreditar a una integrante del Cabildo y consideró que las diferencias políticas deberían resolverse mediante el debate público.

Desde su perspectiva, acusaciones de este tipo buscan desacreditar a quienes cuestionan las decisiones del gobierno municipal y pueden terminar afectando el ejercicio de una oposición crítica dentro del Ayuntamiento.

Pozos Vergara advirtió que las diferencias políticas y la soberbia no deben convertirse en mecanismos de censura, y señaló que limitar la participación de una regidora representaría un retroceso para la discusión democrática.

“Por Puebla no nos vamos a quedar callados”.

La diputada afirmó que el PRI continuará denunciando aquello que considere irregularidades y defendiendo el derecho de sus representantes a expresar posiciones contrarias a las decisiones del gobierno municipal.

Biestro sostiene que hubo una aparente señal de amenaza

Por otro lado, Gabriel Biestro Medinilla sostuvo su señalamiento contra Shirley Ponce y afirmó que el gesto realizado durante la sesión habría sido dirigido hacia José Alfonso Aguilar García.

El regidor morenista indicó que la aparente señal habría sido presenciada por integrantes del cuerpo edilicio que se encontraban presentes durante la sesión.

La acusación generó un intercambio de señalamientos entre integrantes del Cabildo y elevó la confrontación política entre representantes de Morena y PRI.

PRI denuncia violencia política contra su regidora

Delfina Pozos encuadró lo sucedido como un nuevo episodio de violencia política en razón de género contra Shirley Ponce, aunque el material proporcionado recoge esta valoración como postura de la diputada priista.

Para Pozos Vergara, el punto central es garantizar que las diferencias entre fuerzas políticas no deriven en restricciones a la participación de quienes integran la oposición.

El episodio deja así dos posiciones enfrentadas: mientras Biestro sostiene que existió una aparente señal de amenaza, Pozos rechaza esa interpretación y considera que el señalamiento busca desacreditar y limitar políticamente a la regidora del PRI.

*BC

El sindicato independiente de trabajadores de Volkswagen decidió prorrogar la huelga, que debió estallar ayer a las 11 de la mañana, con una certeza: no recibirá el aumento salarial y contractual que demandaba del 17 por ciento.

La armadora sabe ya que el incremento al salario y prestaciones no será mayor a un digito, pero si superior al 4 por ciento que propusieron originalmente.

En realidad, a ninguna de las partes le conviene que las banderas rojinegras luzcan en las puertas de la armadora y se pare la producción en la segunda planta más grande alemana, que es la primera productora de Europa y una de las más importantes vendedoras de vehículos en el mundo.

La prórroga es de cinco días y vence el domingo 23 de agosto, para entonces las partes deberán llegar a un acuerdo que permita mantener la producción en sus líneas y preparar la del Golf híbrido para 2027.

Si a la empresa y el sindicato no les conviene la huelga, menos a la sociedad poblana y en eso hay un notable consenso social.

EU va por capturar narcos y políticos

A raíz del retiro de la visa de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, detonaron una serie de versiones en el corto plazo de acciones policiacas y militares contra políticos mexicanos.

Son trascendidos que pueden tener elementos de verdad, pero aún no están confirmados.

Lo que cuenta son hechos como las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien el pasado domingo confirmó que ambos países firmaron un acuerdo que permitirá a México adquirir drones y sistemas contra aeronaves no tripuladas, a costos competitivos, para combatir al crimen organizado.

Cuando estaba más alta la especulación de las consecuencias del retiro del visado al hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien fue cobijado por la cúpula de Morena, el embajador estadunidense dijo en un mensaje en redes sociales, que esta semana el secretario del Ejército de aquel país, Daniel Driscoll, y la Secretaría de la Defensa Nacional de México “firmaron una declaración de intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y nuevas tecnologías”.

Agregó que esta tecnología “fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los carteles» y hacer frente a los retos de seguridad bilaterales”.

En un segundo mensaje, Johnson indicó que la cooperación bilateral en materia de seguridad, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, envía un mensaje claro a los delincuentes: “serán capturados y rendirán cuentas”.

Una semana antes, la designación de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras elevó la presión de Estados Unidos sobre sus líderes y también el monto de las recompensas por información que lleve a su captura.

Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, a quien autoridades estadounidenses identifican como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pasó de tener una recompensa de 5 millones de dólares en 2021 a una de 25 millones este año, la cifra más alta ofrecida actualmente por un capo mexicano.

A ello se suman recompensas por más de 100 millones de dólares para otros siete integrantes de la organización.

La recompensa por el supuesto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", es incluso cinco veces mayor que lo que ofrecía por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el fundador del Cártel de Sinaloa y alcanza el monto para Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.

La justicia estadounidense cuenta actualmente con una bolsa de más 200 mdd por otros criminales mexicanos integrantes de "Los Chapitos", La Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

Entre los objetivos de EU están Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de "Los Chapitos"; Johnny Hurtado Olascoaga, de la Nueva Familia Michoacana; y Luis Enrique Barragán Chávez, de Cárteles Unidos, entre otros.

Todos ellos forman parte de los cárteles calificados como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump. Es notable que en esas listas no haya políticos mexicanos, pero de que hay más de uno en sus investigaciones los hay y las consecuencias para México.

De las anécdotas que se cuentan

Durante décadas, capos mexicanos de la droga con nombres como el Chapo y el Mencho han sido los rostros de la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico mexicano. Ahora, el gobierno de Donald Trump ha adoptado un nuevo objetivo: políticos que aceptan dinero sucio para ayudar a los criminales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a los carteles de “usar cada vez más [sus] ganancias ilícitas para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas”. Su objetivo, decía el comunicado, era elegir a candidatos “dispuestos a defender a los carteles y sus intereses”, en menos de un año habrá nuevamente elecciones en México.

No es ningún secreto que los grupos del crimen organizado en México vierten dinero en campañas electorales, especialmente a nivel local. Pero rara vez los funcionarios mexicanos lo abordan abiertamente.

La alerta de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro desató un ruido, y analistas la vieron como la señal de que Estados Unidos quiere ir tras no solo los jefes de los carteles, sino también sus presuntos facilitadores en el gobierno.

En el último año, la administración Trump ha revocado las visas estadounidenses de al menos una gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, y de numerosos alcaldes.

Y en un movimiento poco común, fiscales estadounidenses imputaron a un gobernador en funciones —Rubén Rocha Moya, de Sinaloa— por permitir que los narcotraficantes operaran a cambio de sobornos y apoyo electoral.

Tanto Rocha como Ávila, ambos de Morena, han negado haber cometido irregularidades.

Fueron los primeros, pero seguro no serán los únicos de esas listas. Al tiempo.

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*ARD

En menos de una semana, la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán pasó de provocar una disputa diplomática y política a alimentar dentro del obradorismo una advertencia mucho más grave: que el verdadero objetivo sería Andrés Manuel López Obrador y que incluso podría estar en riesgo su vida.

La declaración más fuerte la hizo Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de Morena con licencia, quien durante un acto político sostuvo que la influencia que conserva el expresidente dentro y fuera de México lo convertiría en un obstáculo para sus adversarios. Su expresión fue contundente:

“No lo pueden dejar vivo”.

Rivera pidió proteger a López Obrador y planteó que desde Estados Unidos existirían intereses para acabar con él. Sin embargo, no presentó públicamente pruebas, documentos, información de inteligencia ni identificó alguna institución o funcionario estadounidense que estuviera preparando un atentado. Hasta este 18 de agosto tampoco existe una confirmación pública de autoridades mexicanas que sostenga esa acusación.

La advertencia llega después del golpe político contra Andy

El contexto inmediato comenzó el 14 de agosto de 2026, cuando Andy López Beltrán anunció que Estados Unidos había revocado su visa.

El hijo del expresidente atribuyó personalmente la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y sostuvo que se trataba de una acción con motivaciones políticas. También aseguró que Washington no había presentado pruebas que lo relacionaran con algún delito.

La administración estadounidense no ha revelado públicamente la razón específica por la que retiró el documento migratorio. La Embajada de Estados Unidos respondió después con un mensaje general: las visas pueden ser canceladas cuando existan razones para ello, independientemente de quién sea su titular o de sus opiniones políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y señaló que no tenía conocimiento de investigaciones de las autoridades mexicanas contra López Beltrán. La decisión provocó además que Morena cerrara filas alrededor de Andy y denunciara una posible injerencia estadounidense en la política mexicana.

Fue entonces cuando comenzó a aparecer otra interpretación dentro del movimiento: el objetivo final no sería Andy, sino su padre.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande”

El primero en expresarlo públicamente fue José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y secretario de Gobierno de Tabasco.

Un día después de conocerse el retiro de la visa, afirmó que Estados Unidos estaba utilizando al hijo para golpear al padre.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande”.

José Ramiro habló de una ofensiva política contra López Obrador. La diferencia con Ana Lilia Rivera es que ella llevó el argumento varios pasos adelante: ya no planteó únicamente un intento de debilitar, investigar o desprestigiar al exmandatario, sino un riesgo para su integridad física.

Así, en cuestión de días, la narrativa escaló de la revocación de un documento migratorio a una acusación de persecución política y posteriormente a la posibilidad de un atentado contra quien gobernó México entre 2018 y 2024.

¿Por qué Ana Lilia Rivera considera que AMLO está en riesgo?

Rivera sostiene que López Obrador mantiene una capacidad de convocatoria que trasciende su retiro de la Presidencia y que podría movilizar políticamente tanto a sectores mexicanos como latinoamericanos.

Desde esa lectura, sus adversarios tendrían interés en neutralizarlo. La morenista ligó esta interpretación con las acciones y acusaciones recientes contra el entorno del exmandatario y sus hijos.

El problema para convertir esa declaración en algo más que una acusación política es la evidencia: Rivera no explicó de dónde obtiene la información que sustenta el supuesto peligro.

No mencionó reportes de inteligencia, investigaciones abiertas, advertencias recibidas por López Obrador, comunicaciones entre México y Estados Unidos ni algún dispositivo extraordinario de seguridad activado como consecuencia de una amenaza reciente. La nota que recoge sus declaraciones señala expresamente que no se han presentado pruebas públicas que respalden la acusación.

Ana Lilia Rivera no está actualmente en funciones en el Senado

La posición actual de Rivera también requiere una precisión.

Aunque continúa siendo integrante electa del Senado, está separada temporalmente de sus funciones por una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Comisión Permanente a partir del 23 de junio de 2026.

El 1 de julio, Eréndira Olimpia Cova Brindis, suplente de Rivera, rindió protesta como senadora y ocupa actualmente el escaño mientras permanezca vigente la licencia.

Rivera, mientras tanto, ha continuado su actividad política en Tlaxcala. Su condición correcta al momento de emitir la advertencia es, por tanto, senadora con licencia de Morena.

Lo comprobado y lo que sigue sin demostrarse

Hay dos planos distintos en esta historia.

El primero contiene acontecimientos verificables: Estados Unidos revocó la visa de Andy López Beltrán, él acusó motivaciones políticas, Morena reaccionó, Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y José Ramiro López Obrador afirmó que el objetivo final de Washington sería AMLO.

El segundo comienza con la declaración de Ana Lilia Rivera: que esa ofensiva podría llegar hasta un atentado contra la vida del expresidente.

Hasta ahora, no se ha hecho pública evidencia que permita unir ambos planos.

El retiro de la visa de Andy no demuestra un plan contra su padre y Estados Unidos tampoco ha informado que esa decisión migratoria tenga relación con una investigación contra López Obrador.

Por la misma razón, la frase de Rivera tiene un fuerte peso político y noticioso, pero no constituye confirmación de una amenaza contra AMLO.

México y Estados Unidos mantienen cooperación pese al choque político

La propia relación bilateral ofrece otro elemento que matiza la confrontación.

Mientras el retiro de la visa de Andy provocó acusaciones de injerencia y endureció el discurso de figuras de Morena, los gobiernos de México y Estados Unidos continúan colaborando en seguridad. Apenas el 17 de agosto se reportaron nuevas señales de coordinación entre ambas administraciones.

La cooperación incluye contactos entre instituciones de seguridad y participación mexicana en mecanismos regionales, pese a las diferencias que han surgido por las acciones estadounidenses contra personajes políticos de México.

El escenario es así más complejo que una ruptura entre ambos países: hay una confrontación política creciente alrededor de determinadas decisiones de Washington al mismo tiempo que continúa la colaboración institucional en seguridad.

En ese ambiente apareció la advertencia de Rivera. La frase “no lo pueden dejar vivo” marca hasta ahora el punto más alto de una narrativa que comenzó con Andy López Beltrán y terminó colocando nuevamente a su padre en el centro del conflicto político.

Lo confirmado es la cancelación de la visa, la reacción del obradorismo y la declaración de Rivera. Lo que todavía no tiene respaldo público es que alguien desde Estados Unidos esté preparando un atentado contra Andrés Manuel López Obrador.

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