Fraudes inmobiliarios

Puebla, Pue. El despojo agravado en Puebla será castigado con penas de seis a 15 años de prisión y multas que superan los 351 mil pesos, informó el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, al precisar que la iniciativa ya fue turnada al Congreso del Estado de Puebla.

Detalló que se ampliarán los supuestos agravados cuando el delito afecte a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, o comunidades indígenas, así como en casos donde participen servidores públicos, se usen documentos falsos, se simulen actos de autoridad o intervengan notarios públicos de forma dolosa.

Multas elevadas y agravantes por lucro

García Parra explicó que el despojo agravado será sancionado con seis a 12 años de cárcel y multas de 100 a mil 500 UMAS, equivalentes a cerca de 175 mil pesos. En tanto, quienes organicen, financien o dirijan estos delitos podrían enfrentar hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil UMAS, es decir, alrededor de 351 mil pesos.

Además, se prevé una agravante adicional cuando exista finalidad lucrativa, como en casos de comercialización irregular de tierras, lo que permitirá incrementar las penas hasta en una tercera parte.

El funcionario recordó que la iniciativa enviada por el gobierno estatal busca modificar el Código Penal del estado de Puebla para frenar el despojo inmobiliario, una problemática que ha ido en aumento en la entidad.

*BC

Puebla, Pue- Ante la próxima discusión de la Ley Inmobiliaria del Estado de Puebla en el Congreso local, el presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, afirmó que esta iniciativa representa una herramienta clave para combatir los fraudes inmobiliarios que afectan directamente el patrimonio de las familias poblanas.

Asimismo, señaló que uno de los ejes centrales de la propuesta es la modernización del Registro Público de la Propiedad, así como una supervisión más estricta de las operaciones que ahí se realizan. De acuerdo con el dirigente empresarial, estas acciones permitirán cerrar espacios a prácticas irregulares que hoy generan incertidumbre jurídica en el sector.

Modernización del Registro Público, una demanda empresarial

Bonilla Yunes explicó que esta solicitud fue planteada directamente al gobernador del estado durante una reunión sostenida meses atrás. En ese encuentro, el mandatario se comprometió a impulsar este año la actualización del Registro Público, vinculada de manera directa con la nueva legislación inmobiliaria, con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la certeza jurídica.

Además, destacó que un Registro Público moderno ayudaría a eliminar las dobles partidas registrales, uno de los principales focos de conflicto en las operaciones inmobiliarias. Por ello, consideró que esta actualización representa un avance significativo para erradicar irregularidades históricas.

Alto número de intermediarios sin regulación

Por su parte, Carolina León, presidenta del sector inmobiliario del COE, informó que en la zona metropolitana de Puebla existen cerca de 8 mil personas que se ostentan como inmobiliarios; sin embargo, solo alrededor de 2 mil se encuentran debidamente establecidos, regulados y certificados.

En este sentido, advirtió que muchos de estos intermediarios improvisados ni siquiera proporcionan identificación, pese a manejar documentos de alto valor como los inmuebles. Por lo tanto, subrayó la importancia de que los asesores inmobiliarios estén plenamente identificados y cuenten con domicilio fiscal.

Padrón inmobiliario y control en plataformas digitales

Bonilla Yunes añadió que resulta fundamental la participación de la Secretaría de Economía para crear un padrón de prestadores de servicios inmobiliarios, que permita regular e identificar a quienes ofertan propiedades en plataformas digitales y bolsas inmobiliarias. Con este registro, dijo, se podría exigir a las plataformas retirar anuncios de personas no autorizadas.

Finalmente, los representantes empresariales subrayaron la necesidad de auditar y supervisar al Poder Judicial en casos donde se detecten resoluciones inusualmente rápidas, con el fin de prevenir abusos, fincar responsabilidades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

*ARD