La elección del domingo

Todo está listo para este uno de junio.

México elegirá por primera vez en su historia a cientos de jueces, magistrados y ministros que integrarán su Poder Judicial, en una elección que los críticos y la oposición consideran beneficia a abogados cercanos a Morena y al poder. En los hechos, abrió la puerta a defensores de narcotraficantes.

En total, más de 4 mil candidatos consiguieron la aprobación de las autoridades para participar en el histórico proceso del 1 de junio. Para la elección, el Instituto Nacional Electoral, la autoridad encargada de organizar los comicios en México, instalará decenas de miles de casillas para que depositen millones de boletas, alrededor del país.

El proceso electoral es producto de una reforma aprobada en septiembre de 2024 que según críticos representa un intento de Morena de apoderarse del Poder Judicial. Su principal promotor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, han defendido la reforma al sostener que su objetivo es limpiar de corrupción este Poder.

Antes y después de la reforma, expertos y organismos internacionales advirtieron que la elección de ministros, magistrados y jueces pone en riesgo la independencia del sistema judicial en una nación con niveles de impunidad que rondan el 99%.

La maquinaria de Morena ya está activada, advirtió el candidato a ministro de la Suprema Corte Guillermo López Andrade, quien dijo que, aunque busca convertirse en uno de los nueve integrantes que ahora conformarán el máximo tribunal, la contienda no es sencilla. En primer lugar, la exposición mediática de la que gozan las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes optaron por participar, genera un desequilibrio frente a los otros aspirantes.

El número de integrantes de la sala superior de la Suprema Corte se reducirá a nueve ministros, actualmente son 11.

Alertó López Andrade, quien ha trabajado como funcionario judicial en la Corte por más de una década, existen sospechas de que Morena movilizará a votantes a favor de alguna de ellas y de otros candidatos que son afines a ese partido. El día de la elección los mexicanos recibirán una boleta para elegir a cinco ministras y a cuatro ministros. Existen 64 candidatos, 33 mujeres y 31 hombres.

Morena y sus aliados establecieron requisitos básicos para los aspirantes, lo que fue ampliamente criticado por jueces en ejercicio y especialistas. Para contender para un cargo de juez federal, los requisitos establecidos fueron ser mexicano de nacimiento, tener una licenciatura en Derecho con promedio mínimo de 8 y “gozar de buena reputación al no tener antecedentes penales”.

En 2016, la abogada Silvia Rocío Delgado, que aspira a ser magistrada, recibió un mensaje de un colaborador del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, cofundador del Cartel de Sinaloa, le explicó que el capo estaba en busca de una persona que lo defendiera en Chihuahua, el último sitio donde estuvo preso antes de su extradición a Estados Unidos.

Tras una breve entrevista en el aeropuerto de Ciudad Juárez, el equipo de ‘El Chapo’ la contrató, dijo Delgado, una abogada con 20 años de experiencia. En 2019, luego de su extradición a Estados Unidos, una corte federal de Nueva York condenó al capo a cadena perpetua por narcotráfico.

“Esto fue algo que sucedió, yo no lo puedo negar, ni lo voy a ocultar, ni implica que yo haya cometido alguna irresponsabilidad, al contrario”, dijo Delgado. “Fue mi capacidad lo que me hizo estar ahí, mi capacidad como abogada”, afirmó.

El debate sobre los candidatos con algún tipo de vínculo con el narco también ha hecho resurgir las alertas que encendieron organismos internacionales antes y después de la reforma judicial sobre la posible interferencia del crimen organizado en las elecciones del domingo.

Las dudas están sustentadas en que ningún otro país, excepto Bolivia, ha aplicado un sistema de elección total de sus jueces, por lo que es una “anomalía”, dijo Carlos Pérez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Agregó “la reforma judicial debió haber contemplado un conjunto de cambios legislativos para evitar el abuso de poder dentro del sistema judicial, y no fue así. “Simplemente vamos a cambiar a quien va a estar a cargo ahora de justificar prisión preventiva, de justificar detenciones arbitrarias de quien esté a cargo, de justificar extorsiones o torturas. No, los operadores van a ser distintos, pero las reglas van a ser las mismas”.

Los mexicanos podremos elegir este domingo al nuevo Poder Judicial Federal, aún con dudas, en el gobierno se espera romper la barrera de los 20 millones de votos en el país, aunque hay posibilidades de que ese número sea menor.

El reto para Morena y sus aliados es enorme, ponen en duda la democracia y la división de Poderes independientes, sustento legal indispensable que legitima a una Nación libre.

De las anécdotas que se cuentan
 

Donald Trump también tendrá que enfrentar al Poder Judicial de su país.

La Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos bloqueó el miércoles los aranceles de 25 por ciento instaurados en marzo por el presidente Trump en contra de las importaciones de México, Canadá y China, señalando que el mandatario se extralimitó al invocar una Ley de emergencia económica.

En respuesta a demandas de un grupo de empresas y de estados gobernados por el Partido Demócrata, la Corte aseguró que los aranceles contra México, Canadá y China invocados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 (IEPPA, en inglés) no abarcan la emergencia por fentanilo.

"Por muy acertada que pueda ser esta estrategia diplomática, esta no se ajusta a la definición legal de 'lidiar' con la emergencia (por fentanilo) mencionada", aseguró el fallo de la Corte.

La administración de Trump pidió suspender los efectos de la sentencia que invalida las tarifas a las importaciones provenientes de decenas de países, incluido México, mientras es revisada por una corte de apelaciones.

El Departamento de Justicia pidió a la Corte Federal de Comercio Internacional (CFCI) suspender los efectos de su propia sentencia, misma que declaró ilegales las tarifas de 25 por ciento contra México y Canadá por la entrada de fentanilo y migrantes desde ambos países, así como a otras 57 naciones que tienen superávit comercial con Estados Unidos.

La CFCI ordenó hoy a las empresas y gobiernos estatales que impugnaron las tarifas, presentar a más tardar hoy un escrito de réplica a la solicitud de suspensión. Mientras esta solicitud no sea resuelta, las aduanas no pueden cobrar las tarifas declaradas ilegales.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que, de aplicarse, la sentencia causaría daños significativos e irreparables a la política exterior y la seguridad nacional, y amenazaría los intereses estratégicos de Estados Unidos.

En el sistema judicial estadounidense es frecuente que las decisiones relevantes de primera instancia queden suspendidas mientras se desahoga el proceso de apelación, que puede tomar meses o años.

En este caso, la suspensión de la sentencia puede provocar un litigio paralelo al del fondo del asunto, pues si la CFCI rechaza detener su orden, el gobierno hará peticiones de emergencia a la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, en Washington, y si eso falla, acudirá a la Corte Suprema.

Los jueces Gary S. Katzmann, Timothy M. Reif y Jane A. Restani son los integrantes de la CFCI que declararon ilegales las tarifas, por exceder las facultades que el Congreso ha otorgado al Presidente, y ahora tendrán que resolver si suspenden su decisión.

La sentencia no abarca todas las tarifas que ha impuesto Trump, entre ellas, las que aplican a la importación de vehículos, al acero y el aluminio.

Si no accede la Corte Internacional de Comercio a suspender temporalmente efectos del fallo sobre tarifas, la administración Trump iría a la Suprema Corte directamente mañana.

El actual round del inquilino de la Casa Blanca es contra el Poder Judicial de su país.

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*ARD