Crisis en el campo poblano: Productores exigen soluciones

El campo poblano enfrenta una de sus peores crisis; a la falta de lluvias, también padece la caída de los precios de los granos básicos -maíz, frijol, cebada y trigo-, que están por los suelos, por eso en su desesperación los productores toman las calles y la autopista.

Campesinos y productores bloquearon ayer por seis horas la Puebla-Orizaba a la altura de Acatzingo, exigen al Sistema de Administración Tributaria (SAT) les regresen el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y exigen la destitución de la auditora del SAT de Puebla, Hilda Reyes.

Otros agricultores con tractores se sumaron a la protesta en las instalaciones del SAT en la zona metropolitana de la Angelópolis. En Plaza Mazarik, se notó la presencia de granaderos debido a que los productores bloquearon las oficinas del SAT. Los campesinos han denunciado la retención del IEPS a 55 mil productores afectados con más de 220 millones de pesos.

Señalaron a Hilda Reyes, quien les ha exigido requisitos no establecidos en la ley, como la presentación de facturas por la adquisición de insumos, tractores, fertilizantes y diésel.

Ayer, en la mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al titular de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, atender el robo de equipo e instrumentos que sufrió la agrupación Los Ángeles Azules en la México-Puebla, en el kilómetro 61. Además, buscarán trabajar en acciones preventivas y con la colaboración de la Fiscalía de Puebla en el caso de este robo.

Reconoció que, aunque se ha avanzado en el combate al asalto de camiones de carga en carreteras, aún hay mucho por hacer. “También le pedí al general Cortés que se pusiera en contacto con algún representante o alguno de los miembros de Los Ángeles Azules… ellos tuvieron ese robo hace algunos días y hasta después pusieron la denuncia, para poder saber dónde fue, cómo fue, el modus operandi… y poder llegar a los responsables”.

Los Ángeles Azules informaron que el robo ocurrió el viernes 9 de mayo cuando regresaban del estado de Tabasco por la México-Puebla. Fue en el kilómetro 61, con dirección a la Ciudad de México, cuando fueron asaltados en un falso retén y hasta el 12 de mayo denunciaron el hecho.

Vecinos de San Miguel Xoxtla anunciaron bloqueo sobre la autopista México-Puebla, a la altura de ese municipio, para denunciar la presunta privatización del agua en la comunidad. La protesta va dirigida contra la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, quien negoció la venta del recurso hídrico.

Llamaron a la población de Xoxtla a sumarse al bloqueo y manifestarse en defensa del recurso natural. Solicitaron la intervención del gobernador, Alejandro Armenta, para frenar la presunta operación que involucra a la autoridad municipal.

La Fiscalía de Puebla contrató a una empresa de Ecatepec, Estado de México, para que les provea de agua en dos modalidades: garrafones para beber y pipas para llenar las cisternas del inmueble, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La empresa es Grupo Hidro Pival S.A. de C.V., a la que le dieron dos contratos en enero de 2025, que suman 796 mil 579 pesos. El periódico e-Consulta informó que la constructora y también consultoría industrial fue elegida por el oficial mayor de la Fiscalía, Jonathan Sánchez, y por el director de operación y logística, Francisco Maldonado, quienes trabajaron en el Tecnológico de Ecatepec.

El domicilio de Grupo Hidro Pival se encuentra en la colonia Santa María Tulpetlac en Ecatepec, de acuerdo con su documentación en el Registro Público de Comercio, pero en ambos contratos con la Fiscalía su dirección está en el Fraccionamiento Real de Santa Clara II en San Andrés Cholula.

El 31 de enero, Grupo Hidro Pival recibió dos contratos de la FGE por adjudicación directa por 796 mil 579 pesos. Uno de los contratos es para la adquisición de agua purificada en garrafones para las áreas de la Fiscalía, bajo modalidad abierta por un máximo de 322 mil 509 pesos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la primera acusación formal contra líderes del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo. Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel son señalados por autoridades estadounidenses de traficar drogas en la frontera desde hace años.

Inzunza Noriega, conocido como "Sagitario", ex líder del Cartel de los Beltrán Leyva, trabaja junto a su hijo en la producción y tráfico de fentanilo hacia EE.UU.. Según la Fiscalía, ambos dirigen una de las redes de producción de fentanilo más sofisticadas del mundo. En los últimos años, han traficado decenas de miles de kilos de fentanilo a Estados Unidos.

Controla numerosas plazas en México, incluidas Tijuana, y opera con impunidad, traficando drogas mortales, amenazando comunidades y funcionarios clave, y obteniendo millones de dólares. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las penas por narcoterrorismo van de cadena perpetua, 20 años de prisión mínima, a una multa económica por más de 20 millones de dólares.

*ARD