El 5 de Mayo, la otra soberanía
En plenas celebraciones del 5 de Mayo, cuando se defendió la Soberanía Mexicana y “las Armas Nacionales se cubrieron de Gloria”, un hecho en apenas dos días y 10 horas, el caso contra el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pasó de una acusación formal en Estados Unidos a una crisis política y judicial con repercusiones en México.
Incluyen solicitudes de extradición, reacciones del gobierno federal, violencia en la entidad y la solicitud de licencia del mandatario. El domingo, el gobierno estadunidense, acusado de violar la soberanía, envió una actualización:
“¡EE. UU. emite orden de arresto contra el gobernador mexicano por narcotráfico, Rocha Moya! El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado el proceso para confiscar todos los bienes del gobernador Rubén Rocha y otros 9 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico”.
El 29 de abril pasado, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el sinaloense Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por colaboración con el Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”, a quienes denunció de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como de participar en delitos relacionados con armas, secuestro y homicidio.
Ese mismo día se informó que el expediente fue turnado a la jueza Katherine Polk Failla, tras la validación de un Gran Jurado.
Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, aunque precisó que los documentos no contaban con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas, por lo que fueron enviados a la Fiscalía General de la República para su análisis.
También el 29 de abril, Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como una calumnia, asegurando que serían desmentidos. En ese primer posicionamiento, sostuvo que el caso formaba parte de una estrategia contra la Cuarta Transformación, propuesta de Andrés Manuel López Obrador y ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un día después, el 30 de abril, la presidenta abordó en Palacio Nacional el tema y no descartó un trasfondo político en las acusaciones, al tiempo que afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie, pero exigió “pruebas contundentes” para proceder.
Por su parte, Acción Nacional pidió al Senado analizar la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que se trata de una crisis de Estado.
Ese mismo día también se retomaron antecedentes del caso, con señalamientos de que investigaciones contra Rocha Moya podrían existir desde 2012, de acuerdo con declaraciones del diputado Jericó Abramo Masso.
El pasado 1 de mayo, la crisis se profundizó con hechos simultáneos. Por un lado, la presidenta Sheinbaum viajó a Palenque, Chiapas, en medio de protestas convocadas por el magisterio. También se generó atención el despegue de un avión de las Fuerzas Armadas de México con matrícula ANX-1230, que salió de la Ciudad de México y realizó escalas en Palenque, Chiapas, y Chetumal, Quintana Roo, en medio de la polémica por las acusaciones contra Rocha Moya.
La aeronave permaneció cerca de una hora en Palenque antes de continuar su ruta, sin que las autoridades informaran oficialmente el motivo del vuelo ni quiénes viajaban a bordo, lo que alimentó rumores por tratarse de donde reside el expresidente López Obrador desde 2024, sin embargo, la presidenta negó que visitara al expresidente.
En Sinaloa, se reportaron al menos nueve homicidios tras la difusión de las acusaciones, mientras que también se generó atención por un vuelo de una aeronave militar con escala en Palenque.
Ese día, la presidenta calificó el caso como un embate del exterior, una amenaza a la soberanía. y llamó a la unidad nacional, insistiendo en que cualquier acción debe sustentarse en pruebas.
Horas más tarde, Rocha Moya anunció el viernes 1 de mayo a las 23 horas que solicitaba licencia temporal al cargo de gobernador para no interferir en las investigaciones, afirmando tener la conciencia tranquila. La decisión ocurrió en paralelo a la solicitud de licencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también vinculado en el caso.
La actual crisis es otra manifestación de atetado a la Soberanía Mexicana, pero hoy no hay un General Ignacio Zaragoza.
De las anécdotas que se cuentan
Hay una grieta en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.
La crisis política en México por la presencia de agentes de la CIA sobre el terreno en Chihuahua y la acusación de Estados Unidos por narcotráfico contra un gobernador y un senador en Sinaloa enmarcan la ruptura, cuyas consecuencias están por concretarse.
El trabajo coordinado de ambas administraciones en materia de seguridad parecía a salvo del habitual riesgo bajo el que vive la relación bilateral, enganchada al trauma interminable de los aranceles.
Trump arrancó su mandato señalando el tráfico de fentanilo desde México como uno de los principales problemas de Estados Unidos. Sheinbaum había contestado, con golpes a estructuras del narcotráfico y el envío masivo de presos al norte, más de 90, evitando la burocracia del tratado de extradición.
Llegó el accidente en Chihuahua, el domingo 19 de abril, una camioneta en que se transportaban cuatro personas se estrelló en la sierra del norte del país.
Todos los pasajeros murieron.
Con el paso de las horas se supo que dos de los cuatro eran agentes de la Fiscalía estatal y los otros dos, ciudadanos estadounidenses.
No pasó mucho tiempo hasta que medios de ambos países desvelaron que los estadounidenses eran en realidad elementos de la CIA, la agencia de inteligencia del país vecino.
Días más tarde, la Fiscalía de Chihuahua reconoció que esos agentes y otros dos habían participado en un operativo en la sierra, en que las autoridades locales habían desarticulado un enorme laboratorio de drogas sintéticas.
Una semana después apareció el escandalo contra el gobernador de Sinaloa y otros 9 funcionarios y políticos sinaloenses.
La grieta en la relación México-Estados Unidos sigue ahí y se profundiza.
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*ARD
