Vistas del Ángel

San Andrés Cholula, Pue. Por medio de la presente, David Oswaldo Romero Quitl, en ejercicio del derecho consagrado en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, solicito formalmente la rectificación de la información publicada el día 20 de abril de 2026 en el portal, bajo el enlace:

 https://www.diariopuntual.com/regionales/2026/04/20/4037/escandalo-vecinal-en-vistas-del-angel-sacude-san-andres-cholula

Aclaración

La nota mencionada incurre en afirmaciones falsas que dañan la reputación de las personas citadas. Contradiciendo lo publicado, presento evidencia que demuestra:

Ausencia del Síndico Municipal: Es falso que el síndico haya estado presente o participado en los hechos violentos descritos.

Ausencia de la Sra. Laura: Es falso que la mencionada ciudadana se encontrara en el lugar de los hechos.

PRUEBA DOCUMENTAL (VIDEO): Como sustento de esta reclamación, adjunto el enlace al video completo y sin ediciones que muestra la totalidad del evento, donde se puede verificar que ninguna de las dos personas referidas estuvo en el sitio:  https://drive.google.com/file/d/1Xz5Yle37DkoDc74sVMUX-ZfxOHMvoDul/view?usp=drivesdk

PETICIÓN: Con base en la Ley de Imprenta y la Ley de Derecho de Réplica, solicito se aclare la información y se elimine el señalamiento directo hacia el síndico y la Sra. Laura, otorgando a esta rectificación el mismo espacio y relevancia que tuvo la nota original.

*ARD

Puebla, Pue. El conflicto registrado en el fraccionamiento Vistas del Ángel, en el municipio de San Andrés Cholula, ha escalado de una disputa vecinal a un asunto con implicaciones legales y cuestionamientos políticos sobre el actuar de funcionarios públicos.

Cuestionan asamblea vecinal 

El origen del conflicto se encuentra en una convocatoria emitida el 11 de abril para una asamblea vecinal, la cual, según habitantes del fraccionamiento, no habría cumplido con lo establecido en la Ley de Propiedad en Condominio.

Vecinos señalaron que hubo impugnaciones previas a la reunión del 16 de abril, sin que estas frenaran su realización, lo que ha sido interpretado como una posible omisión institucional.

El caso ha abierto un debate sobre los límites entre la función pública y los conflictos vecinales, especialmente cuando estos aún no están resueltos jurídicamente.

Las críticas no sólo se centran en la legalidad del proceso, lo que reaviva el debate sobre la capacidad del gobierno municipal para garantizar seguridad y orden en contextos de conflicto social.

*BC