Incertidumbre por bloqueo de cuentas
Hay una preocupaci贸n que empieza a crecer en el pa铆s, el bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sin orden judicial previa.
La medida genera riesgos como la posible discrecionalidad gubernamental, inseguridad jur铆dica para inversionistas, y la par谩lisis operativa de empresas, afectando pagos de n贸mina y proveedores.
Se teme que la facultad administrativa sea utilizada sin un rigor t茅cnico estricto, afectando a personas o empresas sin pruebas s贸lidas. Incluye a personas f铆sicas o morales en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, genera un da帽o a su prestigio inminente y aumenta la fiscalizaci贸n por parte del SAT.
El congelamiento inmediato puede detener la operaci贸n de negocios, impidiendo el pago de n贸minas, proveedores o cr茅ditos.
Aunque el comunicado de la SCJN garantiza el derecho de audiencia, los procesos para desbloquear cuentas pueden tomar meses o a帽os. Expertos se帽alan que esta medida podr铆a mermar la confianza de inversionistas, aumentando la percepci贸n de riesgo en M茅xico.
La medida es considerada por el prevenciondelavado.com como un mecanismo de "cero impunidades", pero su aplicaci贸n pone en tensi贸n los derechos humanos y de seguridad jur铆dica.
Resulta que la resoluci贸n de la Corte permite a la UIF bloquear cuentas bancarias consideradas sospechosas de operaciones il铆citas, lo que preocupa sobre un posible uso discrecional del mecanismo por parte del gobierno.
Si la UIF considera que existe lavado de dinero, buscar谩 bloquear las cuentas bancarias de la persona o empresa involucrada sin previo aviso, con el fin de frenar operaciones ilegales en tiempo real. Esta decisi贸n, se justifica con los compromisos que firm贸 M茅xico en meses recientes con el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI).
Resulta violatorio al principio de inocencia, al derecho a la defensa, al derecho de saber qu茅 se la acusa, al principio de contradicci贸n.
Aunque la Corte determin贸 que las personas se pueden defender de ese bloqueo de cuentas, los expertos destacan que estos procesos aclaratorios pueden tomar desde meses hasta a帽os.
La UIF debe respetar los plazos fijos y definidos para que las personas afectadas puedan defenderse: 5 d铆as h谩biles a los interesados para solicitar una audiencia tras ser notificados, 10 d铆as para presentar pruebas y alegatos, y debe emitirse una resoluci贸n en un m谩ximo de 15 d铆as.
El a帽o pasado, el sistema financiero en M茅xico se sacudi贸 cuando el Departamento del Tesoro se帽al贸 a tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero y financiamiento a organizaciones del narcotr谩fico.
Los se帽alamientos derivaron en el cierre de operaciones de dos bancos y una casa de Bolsa.
Tras ese episodio, M茅xico firm贸 acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer los trabajos de prevenci贸n de lavado de dinero y esta medida es la que busca poner soluci贸n.
Es importante que la UIF revisar谩 a detalle las actividades vulnerables que incluyen a las compa帽铆as automotrices, inmobiliarias, joyer铆as, casas de cambio, bancos, casas de juegos y apuestas.
Preocupa la resoluci贸n de la Corte que autoriza a la UIF a bloquear cuentas bancarias consideradas sospechosas de operaciones il铆citas, el uso discrecional del mecanismo por parte del gobierno, propicio temor, inseguridad jur铆dica para los inversionistas y en el corto plazo obliga a los empresarios, de cualquier ramo, a frenar sus proyectos de nuevas empresas.
Hay incertidumbre.
De las an茅cdotas que se cuentan
La Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n resolvi贸 diversos asuntos relevantes en materia de privacidad digital, derecho penal y justicia civil, durante su sesi贸n del 8 de abril de pasado.
En uno de los casos, determin贸 que el fraude conocido como SIM, swapping, constituye un il铆cito grave que vulnera la privacidad, los datos personales y la seguridad patrimonial.
El caso deriv贸 de una usuaria en la Ciudad de M茅xico cuya l铆nea telef贸nica fue entregada a un tercero por negligencia de la compa帽铆a, lo que permiti贸 el acceso a sus cuentas digitales y la difusi贸n de contenido 铆ntimo.
La Corte concluy贸 que la empresa incurri贸 en responsabilidad civil por no cumplir con los est谩ndares de verificaci贸n necesarios al reponer la tarjeta SIM, y orden贸 fijar una indemnizaci贸n por da帽o moral. Estableci贸 que las compa帽铆as telef贸nicas deben aplicar medidas estrictas de identificaci贸n y seguridad, y juzgar estos casos con perspectiva de g茅nero, evitando la revictimizaci贸n.
En otro asunto, el Pleno valid贸 el delito de peculado previsto en el C贸digo Penal de Colima, al considerar que est谩 claramente definido. Sin embargo, invalid贸 su car谩cter imprescriptible, al se帽alar que esta figura debe reservarse 煤nicamente para delitos graves contra la humanidad.
La SCJN confirm贸 que en juicios civiles solo se puede ampliar la demanda una vez, con el fin de evitar procesos interminables y garantizar una justicia pronta.
Con estas resoluciones, la SCJN refuerza la protecci贸n de derechos como la privacidad, la imparcialidad judicial y el acceso efectivo a la justicia en M茅xico.
Aunque con el bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, avalado para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sin orden judicial previa genera riesgos y temor entre personas f铆sicas y morales.
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