Periodistas asesinados

Su artero asesinato conmocionó a niveles internacional, nacional y local. Su ejercicio periodístico confirmó la violencia en el país y un atentado contra la libertad de expresión, máxime cuando se sabe que están involucrados personajes responsables de huachicol.

El ejercicio periodístico es hoy más vulnerable que nunca.

La Sociedad Interamericana de Prensa repudia el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, director de la página digital Noticias San Martín Texmelucan, ocurrido el pasado jueves 16 de julio en su tierra, San Martín Texmelucan.

La noche del sábado agentes ministeriales detuvieron a Javier Montalvo, presidente de la junta auxiliar de la junta de San Lucas Atoyatenco donde falleció, por sospechas de estar implicado en el crimen.

Martínez Contreras, conocido como Josué Mac o “El Jaguar”, también era abogado y maestro. Fue atacado a balazos por desconocidos que llegaron en motocicleta hasta su casa en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, donde le dispararon frente a su hijo de 13 años.

A través de Noticias San Martín Texmelucan, página informativa en Facebook, el comunicador difundía información local y realizaba cobertura de temas de seguridad y hechos de alto impacto en la región, según informó la organización Artículo 19.

Meses antes había recibido amenazas relacionadas con información publicada sobre un grupo delictivo. Poco después del asesinato, circuló en la prensa un video grabado en el que Martínez Contreras denunciaba amenazas del edil auxiliar Montalvo en su contra.

Este antecedente refuerza la necesidad de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió alguna relación con su trabajo informativo.

Familiares y amigos dieron el último adiós a Josué Martínez, durante un emotivo cortejo fúnebre realizado la mañana del sábado 18 de julio. Con flores, globos blancos, confeti y consignas de "¡Justicia!", acompañaron el recorrido hacia el panteón de San Lucas Atoyatenco, donde fueron sepultados sus restos, al tiempo que exigieron el esclarecimiento del homicidio.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó su preocupación por “la violencia persistente contra periodistas en México” y recordó que “la impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa”.

Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, instó a las autoridades mexicanas “a no descartar la labor periodística como una posible línea de investigación y a garantizar justicia para la víctima y su familia”.

La violencia contra la prensa dejó al menos seis periodistas asesinados en México durante el primer semestre de 2026, además de amenazas, atentados e intimidaciones en distintas entidades. El caso más reciente fue el de Josué Martínez Contreras, ultimado en Puebla después de haber denunciado hostigamiento por sus investigaciones sobre el manejo del agua, en el que está involucrado el presidente de la junta auxiliar y una familia dedicada al huachicol en la región de Texmelucan.

Los seis periodistas asesinados en lo que va del año son: Manuel Alejandro Moreno Serna, ultimado el 3 de julio en Zihuatanejo; Roxana Berenice Guzmán, de Veracruz, quien fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida; Luis Ángel López Valdez, asesinado el 11 de junio en Poza Rica; Juan David Gámez, muerto en marzo en Nuevo León, y Carlos Castro, asesinado el 8 de enero también en Poza Rica.

En noviembre de 2025, el periodista difundió un video en el que denunció actos de hostigamiento por parte de autoridades municipales y personal de la Comisión Nacional del Agua, luego de publicar señalamientos sobre tomas clandestinas de agua y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos relacionados con el servicio.

El Jaguar aseguró que funcionarios acudieron a su domicilio para reclamar un supuesto adeudo por consumo de agua, pese a que mostró comprobantes de pago.

También afirmó haber cubierto una multa de seis mil pesos y sostuvo que las presiones estaban relacionadas con sus denuncias públicas sobre el manejo del sistema de agua potable en su municipio, en el que están involucrados los huachicoleros.

Reporteros Sin Fronteras criticó la respuesta de las autoridades mexicanas frente a la violencia contra la prensa. El director de la organización para América Latina, Artur Romeu, señaló que abrir investigaciones después de cada asesinato resulta insuficiente y pidió al Gobierno federal implementar medidas efectivas de prevención, protección y rendición de cuentas para evitar nuevos ataques contra periodistas

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado en distintas ocasiones que los casos son revisados por el gabinete de seguridad y permanecen bajo investigación. Además de los homicidios, durante este año se han documentado múltiples agresiones contra periodistas en distintas entidades.

Los sicarios que mataron a El Jaguar tenían instrucciones precisas y no importó que fuera acompañado de su hijo de 13 años.

La condena del gobernador Armenta y de la presidenta Sheinbaum debe estar respaldada por acciones y detenciones de los responsables máxime cuando hay gente del huachicol que está detrás de las amenazas y no se descarta que, del homicidio en San Martín Texmelucan, por lo pronto ellos están impulsando protestas por la detención del presidente de la junta auxiliar, Javier Montalvo, y las amenazas de bloquear la autopista México-Puebla.

De las anécdotas que se cuentan

Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han advertido que, además de la violencia física, en diversas entidades se impulsan medidas legales y administrativas para limitar el ejercicio de la libertad de expresión en México.

Reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el trabajo periodístico.

No se puede hablar de libertad de prensa cuando al ejercer ese derecho el punto final es la muerte.

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*ARD

La noche del sábado fue detenido Javier Montalvo, edil auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, por su relación con el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido la mañana del jueves 16 de julio.

Al momento de su detención, ofreció a los agentes ministeriales de la Fiscalía un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, para evitar consecuencias legales debido a que sabía de la investigación en su contra.

Agentes ministeriales detuvieron al edil auxiliar y lo trasladaron a la ciudad de Puebla donde fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.  La Fiscalía de Puebla aclaró que las investigaciones por el homicidio del periodista Martínez Contreras continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, y se agotarán todas las líneas de investigación.

Fue la mañana del sábado cuando familiares y amigos de Josué le dieron el último adiós en medio de peticiones de justicia, que no haya impunidad, la captura de los autores intelectuales y materiales del asesinato.

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La noche del sábado y madrugada del domingo familiares del edil subalterno de San Lucas Atoyatenco, detenido por cohecho, durante las investigaciones por la muerte de Josué Martínez, director de Noticias San Martín Texmelucan, exigieron su liberación y tomaron la caseta de la autopista México-Puebla.

La familia del subalterno, señaló que la detención estuvo plagada de irregularidades, hecho que genera la falta de credibilidad hacia las autoridades. Los inconformes, mencionaron que, tras la muerte del Josué Martínez, se han dado una serie de amenazas en contra de ellos y otros miembros de la familia de Javier Montalvo, hecho que ya ha sido denunciado a las autoridades.

Explicaron que, si se han mantenido al margen, tras el homicidio de Josué, ha sido para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, tras la detención de Javier Montalvo, han decidido alzar la voz y señalar que, si el subalterno hubiera tenido algo que ver como se dijo, hubiera huido, hecho que no ocurrió. Ante ello, exigen su inmediata liberación.

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Con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación y evitar que factores económicos limiten la continuidad académica de miles de jóvenes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del estado, a través de la SEP, inauguraron la quinta edición de Plan Becas: Impulsando la Educación 2026.

Los asistentes al Centro Expositor podrán conocer la oferta académica y los beneficios que presentan más de 64 instituciones educativas, entre universidades incorporadas a la BUAP y escuelas con revalidación oficial de la SEP. Los apoyos contemplan descuentos que van del 15 al 70 por ciento, tanto en el pago de inscripción como en colegiaturas.

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Miles de personas en Estados Unidos se enfermaron o podrían enfermarse tras consumir lechuga tipo iceberg producida en México. Las autoridades sanitarias estadounidenses identificaron este alimento como el sospechoso del brote de ciclosporosis, enfermedad conocida por provocar diarrea explosiva, mientras que la empresa involucrada anunció el retiro voluntario del producto.

Se han confirmado mil 644 casos por laboratorio; sin embargo, las autoridades advierten que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas personas presentan síntomas leves y no se realizan pruebas diagnósticas.

Se presume que la lechuga era producida por Taylor Farms de México. Aunque la FDA señaló que la investigación apunta a una explotación agrícola independiente que representa menos del 1 por ciento del suministro de lechuga iceberg en Estados Unidos.

La empresa decidió retirar del mercado toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México, incluido el estado de Puebla, como medida preventiva. Actualmente cuenta con alrededor de 20 mil empleados. Comercializa también ensaladas preparadas con espinacas y col.

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El gobernador Alejandro Armenta inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan, obra con una inversión conjunta de 69.4 millones de pesos que beneficiará a 32 mil 28 habitantes de Tepeaca y San José Carpinteros.

Además, contribuye al saneamiento de los ríos, el aprovechamiento sustentable del agua y la transición energética en Puebla. El titular del Ejecutivo explicó que esta nueva planta sustituye modelos obsoletos con altos costos de operación y utiliza reactores biológicos de alta tecnología, similares a los instalados en la refinería Dos Bocas en Tabasco.

Informó que el proyecto tendrá una segunda etapa con una inversión adicional de 30 millones de pesos, destinada a tecnificar alrededor de 60 hectáreas de cultivo mediante riego por goteo con agua tratada, lo que elevará el valor de la producción agrícola, protegerá los mantos acuíferos y reducirá la sobreexplotación de pozos.

Anunció que este modelo se replicará en Libres y Acatzingo, como parte del programa que comenzó en San Matías Tlalancaleca para el saneamiento del río Atoyac. También adelantó que en Tochtepec presentará un esquema para la recuperación de Valsequillo y el riego de 100 hectáreas.

*ARD

Puebla, Pue- La Arquidiócesis de Puebla manifestó su solidaridad por el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras al incluir una oración especial durante la misa dominical. El obispo auxiliar Francisco Javier Martínez Castillo pidió por el descanso eterno del comunicador y compartió un mensaje centrado en la importancia de promover el bien para enfrentar la violencia.

En la homilía celebrada este domingo, el obispo auxiliar recordó a Josué Martínez Contreras, asesinado en San Martín Texmelucan, y elevó una plegaria por su eterno descanso.

Asimismo, mencionó a Oswaldo Pérez Musso y Josefina Castillo, al encomendar sus almas durante la oración de los fieles, como parte del acto litúrgico celebrado por la Iglesia Católica.

La parábola del trigo y la cizaña

Al reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, Francisco Javier Martínez Castillo explicó que la parábola del trigo y la cizaña enseña que, aunque el mal exista, las personas deben trabajar para que el bien sea el que prevalezca.

El obispo afirmó que Dios manifiesta su poder mediante la misericordia y la paciencia, ofreciendo a cada persona la oportunidad de cambiar y actuar correctamente.

En la parte final de su mensaje, el representante de la Arquidiócesis de Puebla invitó a los fieles a convertirse en promotores de acciones positivas que fortalezcan la paz y la convivencia.

Además, señaló que la sociedad necesita personas comprometidas con la solidaridad y la esperanza para hacer frente a los hechos de violencia que afectan a las comunidades. "Que el trigo le gane a la cizaña, que las actitudes positivas sean las que marquen la vida", concluyó durante la celebración religiosa.

*ARD

El ejercicio de la investigación periodística en México, enfrenta uno de los mayores riesgos que llevan a sus autores incluso a la muerte.

Criminalizada por un gobierno incapaz de reconocer la actividad periodística y un “caso cerrado” para una Fiscalía tras la aprehensión de policías y narcos involucrados en el asesinato de Roxana Guzmán, la gestión de la gobernadora de Veracruz, Roció Nahle, pretende darle la vuelta a la página.

El pasado fin de semana entregaron a la familia restos calcinados para que el lunes fuera sepultada.

El silencio de la máxima autoridad ante un hecho inédito, como la difusión de un video donde se muestra como los criminales llevan a cabo el levantamiento de la periodista en su propio domicilio.

Con esos datos se espera la identificación del grupo de delincuentes, la policía cómplice y la confirmación “científica” de que era la comunicadora mutilada y hervida hasta su disolución en un perol de acero.

Quedaron detenidos para cerrar la carpeta, Javier Iván “N”, alias “Delta1”, José del Carmen “N”, Alias “Delta 7” y Luis Arturo “N”, alias “Deta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima, y posteriormente en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”, en el homicidio de la comunicadora.

Cuentan como culpables del atroz asesinato en contra de quien Nahle siempre se refirió como la “señora Roxana” y lo más que dijo fue a llamar a la “prudencia” ante el reclamo de la opinión pública.

¿De verdad le dejaba más dinero el crimen que la reporteada, sobre todo luego de observar las condiciones de pobreza de Roxana que vivía en un barrio miserable?

¿A qué se debe el silencio oficial como el sucedido en enero pasado, cuando fue asesinado a mansalva el reportero de nota roja, Carlos Castro, luego que sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, propiedad de sus padres y abrieron fuego de manera directa, causándole la muerte?

Y qué decir cuando el pasado 11 de junio el periodista de Poza Rica, Luis Ángel López, quien tras discutir con un comandante policiaco fue asesinado de 18 balazos.

Hay una colusión de funcionarios y policías con la criminalidad y el desprecio en contra de los representantes de los medios de comunicación.

¿Pretenden su exterminio?

El gobierno de Veracruz y de varios municipios de esa entidad no soportan la crítica, menos la denuncia pública con pruebas.

La impunidad los obliga a la represión, a matarlos físicamente o de hambre, a guardar cero relaciones publicitaria y cobijarse en unos cuantos incondicionales.

No hay diálogo ni se quiere. Lo de Roxana, por más que digan lo contrario, marcará para siempre al actual gobierno de Veracruz.

“Así sucedió con Regina Martínez a quien se buscó criminalizar. Lo mismo pasó con Yolanda Ordaz, de Notiver, decapitada y a Milo Vela cocido a tiros en su recamara”.

Y van 36 muertos de 2004 para esta fecha y los hechos criminales siguen contando.

De las anécdotas que se cuentan

México es un país letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos quince años y figura en el lugar 122 de 180 en la clasificación anual de libertad de prensa de la ONG Reporteros Sin Fronteras, en un escenario global que muestra su peor estado en el último cuarto de siglo.

Más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han sido desaparecidos desde el año 2000 en México, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros sin Fronteras.

Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, señaló que estos datos ubican a México como “el país más violento para el ejercicio del periodismo” desde hace al menos quince años “en todo el continente americano”.

Romeu subrayó que, aunque México avanzó del puesto 124 al 122 respecto a 2025, este aparente progreso es “ilusorio”, dado que no responde a una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo sino al retroceso de otros países, su puntuación pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026.

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*ARD

El diario The New York Times publicó el pasado 19 de junio un reportaje donde afirma que “en México, los políticos usan las leyes contra los periodistas”.

Los políticos y funcionarios de México están utilizando las leyes del país para intimidar a los críticos y a los medios de comunicación, obligándolos a la censura y frenando el escrutinio. documentan los reporteros Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas.

“Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.

“Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales.

“En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas”.

México, señalan, lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.

Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.

“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el Poder Judicial para amedrentar”, señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se le repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.

La Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.

Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.

Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no criticaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.

Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.

El gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas diarias, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que criticaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.

Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura. “Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero.

También ha defendido a miembros de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, pidió a la gente que boicoteara a Televisión Azteca que se había negado a pagar impuestos y que había cubierto negativamente su gobierno. “No es una censura, es una opinión”, dijo

La Navidad pasada, Rafael León, un reportero de la fuente policiaca de Coatzacoalcos, pensó que lo estaban secuestrando cuando unas camionetas sin insignias le bloquearon el paso y unos hombres armados lo sacaron a rastras de su coche.

La fiscalía del estado de Veracruz lo acusó de terrorismo, al argumentar que sus coberturas sobre los cárteles provocaban pánico entre la población. También lo acusaron de obstrucción, porque solía llegar antes que la policía a los lugares de los hechos, y de aceptar sobornos de los grupos delictivos. Después de que Sheinbaum criticara de manera pública los fundamentos jurídicos de la acusación, se retiraron los cargos de terrorismo.

Los litigios de este tipo de casos pueden ser muy técnicos y terminar sofocando a los medios de comunicación. Sheinbaum restó importancia a las preocupaciones de que se estuviera coartando la libertad de prensa.

“¿Dónde hay censura en México?, dijo a los periodistas. “Todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue”, remató la presidenta sin que ello cambie el ambiente de amenaza y tensión que se vive en los medios de comunicación mexicanos.

De las anécdotas que se cuentan

Después de todo hay que recordar que la libertad es de “quien la trabaja”, como sugirió siempre Carlos Payan, primer director de La Jornada.

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*ARD

Tehuacán, Pue- Un tribunal emitió fallo condenatorio contra Jesús Armando “N” y José Francisco “N”, responsables del homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido en el municipio de Tehuacán, Puebla.

La sentencia establece 46 años y cinco meses de prisión, resultado de un proceso judicial que se extendió por varios meses y que incluyó 27 audiencias en las que se presentaron pruebas, testimonios y argumentos de las partes involucradas.

El asesinato del comunicador provocó indignación entre periodistas y ciudadanos, quienes exigieron justicia desde el momento en que ocurrió el crimen.

El crimen ocurrió en el fraccionamiento Agua Blanca

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2023, cuando el periodista salía de una reunión en el fraccionamiento Agua Blanca, en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con las investigaciones, en ese momento fue atacado por los agresores, lo que provocó su muerte. Posteriormente, las autoridades lograron identificar y detener a los presuntos responsables.

Durante la audiencia número 27, celebrada el 24 de febrero, el órgano jurisdiccional dio lectura a la sentencia que establece más de cuatro décadas de prisión para los responsables del homicidio.

Familia pide acciones para proteger a periodistas

Después de conocer el fallo judicial, la familia del periodista realizó un pronunciamiento público con dos peticiones dirigidas a autoridades estatales.

En primer lugar, solicitó al Poder Judicial evitar cualquier acto de corrupción que pueda modificar o revocar la sentencia dictada contra los responsables.

Asimismo, pidió al Poder Legislativo de Puebla revisar el número de periodistas asesinados en el estado y analizar la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes agredan a comunicadores.

Justicia parcial ante una pérdida irreparable

La condena de 46 años y cinco meses de prisión es considerada por diversos sectores como una resolución significativa dentro del caso.

Sin embargo, familiares y colegas recordaron que ninguna sentencia podrá compensar la pérdida del periodista.

Marco Aurelio Ramírez Hernández fue reconocido como un comunicador comprometido con su trabajo informativo, además de ser profesor y una figura respetada dentro del ámbito periodístico en la región de Tehuacán.

*ARD