corrupción en México

La corrupción en México continúa, se agrava y se vuelve más sofisticada.

Casos como el de Grupo Tecno, empresa que recibió más de 4 mil millones de pesos en contratos del gobierno para la emisión de pasaportes y transfirió más de 65 millones de pesos a una red de empresas “fantasma” vinculadas a César Adrián Gamboa Montejo, encargado de finanzas del PT en Quintana Roo, muestran cómo contratos públicos terminan en redes de empresas fantasma vinculadas al poder político, mientras que esquemas como el huachicol fiscal evidencian una nueva escala de impunidad.

Minimizar problemas o ignorar diagnósticos externos solo profundizan la crisis.

Grupo Tecno es una empresa que recibió más de 4 mil millones de pesos en contratos del gobierno federal para la emisión de pasaportes y transfirió más de 65 millones de pesos a empresas “fantasma” vinculadas a Gamboa Montejo, dirigente del PT en Quintana Roo.

La triangulación de recursos comenzó en 2020 tras la adjudicación del contrato por parte de Relaciones Exteriores. Varias de las empresas que recibieron el dinero están catalogadas por el SAT como factureras y forman parte de una red de al menos 40 compañías fachada que comparten socios, domicilios y representantes.

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación detectaron desvío de recursos públicos hacia estas empresas, mientras que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que muchas están a nombre de prestanombres que son empleados o personas de bajos recursos, cuyas identidades han sido robadas.

La corrupción en México se ha sofisticado al evolucionar de sobornos directos, la "mordida", a redes complejas e institucionalizadas que involucran el desvío de millonarios recursos públicos, el uso de empresas fantasma y la captura de instituciones, superando las barreras de transparencia.

Esta sofisticación implica una mayor impunidad y costos económicos significativos.

La utilización de empresas fachada permite desviar miles de millones de pesos mediante contratos públicos sin licitación. Un ejemplo de esta magnitud es el desvío de 15 mil millones de pesos en Segalmex, que evidenció una red de simulación de operaciones.

El "Huachicol" fiscal es una forma de corrupción avanzada que implica el robo de hidrocarburos a gran escala o la evasión de impuestos en la importación de combustibles, generando pérdidas por más de 610 mil millones de pesos.

Hay una estructura de poder que opera para sus propios intereses, descuidando el interés público y utilizando recursos del Estado para fortalecer redes políticas y económicas.

La creación de una "ventanilla kafkiana", con trámites complejos, requisitos inalcanzables y diseño administrativo siniestro, fuerza a los usuarios a pagar para agilizar procesos.

La complicidad en el sistema judicial y la falta de castigo efectivo permiten que estas redes sigan operando, convirtiendo la corrupción en una práctica estructural. Además, la corrupción se extiende a las relaciones entre particulares y el sector privado, integrando a actores en redes sofisticadas.
La impunidad sigue siendo un factor clave que permite la persistencia de estos actos de corrupción.

Por eso, sin un cambio en el sistema, reducir el número de cargos, como regidores, solo concentra el poder y debilita la democracia mexicana.

De las anécdotas que se cuentan

El caso de corrupción más grave y emblemático registrado en México en los últimos 5 años es el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Este escándalo ha sido calificado como "La Estafa Maestra de la 4T".

Las irregularidades en Segalmex suman un daño patrimonial estimado inicialmente entre 9 mil y 12 mil millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos solo en los años 2019 y 2020.

Se detectaron compras fraudulentas de carne y azúcar, contratos a empresas fachada, extravío de estados financieros y el desvío de recursos públicos a cuentas personales y para uso indebido.

A pesar de la magnitud, se ha criticado que no se hayan fincado responsabilidades firmes contra funcionarios de primer nivel involucrados en esta red de corrupción.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD
 

El tema de la corrupción no sólo es de México sino del mundo, aunque en nuestro país el índice de la percepción es muy alto.

Con una calificación de 27 puntos sobre 100, nuestro país se estancó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, debido a factores como la extorsión, el huachicol fiscal y la impunidad, los cuales conocemos bien los poblanos.

La calificación es un punto mayor a la obtenida el año pasado, que fue de 26 puntos, sin embargo, el País se mantiene alejado de los 35 que obtuvo en 2014 y de los países mejor evaluados en la última medición, que fueron Dinamarca, con 89; Finlandia, con 88; y Singapur, con 84.

“En 2025, México obtuvo una calificación de 27 puntos de 100 posibles. La escala del Índice de Percepción de la Corrupción va de cero -la peor evaluación para un país- a 100, la mejor calificación. Con 27 puntos, México se ubica en la posición 141 de 182 países evaluados”, informó Transparencia Mexicana.
La situación es delicada, de acuerdo con la organización la percepción de la corrupción en México está vinculada al huachicol fiscal, la extorsión de autoridades en distintos niveles de gobierno, así como la impunidad en casos conocidos y las contrataciones públicas discrecionales.

Apunta: “el huachicol fiscal representó una pérdida fiscal de cerca de 610 mil millones de pesos en 2025, lo que equivale a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex. Enfrentar estas nuevas expresiones de corrupción con redes transnacionales de macro criminalidad, exige fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y plantear como prioridad estratégica la protección de recursos públicos”.

El IPC mide, por medio de una encuesta, la percepción de diferentes sectores sobre el fenómeno de la corrupción. En el caso de México, se toman en cuenta además 13 fuentes de datos de 12 instituciones para 2024 y 2025.

Con la calificación y el ranking de este año, México está en último lugar entre las economías que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que, en el G20, donde están 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana, México está en penúltimo lugar, solo por encima de Rusia, que obtuvo 22 puntos.

“En Latinoamérica, México está mejor evaluado que Guatemala (26/100), Paraguay (24/100), Honduras (22/100), Haití (16/100), Nicaragua (14/100) y Venezuela (10/100) y se ubica por debajo de Brasil (35/100) y Chile (63/100), sus principales competidores económicos en la región”, precisó Transparencia Mexicana.
Resalta la persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables, como ocurre en las calles de Puebla y en los mercados.

“(Existe una) persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables. Al menos 16 de cada 100 empresas reportaron haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo con el INEGI y con fuentes del sector privado.

“Las más afectadas son las micro y pequeñas unidades económicas, que resienten especialmente los costos de las pérdidas ante el delito y de implementar medidas de protección. La población coloca a la extorsión entre los tres delitos más comunes que enfrenta en su vida cotidiana; mientras que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial”, señaló.

El tema de la corrupción es muy delicado y máxime cuando está vinculado con la violencia criminal, principal problema político, social y económico del país.
Puebla no escapa a esta realidad y el gobernador Alejandro Armenta insiste un día sí y otro tambo en que aquí no habrá impunidad.

El camino es cuesta arriba.

De las anécdotas que se cuentan

Jesús Ramírez, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República y vocero todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, respondió lo siguiente al obús que Julio Scherer Ibarra le lanzó en su libro Ni Venganza Ni Perdón que apareció el miércoles y fue ampliamente difundido en librerías y redes sociales.

Ramírez difunde en la red X una carta a la opinión pública que señala la campaña en su contra en medios de comunicación y redes con acusaciones que son mentiras, ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas que varios medios han tomado por buenas.

Señaló que no fueron acompañados por pruebas, por lo que los supuestos casos de corrupción, desvío de recursos y relaciones con delincuentes son falsas, producto de la imaginación y mala fe de los autores, a quienes “los une la venganza y golpear a la 4T”.

A lo largo del escrito solo descalificó con adjetivos sin aportar un solo dato que respalde su defensa.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD
 

El empresario Amílcar Olán Aparicio, señalado como presunto operador financiero de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es acusado de encabezar una red de extorsión contra empresarios con quienes mantuvo negocios durante el sexenio pasado.

De acuerdo con una investigación periodística, Olán habría utilizado amenazas legales y denuncias penales fabricadas para exigir pagos por contratos obtenidos con dependencias del Gobierno federal, lo que abrió una nueva polémica sobre posibles conflictos de interés en el entorno presidencial.

Empresarios denuncian extorsión y fabricación de delitos

Exsocios de Amílcar Olán sostienen que, tras negarse a seguir entregando comisiones, comenzaron a enfrentar acusaciones por delitos graves como secuestro, lavado de dinero, fraude e intento de homicidio.

Estas denuncias habrían sido utilizadas como mecanismo de presión para obligarlos a ceder parte de las ganancias derivadas de contratos públicos gestionados durante la pasada administración federal.

Los afectados afirman que los procesos carecen de sustento legal y forman parte de una estrategia sistemática de intimidación.

Fiscalía de Tabasco, señalada en la operación

La estrategia judicial se habría instrumentado en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde se facilitaría la apertura de carpetas de investigación contra los empresarios señalados.

El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros y el abogado Miguel Ángel Esqueda Romero son mencionados como actores clave en la formalización de las denuncias, lo que habría permitido sostener la presión legal contra los exsocios de Olán.

El respaldo de Andy López Beltrán

Empresarios afectados buscaron la intervención directa de los hijos del expresidente para frenar las denuncias. Sin embargo, según los testimonios, Andy López Beltrán habría ordenado permitir que los procesos judiciales continuaran.

Esta decisión fue interpretada por los denunciantes como una señal de respaldo a las acciones de Amílcar Olán, pese a la relación de años que existía entre las partes involucradas.

La advertencia: “Si caigo yo, caen los López Beltrán”

Aunque inicialmente habría contado con respaldo político, Olán comenzó a expresar preocupación ante posibles investigaciones federales por conflicto de interés y contratos públicos.

En ese contexto, lanzó la advertencia:

“Si caigo yo, caen los López Beltrán”

La frase sugiere que el empresario se considera una pieza central dentro de una estructura más amplia que podría comprometer directamente a Andy y Gonzalo López Beltrán.

Presunta red de protección en el Poder Judicial

El reportaje también señala que la red de protección de Amílcar Olán se extendería al ámbito judicial, con jueces presuntamente financiados por él.

Incluso, Olán habría presumido haber apoyado económicamente a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que —según su versión— impediría el avance de denuncias en su contra.

Un escándalo con impacto político nacional

Las acusaciones contra Amílcar Olán y su presunta cercanía con los hijos de AMLO colocan el caso en el centro del debate público sobre corrupción, uso político de la justicia y tráfico de influencias.

Mientras no exista una investigación oficial que aclare los señalamientos, el caso continúa creciendo como uno de los episodios más delicados vinculados al entorno del expresidente.

Con información de Político MX

*BC