La revisión de cuentas a San Andrés Cholula debe ser apegada a derecho: PAN
Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, pidió que, ante cualquier investigación por manejo de recursos sin comprobar contra exalcaldes y ediles de este partido, se respete la presunción de inocencia.
Afirmó que el partido mantiene un diálogo permanente con la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, en el marco de la revisión de las cuentas públicas de su administración.
El líder panista señaló que tanto él como el delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN han sostenido diversas reuniones con la alcaldesa durante las últimas semanas, con el objetivo de acompañarla en el proceso y dar seguimiento a la situación.
Riestra Piña aseguró que el PAN estará atento a que el tratamiento que reciba el Ayuntamiento de San Andrés Cholula sea equitativo frente al que se aplica a administraciones municipales encabezadas por integrantes de otras fuerzas políticas.
“Vamos a estar acompañándola y vamos a estar cuidándola para que el tratamiento que reciba San Andrés Cholula sea un tratamiento equitativo con respecto a otros ayuntamientos de otras fuerzas políticas”, sostuvo.
El dirigente estatal aclaró que el partido no busca que la administración municipal reciba un trato privilegiado ni que quede exenta de cumplir con las disposiciones legales correspondientes, sino que el procedimiento se desarrolle conforme a la normativa.
“No queremos, por supuesto, un privilegio, pero tampoco queremos un trato por debajo de la ley”, afirmó Riestra Piña
Agregó que todas las autoridades deben sujetarse al marco legal y, al mismo tiempo, contar con las garantías que establece el debido proceso.
El dirigente panista advirtió que Acción Nacional no permitirá que el gobierno municipal sea estigmatizado únicamente por su origen partidista.
Reiteró que debe prevalecer la presunción de inocencia y un proceso apegado a derecho, al señalar que “nadie está por encima de la ley”, pero todas las personas tienen derecho a las garantías legales correspondientes.