Derecho de las Audiencias

En el Wall Street Journal se publicó el domingo pasado que la presidenta Claudia Sheinbaum, afirma que la iniciativa sobre los "derechos de las audiencias", que anunció el mes pasado, está diseñada para proteger al público de las noticias falsas.

Pero, al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la verdad, la medida oficial abre la puerta a la censura. “Periodistas, escritores, intelectuales y empresarios se muestran alarmados”.

Explicó que “el lento estrangulamiento del pluralismo democrático en México por parte de la señora Sheinbaum y su partido, Morena, comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Él gobernó como un populista clásico, ampliando los programas de asistencia social para comprar lealtad en las urnas. No obstante, como alguien que se formó políticamente durante los 71 años de hegemonía del represivo Partido Revolucionario Institucional (PRI), comprendía que perpetuar el poder de Morena requería algo más”.

Al final de 2024, Morena arrebató el control del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral, organismos que eran independientes. Cuando el partido no logró obtener una supermayoría en las elecciones legislativas de 2024 para la Cámara de Diputados, las autoridades electorales “manipularon” las normas de representación proporcional para conseguirlo.

Durante su último mes en el cargo, AMLO impulsó en el Congreso una nueva ley que establecía la elección de todos los jueces. “El sistema judicial mexicano se ha convertido en una farsa”.

La severa crítica contra el gobierno mexicano de izquierda en el periódico económico más importante e influyente del mundo no se anda por las ramas y argumenta:

“Este autoritarismo progresivo —al que AMLO denominó la "Cuarta Transformación" o "4T" de México— continúa. La señora Sheinbaum insiste en que apoya las normas democráticas. Sin embargo, bajo su liderazgo, la maquinaria de Morena utiliza sus afilados dientes y garras para despedazar cualquier protección restante de las libertades individuales y del Estado de derecho”.

En un artículo publicado el 1 de agosto bajo el título «Hacia un Estado policial» en la revista mensual mexicana Nexos, Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte —del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México— señalan que las medidas empleadas para desmantelar gradualmente la democracia están «interconectadas».

“En conjunto, revelan un Estado con capacidades extraordinarias para vigilar, imponer sanciones económicas, congelar activos, privar a las personas de su libertad e interferir en la vida de ciudadanos y empresas, sin que un poder judicial —cooptado por la vía electoral— actúe como defensor de los derechos vulnerados”, precisan.

Morena aún no ostenta un poder absoluto y se enfrenta a elecciones intermedias el próximo mes de junio. La mayoría de los mexicanos vota basándose en su situación económica y, a pesar de la imprudencia de Morena al aumentar la deuda y el déficit, el peso se ha mantenido fuerte.

Sin embargo, el crimen organizado y sus presuntos vínculos con políticos de Morena son puntos críticos. La corrupción podría convertirse en un tema candente de la campaña, y controlar la narrativa en los medios audiovisuales —donde la mayoría de los mexicanos se informa— será crucial para el partido.

La presidenta Sheinbaum, explica el diario estadunidense, intenta adelantarse a este problema silenciando a las voces críticas. El terreno se preparó el año pasado con la disolución del organismo autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dicho ente regulador independiente fue sustituido por una agencia del gobierno federal, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual —por iniciativa presidencial— juzgará la veracidad de las informaciones difundidas por los medios electrónicos.

Decidirá si las palabras pronunciadas en los noticieros nocturnos son algo que el público no debería haber escuchado.

“La señora Sheinbaum afirma que aún se están discutiendo las multas que se aplicarán por tales infracciones verbales”.

Advierte que es posible que los medios de comunicación opten por la autocensura para evitar sanciones económicamente devastadoras. “No cabe duda del poder que tendrá el Estado para supervisar la radio y la televisión”.

Falta saber que harán con la prensa escrita y con las redes sociales, estas últimas el mayor sustento de la información diaria que consumen los mexicanos.
El gobierno insiste que en México se vive plena libertad de expresión, hay argumentos de comunicadores, empresarios e investigadores que el futuro serán las limitaciones para dar información veraz y por supuesto, la autocensura.

De las anécdotas que se cuentan

En redes sociales transcendió ayer que iban a detener a un yerno del periodista Joaquín López Dóriga.

Lo señalan de ser parte de una financiera que estafa a Verificentros del Estados de México.

Si es así, no se descarta un tipo de venganza y presión contra una de las voces críticas de la Cuarta Transformación.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Puebla, Pue- La COPARMEX advirtió que la regulación de los derechos de las audiencias puede poner en riesgo la libertad de expresión si permite que una autoridad determine, bajo criterios discrecionales, qué información es verdadera, falsa, descontextualizada o aceptable.

La organización empresarial sostuvo que proteger a las audiencias es compatible con garantizar la libertad de expresión y la autonomía editorial, pero consideró necesario revisar los lineamientos sometidos a consulta pública para impedir que sus disposiciones puedan utilizarse como mecanismos de control sobre medios y periodistas.

COPARMEX cuestiona que autoridades evalúen contenidos periodísticos

El vicepresidente nacional de Comunicación de COPARMEX, Armando Zúñiga Salinas, reconoció la importancia de fortalecer la transparencia, diferenciar entre información y publicidad, garantizar accesibilidad, rendición de cuentas y contar con Defensorías de las Audiencias.

Sin embargo, planteó que una autoridad administrativa no debería convertirse en árbitro de los contenidos informativos ni determinar si una noticia se encuentra suficientemente contextualizada o cumple con determinados parámetros de veracidad.

Para COPARMEX, el papel de las autoridades debe concentrarse en garantizar derechos, procedimientos y certeza jurídica, sin intervenir en la valoración editorial de la información difundida por los medios de comunicación.

Sanciones podrían provocar autocensura, advierte la patronal

Uno de los puntos que más preocupa al organismo empresarial es la posible aplicación de sanciones económicas mediante criterios subjetivos.

Zúñiga Salinas advirtió que ese escenario podría llevar a medios y periodistas a evitar investigaciones sensibles, asuntos controversiales o posiciones críticas ante el riesgo de enfrentar consecuencias regulatorias.

Por ello, COPARMEX solicitó establecer definiciones claras y verificables de conceptos como “veracidad”, “información falsa” e “información descontextualizada”, para impedir interpretaciones discrecionales que generen incertidumbre jurídica.

 

También pidió garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia, además de establecer sanciones proporcionales y previsibles.

Piden evitar censura directa o indirecta contra periodistas

La organización empresarial señaló que cualquier regulación debe impedir mecanismos que puedan derivar en censura directa o indirecta, así como en la estigmatización de periodistas, medios, analistas o ciudadanos por expresar posiciones críticas.

COPARMEX reiteró que la protección de las audiencias y la libertad de expresión no tienen que ser principios opuestos, siempre que existan reglas suficientemente claras para evitar decisiones arbitrarias.

Finalmente, sostuvo que México necesita más libertad, pluralidad y debate público y anunció que dará seguimiento al proceso regulatorio.

La Confederación señaló que recurrirá a los mecanismos institucionales y jurídicos necesarios para defender la libertad de expresión y la autonomía editorial ante disposiciones que considere que puedan vulnerarlas.

*ARD

Puebla, Pue. La diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vianey García Romero, descalificó los señalamientos que hizo la secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, al acusar al partido de intentar censurar a la oposición.

La legisladora calificó como "incongruentes" los señalamientos de la dirigente panista y sostuvo que el PAN carece de autoridad moral para hablar de libertad de expresión, al recordar hechos ocurridos durante el gobierno estatal encabezado por Rafael Moreno Valle.

Durante su posicionamiento, García Romero afirmó que en ese periodo se registraron casos de persecución política, así como presiones contra periodistas y medios de comunicación.

"Nada más hay que recordarle cuántos presos políticos hubo con Rafael, cuántas persecuciones políticas hubo con Rafael, cuántos periodistas se tuvieron que cambiar de profesión con el sexenio del PAN", expresó la legisladora.

Hizo referencia a los acuerdos suscritos en 2011 entre el gobierno federal y diversos medios de comunicación nacionales para establecer criterios sobre la cobertura de hechos relacionados con la violencia, señalando que esas acciones reflejan prácticas impulsadas por administraciones emanadas de la oposición.

La diputada morenista sostuvo que los actuales señalamientos de censura forman parte de una estrategia de victimización por parte de la oposición y aseguró que fueron gobiernos panistas los que incurrieron en actos de persecución política y restricciones a la libertad de expresión.

Las declaraciones de Vianey García se producen en el contexto del intercambio de posturas entre Morena y el PAN sobre el debate en torno a la libertad de expresión y las críticas entre ambas fuerzas políticas.