Puebla, Pue. Elementos adscritos a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla denunciaron la existencia de una red de corrupción, abusos de autoridad y omisiones, presuntamente encabezada por Jaime Oropeza González. Ante estas denuncias, el gobierno estatal solicitó que se investigue y se presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Según una denuncia anónima, el comandante Jaime Oropeza González estaría realizando cobros indebidos de entre 40 y 50 mil pesos para el otorgamiento de plazas a 350 elementos de la dependencia.
Además, se acusa que exige cuotas diarias de entre 500 y 1,000 pesos por unidad, acumulando supuestamente hasta un millón de pesos semanales, lo que constituye un grave abuso de autoridad.
Protección a grupos delictivos y nombramientos irregulares
Los denunciantes aseguran que Oropeza González contrata a grupos delictivos para brindar protección a células criminales, poniendo en riesgo la seguridad de los elementos y de la ciudadanía.
Asimismo, se señalaron designaciones irregulares de “Jefes de Grupo” a personas sin formación policial ni perfil jurídico, incluyendo a Kuri Trujeque, Flavio García, José Luis Márquez, Juan Carlos “El Quik” y Luis Manuel Sánchez Benavides, quienes carecen de la experiencia necesaria para funciones públicas.
La denuncia también señala que los elementos enfrentan jornadas de 16 a 18 horas diarias, con solo un día de descanso tras 15 días consecutivos de trabajo. La falta de protocolos jurídicos y policiales incrementa el riesgo de agresiones físicas por parte de particulares y del transporte público.
Cero tolerancia a la corrupción y llamados a denunciar
La Secretaría de Movilidad y Transporte reiteró que mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción, y que cualquier señalamiento de irregularidades debe ser atendido con seriedad, responsabilidad y apego a la ley.
El gobierno estatal hizo un llamado a testigos o personas con información sobre conductas ilícitas a acudir a las instancias correspondientes para presentar denuncias formales con pruebas que permitan sancionar a los responsables.
De igual forma, se enfatizó que el combate a la corrupción será frontal y permanente, y cualquier conducta que vulnere la legalidad, la integridad institucional o el servicio a la ciudadanía será investigada y sancionada.
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