La Auditoría Superior tiene la obligación de pronunciarse por desfalcos: Sergio Céspedes
Por 4 Septiembre, 2023Puebla, Pue. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina consideró que la Auditoría tiene la obligación de pronunciarse, esto después de que la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, se excusó de hablar sobre las irregularidades financieras de la administración de Miguel Barbosa Huerta.
Como contexto, es importante mencionar que Amanda Gómez Nava fue secretaria de la Función Pública del 29 de octubre del 2020 al 18 de mayo del 2022 y posteriormente, el 19 de mayo del 2022 fue electa titular de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso de Puebla, por un periodo de siete años.
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Según las limitaciones en el Periódico Oficial del Estado, señala que cualquier asunto del periodo comprendido entre el 30 de noviembre del 2020 al 18 de mayo del 2022 cuando fue secretaria de la Función Pública, podrá ser abordado únicamente por el titular de la Auditoría Especial Forense adscrita al mismo ente fiscalizador, es decir que esta fuera de su competencia dar información.
A pesar de lo establecido, el gobernador insistió en que la auditoría es una institución que no depende de una sola persona, y tiene contemplado en el marco legal como se debe rendir cuentas de todos los gobiernos y funcionarios públicos.
"La Auditoría tiene la obligación de pronunciarse como tal y hay diferentes entes que llevan a cabo eso para poderle dar respuesta con mucha puntualidad a la sociedad de que fue lo que sucedió y como se ejecutó", apuntó.
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En otro tema, Céspedes Peregrina se pronunció a los señalamientos del presidente Eduardo Rivera Pérez, quien anteriormente declaró que en su administración municipal no se pierden 600 millones de pesos, por la inversión que realizó Miguel Barbosa Huerta a Banco Accendo.
El titular del Poder Ejecutivo resaltó que el alcalde de Puebla Capital debe ser crítico en todos los aspectos, incluyendo el período en que Rafael Moreno Valle dejó una deuda pendiente al Servicio de la Administración Tributaria, donde se tuvo que pagar 2 mil 600 millones de pesos.
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