Notarios de Tlaxcala legalizan despojos

El desalojo ocurrido la madrugada del sábado pasado en La Covadonga, obliga al gobierno de Tlaxcala a revisar su Dirección del Registro Público de la Propiedad y a sus notarios por las anomalías que existen en sus escrituras y que legalizan los despojos.

Hace más de dos años se dio una ocupación violenta de ocho hectáreas de un predio de 22, la cual continuaron desarrolladores en febrero de 2025, lo cual propició el sábado pasado un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales que concluyó con la demolición de inmuebles irregulares.

Más de 300 efectivos de la Marina, Guardia Nacional y las policías estatal y municipal participaron en el desalojo y la demolición de las 3 horas a las 7:30 de la mañana.

La acción policiaca responde a un amparo (expediente 257/2025‑III) emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito el 15 de julio de este año y notificado al municipio de Puebla el 17 de julio, autorizando la demolición inmediata de construcciones sin permiso.

Con la Marina y la Guardia Nacional recuperan 8 de las 22 hectáreas de La Covadonga que reclama como propias la Fundación Julita y Antonio que meses antes habían solicitado auxilio de los cuerpos de seguridad para recuperar sus terrenos invadidas.

La ocupación se generó en abril de 2023, con una segunda invasión en febrero de este año. La ejecución del desalojo judicial se concretó en dos días tras la resolución, y permitió restituir parcialmente el control sobre el predio. Las otras 15 hectáreas invadidas siguen bajo revisión.

Los tres niveles de gobierno ejecutaron la orden judicial, y retiraron una treintena de inmuebles deshabitados y bardas perimetrales, en cerca de 8 hectáreas, que se construyeron para despojar el predio La Covadonga a sus legítimos propietarios.

El apoderado de la Fundación Julita y Antonio, el abogado Jesús González Schmall, recordó que los terrenos de la ex hacienda La Covadonga, fueron invadidos por grupos de choque hace 2 años, en los que edificaron construcciones irregulares para “consolidar la invasión”, que dividieron en más de 400 lotes que ofertaron a un precio superior a los 200 mil pesos.

Hubo un acuerdo municipal del 30 de abril de 2024, cuando el ayuntamiento estableció que se retiraran y demolieran las obras ejecutadas en el predio La Covadonga, como medida de seguridad, de carácter preventivo y de inmediata ejecución.

Ante el retraso en el cumplimiento del acuerdo, el equipo legal de la Fundación Julita y Antonio, interpuso un nuevo amparo para que la autoridad de la ciudad de Puebla cumpliera con el desalojo.

La juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, Blanca Alicia Luna, les otorgó un amparo para que la secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal procediera a la demolición dictada desde abril del 2024.

Una vez que les fue concedido el amparo y gracias a la intervención de la Secretaría de Gobernación del estado, que encabezó durante 60 días las mesas de trabajo, personal de la SGyDU, apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Puebla, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y Bomberos procedieron al cumplimiento del mismo.

Los terrenos fueron vendidos por desarrolladores como si fueran del estado de Tlaxcala cuando esta comprobado que pertenecen a Puebla e incluso el Registro Público de la Propiedad tlaxcalteca entregaba oficios reconociendo a los vendedores como propietarios y que avalaban con escrituras expedidas por el Notario Público Número 4 de San Pablo del Monte Tlaxcala.

El despojo es indiscutible y están vinculadas autoridades del estado con que Puebla tiene límites y lo extraño es que sus contrapartes poblanas no actúen ni pongan orden en un predio que pertenece a la entidad poblana.

Los supuestos propietarios a quienes les demolieron sus construcciones protestaron en el Palacio Municipal el sábado y serán recibidos este martes para escuchar sus demandas, pero queda claro que fue la Justicia Federal quien determinó que es ilegal la invasión del predio que es propiedad de una Fundación y que los terrenos de La Covadonga son poblanos y las autoridades tlaxcaltecas así lo tendrán que reconocer.

No se puede avalar el despojo de los tlaxcaltecas.

De las anécdotas que se cuentan
 

¿Hasta dónde llegará el conflicto del uso de los aeropuertos entre Estados Unidos y México?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que no hay razón alguna para que Estados Unidos sancione a México por la decisión de rescindir franjas horarias de vuelos -los llamados "slots"- a aerolíneas de EU y obligarlas a sacar operaciones del AICM para llevarlas al AIFA.

"Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse (al AIFA). Algunas, la mayoría, dice 'mucho mejor, no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos nosotras'.

Entonces, hay algunas empresas que dicen que fue muy poco tiempo; sin embargo, pues ya pasó más de un año y medio, y las empresas se han ido adecuando a esta nueva circunstancia que es benéfica.

La administración de Donald Trump anunció el sábado medidas contra México por la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de rescindir franjas horarias de vuelo -los llamados "slots"- a aerolíneas de EU y obligarlas a sacar operaciones del AICM para llevarlas al AIFA.

El Departamento de Transporte estadounidense emitió dos órdenes que exigen a las aerolíneas mexicanas presentar los horarios de todas sus operaciones en Estados Unidos y obtener la aprobación previa del país antes de realizar cualquier vuelo chárter de aeronaves grandes de pasajeros o carga hacia o desde la Unión Americana.

La decisión de Estados Unidos pone en riesgo vuelos y carga entre ambos países.

Las decisiones de López Obrador siguen obligando a México a pagar cuentas pendientes.

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*ARD