Brenda Quevedo Cruz podrá continuar en libertad el proceso penal que enfrenta desde hace 18 años, luego de que un juzgado determinara el cese del resguardo domiciliario, el dispositivo de geolocalización y la custodia de la Guardia Nacional. La actualización fue compartida por el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla.

De acuerdo con el académico, Quevedo Cruz permaneció 16 años en prisión y posteriormente más de dos años bajo resguardo domiciliario, acusada de haber tenido participación en el caso Wallace. La modificación de las medidas cautelares fue resultado de una solicitud presentada por las organizaciones y clínicas jurídicas que acompañan su defensa desde junio pasado.

La defensa jurídica argumentó que, debido a la prolongación del proceso, las medidas privativas de la libertad dejaron de ser necesarias y proporcionales para garantizar los fines del procedimiento, lo que la convirtió en una pena anticipada.

A partir de la resolución, Brenda continuará vinculada al proceso bajo otras medidas cautelares. Entre ellas se encuentran la obligación de comparecer periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del país y la restricción de acercarse o mantener comunicación con la víctima.

El cambio también consideró que, durante los años de resguardo domiciliario, Quevedo mantuvo una conducta adecuada, cumplió con las medidas impuestas y cuenta con arraigo familiar y comunitario que permite garantizar su presencia durante el proceso.

El Mtro. Hernández León señaló que el caso evidencia las consecuencias de la prisión preventiva prolongada y de la utilización de medidas privativas de la libertad sin sentencia. Recordó que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas han documentado irregularidades en el proceso, así como prácticas de tortura y la exposición pública de Quevedo como responsable de un secuestro.

El académico también destacó que la normalización de la prisión preventiva prolongada en México ha derivado en condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, el caso de Quevedo representa un ejemplo de los efectos diferenciados que puede tener la privación de la libertad sin sentencia y la vulneración de la presunción de inocencia, particularmente en mujeres.

Desde junio, la defensa jurídica de Brenda Quevedo está integrada por una coalición en la que participa la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla, junto con la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos del ITAM, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Asociación Perteneces y la Red de Abogadas Digna Ochoa.

La defensa espera que, a partir de la evidencia acumulada durante el proceso, el caso pueda concluir con una sentencia absolutoria. Mientras tanto, la modificación de las medidas cautelares representa un avance para que Brenda Quevedo continúe su proceso en libertad y bajo condiciones distintas a las que había enfrentado durante los últimos años.

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