Congreso de Puebla

Puebla, Pue. La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, afirmó que no habrá revocación de mandato en su contra, porque fue elegida por los habitantes de la región, no por los regidores que la quieren quitar del cargo.

Incluso, dejó entrever que a los regidores que promovieron su revocación “le llegaron al precio” por ello están presionando al Congreso local para que dejen sin efecto su autoridad.

Aseguró, la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), categóricamente que dicha solicitud no tiene validez legal ni sustento, afirmando que se mantendrá en el cargo durante el periodo que le corresponde.

Durante la entrega de obras, la edil no pierde oportunidad para explicar a los habitantes quién está detrás de ese proceso de renovación, ediles opositores como un grupo "amañado y con doble intención".

Aseguró que la verdadera razón por la que pretenden destruirla es por intereses estrictamente económicos, sin descartar algún tinte político.

Acatlán me eligió

"A mí me puso el pueblo de Acatlán junto con todas sus comunidades. No hay ingobernabilidad ni hay hartazgo social. Lo que quieren es destituirme porque quieren fuera a la Marina, no quieren que la Marina esté en el municipio... ¿Y qué creen? Que ya le llegaron al precio a los regidores, a las regidoras y al síndico municipal", aseveró la alcaldesa en su discurso.

Bárcenas insistió en que el movimiento en su contra carece de una motivación legal y acusó que la delincuencia se ha visto afectada con la actual estrategia de seguridad, señalando que "ahora los malandros ya no pueden andar libres como antes".

La morenista hizo un llamado a la ciudadanía con "mucha humildad y respeto" para que no se dejen llevar por rumores ni "chismes".

Reiteró que le resta un año y medio de gestión, tiempo en el cual prometió que continuará trabajando por el desarrollo de las comunidades de Acatlán.

"Nadie por encima de la ley"

El presidente del Congreso local, Pável Gaspar, afirmó que en el Poder Legislativo “nadie está por encima de la ley” y que toda queja o solicitud presentada por la ciudadanía serán atendidas.

Lo anterior, en el contexto de las inconformidades y procedimientos impulsados por regidores del municipio de Acatlán de Osorio, quienes han solicitado la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas, emanada de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Gaspar subrayó que el Congreso del Estado actuará con responsabilidad institucional una vez que la solicitud sea presentada de manera formal ante la soberanía legislativa, asegurando que el procedimiento será turnado sin dilación a las instancias y comisiones correspondientes.

El legislador enfatizó que el análisis de este tipo de asuntos se realiza con estricto apego a la normatividad vigente, garantizando el respeto al marco jurídico y a los derechos de todas las partes involucradas.

Reiteró que el Congreso no será omiso ante las expresiones ciudadanas ni ante los mecanismos legales que se activen dentro de la vida municipal, pero insistió en que cualquier determinación deberá sustentarse en pruebas y procedimientos establecidos en la ley.

Destacó que el Poder Legislativo mantiene abiertos sus canales institucionales para la recepción de solicitudes de los ayuntamientos y de la ciudadanía, pero advirtió que todas serán desahogadas conforme a los tiempos y etapas que marca la legislación estatal.

Pável Gaspar reiteró que el Congreso del Estado de Puebla actuará con imparcialidad y apego a derecho en cada uno de los casos que lleguen a su competencia, garantizando el respeto al estado de derecho y a la gobernabilidad en la entidad.

Puebla, Pue. La diputada local Nayeli Salvatori, acompañada de Ariana N., la mujer que acusa su detención de forma arbitraria en San Andrés Cholula, denunció públicamente un presunto caso de abuso de autoridad, violencia familiar y una supuesta red de revictimización institucional atribuida a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Vulneran derechos

La legisladora manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia durante procesos de detección e intervención policial, y criticó la filtración de material audiovisual relacionado con el caso, el cual, afirmó, debería permanecer bajo resguardo oficial conforme a la normatividad vigente.

“Imagínate que como madre tienes que haber visto cómo golpean a tus hijos, cómo te golpean a ti... Estás en un estado completo de vulnerabilidad y, además, te revictimizan con un video que no debió salir nunca de la Secretaría de Seguridad Pública; videos que legalmente no deben ser difundidos”, señaló Salvatori durante su intervención.

De acuerdo con la versión presentada, la diputada calificó como grave la difusión de imágenes que, en su opinión, contribuyen a la exposición pública y estigmatización de personas en situación de crisis, además de señalar la necesidad de revisar los protocolos de actuación y manejo de evidencia por parte de las autoridades.

Disculpa pública

Por su parte, la mujer identificada como Ariana N., ofreció una disculpa pública a la sociedad poblana por la circulación de videos de su detención, y explicó que su comportamiento durante los hechos respondió a una crisis emocional severa derivada de la separación de sus hijos menores de edad.

La afectada relató que los hechos ocurrieron en el municipio de San Andrés Cholula, donde, según su testimonio, se habrían presentado diversas irregularidades durante su detención y traslado por parte de elementos policiales.

Entre las presuntas anomalías, señaló que se le negó el derecho a realizar una llamada telefónica para conocer el paradero y estado de sus hijos, situación que consideró una violación a sus derechos fundamentales durante la detención.

Denunció que varios elementos de seguridad la habrían grabado con teléfonos celulares mientras era trasladada en una patrulla y posteriormente dentro de instalaciones oficiales, sin su consentimiento.

Ariana explicó que, al encontrarse en un estado de crisis emocional, agravado por el desconocimiento de la zona y la preocupación por sus hijos, sufrió un ataque de pánico que derivó en gritos y declaraciones confusas durante el procedimiento.

En el material difundido en redes sociales se observan fragmentos del momento de la detención, en los que la mujer aparece sometida en el suelo, mientras personas presentes exigen el cese de la intervención y cuestionan la actuación de los elementos policiales.

Ariana y el video

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial detallada sobre las acusaciones presentadas, mientras el caso ha generado debate en redes sociales sobre el uso de la fuerza, el manejo de evidencia audiovisual y la protección de los derechos de personas detenidas.

Es importante mencionar que en los videos que fueron difundidos se escucha a Ariana N. decir en aparente estado de ebriedad, tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La mujer amenazó a las policías, presumió su estatus social, además de afirmar tener nexos con un grupo del narcotráfico.

Puebla, Pue.- La exauditora superior del estado, Amanda Gómez Nava, no enfrentaría consecuencias penales por la adquisición de una camioneta blindada valuada en 2.8 millones de pesos, aunque sí podría ser objeto de sanciones administrativas.

El presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso local, José Miguel Trujillo de Ita, indicó que las irregularidades detectadas corresponden al proceso de compra y no a la desaparición del vehículo, ya que la unidad permanece en poder de la Auditoría Superior del Estado.

Analizan posibles responsabilidades

Por ello, las autoridades continúan con las revisiones para determinar si existen faltas administrativas graves.

Además, el legislador explicó que las medidas podrían incluir una sanción económica o incluso una inhabilitación por varios años para ocupar cargos públicos.

La Unidad Técnica de la Comisión de Control documentó que la compra se realizó el 18 de mayo de 2023, cuando Amanda Gómez Nava encabezaba la ASE de Puebla.

Se trató de una camioneta Chevrolet Tahoe blindada nivel III Plus con un costo cercano a los 2 millones 897 mil 680 pesos.

Finalmente, José Miguel Trujillo de Ita afirmó que las conclusiones deberán sustentarse en las pruebas y en el marco legal correspondiente, evitando adelantar juicios antes de concluir el procedimiento.

*ARD

Puebla, Pue. La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, consideró que una revocación de mandato, como la que están promoviendo regidores de Acatlán de Osorio contra la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas, representa una decisión de alto impacto para la gobernabilidad municipal.

Por lo que pidió evitar que estos procesos se conviertan en disputas políticas y garantizar que cualquier determinación esté basada en pruebas y en el marco jurídico vigente, de lo contrario reiteró que los conflictos político-municipales pueden derivar en procesos fuera de la ley.

Poco tiempo de revisión

Señaló que el Congreso de Puebla deberá revisar el caso conforme a sus atribuciones y con base en la documentación que presenten los inconformes a más tardar el próximo 13 de junio.

A tiempo recordó que existen autoridades encargadas de investigar posibles irregularidades administrativas o hechos que pudieran constituir delitos, como la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Suriano Corrales sostuvo que este tipo de procedimientos deben abordarse con responsabilidad, debido a que involucran la estabilidad de los gobiernos municipales y la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía.

La representante de MC insistió en que la revisión del expediente deberá estar alejada de intereses partidistas y enfocarse en determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso correspondiente dentro de las atribuciones del Congreso de Puebla.

La diputada emecista adelantó que el Congreso revisará la solicitud una vez que los regidores presenten la información correspondiente, aunque recordó que la resolución dependerá también de la intervención de las autoridades competentes en cada materia.

Cabildo de Acatlán

Hay que recordar que fue el pasado 8 de junio cuando los integrantes del Cabildo de Acatlán aprobaron iniciar la revocación de mandato de su presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas, por:

• Irregularidades en gastos
• Opacidad
• Abuso de poder

En esa sesión fue la regidora presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Juliana Isabel Jiménez Velázquez, quien dio a conocer una larga lista de irregularidades cometidas por la edil.

Asimismo, se informó la disparidad salarial entre regidores, pues Bárcenas cobra más de 80 mil pesos al mes, mientras que los regidores sólo 20 mil pesos, además de la falta de transparencia, ausencia de espacios de trabajo para los regidores y el hartazgo ciudadano.

*BC

Puebla, Pue. El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, acusó que el secretario general del Congreso del Estado, Leopoldo de Lara, presume contar con un “gran padrino” que lo respalda ante los errores y decisiones cuestionadas dentro de la LXII Legislatura.

El legislador señaló que, pese a la conducción “conciliadora e incluyente” del presidente del Congreso, Pavel Gaspar, aún existen áreas que mantienen prácticas heredadas de la anterior administración legislativa.

Afirmó que estos comportamientos reflejan resistencias internas para adaptarse a la nueva dinámica institucional.

"Se presume que tiene un gran padrino, un gran protector. Primero, su actuar está dejando muy mal a su padrino; y segundo, esto confirmaría que realmente tiene un padrino que lo protege y lo mantiene ahí en este Congreso, cosa que está fuera de todo lo normal".

Acusan uso de medios y conflicto de interés

Micalco Méndez recordó que los actuales perfiles del Congreso fueron nombrados en una etapa previa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), por lo que pidió su adecuación a la nueva etapa legislativa.

Además, acusó al funcionario de utilizar su medio de comunicación para el “golpeteo mediático” contra legisladores opositores, lo que, dijo, compromete la imparcialidad de su función pública.

Finalmente, advirtió que esta doble función genera un evidente conflicto de interés, al mezclar su papel institucional con actividades mediáticas.

*BC

Puebla, Pue. El diputado local Andrés Villegas Mendoza advirtió que la solicitud de revocación de mandato contra Guadalupe Bárcenas, alcaldesa de Acatlán de Osorio, no puede responder a intereses personales ni a desacuerdos políticos, al señalar que no basta con argumentos como “ya no me cayó bien”.

El legislador destacó que la intervención de la Secretaría de Gobernación es clave para asegurar que el procedimiento se desarrolle conforme a la ley y bajo un estricto marco legal.

Indicó que antes de tomar decisiones se deben agotar los mecanismos de diálogo para garantizar la estabilidad política del municipio.

Prioridad: gobernabilidad y consenso

Villegas Mendoza llamó a los integrantes del Cabildo a conducirse con responsabilidad y privilegiar el consenso como vía para resolver el conflicto.

Señaló que la gobernabilidad no puede depender de percepciones individuales, por lo que cualquier decisión institucional debe estar debidamente sustentada y documentada.

Autoridades estatales dan seguimiento

El diputado explicó que la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla ya mantiene comunicación con las partes involucradas para conocer sus posturas.

Añadió que será esta instancia la encargada de convocar a las partes y evaluar si existen elementos suficientes para proceder conforme a la ley.

Finalmente, insistió en que estos procesos deben resolverse por la vía institucional, evitando confrontaciones que afecten a la ciudadanía.

*BC

Puebla, Pue. El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, Julio Huerta Gómez, dio a conocer que el Cabildo de Acatlán de Osorio solicitó una prórroga de una semana para presentar la documentación que respalde la revocación de Guadalupe Bárcenas como presidenta municipal.

El diputado señaló que el Congreso del Estado de Puebla ya acumula cuatro procedimientos de revocación de mandato contra alcaldes, entre ellos Víctor Hugo Mejía García, de San Andrés Calpan, y Iván Camacho Romero, de Cuyoaco. A estos se suma el caso de Acatlán de Osorio, todos emanados de Morena.

Investigación por posible mal uso de recursos públicos

El legislador advirtió que, ante las acusaciones de los regidores sobre presuntas irregularidades en obra pública, podría intervenir la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el municipio de Acatlán de Osorio.

En este contexto, indicó que las instancias correspondientes deberán integrarse a la denuncia contra la alcaldesa, respetando los procedimientos legales establecidos.

“Tenemos que esperar que nos envíen aquí en el Congreso la documentación con la que sustenten la baja de Guadalupe Bárcenas como presidenta municipal de Acatlán de Osorio”.

Casos previos de Concejos Municipales en el estado

Para concluir, Julio Huerta recordó que el Congreso ha intervenido en diversos municipios mediante la instalación de Concejos Municipales, como en Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, todos bajo administraciones de Movimiento Ciudadano (MC).

También mencionó los casos de Ahuazotepec, donde gobernó Alfredo Ramírez Hernández por el PRD, y Cuautempan, encabezado por Gerardo Cortés Caballero del PT, municipios donde actualmente operan estos órganos provisionales.

*BC

Puebla, Pue- La disputa territorial entre los municipios de Hueyapan y Atempan llegó al Congreso del Estado de Puebla, donde habitantes de la primera demarcación realizaron una manifestación para exigir una solución al conflicto por la comunidad de Maloapan.

Como parte de la protesta, los inconformes bloquearon los accesos al recinto legislativo y cerraron la Calzada Zaragoza, con el objetivo de que las autoridades estatales atiendan sus demandas.

Diputados analizan información sobre límites territoriales

El líder del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, sostuvo un encuentro con una comisión integrada por habitantes de Hueyapan y les informó que espera los resultados solicitados al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP).

Sin embargo, los pobladores denunciaron que la controversia territorial ha generado una confrontación permanente entre vecinos de ambas regiones.

Actualmente, Alfonso Lino Pozos, del PRI, gobierna Hueyapan, mientras que Fausto Moreno Salazar, de Fuerza por México, encabeza el ayuntamiento de Atempan.

La disputa por Maloapan se intensificó en 2020

Los manifestantes insistieron en que el Congreso estatal impulse mesas de diálogo para alcanzar una solución definitiva.

De acuerdo con los habitantes, el conflicto se agravó en septiembre de 2020, cuando el IRCEP emitió un oficio que ubicó a la comunidad de Maloapan dentro del territorio de Hueyapan, situación que incrementó las diferencias entre ambas localidades.

*ARD

Puebla, Pue. La diputada local, Graciela Palomares propuso que en carreteras estatales con alta incidencia de siniestros de tránsito se coloquen puntos estratégicos de auxilio vial y atención inicial médico.

La intención es que a la llegada de los grupos de rescate se cuente con material de curación, dispositivos de inmovilización, equipo de comunicación.

“Se trata de responder a la emergencia con material, no podemos normalizar que un accidente en carreteras termine en tragedia por falta de una respuesta, por eso esta propuesta apuesta por la coordinación efectiva”, dijo la congresista.

La diputada señaló que, además de proporcionar herramientas para una atención inmediata, la propuesta busca consolidar mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad vial, la protección civil y los servicios de salud, con el fin de garantizar una actuación más eficiente ante cualquier contingencia.

Indicó que los puntos de auxilio podrían convertirse en una herramienta complementaria para la prevención de riesgos, al facilitar la comunicación con las autoridades y agilizar la movilización de los equipos de emergencia en zonas alejadas o de difícil acceso.

La integrante de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó que el incremento en la movilidad y el constante tránsito vehicular en diversas carreteras estatales hacen necesario implementar medidas que permitan atender de manera más rápida y eficaz los siniestros viales, particularmente en aquellos tramos donde se han registrado incidentes de manera recurrente.

En este sentido, afirmó que la iniciativa no sólo busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, sino también impulsar una cultura de prevención y protección para quienes diariamente utilizan las carreteras del estado.

Graciela Palomares reiteró que la propuesta está enfocada en tres ejes fundamentales: prevención, respuesta oportuna y coordinación institucional, con la finalidad de que las autoridades cuenten con mejores herramientas para actuar en situaciones críticas y disminuir el impacto de los accidentes de tránsito en la población.

Puebla, Pue. El diputado local, José Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa para tipificar como delito el uso de “cebo envenenado” destinado a causar la muerte de animales de compañía, al considerar que esta práctica representa un riesgo tanto para la salud animal como para la salud pública.

El legislador advirtió que la colocación de sustancias tóxicas en espacios públicos puede no sólo afectar a mascotas, sino también poner en peligro a niñas, niños o personas en situación de vulnerabilidad que pudieran entrar en contacto con estos compuestos.

Como parte de su propuesta, planteó una reforma a la Ley de Bienestar Animal con la participación de distintas dependencias estatales, con el objetivo de fortalecer la prevención y la atención de este tipo de casos.

Trujillo de Ita explicó que el “cebo envenenado” debe definirse de manera clara dentro de la legislación para evitar interpretaciones ambiguas, y que debe sancionarse su colocación, distribución, suministro o abandono en cualquier espacio accesible, incluso cuando no se registre la muerte de un animal.

Propuso que el Sistema DIF Estatal sea el encargado de diseñar y coordinar un protocolo de atención, mientras que los ayuntamientos operen las acciones en sus territorios y la Secretaría de Salud brinde orientación sobre el manejo seguro de estas sustancias.

El diputado señaló que la protección animal ha cobrado mayor relevancia en el país, donde la mayoría de los hogares cuenta con mascotas, por lo que consideró necesario cerrar vacíos legales que actualmente sólo permiten actuar cuando el daño ya es irreversible.