Acatlán, Pue. La crisis política en Acatlán de Osorio se profundizó con la renuncia formal de ocho regidores y el síndico municipal, quienes solicitaron al Gobierno del Estado que continúen las investigaciones contra la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas y que se determine si procede su revocación del cargo.
La decisión fue anunciada la noche del 8 de septiembre, después de que la edil de Morena reiterara en un medio de comunicación nacional que quienes la señalan por presuntas irregularidades tienen relación con el grupo criminal denominado “Los Rojos”. Los cabildantes rechazaron que el conflicto se resuelva sin atender las denuncias y exigieron garantías para su seguridad.
Renuncia grupal tras tres meses de conflicto
Los integrantes del Cabildo hicieron pública su determinación a tres meses del inicio del conflicto, que incluyó un plantón frente al Palacio Municipal. La renuncia fue presentada formalmente ante el Gobierno del Estado y comunicada al gobernador Alejandro Armenta Mier.
Los funcionarios solicitaron al Congreso de Puebla actuar con responsabilidad si decide concretar la instalación de un Concejo Municipal. Señalaron que la salida institucional debe permitir recuperar la gobernabilidad, pero también garantizar que las irregularidades denunciadas sean investigadas.
“Acatlán no puede convertirse en rehén de una disputa política permanente. Los habitantes tienen derecho a un gobierno que dé certeza, que explique sus decisiones, que actúe con transparencia y que, sobre todo, sea capaz de garantizar gobernabilidad”, expresaron.
Exigen investigar a Lupita Lucero Bárcenas
Los renunciantes pidieron que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Gobernación mantengan el seguimiento a las irregularidades atribuidas a la administración de Guadalupe Lucero Bárcenas.
También solicitaron que, en caso de comprobarse responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales, se proceda conforme a la ley ante las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los cabildantes insistieron en que la eventual instalación de un Concejo Municipal no debe representar impunidad y que las investigaciones deben continuar para determinar las responsabilidades que correspondan.
Piden frenar represalias y atender amenazas
En rueda de prensa conjunta, los regidores y el síndico solicitaron al gobernador que no existan represalias en su contra por haber cumplido con sus funciones legales y por señalar las irregularidades que consideran debían investigarse.
Además, exigieron dar seguimiento puntual a las amenazas constantes que aseguran haber recibido y que fueron denunciadas ante la FGE. La petición de seguridad forma parte de las demandas que acompañan su renuncia.
“No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que se aplique la ley”, manifestaron, al reiterar que su salida del Ayuntamiento no debe detener los procedimientos relacionados con el conflicto municipal.
Los nueve integrantes del Cabildo que renunciaron
Los funcionarios que presentaron su renuncia formal son:
- David Fernando Chico Rascón — Síndico Municipal.
- Juan José Gómez García — Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.
- Jesús Reyes Ramírez — Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.
- Juliana Isabel Jiménez Velázquez — Regidora de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud.
- Luis Escamilla González — Regidor de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales.
- Maricruz Bello Nacer — Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería.
- María Cruz Sánchez Romero — Regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.
- América Andrea Domínguez Juárez — Regidora de Igualdad de Género.
- Lourdes Beatriz Maceda Loyola — Regidora de Salubridad y Asistencia Pública.
Gobernabilidad y rendición de cuentas, las demandas
Los cabildantes señalaron que los habitantes de Acatlán tienen derecho a un gobierno que explique sus decisiones, actúe con transparencia y garantice estabilidad. Por ello, solicitaron que el Congreso y el Gobierno del Estado atiendan la crisis sin dejar de lado las investigaciones.
La renuncia grupal coloca al municipio ante una nueva etapa del conflicto, con tres exigencias centrales de los funcionarios salientes: continuar las investigaciones contra la alcaldesa, atender las amenazas denunciadas y evitar represalias por su decisión.
*BC
