Atlixco, Pue. Alondra Flores denunció presunto trato desigual, hostigamiento institucional y amenazas de muerte dentro del proceso legal que mantiene contra Jesús Eliezer Carranza Pérez, a quien señala como su presunto agresor y quien, afirma, ocupa el cargo de director del Sistema Municipal DIF de Atlixco.

En el municipio de Atlixco, la denunciante explicó que en septiembre de 2025 inició un juicio por violencia familiar y pensión alimenticia, derivado de una relación de cinco años en la que asegura haber sido víctima de agresiones constantes.

Señalamientos por presuntas influencias y retrasos judiciales

La mujer afirmó que el proceso legal ha presentado retrasos y un trato diferenciado en las audiencias. Indicó que, mientras ella enfrenta dificultades para recibir notificaciones, su contraparte presuntamente obtiene beneficios procesales.

Flores sostuvo que esta situación podría estar relacionada con vínculos familiares entre el señalado agresor y autoridades locales, además de una supuesta cercanía con la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, a quien considera vinculada con el caso.

Por ello, solicitó que el expediente sea trasladado a tribunales de la capital poblana, con el fin de garantizar imparcialidad en el proceso.

Custodia de la menor y presuntas amenazas

La denunciante señaló que mantiene la custodia compartida de su hija de tres años, aunque afirmó que ha enfrentado presunta manipulación emocional hacia la menor, así como amenazas dirigidas a su entorno familiar.

“Le dijeron que me dijera que me iban a matar”, relató al referir supuestos mensajes intimidatorios durante las convivencias.

Asimismo, aseguró que la menor ha mostrado cambios de conducta tras convivir con su padre, lo que ha incrementado su preocupación.

Solicita intervención de autoridades estatales

Flores pidió la intervención de autoridades de Puebla capital para revisar el caso y garantizar su seguridad y la de su hija. Reiteró que busca un proceso judicial sin influencias externas y con total transparencia.

Aunque el juez ya determinó el pago de pensión alimenticia, la denunciante afirmó que ella cubre la mayor parte de los gastos de la menor, incluidos educación, vivienda y transporte.