Puebla, Pue- La llamada “Ley Salvatori” volvió a colocar sobre la mesa el debate acerca de qué preparación deberían tener quienes aspiran a convertirse en diputados locales en Puebla.
La asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público defendió la propuesta de exigir una formación profesional en Derecho para acceder a una diputación y sostuvo que este requisito no tendría como propósito restringir los derechos políticos de los ciudadanos.
Proponen modificar la Constitución de Puebla
Manuel Carmona Sosa, asesor jurídico de la organización, explicó que la iniciativa plantea adicionar el artículo 36 de la Constitución estatal para establecer la carrera de Derecho como requisito para ejercer una diputación.
El argumento central es que quienes integran el Poder Legislativo participan directamente en la creación, análisis y modificación de leyes, por lo que deberían contar con conocimientos jurídicos suficientes para desempeñar esas tareas.
Desde la perspectiva de la asociación, el objetivo es elevar los estándares de preparación y profesionalización de quienes toman decisiones legislativas en Puebla.
Derecho a ser votado entra en la discusión
Carmona Sosa reconoció que el artículo 20, fracción II, de la Constitución estatal establece el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados para cargos de elección popular.
Sin embargo, sostuvo que este derecho debe analizarse junto con el interés de la sociedad de contar con representantes preparados para cumplir sus responsabilidades públicas.
La postura corresponde al argumento de la propia organización. Con el material proporcionado, no se establece que exista una resolución judicial que haya determinado la constitucionalidad de exigir una licenciatura específica para acceder a una diputación.
Asociación defiende profesionalización del Congreso
El asesor jurídico sostuvo que la propuesta no sería restrictiva ni arbitraria, sino un mecanismo para fortalecer la preparación de quienes integran el Congreso local.
También mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desarrollado, según su exposición, criterios de ponderación cuando entran en tensión derechos individuales e intereses colectivos.
A partir de esa interpretación, Carmona Sosa defendió que la profesionalización de los legisladores debe tener un peso relevante frente a la aspiración individual de acceder a una candidatura cuando, desde la perspectiva de la asociación, no se cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar la función legislativa.
La discusión planteada por la llamada “Ley Salvatori” queda así centrada en dos puntos: el derecho político a ser votado y la posibilidad de establecer mayores requisitos profesionales para integrar el Congreso de Puebla.
*ARD
