La presunta red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna habría utilizado la influencia sobre nombramientos y ascensos para asegurar posiciones estratégicas en las aduanas marítimas y la Secretaría de Marina. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos elementos sobre la forma en que la organización facilitaba el ingreso ilegal de combustible al país.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que Manuel Roberto Farías Laguna presuntamente gestionaba de manera directa movimientos de personal. Ambos hermanos, conocidos como “Los Primos”, son señalados dentro de una estructura con capacidad para importar, transportar, almacenar y distribuir hidrocarburos mediante una cadena de complicidades.
Nombramientos y ascensos, bajo la lupa de la FGR
La investigación apunta a que los Farías Laguna y sus presuntos colaboradores intervinieron en designaciones dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Marina. El objetivo habría sido colocar a personas afines en puestos desde los cuales podían facilitarse las operaciones de contrabando.
El señalamiento coloca al control de personal aduanal como una pieza central del esquema. La Fiscalía sostiene que la red no dependía únicamente de los cargamentos, sino también de funcionarios que permitían su ingreso y de una estructura administrativa capaz de favorecer las maniobras.
Godoy indicó que los datos de prueba recabados contra los hermanos se encuentran bajo valoración del Poder Judicial. Las responsabilidades penales corresponden a cada persona involucrada, de acuerdo con su participación en los hechos investigados.
Documentos clasificados y armas en una bodega de la CDMX
Durante un cateo a una bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México, agentes federales localizaron listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentos de seguridad nacional clasificados como reservados o confidenciales.
En el inmueble también fueron encontrados objetos de lujo y armas sin el debido registro. El hallazgo forma parte de las pruebas reunidas para establecer la presunta relación entre los movimientos de personal y las operaciones de la organización.
La documentación localizada incluye expedientes de altos mandos de la institución naval, un elemento que la FGR incorporó a la investigación sobre el uso de influencias dentro de las áreas relacionadas con el comercio marítimo.
De Texas a México: la ruta del combustible ilegal
La red, de acuerdo con la Fiscalía, utilizaba buques que zarpaban principalmente desde Texas con cargamentos de hidrocarburos. Al ingresar a territorio mexicano, el combustible era declarado como aceite o aditivos, con el propósito de alterar su tratamiento fiscal y evitar el pago de los impuestos correspondientes.
Las operaciones incluían presuntos pagos a servidores públicos y agentes aduanales. Las inspecciones se simulaban mediante muestreos superficiales, validación de volúmenes manipulados y maniobras que permitían liberar los cargamentos sin una revisión efectiva.
La organización también coordinaba calendarios de arribo y ordenaba desactivar cámaras para impedir que quedara registro de las descargas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras compañías fachada y triangulaciones financieras daban apariencia de legalidad a los recursos obtenidos.
El decomiso de Altamira que destapó la estructura
El origen de la investigación se remonta a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.
Las diligencias permitieron el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque del puerto de Altamira, Tamaulipas, en 2025. El decomiso llevó a las autoridades a reconstruir una organización que, según la FGR, operaba en diferentes etapas de la cadena de suministro.
La Fiscalía identificó operaciones relacionadas con la misma estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, así como vínculos con accionistas, apoderados legales y enlaces involucrados en el movimiento y comercialización del combustible.
Los hermanos Farías y el avance judicial
Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece recluido en el penal del Altiplano. Su hermano Fernando, excontralmirante, fue trasladado a México desde Argentina en agosto de 2026 y también enfrenta el proceso judicial relacionado con el caso.
Ambos son sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. La fiscal general sostuvo que la participación de integrantes de la Marina en hechos ilícitos no implica responsabilidad de toda la institución y destacó el seguimiento del actual secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a las investigaciones.
El caso expone una presunta red que combinaba influencia institucional, manipulación de controles aduaneros y operaciones financieras para sostener el contrabando de combustible. La FGR continuará las diligencias para determinar la responsabilidad individual de quienes participaron en la estructura.
*BC
