El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, enfrentará en prisión la siguiente etapa del proceso judicial relacionado con el caso Ayotzinapa, luego de que un juez de control le negara la posibilidad de cumplir la medida cautelar en su domicilio.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo prisión preventiva contra el ex mandatario por su posible participación en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La acusación está relacionada con una investigación sobre el presunto ocultamiento o destrucción de videos obtenidos por cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala durante la noche en que desaparecieron los 43 normalistas.
La audiencia inicial se llevó a cabo en el penal de máxima seguridad del Altiplano y se prolongó por más de seis horas. Al final, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo martes se determinará si Aguirre es vinculado a proceso.
Defensa argumentó edad y problemas de salud
Ángel Aguirre, de 70 años, llegó a la audiencia en silla de ruedas. Durante la diligencia manifestó padecer diabetes y presión arterial alta, además de haber sido hospitalizado recientemente debido a una infección en las vías urinarias.
Una versión sobre su detención señala que el ex gobernador se sintió mal después de ser detenido el jueves por la mañana en la autopista México-Querétaro y que posteriormente recibió atención médica en el penal.
Estos argumentos, además de su edad, fueron utilizados por su defensa para solicitar que pudiera enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria.
Sin embargo, el juez de control Mario Elizondo Martínez rechazó la petición y determinó que Aguirre permanezca en prisión preventiva.
La FGR explicó que la acusación deriva de una nueva vertiente de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso.
No obstante, la defensa decidió acogerse a la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez contará con un plazo de hasta 144 horas para resolver la situación jurídica del ex gobernador.
Acusan a Aguirre de ocultar evidencias de Ayotzinapa
El expediente presentado por la Fiscalía señala el presunto ocultamiento o destrucción de grabaciones obtenidas mediante las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Las imágenes corresponden a las horas en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de Iguala.
Durante la audiencia, una testigo declaró que el 29 de septiembre de 2014 entregó a Aguirre un disco que contenía los videos.
De acuerdo con su testimonio, al día siguiente el entonces gobernador habría convocado a sus colaboradores más cercanos, incluido el procurador Iñaki Blanco, con la finalidad de ocultar y destruir evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
La investigación de la Fiscalía pretende determinar qué ocurrió con las grabaciones y quiénes serían responsables de su desaparición.
El material es considerado relevante porque las cámaras pudieron haber registrado momentos importantes de los ataques y la persecución de los estudiantes.
“Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, dice Aguirre
Durante la audiencia, el ex gobernador permaneció atento a los señalamientos formulados en su contra y mostró desacuerdo con algunas de las acusaciones.
Aunque inicialmente se reservó su derecho a declarar, posteriormente decidió tomar la palabra para referirse a los hechos.
Aguirre lamentó lo ocurrido con los normalistas y aseguró que ha colaborado con las investigaciones durante los casi 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes.
“Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, expresó el ex gobernador.
También negó haber tenido responsabilidad alguna en los acontecimientos ocurridos en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El ex mandatario aseguró que nunca buscó sustraerse de las investigaciones y sostuvo que se mantiene abierto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
Pese a su postura, el juez ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras se determina si será sujeto formalmente a proceso.
Dos ex funcionarias serían testigos contra el ex gobernador
En este mismo caso trascendió que dos ex funcionarias de Guerrero serían las personas colaboradoras que declararon contra Ángel Aguirre.
Una de ellas es Lambertina Galeana Marín, quien se desempeñó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
La ex funcionaria, de 81 años, fue acusada previamente de colaborar en la desaparición de los videos registrados por dos cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
Galeana Marín permanecía recluida desde mayo de 2025 en el penal femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La semana pasada obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fue trasladada a su domicilio en Chilpancingo.
La segunda ex funcionaria identificada es Blanca María del Rocío Estrada Ortega, de 73 años, quien fue detenida en marzo pasado después de un cateo realizado en su departamento de Chilpancingo.
Durante el operativo se aseguraron cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de “medicamentos controlados”.
FGR investiga videos desaparecidos del Palacio de Justicia
De acuerdo con las fuentes consultadas, Galeana Marín y Estrada Ortega habrían pactado un criterio de oportunidad con la FGR dentro de una carpeta de investigación diferente a la que derivó en sus detenciones.
Estrada Ortega fue relacionada con la investigación por la pérdida, ocultamiento o destrucción de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
El cateo de su departamento, ubicado en la colonia Jardín Balbuena, se realizó como parte de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
En el momento de los hechos de Iguala, Estrada Ortega habría ocupado el cargo de subprocuradora de Justicia del estado, aunque también existen versiones que la identifican como visitadora del Tribunal Superior de Justicia.
Junto con ella fue detenida Margarita Anguiano Castro, de 83 años. Ambas fueron vinculadas a proceso por los cartuchos y las armas aseguradas durante el cateo.
Aunque las mujeres argumentaron diversos problemas de salud para solicitar prisión domiciliaria, una jueza del Reclusorio Norte rechazó la petición y determinó su traslado al penal femenil de Tepepan.
Las investigaciones buscan esclarecer el destino de los videos que podrían haber registrado el momento en que un autobús que transportaba a los normalistas de Ayotzinapa fue detenido por policías locales.
Casi 12 años después de los ataques de Iguala, el proceso contra Ángel Aguirre Rivero entra en una nueva etapa. Por ahora, el ex gobernador permanecerá en prisión preventiva y será el próximo martes cuando se conozca si el juez determina su vinculación a proceso.
*BC
