Empresa del examen virtual de la UNAM recibió contratos de gobiernos y universidades
Nacional
La empresa Territorium Life obtuvo más de 218 millones de pesos en contratos con la UNAM, INE y otras instituciones para plataformas y exámenes digitales
La polémica por el examen de admisión virtual de la UNAM puso bajo los reflectores a Territorium Life, empresa mexicana especializada en plataformas de evaluación digital que, además del contrato universitario, ha obtenido decenas de convenios con organismos públicos y universidades de todo el país.
Los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que la empresa ha acumulado ingresos superiores a los 218 millones de pesos gracias a servicios relacionados con plataformas tecnológicas, supervisión de exámenes, certificaciones digitales y sistemas de evaluación en línea.
La empresa consolidó contratos con universidades de varios estados
La revisión de los contratos públicos muestra que Territorium Life ha trabajado con diversas instituciones del país. Entre ellas destacan el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como universidades públicas de distintos estados.
Entre las instituciones que contrataron sus servicios se encuentran la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Digital del Estado de México.
Además, la empresa firmó convenios con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y con instituciones de educación media superior de Nuevo León.
La UNAM adjudicó en marzo de este año el contrato para la aplicación del examen virtual de licenciatura por un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los acuerdos económicos más importantes celebrados por la empresa.
Por su parte, el entonces Consejo de la Judicatura Federal firmó durante 2024 tres contratos con un valor conjunto de 50.5 millones de pesos destinados a la supervisión de exámenes a distancia para concursos de oposición de la carrera judicial.
La UANL, por su parte, acumuló cerca de 12.7 millones de pesos en contratos desde 2021 relacionados con evaluaciones de ingreso para licenciatura.
También brindó servicios a organismos electorales y dependencias federales
La expansión de Territorium Life no se limitó al ámbito universitario.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México contrató sus servicios para evaluar a supervisores y capacitadores electorales durante el proceso electoral ordinario de 2021.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral adquirió una plataforma tecnológica para operar su Centro Virtual, mientras que el entonces Consejo de la Judicatura Federal destinó más de 50 millones de pesos para sistemas de supervisión de concursos de oposición judicial.
La empresa también desarrolló proyectos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, enfocados en capacitación y actualización de servidores públicos mediante plataformas digitales.
La UNAM defendió la contratación de Territorium Life
Para justificar la adjudicación directa del contrato del examen de licenciatura, la UNAM sostuvo que Territorium Life cuenta con experiencia internacional en evaluaciones digitales masivas y opera procesos en México, América Latina y Estados Unidos.
Según la universidad, la empresa posee infraestructura tecnológica de alta capacidad, inteligencia artificial para supervisar exámenes, protocolos de seguridad para bancos de reactivos y sistemas certificados para proteger la información de los aspirantes.
El documento institucional señala además que la plataforma permite monitoreo en tiempo real, identificación individual de cada evaluación y mecanismos para preservar la integridad del proceso.
No obstante, la empresa enfrenta un mayor escrutinio público tras las críticas surgidas por la aplicación del examen virtual de admisión de la UNAM, lo que ha llevado a revisar el historial de contratos que mantiene con instituciones educativas y organismos gubernamentales en todo el país.