A 17 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los delitos derivados de la tragedia son imprescriptibles, lo que permite mantener abiertas las investigaciones contra exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La decisión reconfigura el alcance jurídico del caso, considerado uno de los episodios más dolorosos en materia de derechos de la infancia en México, tras la muerte de 49 menores y las lesiones de 106 más.
La Corte y el criterio de imprescriptibilidad
El máximo tribunal del país resolvió el asunto al analizar el amparo del ex funcionario Sergio Antonio Salazar Salazar, quien buscaba invalidar su vinculación a proceso argumentando que los delitos ya habían prescrito.
Sin embargo, la SCJN concluyó que los hechos ocurridos en 2009 constituyen violaciones graves a derechos humanos, por lo que no pueden extinguirse por el paso del tiempo.
El proyecto aprobado por unanimidad fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien sostuvo que la obligación del Estado de investigar y sancionar no desaparece con los años.
Responsabilidad del Estado en la tragedia
Durante la discusión del caso, el tribunal enfatizó que el incendio no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una cadena de omisiones institucionales.
La Corte reconoció que la falta de condiciones adecuadas de seguridad y supervisión en la guardería ABC representó un incumplimiento grave del deber de protección hacia la infancia.
Este criterio abre la posibilidad de reactivar procesos penales contra más servidores públicos vinculados con la operación y supervisión de las estancias infantiles subrogadas.
Posturas internas y debate político
La resolución también generó intervenciones con fuerte carga política dentro del pleno. Las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González relacionaron la tragedia con el modelo de subrogación de guarderías implementado en gobiernos anteriores.
Ambas señalaron que la lógica de privatización de servicios sociales debilitó la capacidad del Estado para garantizar condiciones seguras en el cuidado infantil, lo que habría contribuido al escenario que derivó en el incendio.
Un caso que sigue abierto en la justicia mexicana
El expediente regresará al sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que deberá emitir una nueva sentencia conforme al criterio de la SCJN.
Esto significa que el caso de la guardería ABC no está cerrado y que la justicia mexicana aún tiene pendientes en uno de los episodios más sensibles de su historia reciente.
La resolución no borra el dolor de las víctimas ni repara las pérdidas, pero establece un precedente jurídico importante: en casos de violaciones graves a derechos humanos, la justicia no caduca.
*BC
