La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas, incluida la alcaldesa de Tenancingo, Nancy ‘N’, por su presunta responsabilidad en la simulación de secuestro ocurrida el 31 de mayo. Las investigaciones apuntan a que el hecho habría sido orquestado para encubrir un desfalco de 40 millones de pesos en las finanzas municipales.

De acuerdo con la dependencia, la supuesta privación de la libertad no fue producto de un acto delictivo externo, sino parte de un plan diseñado con meses de anticipación.

Red familiar detrás del falso secuestro

Las indagatorias señalan que la alcaldesa, junto con su esposo José Roberto ‘N’ y su cuñado Óscar ‘N’, habrían estructurado el montaje desde febrero con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos.

Según un testimonio recabado por la FGJEM, «todo lo estaban planeando ellos, ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento, ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

Para concretar el plan, Óscar ‘N’ contactó a Cristian ‘N’, quien aceptó participar a cambio de 500 mil pesos. Posteriormente, este involucró a Karla Valeria ‘N’ y a Víctor Manuel ‘N’, ampliando la operación.

Las autoridades identificaron 136 llamadas entre los implicados entre abril y junio de 2026, lo que refuerza la hipótesis de una planeación deliberada.

Capturas y seguimiento de la investigación

Como parte del operativo, Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Cristian ‘N’ fueron detenidos en Oaxaca el 11 de junio, tras acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad.

Estos sujetos habrían ejecutado el supuesto secuestro, mientras que otros participantes, incluidos familiares de la edil, permanecen prófugos.

Versión oficial vs pruebas ministeriales

En su declaración inicial, la alcaldesa de Tenancingo aseguró haber sido interceptada por personas armadas afuera de su domicilio. Narró:

«Cuando llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, me tomó del brazo y con un arma de fuego me amenazó para privarme de mi libertad, obligándome a abordar ese vehículo.

Pero me dio tiempo de entregarle mis pertenencias a una familiar que estaba conmigo”.

Sin embargo, el análisis de videos, llamadas telefónicas y entrevistas reveló inconsistencias. La FGJEM concluyó que no existió violencia física y que la funcionaria habría participado activamente en el montaje.

Las imágenes muestran ausencia de resistencia y evidencian colaboración, lo que fortalece la acusación de simulación de delito.

Trayecto, llamadas y control del operativo

Durante el recorrido, la edil habría instruido a sus acompañantes sobre la ruta a seguir para evitar cámaras de vigilancia. También realizó llamadas a familiares solicitando que no se diera aviso a las autoridades.

Incluso, utilizó el teléfono de uno de los implicados para comunicarse con su hermana, a quien le pidió “que no avisara a la policía”.

En medio de la situación, expresó: “todo se salió de control”, al referirse a la movilización policial que ya se había activado.

Posteriormente, pidió ser abandonada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, donde simularía haber escapado.

Localización y huida de los implicados

La alcaldesa fue localizada en ese punto por su esposo y el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio.

Mientras tanto, los participantes directos del montaje huyeron del Estado de México. Las investigaciones confirmaron que el vehículo utilizado era operado habitualmente por una de las detenidas, lo que refuerza la coordinación interna.

Proceso legal y posibles sanciones

La FGJEM informó que existen órdenes de aprehensión contra tres implicados y que continúan las labores para capturar a los prófugos.

En cuanto a la alcaldesa, enfrentará una audiencia el 9 de julio por el delito de simulación de secuestro. De ser encontrada responsable, podría recibir hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.

Línea de investigación por corrupción

Además del proceso penal, la Fiscalía turnó el caso a instancias anticorrupción para indagar el presunto desfalco de 40 millones de pesos.

Este escándalo pone en evidencia posibles prácticas de corrupción municipal, uso indebido de recursos públicos y abuso de poder dentro del gobierno local.

*BC