La presunta revocación de visas estadounidenses a gobernadores de Morena abrió un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos. Frente a las versiones difundidas por medios internacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que la administración mexicana no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el tema. El funcionario explicó que mantiene contacto permanente con autoridades diplomáticas estadounidenses y afirmó que hasta el momento no existe información formal que confirme las versiones difundidas en diversos medios de comunicación.
La declaración se produjo mientras crece la atención pública sobre presuntas investigaciones estadounidenses contra figuras políticas mexicanas.
Durazo y Villarreal, en el centro de la polémica
Los nombres de Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya aparecieron en reportajes periodísticos que afirman que ambos son investigados por autoridades estadounidenses por supuestos nexos con actividades delictivas. Además, dichos informes sostienen que sus visas fueron revocadas.
Las publicaciones también señalaron que los mandatarios habrían ingresado a territorio estadounidense mediante mecanismos migratorios especiales vinculados a investigaciones federales. Sin embargo, tanto Sonora como Tamaulipas rechazaron las acusaciones y aseguraron que no existe evidencia verificable que respalde esas afirmaciones.
Un contexto de creciente presión política
La controversia ocurre después de otros casos relacionados con políticos mexicanos que han enfrentado restricciones migratorias en Estados Unidos. Entre ellos destaca el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó anteriormente la cancelación de su visa estadounidense.
Además, reportes de Reuters señalaron que Washington ha retirado visas a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos como parte de una estrategia más amplia enfocada en combatir vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
Sheinbaum llama a actuar con pruebas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que cualquier acusación contra funcionarios mexicanos debe sustentarse con pruebas verificables y comunicarse mediante mecanismos oficiales. Asimismo, pidió claridad sobre las decisiones migratorias que afectan a figuras públicas mexicanas.
Mientras continúan las versiones encontradas, la falta de una postura oficial por parte del Departamento de Estado mantiene abiertas las interrogantes sobre el alcance real de las investigaciones y sus posibles repercusiones políticas.
Con información de zetatijuana
*ARD
