El gobierno federal presentó en el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la elección judicial en México hasta el 4 de junio de 2028, en lugar de celebrarla en 2027 como estaba previsto originalmente.
La propuesta fue entregada por Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez.
Reforma busca aplazar la elección judicial al 4 de junio de 2028
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal plantea que la jornada electoral para elegir jueces y magistrados federales y locales se realice el domingo 4 de junio de 2028.
Con esta modificación, la elección judicial podría coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial contemplada en el artículo 35 de la Constitución.
Congreso prevé discutir la reforma en periodo extraordinario
La Comisión Permanente prevé aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para el próximo 27 de mayo.
El objetivo es discutir y aprobar la reforma antes del 3 de junio. Posteriormente, Morena y sus aliados buscarán el respaldo de al menos 17 congresos estatales para declarar la constitucionalidad del cambio y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
Rediseñan el modelo de elección judicial
Además del aplazamiento, la iniciativa propone modificar el esquema de selección de candidatos.
La Presidencia concluyó que la elección intermedia de 2027 implicaba una complejidad inédita por el elevado número de cargos y aspirantes.
Con el nuevo modelo, en 2028 se elegirían:
- Cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
- 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito.
- 385 juzgados de distrito.
- 424 magistraturas locales.
- 2,831 jueces locales en 25 entidades federativas.
Reducen candidaturas para simplificar las boletas
Uno de los principales cambios consiste en limitar el número de aspirantes por cargo.
Mientras el modelo original contemplaba hasta tres propuestas por cada uno de los poderes de la Unión, la nueva iniciativa establece que solo llegarán dos candidaturas finales por cada puesto y especialidad.
Los comités de evaluación revisarán conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y buena fama pública. Después seleccionarán cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, definirán a los dos finalistas.
Nueva boleta distinguirá origen de cada candidatura
La propuesta también contempla que las boletas indiquen con claridad si cada candidatura fue postulada por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o por jueces y magistrados en funciones que busquen la reelección.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral dividirá el país en distritos judiciales específicos, de modo que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado de determinada materia.
Crearán comisión coordinadora entre los tres poderes
La reforma plantea la integración de una comisión coordinadora con representantes de los comités de evaluación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Su función será homologar criterios para revisar requisitos como:
- Licenciatura en Derecho.
- Promedio académico.
- Experiencia profesional.
- Exámenes de conocimientos.
Aunque cada poder mantendrá su propio comité, todos deberán aplicar metodologías comunes.
Estados deberán replicar las reglas federales
La iniciativa obliga a las entidades federativas a adoptar las mismas reglas que se aplicarán a nivel federal.
El gobierno argumentó que detectó inconsistencias en algunos procesos locales, particularmente en casos donde no se garantizaba la insaculación pública.
Entre los ajustes adicionales se incluyen:
- Compartir ubicación de casillas con elecciones ordinarias.
- Prohibir la intervención de representantes de partidos políticos.
- Realizar el escrutinio y cómputo directamente en casilla.
- Adelantar de septiembre a abril la convocatoria emitida por el Senado.
Elección judicial 2028 marcaría un año político clave
Si la reforma es aprobada, 2028 se convertirá en un año de alta intensidad política y electoral, al coincidir la elección judicial con otros mecanismos de participación ciudadana.
El gobierno federal sostiene que estos cambios permitirán simplificar el proceso, reducir costos y ofrecer mayor certeza a los votantes.
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