La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) afirmó que los recientes ataques con explosivos contra comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez responden a intereses de empresas mineras extranjeras que buscan apropiarse del territorio y de sus recursos naturales.
La organización sostuvo que la violencia, que provocó el desplazamiento forzado de familias nahuas, no debe interpretarse únicamente como una disputa entre grupos delictivos.
La frase clave principal de este artículo es: ataques en Chilapa buscan despojar territorios por intereses mineros.
OCSS señala a mineras extranjeras por violencia en comunidades indígenas
En un comunicado, la OCSS indicó que en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero existen 24 concesiones mineras.
Según la organización, compañías internacionales pretenden el control de estos territorios y utilizan a grupos criminales, entre ellos Los Ardillos, para presionar a las comunidades indígenas.
La agrupación advirtió que el objetivo sería debilitar la resistencia comunitaria y facilitar la explotación de minerales como oro, plata y otros recursos estratégicos.
La organización criticó las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que el Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata, Los Ardillos y Los Tlacos forman parte de la delincuencia organizada.
La OCSS rechazó esta postura y sostuvo que históricamente los movimientos sociales han sido estigmatizados para deslegitimar sus causas y justificar agresiones.
Comunidades indígenas mantendrán su resistencia
La OCSS aseguró que las comunidades integradas en el Cipog-EZ continuarán defendiendo su organización comunitaria, sus sistemas de gobierno propio y sus recursos naturales.
Además, reiteró que seguirán protegiendo su cultura y su territorio frente a cualquier intento de despojo.
Exigen protección para Jesús Plácido Galindo
La organización demandó al gobierno federal reactivar las medidas cautelares a favor del dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo.
También responsabilizó a los tres niveles de gobierno por cualquier afectación a la integridad física de los integrantes del movimiento.
La organización recordó que, desde 2015, las comunidades vinculadas al Cipog-EZ han sufrido una escalada de violencia.
De acuerdo con sus registros, se han documentado:
- 81 homicidios.
- 25 desapariciones.
Estos casos, afirmó, reflejan un patrón sistemático de agresiones contra pueblos indígenas organizados.
Drones con explosivos agravan la violencia en Guerrero
La OCSS denunció que los grupos delictivos ahora emplean drones con explosivos y armas de mayor calibre.
Según la organización, este armamento supera ampliamente la capacidad de defensa de las policías comunitarias, que en su mayoría cuentan únicamente con armas de cacería.
OCSS vincula violencia con explotación de recursos minerales
La agrupación sostuvo que los ataques buscan facilitar el control de minerales estratégicos necesarios para industrias militares y tecnológicas.
Por ello, advirtió que el conflicto no solo tiene implicaciones locales, sino también intereses económicos internacionales relacionados con la explotación de recursos naturales.
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