En un operativo federal realizado durante la madrugada, autoridades detuvieron a Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito y Vialidad de Iguala, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
La captura se concretó tras una orden de cateo otorgada por un juez de control, derivada de las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).
Operativo conjunto y aseguramientos
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
El cateo se realizó alrededor de las 2:00 horas en el fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala, Guerrero. El complejo habitacional contaba con seguridad privada y sistema de videovigilancia, el cual fue bloqueado para ejecutar la diligencia.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron:
Dos armas de fuego
Cartuchos útiles
Un cargador
Dosis de droga
Equipo de telecomunicaciones
El inmueble quedó bajo resguardo oficial por el delito de delincuencia organizada, dentro de la carpeta de investigación AP. PGR/SDHPDSC/01/001/2015.
Presunta participación en actividades criminales
De acuerdo con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el detenido habría utilizado el teléfono celular de uno de los estudiantes el 27 de septiembre de 2014, horas después de la desaparición.
Las indagatorias también señalan que en la vivienda asegurada se realizaban reuniones y acuerdos relacionados con la organización criminal Guerreros Unidos, grupo identificado como uno de los principales responsables en la desaparición de los normalistas.
Cuando ocurrieron los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, Mosso Benítez se desempeñaba como agente de la Policía Estatal.
Contexto del caso Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados en Iguala por policías municipales en presunta colusión con el crimen organizado. El saldo fue de seis personas asesinadas y 43 jóvenes desaparecidos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves en materia de derechos humanos en México y continúa bajo investigación federal.
Red de detenciones recientes
En los últimos meses, las autoridades han reforzado las acciones judiciales vinculadas al caso. En 2025 fueron detenidos:
Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón, propietarios de funerarias en Iguala.
El nutriólogo Irving Arroyo Aranda.
Además, permanece en prisión Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de desaparición forzada y obstrucción de la justicia por la presunta destrucción de videograbaciones relacionadas con los hechos.
Investigación abierta
En un comunicado conjunto, la SSPC informó que los datos de prueba recabados fueron suficientes para obtener la orden judicial que permitió el cateo y la detención del funcionario municipal.
Las autoridades federales sostienen que el detenido está relacionado con las líneas de investigación que buscan esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, un caso que, a más de una década, sigue marcando la agenda nacional en materia de justicia y derechos humanos.
*BC
