Un Tribunal Colegiado dictó un alto legal a las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que conecta la zona norte y centro de la Riviera Maya, en Quintana Roo. La resolución establece que los trabajos solo podrán continuar si las autoridades federales cumplen con la supervisión ambiental obligatoria, tras aceptar el amparo promovido por la organización ambientalista Sélvame del Tren (amparo en revisión 199/2024). Con esto, se modificó la sentencia de primera instancia y se rechazó el recurso presentado por la Profepa.
Suspensión definitiva y responsabilidades de las autoridades
El tribunal ordena que la Subprocuraduría de Recursos Naturales y la Dirección General de Delitos, Comunicaciones y Quejas de Profepa realicen inspecciones, verificaciones y medidas de protección ambiental mientras continúa el litigio. Asimismo, cualquier alerta ciudadana o señalamiento sobre posibles daños debe ser atendido.
Si se detecta riesgo sobre cenotes, selva, fauna o acuíferos, las autoridades están obligadas a intervenir. Ignorar estas medidas constituye un incumplimiento de la suspensión definitiva.
Impactos ambientales y sociales
El Tren Maya, proyecto emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador iniciado en 2020, ya ha generado impactos ambientales y sociales significativos en los tramos 5, 6 y 7, según la Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del Tren Maya. Entre los hallazgos destacan la deforestación de más de 11 mil hectáreas, la fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas, alteración de humedales, contaminación de acuíferos y pérdida de hábitat de especies emblemáticas.
En cuanto a la sociedad, la misión reporta militarización del territorio, cercamiento de espacios públicos, interferencia en parcelas ejidales y extracción de agua sin consulta, dejando aljibes y jagüeyes secos. La violencia institucional se ha expandido a zonas como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, elevando la percepción de inseguridad en comunidades que antes tenían bajos índices delictivos.
Boom inmobiliario y urbanización irregular
El proyecto también ha impulsado un boom inmobiliario descontrolado, con más de 600 proyectos inmobiliarios entre finales de 2023 y octubre de 2024, muchos de ellos sin permisos ambientales ni licencias de construcción.
Los precios de la tierra se han incrementado hasta un 400% desde 2019, especialmente en corredores como Playa del Carmen-Tulum y desde Tulum hasta el aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, donde proliferan desarrollos hoteleros, residenciales y comerciales sin regulación efectiva.
Un mensaje de supervisión y justicia ambiental
El fallo del Tribunal Colegiado envía un mensaje claro: la protección ambiental y la supervisión de autoridades competentes deben prevalecer sobre la prisa por avanzar en megaproyectos. Las obras del Tramo 5 del Tren Maya quedarán detenidas hasta que se cumplan las medidas necesarias para garantizar la protección de selva, cenotes, acuíferos y comunidades locales, consolidando la importancia de la justicia ambiental frente a megaproyectos de alto impacto.
Con información de Animal Político
*BC
