El Senado aprueba reducción de jornada laboral a 40 horas este miércoles 11 de febrero, con 121 votos a favor y por unanimidad en lo general y en los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral.
El pleno aún discute los artículos reservados, por lo que la votación en lo particular permanece pendiente. No obstante, el avance legislativo marca un paso histórico hacia la modificación del artículo 123 constitucional, que regula los derechos laborales en el país.
¿Qué establece la reforma de las 40 horas?
La modificación al artículo 123 plantea que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se aplicará de manera gradual hasta 2030.
Entre los puntos clave del dictamen destacan:
La reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
El aumento de horas extra de nueve a 12 con pago doble.
El pago triple únicamente a partir de la hora 13.
La prohibición de horas extra para menores de edad.
El texto aprobado busca adaptar el mercado laboral mexicano a estándares internacionales, aunque la implementación escalonada ha generado debate entre las fuerzas políticas.
Oposición exige garantizar dos días de descanso
Aunque la oposición votó a favor en lo general, varios legisladores señalaron que la reforma no garantiza explícitamente el derecho a dos días de descanso por cada cinco trabajados.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó si un solo día es suficiente para el descanso real de las y los trabajadores.
“Después de ocho horas de trabajo y varias horas de traslado, ¿cuánto tiempo les queda para atender a sus familias? ¿Es suficiente un solo día de descanso? Por supuesto que no”, expuso desde tribuna.
Además, la oposición criticó que el pago triple de horas extra solo aplique después de la hora 13, lo que —según argumentaron— podría abaratar el costo del tiempo adicional para las empresas.
“Justicia a medias”: críticas del PAN y PRI
El senador del PAN, Marko Cortés, calificó la reforma como una “justicia a medias” y cuestionó la gradualidad hasta 2030.
Señaló que el Gobierno pudo aplicar la reducción de inmediato.
Sugirió que la implementación escalonada responde a acuerdos con el sector empresarial.
Advirtió que no se contemplan incentivos fiscales para las empresas, lo que implicará mayores costos laborales.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que diversas centrales obreras emitieron advertencias sobre posibles riesgos, entre ellos:
Abusos en jornadas laborales.
Incremento en cargas fiscales.
Falta de claridad en la aplicación progresiva.
También cuestionó que el diálogo legislativo haya priorizado acuerdos con sectores empresariales.
Oficialismo defiende la gradualidad
Desde Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, defendió la reforma y rechazó los señalamientos de la oposición.
Aseguró que se realizaron 40 reuniones con distintos sectores, incluidos sindicatos, y sostuvo que la gradualidad responde a una implementación responsable.
Asimismo, criticó lo que llamó un discurso “aceptablemente mediocre” de la oposición, al considerar que históricamente no impulsaron mejoras sustanciales en salarios y prestaciones.
Un cambio histórico con debate abierto
La aprobación en lo general coloca a México en una ruta de transformación laboral que impactará a millones de trabajadores. Sin embargo, el debate sobre:
Los dos días de descanso obligatorios.
Los incentivos para empresas.
La aplicación inmediata o gradual.
seguirá marcando la discusión en lo particular y en la etapa de implementación.
La reforma deberá continuar su proceso legislativo y, en su caso, ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para que pueda declararse constitucional.
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