La existencia de un salón de belleza dentro del Senado provocó una fuerte controversia pública luego de que circularan videos e imágenes del espacio donde legisladoras acudían para maquillarse y peinarse antes de las sesiones. Aunque autoridades afirmaron que los servicios no se pagaban con dinero público, el lugar fue clausurado horas después.
El establecimiento, ubicado en el segundo piso del recinto legislativo, había sido reabierto tras varios años cerrado y operaba con discreción desde hacía cerca de un año, principalmente durante los días de sesiones plenarias.
Un salón oculto a plena vista
El interior del salón fue dado a conocer en un video donde aparece la senadora Juanita Guerra, del Partido Verde, mientras recibe un servicio de tinte capilar. En la grabación, la legisladora explicó que los servicios tenían costo y eran pagados directamente por quienes los utilizaban.
“¿Usted no se hace tinte? Aquí viene personal de la Cámara, pero tiene un costo”, comentó, sin confirmar si la Junta de Coordinación Política estaba enterada del funcionamiento del espacio.
El lugar estaba equipado con sillas frente a espejos, lavabo para lavado de cabello, aparatos de estilizado, brochas y cosméticos, además de un área de espera con dos sillas adicionales. Para entretenimiento de los usuarios, también contaba con una pantalla.
De acuerdo con reportes periodísticos, la estética operaba de 7:00 a 14:00 horas, únicamente durante jornadas legislativas, sin tarifas públicas visibles ni anuncios externos que indicaran su función.
Defensa institucional y negativa de privilegios
Tras la difusión del caso, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, negó que se tratara de un privilegio financiado por el erario y defendió la operación del espacio como un apoyo práctico para las y los legisladores.
“Cada senadora y senador paga su servicio. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni nada de estas cosas. Es un trabajo digno”, afirmó ante medios de comunicación.
Castillo señaló que muchas legisladoras viajan desde distintos estados y requieren arreglarse antes de sesiones públicas y comparecencias, por lo que consideró que el espacio no representaba una irregularidad.
Sin embargo, minutos después de sus declaraciones, personal de resguardo colocó sellos de clausura en la puerta del salón, sin ofrecer una explicación oficial sobre el cierre inmediato.
Andrea Chávez rechaza señalamientos
En medio de la controversia, trascendieron versiones que atribuían a la senadora morenista Andrea Chávez la habilitación del salón. La legisladora negó cualquier vínculo con el proyecto y exigió una rectificación pública.
“Ni habilité ningún salón, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado. Tengo una Dyson y lo hago en mi casa. No tengo nada que ver con esta película montada”, escribió en redes sociales.
Laura Itzel Castillo respaldó esta versión y aseguró que la reapertura del espacio fue resultado de una solicitud colectiva, no de una iniciativa individual.
Clausura revive debate sobre austeridad
El cierre del salón reavivó la discusión sobre la congruencia entre los discursos de austeridad republicana y la existencia de servicios considerados superfluos dentro del Poder Legislativo.
Cabe recordar que el salón había sido cerrado en 2018, cuando legisladores de la llamada Cuarta Transformación argumentaron que contar con una estética interna era innecesario y contrario a los principios de sobriedad en el gasto público.
A pesar de ello, la práctica no es exclusiva del Senado. En la Cámara de Diputados, también existieron salones de peluquería y estética durante administraciones anteriores.
Antecedentes en San Lázaro
En diciembre de 2016, el entonces diputado de Morena Ariel Juárez Rodríguez solicitó mediante oficio que su estilista personal pudiera atenderlo dentro del recinto legislativo, tras inconformarse con los servicios existentes.
Asimismo, en 2007, la diputada panista María Elena Álvarez Bernal reconoció que los salones de belleza en el Congreso generaron críticas por el uso de recursos públicos, aunque sostuvo que podían responder a necesidades prácticas de legisladores.
En un documento de junio de ese año, se estableció que dichos servicios no debían financiarse con presupuesto público y que, en caso de mantenerse, debían ser pagados directamente por quienes los utilizaran.
Opiniones divididas dentro del Senado
De acuerdo con fuentes parlamentarias, el salón era utilizado principalmente por legisladoras de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mientras que legisladoras de oposición aseguraron desconocer su existencia.
La discreción con la que operaba el espacio, sin señalización visible ni información pública sobre tarifas, contribuyó a que su funcionamiento pasara desapercibido hasta que las imágenes difundidas lo colocaron en el centro del debate nacional.
Por ahora, el espacio permanece cerrado y no existe una postura oficial sobre si será reabierto bajo nuevos lineamientos o si su clausura será definitiva.
Con información de El Financiero y El Universal
*BC
