La secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, removió a José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE y nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora interina. No obstante, el académico rechazó la decisión y afirmó que su salida no cumple con el marco legal vigente.
El relevo ocurre en medio de una crisis institucional prolongada, marcada por tensiones entre autoridades, académicos y estudiantes, así como por cuestionamientos sobre la autonomía académica y la legitimidad de los procesos de designación.
Sindicato del CIDE respalda a la nueva directora interina
El SIPACIDE informó que reconoce a Lucero Ibarra Rojas como máxima autoridad del centro y que canalizará hacia ella todos los asuntos laborales. La académica es experta en sociología jurídica y derechos, con formación internacional, y su llegada busca estabilizar la operación institucional.
Su designación es leída como una señal de recomposición tras años de confrontación entre la dirección y la comunidad académica del CIDE.
Romero Tellaeche exige debido proceso para su remoción
En una carta dirigida al Órgano de Gobierno, Romero Tellaeche sostuvo que la normativa exige causas legales acreditadas, evaluación técnica especializada y una resolución formal para una remoción anticipada, por lo que aseguró que conserva sus atribuciones estatutarias.
Reiteró que seguirá ejerciendo el cargo hasta que se cumplan esos requisitos, lo que abre un escenario de disputa jurídica e institucional.
La crisis del CIDE desde 2021
La gestión de Romero Tellaeche ha estado marcada por conflictos desde su llegada al cargo, impulsada por la entonces titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, sin claridad pública sobre el proceso de designación. Desde 2021 se documentaron protestas, tomas de instalaciones y rupturas con sectores académicos clave.
Entre los episodios más polémicos figuran la remoción de funcionarias académicas, la suspensión de procesos de evaluación y la erosión de los mecanismos de participación colegiada.
Denuncias por acoso y violencia de género agravan el conflicto
En noviembre, el SIMGF exigió la destitución inmediata del director tras una demanda por daño moral contra la profesora Catherine Andrews, acción considerada intimidatoria. Además, se denunciaron múltiples casos de acoso laboral y violencia de género sin resolución institucional.
Estos señalamientos intensificaron la presión interna y externa sobre la dirección, acelerando el desgaste político que desembocó en su remoción.
Autonomía universitaria vuelve al centro del debate
El relevo de la dirección del CIDE reactivó la discusión nacional sobre la autonomía de las instituciones académicas, la intervención gubernamental en centros de investigación y la legitimidad de los procesos de gobierno universitario.
Mientras no se clarifique la ruta jurídica del conflicto, la institución permanece en un escenario de transición incierta, con impactos potenciales en su estabilidad académica y administrativa.
Con información de la Silla Rota
*BC
