En un movimiento orientado a mitigar la creciente controversia sobre el manejo de sus finanzas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunicó este domingo que no hará uso de los vehículos adquiridos recientemente. 

Tras una serie de cuestionamientos que señalaban una contradicción entre el costo de las unidades y los principios de austeridad institucional, los nueve ministros del Alto Tribunal acordaron unánimemente renunciar a estos bienes y gestionar su devolución inmediata. 

La institución precisó que, de no ser posible el retorno de las unidades, estas se reasignarán a jueces que enfrenten situaciones de alto riesgo, garantizando que el equipo se utilice donde la seguridad sea una prioridad técnica y no un privilegio administrativo. 

Este anuncio busca reafirmar el compromiso de la Corte con una gestión responsable del presupuesto público, tema que será ampliado en una rueda de prensa programada para la mañana del lunes. 

La polémica se originó por la compra de unidades Jeep valuadas en 1.7 millones de pesos cada una, destinadas a los integrantes del tribunal elegidos por voto popular en 2025. 

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la operación el pasado viernes —argumentando que la transición de un esquema de arrendamiento a uno de compra directa representó un ahorro superior a los mil millones de pesos—, el gesto no fue suficiente para disipar las críticas ciudadanas. 

Por su parte, la SCJN ha sostenido que la adquisición no fue un acto discrecional, sino una respuesta a dictámenes técnicos de seguridad que indicaban que el parque vehicular anterior era ya obsoleto. 

Pese a que la renovación se ajustaba a normativas internas vigentes desde 2019, la sensibilidad política del momento ha llevado a los ministros a priorizar la imagen de sobriedad de la justicia sobre la actualización de sus herramientas de transporte.