Majid Adineh fue ejecutado en Irán poco más de siete meses después de ser detenido durante las protestas antigubernamentales de enero. Las autoridades iraníes lo acusaron de realizar acciones en beneficio de Estados Unidos, Israel y grupos considerados hostiles, además de imputarle delitos contra la seguridad interna del país.
La ejecución se llevó a cabo la mañana del domingo 23 de agosto de 2026, después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso y ratificara la sentencia de muerte impuesta por el Tribunal Revolucionario de Karaj. El fallo también contempló la confiscación de sus bienes.
De las protestas de enero a una sentencia de muerte
Adineh fue detenido el 9 de enero en Mohammadshahr, cerca de Karaj, en momentos en que las manifestaciones contra el gobierno iraní atravesaban una de sus jornadas más intensas.
La versión de las autoridades señala que al momento de su arresto tenía una pistola, tres cargadores, 30 cartuchos, dos dispositivos eléctricos, dos aerosoles de gas lacrimógeno, una motosierra recargable y recipientes con gasolina. También sostiene que pruebas efectuadas al arma determinaron que había sido disparada durante los hechos de los días 8 y 9 de enero.
La utilización del arma y las circunstancias concretas en las que habría sido disparada no han podido ser verificadas de manera independiente.
¿De qué acusaron a Majid Adineh?
El proceso incluyó acusaciones por realizar acciones operativas en favor de Estados Unidos, Israel y grupos hostiles, incendio intencional, conspiración para cometer delitos contra la seguridad interna, propaganda contra la República Islámica y posesión ilegal de armas.
Entre los cargos también apareció el de moharebeh, figura penal iraní traducida habitualmente como “guerra” o “enemistad contra Dios”, que puede ser castigada con la pena de muerte. El tribunal revolucionario determinó su responsabilidad y posteriormente la máxima instancia judicial confirmó la sentencia.
Así, entre su captura del 9 de enero y su ejecución del 23 de agosto transcurrieron poco más de siete meses.
Organizaciones cuestionan transparencia del proceso
El procedimiento ha generado cuestionamientos sobre las garantías concedidas al detenido. Información recopilada por organizaciones de derechos humanos señala que antes de la ejecución prácticamente no se había divulgado información pública sobre su proceso, condena o condiciones de detención.
También existen denuncias de que declaraciones atribuidas a Adineh habrían sido obtenidas mediante coacción y que su caso se desarrolló sin suficiente transparencia. Esos señalamientos corresponden a organizaciones de derechos humanos y no han sido establecidos judicialmente de manera independiente.
Las autoridades iraníes, por su parte, sostienen que la condena estuvo respaldada por documentos, peritajes, investigaciones judiciales y declaraciones incorporadas al expediente.
Aumentan ejecuciones relacionadas con protestas en Irán
El caso de Adineh se produce durante una escalada en el uso de la pena de muerte contra personas detenidas durante las protestas de enero de 2026.
Hasta el 28 de julio, Amnistía Internacional había documentado al menos 26 ejecuciones de personas condenadas por delitos relacionados con esas movilizaciones y advertía que al menos otras 60 permanecían en riesgo de recibir la misma pena. La organización también ha denunciado procesos ante tribunales revolucionarios marcados por restricciones a la defensa y denuncias de confesiones forzadas.
Las movilizaciones habían comenzado el 28 de diciembre de 2025, inicialmente vinculadas con el deterioro económico y el aumento del costo de vida, pero posteriormente se transformaron en una protesta nacional contra el sistema político iraní. Los días 8 y 9 de enero se registraron algunos de los episodios más violentos de la crisis.
Tras esas manifestaciones, organizaciones internacionales han advertido sobre un incremento de procesos por espionaje, colaboración con Estados considerados hostiles y otros delitos de seguridad nacional que pueden derivar en condenas de muerte.
La ejecución de Majid Adineh coloca nuevamente bajo escrutinio internacional el uso de la pena capital en Irán y las condiciones judiciales que enfrentan quienes fueron arrestados durante las protestas de enero.
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