Puebla, Pue. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla confirmó la presentación de al menos seis denuncias penales contra representantes de empresas que forman parte del padrón estatal de proveedores, luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con el caso del identificado como “tirador de la Vía Atlixcáyotl”.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, explicó que las denuncias están relacionadas con contratistas que habrían presentado documentación presuntamente alterada para participar en procesos de contratación con administraciones estatales.
El funcionario señaló que las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de las personas involucradas y verificar si existieron más irregularidades dentro del esquema de proveedores del Gobierno de Puebla.
Empresas vinculadas al caso presentaron documentos bajo revisión
Alejandro Espidio Reyes detalló que la primera alta fiscal relacionada con este personaje ocurrió el 29 de marzo de 2017, momento en el que obtuvo personalidad jurídica para realizar actividades empresariales.
A partir de esa fecha, explicó, pudo integrarse al padrón de proveedores y contratistas, debido al giro comercial registrado, lo que le permitió participar en diferentes procesos de contratación.
Sin embargo, las revisiones realizadas por la dependencia estatal detectaron posibles inconsistencias en los documentos entregados por algunos representantes empresariales.
Entre las anomalías identificadas se encuentran documentos que presuntamente fueron modificados o alterados para cumplir con requisitos dentro de procedimientos de contratación.
Ante estos hechos, la Secretaría determinó iniciar acciones legales y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Buscan modificar reglas para ingreso de contratistas
El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que se planteó una mesa de trabajo para fortalecer los mecanismos de revisión de las empresas que buscan convertirse en proveedoras del estado.
El objetivo es que ningún contratista pueda ser registrado sin una verificación más estricta sobre su origen legal, capacidad financiera y documentación administrativa.
Espidio Reyes señaló que se trabaja en una propuesta para ampliar los requisitos de participación en procesos de contratación pública y reforzar los controles internos del Gobierno de Puebla.
La intención, dijo, es contar con proveedores que acrediten plenamente su solvencia económica y legalidad antes de obtener contratos con instituciones estatales.
Rafael Zabalza habría tenido contratos con gobiernos anteriores
El caso cobró relevancia luego de que autoridades identificaran a Rafael Zabalza Beraza como el presunto responsable del ataque registrado en la Vía Atlixcáyotl.
Tras su detención, trascendió que el empresario español cuenta con antecedentes comerciales relacionados con el sector Salud de Puebla, donde habría participado como proveedor de medicamentos e insumos médicos durante administraciones anteriores.
Entre los gobiernos con los que habría mantenido relaciones comerciales se encuentran los encabezados por los exgobernadores priistas Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.
Durante el sexenio marinista, de 2005 a 2011, habría obtenido contratos relacionados con servicios y suministros médicos mediante empresas vinculadas a sus actividades empresariales.
Revisan posibles vínculos políticos del empresario
Luego de la detención de Rafael N., en redes sociales comenzaron a difundirse fotografías donde aparece junto a Valentín Meneses Rojas, excolaborador cercano de Mario Marín Torres.
También se ha señalado una relación con el militante de Morena, Raymundo Atanacio Luna, quien ha manifestado su intención de participar en el proceso electoral de 2027 por la alcaldía de Puebla capital.
Las autoridades estatales mantienen las investigaciones para conocer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar si existen más personas o empresas involucradas.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que continuará con la revisión del padrón de proveedores para evitar prácticas irregulares y garantizar mayor transparencia en las contrataciones públicas.
*BC
