Puebla, Pue. El uso de la Inteligencia Artificial (IA) durante los procesos electorales representa un nuevo desafío para las autoridades encargadas de garantizar la legalidad de las contiendas, debido a la creación de audios e imágenes falsas que podrían utilizarse para afectar a candidatos y partidos políticos.
Así lo señaló Elizabeth Martínez Gutiérrez, integrante de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), quien alertó sobre los riesgos de esta tecnología en los próximos procesos electorales.
Puebla enfrentará el reto de identificar posibles manipulaciones
Durante la conferencia “IA y Democracia: Retos para las autoridades electorales”, impartida en el Instituto Estatal Electoral (IEE), la especialista explicó que para el proceso electoral de 2027, estados como Puebla tendrán el desafío de distinguir entre acusaciones reales y contenidos manipulados mediante herramientas digitales.
Indicó que en algunas entidades donde ya se llevaron a cabo elecciones, partidos políticos han planteado recurrir ante las autoridades electorales al considerar que ciertas pruebas presentadas en su contra podrían haber sido generadas con Inteligencia Artificial.
“Hay quejas del uso de IA para mencionar que se estaban haciendo actos anticipados de campaña y de precampaña que se estaba incluso haciendo la compra al voto, situación que fue compleja para los OPLES tratar de desestimar si estos audios fueron efectivamente creados con IA”, dijo la consejera del estado de Morelos.
OPLES deberán reforzar mecanismos de verificación
Martínez Gutiérrez explicó que los organismos electorales tendrán que implementar acciones para determinar la autenticidad de los materiales que sean utilizados como evidencia durante los procesos electorales.
Añadió que la IA puede ser una herramienta positiva para diversas actividades, pero también puede generar riesgos si es utilizada para difundir información falsa o alterar contenidos con fines políticos.
Por ello, señaló que uno de los principales retos será garantizar que las denuncias y pruebas presentadas durante las elecciones tengan elementos de veracidad y permitan mantener condiciones de equidad entre los participantes.
