Puebla, Pue. El diputado local, Miguel Trujillo de Ita, impulsa una iniciativa para endurecer las sanciones contra custodios y directores que faciliten el ingreso de teléfonos celulares a los Centros Penitenciarios, con penas que podrían alcanzar entre 8 y 12 años de prisión.
El legislador del Distrito 12 de Amozoc explicó que la propuesta busca atender uno de los principales problemas al interior de los penales en Puebla: la operación de redes de extorsión coordinadas desde los Centros de Reinserción Social (CERESO), donde las Personas Privadas de la Libertad (PPL) utilizan dispositivos móviles para operar verdaderos “call centers” del delito.
Fallas en inhibidores de señal en centros penitenciarios
Trujillo de Ita señaló que, aunque existen inhibidores de señal para bloquear el uso de celulares, en muchos casos estos no funcionan de manera adecuada.
El legislador atribuyó esta situación a posibles omisiones o complacencia de algunos directivos y personal de vigilancia en los Centros Penitenciarios.
“Han existido los inhibidores de señal, pero en muchas ocasiones no funcionan debido a la complacencia de los directivos”, señaló.
Reforma al Código Penal de Puebla
La iniciativa plantea modificaciones al Código Penal del Estado de Puebla, mediante adiciones a los artículos 292 TER y 292 QUATER, para establecer responsabilidades claras.
Para los custodios que permitan el ingreso de teléfonos celulares, se contemplan sanciones de 4 a 8 años de prisión. En el caso de los directivos que autoricen o toleren estos actos, así como la falta de operación de los inhibidores de señal, las penas podrían aumentar de 6 a 12 años de cárcel, además de una inhabilitación de hasta 10 años en el servicio público.
Buscan frenar extorsión desde los penales
El legislador subrayó que el objetivo principal es reducir los índices de extorsión que se originan desde los centros penitenciarios, un problema recurrente señalado por autoridades de seguridad y víctimas, que impacta en la percepción de seguridad en el estado.
La propuesta sigue en análisis dentro del Congreso local, donde será discutida en comisiones antes de su posible dictaminación.
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