Puebla, Pue. El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla enfrenta una deuda superior a los 2 mil millones de pesos, reconoció su directora general, Josefina Morales Guerrero, quien señaló que este compromiso financiero representa la principal presión económica para el organismo operador del agua en Puebla.
Durante su comparecencia ante legisladores locales, explicó que el organismo enfrenta un panorama financiero complicado, debido a que sus ingresos no alcanzan a cubrir completamente sus gastos operativos.
Ingresos del SOAPAP no cubren sus egresos
La titular del SOAPAP informó que hasta mayo se reportaron ingresos por 181.9 millones de pesos, mientras que los egresos llegaron a 219.9 millones de pesos.
Detalló que el pago de la deuda con Banobras y el Estado de Puebla, por alrededor de 2 mil 40 millones de pesos, representa una carga importante para las finanzas del organismo.
Además, dio a conocer que Agua de Puebla para Todos solamente cumplió con 9 de 31 indicadores de desempeño, relacionados con los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
Como parte del seguimiento a la operación del servicio, informó que en los últimos meses se realizaron mil 164 atenciones legales a usuarios, se atendieron 43 quejas formales contra la concesión y se llevaron a cabo 112 supervisiones de obra.
Buscan fortalecer infraestructura hidráulica en 2026
Josefina Morales Guerrero señaló que para el próximo año se contempla una inversión de 70 millones de pesos enfocada en mejorar el saneamiento y la infraestructura hidráulica.
“Los convenios de coordinación que se tienen están firmados con 4 municipios: Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc, existe contaminación, quien realiza la limpieza de esta agua es SOAPAP, no hay infraestructura, y se reconoce al SOAPAP como prestador del servicio, cobran el servicio sin prestarlo”, expresó.
La funcionaria también explicó que una posible cancelación de la concesión de Agua de Puebla para Todos requeriría recursos para indemnizar a la empresa.
Añadió que, aunque se establecieron nuevas condiciones y sanciones mediante modificaciones al contrato en 2025, el pago de una indemnización podría afectar recursos destinados a otras necesidades urgentes del estado.
