Puebla, Pue- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió temporalmente la comercialización de servicios en dos colegios privados del estado de Puebla después de detectar irregularidades que vulneran la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Las verificaciones se realizaron en el Colegio Intercanadiense, ubicado en San Pedro Cholula, y en el Colegio Internacional de Puebla, S.C., situado en la colonia Lomas de Loreto de la capital poblana. De acuerdo con la dependencia, ambas instituciones presentaron fallas relacionadas con la transparencia en la información y las condiciones contractuales.
Falta de transparencia en tarifas y contratos
Durante la inspección al Colegio Intercanadiense, la Profeco en Puebla detectó que la institución no exhibía públicamente los precios de algunos servicios escolares.
Entre los conceptos que no estaban visibles se encontraban las tarifas de reinscripción, credenciales y talleres extracurriculares. Además, la autoridad detectó cláusulas contractuales que establecían que los pagos por inscripción y colegiaturas no serían reembolsables.
Según explicó la dependencia, estas disposiciones pueden considerarse prácticas coercitivas porque limitan el derecho de los consumidores a solicitar devoluciones o aclaraciones.
Irregularidades en comprobantes de pago
Por otra parte, la revisión al Colegio Internacional de Puebla evidenció problemas en el manejo de la información comercial.
Las autoridades encontraron que la institución no entregaba comprobantes de pago por las transacciones realizadas con los padres de familia. Asimismo, los precios de los servicios educativos no estaban exhibidos de forma visible para el público.
Además, la Profeco determinó que el colegio no brindaba información suficiente y clara a los usuarios sobre los servicios que ofrecía, lo que contraviene las disposiciones de protección al consumidor.
Sellos de suspensión en ambos planteles
Tras confirmar las irregularidades, la Profeco aplicó una medida precautoria consistente en la suspensión de la comercialización de bienes y servicios en ambos planteles educativos.
Para hacer efectiva esta medida, inspectores colocaron sellos de suspensión en las instalaciones. Esto significa que las instituciones no podrán ofrecer ni cobrar servicios hasta que corrijan las inconsistencias detectadas.
Finalmente, la dependencia federal señaló que estas acciones buscan fortalecer la transparencia en los servicios educativos privados y proteger a los padres de familia que invierten recursos en la educación de sus hijos.
También reiteró que las verificaciones responden a denuncias ciudadanas y forman parte de las acciones permanentes para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.
*ARD
